Banqueros espías

Por Solveig Singleton

La próxima vez que vaya al banco, a lo mejor le preguntan de dónde sacó esos reales, cómo los logró y si esa transacción es "normal". Si se instrumenta la nueva regla, "conozca a su cliente", propuesta por la Corporación de Seguros de Depósitos Bancarios (FDIC), a los bancos se les obligará a recolectar esa información, hacerle seguimiento a las cuentas y reportar actividades "sospechosas". Y si usted no da la información exigida, le pueden confiscar su cuenta.

La FDIC ya ha recibido miles de quejas respecto a esta propuesta. La gente sabe detectar la diferencia entre ser tratado como un ciudadano y ser tratado como un sospechoso. Imagínese la molestia y el miedo que sentirán los inmigrantes y latinoamericanos en sus transacciones bancarias.

La FDIC insiste que este reglamento es necesario para garantizar la "seguridad" y "reputación" del sistema bancario. Pero, los suizos en especial han sabido por décadas respetar la privacidad de sus clientes sin poner en peligro la "seguridad" de su sistema bancario.

Además, la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege nuestra privacidad de la intromisión gubernamental. Si la policía sospecha que usted está lavando dinero, necesita obtener una orden judicial para examinar sus documentos privados. La regla "conozca a su cliente" obliga a los bancos a convertirse en agentes de la policía, a espiar y reportar a sus clientes, sin ningún tipo de orden judicial. Se trata de una descarada maniobra para violar nuestros derechos constitucionales.

En esencia, este proyecto de reglamento operaría como los comités de barrio en los países comunistas: "un puente entre el gobierno y las masas".   Cuando las regulaciones obligan al sector privado a estar reportando las actividades de todo el mundo, en todas partes, se trata de una segura señal de que el gobierno anda por mal camino.

Tal avidez por obtener información nos prueba que la ambición del gobierno ha excedido su capacidad. Los derechos individuales a la privacidad son pisoteados en búsqueda del "bien común". El gobierno está dispuesto a sacrificar los derechos de todos para agarrar a alguno que otro delincuente; de 7.300 personas acusadas de lavado de dinero entre 1987 y 1995, apenas 580 resultaron culpables y, en casi todos los casos, resultaron ser simples indios y no caciques.

Nuestro sistema judicial está siendo aplastado por ofensas tipo "lavado de dinero". Una gran cantidad de prácticas que no violan nuestros derechos han sido convertidas en delitos, por lo que los métodos normales de investigación no logran nada. Pero eso no es malo. De lo contrario, casi todos estaríamos presos por algo. El problema son demasiadas leyes y no insuficiente vigilancia. Y la respuesta no es tratar a la gente común como lavadores de dinero sino más bien concentrar el sistema legal en perseguir a quienes hacen daño directamente a los demás.

En una sociedad libre no es necesario convertir a empresas en agencias de espionaje. Si yo mato a alguien, algún familiar exigirá justicia. Si yo lo defraudo, él mismo me denunciará y tratará que sea castigado. Si boto químicos en la quebrada de alguien, el dueño pegará el grito. No hay necesidad de exigir a los banqueros, tenderos y vecinos que reporten esos hechos a la policía o amenazarlos con confiscar sus propiedades si no lo hacen. Usar a nuestros vecinos en contra nuestra es indicativo que el gobierno se aleja del trabajo que le corresponde, el de proteger nuestros derechos y libertades.

La complejidad de la vida moderna y el desconocimiento oficial son un baluarte que nos protege del autoritarismo y tan importante como la Constitución misma. A lo largo de la historia, los gobiernos han tratado de recolectar más y más información sobre los ciudadanos. Pero mientras más tratan, menos compatibles son sus objetivos con la velocidad de la vida en una sociedad libre.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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