Argentina trata de detener la fuga de capitales

Mary Anastasia O'Grady señala que desde diciembre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a emplear los perros entrenados para detectar narcóticos ilegales para acabar con un "delito" "al cual ella tiene más razones para temer que el tráfico de drogas: la fuga de dólares a Uruguay".

Por Mary Anastasia O'Grady

Quienes viajan a América Latina están acostumbrados a ver perros entrenados buscando narcóticos ilegales en los equipajes. El mes pasado, sin embargo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a emplear sus equipos de experimentados canes para acabar con un "delito" al cual ella tiene más razones para temer que el tráfico de drogas: la fuga de dólares a Uruguay.

Argentina impuso en 2002 controles de capital y en noviembre los restringió aún más, al determinar que todas las transacciones de divisas debían ser autorizadas por la agencia tributaria sobre una base discrecional. Luego aparecieron los perros que olfatean dólares, y no sólo en los aeropuertos. A los turistas que cruzan el Río de la Plata en ferry este verano los esperan inspectores de cuatro patas al acecho de los dólares que salen del país.

Para las democracias de la región, lo que indica una alta actividad delictiva es la gran la suma de dólares que entra al país a partir de la venta de drogas en EE.UU. Sin embargo, países como Venezuela y ahora Argentina buscan efectivo en el momento de su salida. Esto, como explicó el diario La Nación el 23 de diciembre, no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Se trata más bien de "la preservación de las reservas [internacionales] que están siendo erosionadas por el deterioro de la confianza y por su uso oficial indebido".

Kirchner no puede detener la fuga de capitales. Pero su intento explícito para intimidar a la población con perros de inspección indica un importante cambio en la actitud del gobierno hacia la libertad civil. Después de haber obtenido un segundo mandato en octubre, la presidenta está dejando en claro que considera válidas las tácticas propias de un estado policial, y no solo en el frente monetario. Un paquete de leyes aprobado en diciembre por el Congreso, controlado por Kirchner, apunta a la prensa y a la libertad de expresión.

Cuando el kirchnerismo ingresa en su noveno año, el modelo económico populista está comenzando a desgastarse. Los controles de precio y la derogación de contratos han perjudicado los flujos de inversión extranjera. Los gastos del gobierno aumentaron el año pasado en 40%, aunque los ingresos sólo lo hicieron en 30%, según el economista Pablo Guidotti, de la Universidad Torcuato Di Tella. "Si la economía se desacelera, se agravará la debilidad fiscal", me comentó en una entrevista telefónica la semana pasada.

Normalmente, el déficit se financia en los mercados de capitales internacionales. Argentina, sin embargo, ha estado marginada desde 2001, debido a su cese de pagos con los gobiernos del Club de París y los acreedores privados. Guidotti opina que el banco central ha estado "emitiendo" moneda para cerrar la brecha. Las estimaciones de inflación por encima de 21% en 2011, realizadas por otros economistas del sector privado, respaldan su aseveración.

El banco central insiste en que la inflación anual es de apenas 10% y ha utilizado los controles de precios y la intervención en el mercado para limitar la devaluación del peso a un nivel similar. Los mercados saben que no es así. La verdad se puede apreciar en la pérdida de competitividad de las exportaciones argentina: los productos argentinos se han encarecido demasiado. Es evidente que con el paso del tiempo el peso enfrentará una devaluación mucho mayor y los argentinos, por lo tanto, prefieren aferrarse a sus dólares. No obstante, la experiencia les dice que poseer dólares en el país no es una protección real, y el endurecimiento de los controles de capital ha aumentado los temores de una confiscación. Esa es la razón por la cual Kirchner ha recurrido a los perros.

También se avecinan problemas por el lado fiscal. A pesar de la generosidad del banco central, dice Guidotti, las cuentas fiscales se están "deteriorando". El gobierno así lo ha reconocido y ha anunciado la reducción de los subsidios de gas, electricidad y agua, así como de los pasajes del sistema de trenes subterráneos (metro) de Buenos Aires. Aunque el gobierno afirma que los aumentos de precio de los servicios públicos sólo golpearán a los ricos, Guidotti dice que "afectarán a casi todo el mundo, excepto a los muy pobres", quienes tendrían que solicitar una exención. La semana pasada, los precios del boleto en el subterráneo de la capital aumentaron más de 100%. Sin embargo, el ajuste del cinturón recién comienza.

¿Cómo van a reaccionar los argentinos a lo que seguramente serán dolorosos ajustes fiscales y monetarios? Kirchner no va a esperar de brazos cruzados para saberlo. En cambio, se mueve de manera preventiva para controlar la información y ampliar su poder para callar a los disidentes.

Aplastar a la prensa independiente ha ocupado durante mucho tiempo un lugar destacado en la agenda de los Kirchner. Desde 2003, el gobierno ha utilizado la distribución de publicidad oficial para recompensar a sus amigos y castigar a los críticos, a pesar de que la Corte Suprema lo ha declarado una práctica ilegal. Una ley aprobada en 2009 le dio al Estado y a las organizaciones no gubernamentales simpatizantes del gobierno dos tercios del espectro de radio y televisión. El gobierno también intentó forzar al Grupo Clarín a reducir su cuota de mercado en la televisión por cable por razones de competencia, a pesar de que la participación estatal en el mercado no enfrenta tales restricciones.

En diciembre, el Congreso aprobó una nueva ley que permite al Estado controlar el papel para periódicos producido en el país, una medida que evoca al propio Juan Perón, que hizo lo mismo hace muchos años. El mundo cibernético no escapa a la ofensiva: también hay una nueva, amplia y vaga ley antiterrorista. Algunos funcionarios ya han advertido que la utilizarán contra los medios que critican al gobierno. Hugo Chávez ha empleado una ley similar. Esta amenaza y la persecución fiscal que algunos dueños de medios ya experimentan podrían provocar la autocensura.

El gobierno ha sido objeto de agudas críticas por todo esto de parte de las organizaciones de prensa en toda la región, pero al parecer asigna un valor más alto a sofocar la disidencia. Debe tener algo que ver con las perspectivas económicas oficiales.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 9 de enero de 2012.

Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011
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