Argentina: Participación en las ganancias, una idea que atrasa

Alberto Benegas Lynch (h) señala que "la participación coactiva en las ganancias no solo vulnera el derecho de propiedad sino que reduce salarios".

Por Alberto Benegas Lynch (h)

En nuestro país acaba de aflorar otro adefesio, esta vez de la mano de la usina misma del fascismo más acabado que opera en base a legislación calcada de la Carta del Lavoro de Mussolini, es decir, de la cúspide de la estructura sindical con el entusiasta apoyo de integrantes del gobierno. Concretamente, dichos jerarcas proponen reglamentar y hacer efectivo el injerto constitucional del artículo catorce bis que entre varias sandeces propone la instauración de la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”.

Este engendro no solo contradice abiertamente el mismo artículo catorce de la Constitución en cuanto a que garantiza a todos los habitantes “usar y disponer de su propiedad” y el diecisiete que proclama que “la propiedad es inviolable”, sino que da por tierra con todo el andamiaje jurídico constitucional establecido por los constituyentes de 1853, inspirados principalmente por Juan Bautista Alberdi y en los trabajos de Pellegrino Rossi, también liberal y brillante sucesor en la cátedra de Jean Baptiste Say. El primer capítulo de declaraciones, derechos y garantías fue especialmente fruto de la redacción de Juan María Gutiérrez en la Convención Constituyente y Alberdi, por su parte, advirtió una y otra vez que había que estar en guardia de las reglamentaciones de derechos que podían alterar su espíritu. En esta línea argumental escribió en su Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853 que “no bastaba reconocer la propiedad como derecho inviolable. Ella puede ser respetada en su principio, y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso: en el uso y disponibilidad de sus ventajas. Los tiranos más de una vez han empleado esta distinción sofística para embargar la propiedad, que no se atrevían a desconocer […] la propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal […] El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede se atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública”.

Muchos son los que parecen contrariados con los modales del actual gobierno, sin embargo, en gran medida, comparten el modelo, léase la redistribución coactiva del fruto del trabajo ajeno. Es de algún interés oponerse a la arrogancia, la soberbia y el espíritu confrontativo y, desde luego, es muy higiénico poner coto a los métodos antirrepublicanos y patoteriles pero es necesario tener presente que el continente de poco vale si se acepta el desmoronamiento y desmantelamiento del contenido. Los marcos institucionales civilizados resultan indispensables para preservar derechos, pero si en la práctica estos se vulneran de poco valen las formas.

Parecería que buena parte de la oposición comparte la idea de la antedicha redistribución, lo cual significa que el aparato estatal vuelve a distribuir por medio de la fuerza lo que libre y voluntariamente la gente distribuyó en el supermercado. La reasignación coactiva de recursos se traduce inexorablemente en consumo de capital y, como es sabido, la única causa del aumento de salarios e ingresos en términos reales es la tasa de capitalización. Esto explica la diferencia en el nivel de vida entre Uganda y Canadá. No es que en este último país los empresarios sean más generosos, es que las tasas de capitalización (la inversión per capita) los obligan a pagar salarios más elevados. Por esto es que en países de alta tasa de capitalización prácticamente no existe tal cosa como servicio doméstico: los salarios de mercado son muy elevados, lo cual no justifica esas labores.

La participación forzosa en las ganancias implica trasladar factores productivos a áreas ineficientes, lo cual nuevamente produce consumo de capital y caída en los salarios reales. Idéntico fenómeno ocurre con la cogestión o la coactiva “colaboración en la dirección” de las empresas. En una sociedad abierta, los empresarios, para mejorar sus patrimonios, deben servir a sus semejantes; los que aciertan obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos, con lo que se aprovechan del mejor modo los siempre escasos factores productivos, situación que, desde luego, no tiene lugar cuando irrumpen en la escena los empresarios prebendarios que hacen negocios en los despachos oficiales a través de privilegios de diversa naturaleza. Son los ladrones de guante blanco que explotan miserablemente a sus congéneres. Son los genuflexos que siempre aparecen aplaudiendo al gobernante de turno para que no le retiren los mercados cautivos.  

Desafortunadamente discursos como estos están hoy en la Argentina fuera de uso y nos estamos alejando a pasos agigantados de concepciones de la democracia como las de Giovanni Sartori en cuanto al respeto de los derechos de las minorías para encaminarnos a modelos como el chavista de cleptocracia.

Es importante tener en cuenta que allí donde hay arreglos contractuales libres nunca habrá sobrante de aquel factor indispensable para la producción de bienes y para la prestación de servicios, es decir, no sobra aquel factor esencial, en otras palabras, no hay desempleo. La tragedia de la desocupación es consecuencia de la interferencia en el mercado laboral por parte de los gobiernos. Si se establecen salaros mínimos superiores a los que permiten las tasas de capitalización, naturalmente habrá desempleo. Sería en verdad muy atractivo que se pudiera hacer rica a la gente por decreto, en cuyo caso personalmente seria partidario de disponer que todos seamos millonarios y no andar con propuestas mezquinas.

Supongamos que los gobernantes de hoy decidieran promulgar una legislación en la que cada habitante deba obtener ochenta mil dólares mensuales de ingresos y que el poder de policía prohíba la contratación por una cifra menor. El resultado de semejante disposición sería que todos nos moriríamos por inanición: nadie encontraría trabajo a ese salario. Es cierto que el salario mínimo y equivalentes no asciende a la mencionada suma, pero, como queda dicho, en la medida en que sobrepasa el salario de mercado habrá desempleo y, paradójicamente, de los que más necesitan trabajar. El gerente general, el gerente de finanzas o el gerente comercial no se enteran del problema, a menos que la “conquista social” supere sus honorarios puesto que en eso caso ellos serán barridos del mercado. Por eso es que existe una proporción tan alta de trabajadores en negro; no es que les divierta la situación, es que si no proceden de esa manera los impuestos al trabajo no les permite trabajar.

Alberdi, en la misma obra citada, se explaya en torno a este tema: “Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza […] El salario es libre por la Constitución como precio del trabajo, su tasa depende de las leyes normales del mercado, y se regla por la voluntad libre de los contratantes […] Garantizar trabajo a cada obrero sería tan impracticable como asegurar a todo vendedor un comprador, a todo abogado un cliente, a todo médico un enfermo, a todo cómico, aunque fuese detestable, un auditorio. La ley no podría tener ese poder, sino a expensas de la libertad y de la propiedad, porque sería preciso que para dar a los unos lo quitase a los otros, semejante ley no podría existir bajo el sistema de una Constitución que consagra a favor de todos los habitantes los principios de libertad y propiedad, como bases esenciales de legislación”.

Entonces, la participación coactiva en las ganancias no solo vulnera el derecho de propiedad sino que reduce salarios. Cierro esta nota con un pensamiento de James Madison que, a través de Alberdi, tanta influencia ejerció en nuestra arquitectura jurídica: “El gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad […] Este es el fin del gobierno, sólo un gobierno es justo cuando imparcialmente asegura a todo hombre lo que es suyo”.

Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Argentina) el 4 de octubre de 2010.