Argentina: La solución es política

La crisis argentina tiene una difícil, por no decir imposible, solución en el marco de las fuerzas políticas existentes en el país. Radicales y peronistas comparten una filosofía económica similar y sus sectores liberales están arrinconados y sin posibilidades de controlar sus respectivos partidos. Esto no es nuevo. Desde la "revolución" impulsada por el General Perón entre 1946 y 1955, el radicalismo no se ha distinguido en lo sustancial ni de los planteamientos económicos del justicialismo (estrategias expansivas de corte keynesiano, proteccionismo, regulación de los mercados) ni tampoco de sus hábitos políticos, la utilización del gobierno en beneficio de las clientelas partidistas. La única y breve excepción fue el primer mandato de Menem entre 1989 y 1995.

En Argentina existe un triángulo de hierro compuesto por los dos partidos hegemónicos y sus clientelas que se reparten el botín del Estado de acuerdo con su posición (gobierno u oposición) en el mercado político. Esto ha configurado un poderoso e intrincado conglomerado de intereses que frena y/o impide cualquier proceso de reforma profunda del sistema político y económico. Ni los peronistas ni los radicales tienen interés alguno en desmontar un mecanismo de patronazgo del cual depende su posibilidad de ganar las elecciones. La consolidación de un modelo de esta naturaleza no sólo ha generado una corrupción sistémica, sino que ha acostumbrado a extensos sectores de la población a recibir una parte sustancial de sus ingresos del poder.

En la práctica, la estructura política de la Argentina no es muy distinta a la de México en la época del PRI. Con todos los matices que se quiera existe de hecho una identidad de intereses entre peronistas y radicales que pesan mucho más que las diferencias que podrían separarles. Este esquema consagra y perpetúa un mercado político vedado a la competencia en el cual la posibilidad de que aparezcan nuevos competidores es muy difícil; las barreras de entrada son demasiado elevadas. Ahora bien, esta situación configura un modelo institucional incompatible con la modernización del país ya que genera incentivos perversos con resultados muy negativos. Menem tuvo la oportunidad de desmantelar este sistema cerrado y oligárquico pero no quiso o no pudo hacerlo.

En la práctica, el funcionamiento de la política argentina ha sido siempre oligárquico. Ahora bien, las viejas oligarquías de la época dorada del país (1880-1913) construyeron un modelo socio-económico que permitió a la República transformarse en uno de los países con mayor PIB per cápita del mundo y con un alto grado de movilidad social. Ese marco comenzó a quebrarse con la emergencia de la Unión Cívica Radical en los años veinte y su política de transferencias de rentas a favor de las clases medias bajas y fue destruido en su totalidad por una estrategia idéntica del peronismo dirigida a comprar los votos de las clases populares urbanas. La combinación de esas dos políticas generó una dinámica de gasto público, intervensionismo estatal en la economía, proteccionismo rampante y políticas monetarias inflacionistas destinadas a financiar un Estado asistencial, proteccionista y económicamente inviable en el largo plazo.

Desde este óptica, Argentina no tiene solución, salvo una catarsis renovadora en los dos partidos hegemónicos o salvo el desplazamiento de ambos por una nueva fuerza política. Cualquiera de esas dos hipótesis es de compleja materialización pero, si esto no sucede, los problemas de la República austral no tienen arreglo.