Una dura prueba al sistema

Gabriela Calderón de Burgos estima que la reciente reacción de un juez de Seattle en contra de la orden ejecutiva de Donald Trump en lugar de ser una crcrisis constitucional es una muestra de que el sistema de un gobierno limitado está reaccionando.

Por Gabriela Calderón de Burgos

Viendo los Grammys este fin de semana, en un momento se proyectó detrás de unos cantantes las famosas palabras “We the people” (“Nosotros el pueblo”) de la Constitución de EE.UU. Esos cantantes, como probablemente muchos dentro de la inmensa mayoría de estadounidenses que respaldan y exigen que se respete la Constitución de su país, quizás no saben exactamente qué dice pero comparten sus principios: el gobierno debe ser limitado y estar sometido a los gobernados.

El sistema de gobierno que crearon los Padres Fundadores de EE.UU. es un complejo sistema de pesos y contrapesos que no solo divide el poder entre los distintos poderes del Estado sino también entre los distintos niveles de gobierno. Este sistema federal pretendía que la mayor parte de las decisiones sean tomadas al nivel de gobierno que se encuentre más cercano a los ciudadanos afectados por ellas. Esto tiene que ver con una larga tradición de auto-gobierno en EE.UU. antes y después de su fundación. Nótese que también existió esta tradición con los ayuntamientos en España y durante un breve periodo en sus colonias en América. Es una lástima que haya sido truncada por gobiernos nacionales centralistas después de la independencia, que no fueron más que una copia del absolutismo español.

Este sistema de gobierno se inspiró en la idea de que todos los individuos deben ser iguales ante la ley y tienen derechos inalienables, esto es, derechos que ningún gobernante bajo ningún pretexto puede pretender violentar.

Por eso es que tengo optimismo frente a las medidas negativas propuestas por Trump. Para muestra está lo ocurrido recientemente frente a la orden ejecutiva para prohibir el ingreso de nacionales de siete países con una población mayoritariamente musulmana. Esa orden provocó una enérgica reacción de la sociedad civil: se manifestaron en las calles en contra de la medida, cuantiosos recursos inundaron a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) e inmediatamente hubo una reacción de parte del poder judicial. Un juez federal del estado de Washington emitió una orden de cese a la prohibición decretada por el ejecutivo y luego la Corte del Circuito Noveno de Apelaciones, por decisión unánime, se negó a restablecer las restricciones de ingreso.

Donde algunos ven crisis constitucional, otros vemos el sistema funcionando. Algunos de los Padres Fundadores, James Madison y Thomas Jefferson, reaccionaron en contra de medidas similares tomadas por el entonces presidente John Adams, argumentando que es el deber de los gobiernos de los estados: “vigilar y oponerse a cada infracción de aquellos principios que constituyen el único fundamento de esa Unión”. Es precisamente mediante la “interposición” del gobierno de los estados entre el ciudadano y el gobierno federal, que se provee una barrera de protección adicional al ciudadano del Estado.

Pero cualquier sistema de gobierno, por muy bien diseñado que sea, no resiste prueba alguna si es que los ciudadanos no comparten sus principios y no exigen que se haga respetar. Como señala Lauren Hall del Rochester Institute of Technology: “Somos inherentemente desconfiados de personas que violentan ordenes judiciales y que pisotean instituciones antiguas”. No creo que pueda decirse lo mismo de la cultura ecuatoriana, pero quizás experimentos recurrentes con gobiernos autoritarios hayan servido para encaminarnos en esa dirección.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 17 de febrero de 2017.