Republiqueta petrolera

Jaime de Althaus considera que el impuesto a las sobreganancias mineras podría derivar en un gobierno con menos fiscalización de su gasto por parte de los contribuyentes.

Por Jaime de Althaus Guarderas

La tentación en los países petroleros es aprovechar la renta fiscal que proporciona la explotación del recurso para redistribuir dinero o bienes sin tener necesidad de obligar a la población a pagar tributos, pues no es necesario hacerlo desde que los ingresos petroleros son muy altos. El gobernante se convierte en un donador de beneficios a una población que los recibe agradecida o que tiende a no cuestionar las decisiones gubernamentales, porque tampoco paga impuestos. No hay una base ciudadana contribuyente que fiscalice o que exija resultados. Por eso, los países petroleros tienden a producir gobiernos populistas y autoritarios, autócratas benevolentes que mantienen a la gente endulzada con regalos, sin mayores controles institucionales ni ciudadanos. Es otra forma de la “maldición” de los recursos naturales.

En el caso del Perú, luego de varios años de buenos precios para los minerales, se ha despertado esa tentación. De allí el desenfreno de ofertas electorales populistas para las que se propuso como financiamiento un impuesto a las sobreganancias mineras. El tema es delicado, porque ya tenemos una base social informal muy amplia. Si en el momento en que empieza poco a poco a formalizarse, comienza también a recibir regalos, lo más probable es que pierda el interés en dejar la informalidad.

Los gobiernos locales, sobre todo los de provincias, son —salvando las distancias— una réplica en pequeño de una república petrolera. Reciben del gobierno central mucho dinero, sea como transferencias, sea como canon (precisamente minero). Pero casi no recaudan. El 71% de las municipalidades distritales recauda menos de 10 soles al año en promedio por predio. Muy pocos pagan impuesto predial. El alcalde puede convertirse entonces en un pequeño autócrata patrimonialista que reparte el dinero según su criterio y, con frecuencia, favoreciendo a sus allegados. Si la apropiación es demasiado grosera, puede acabar hasta linchado. Pero, por lo general, logra manejarse ante una población que no exige en la medida que no ha contribuido al municipio, pero que sí percibe los exacerbados niveles de corrupción. Es una situación perversa, que no le hace bien a la democracia, porque no forma ciudadanos.

Si vamos a recaer en este síndrome por las dos vías, la nacional —repartiendo regalos sin formalizar a la gran mayoría informal— y la municipal —transfiriéndoles más dinero sin que eleven su recaudación local—, vamos en camino de convertirnos en una republiqueta petrolera de masas adormecidas sin ambiciones, preciudadanas.