Por una sociedad de oportunidades

Lorenzo Bernaldo de Quirós afirma que "Los sistemas educativo y fiscal españoles están en el origen de los problemas de exclusión y de escasa movilidad social que tanto preocupa a la izquierda. Pero ambos están basados en una filosofía redistributiva que perjudica a quienes pretende beneficiar".

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

La creación de una sociedad y de una economía próspera, competitiva e inclusiva, capaz de elevar la productividad y el PIB per cápita de todos los individuos, pasa por hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades. Ahora bien, existe una diferencia radical entre la concepción de ese ideal por el liberalismo clásico y la profesada por la izquierda o, mejor, por los estato-colectivistas de todos los partidos. El primero la interpreta en forma de carrera abierta a los talentos, esto es, hacer asequibles a todos, y en iguales términos, aquellas facilidades que por naturaleza dependen de la acción estatal. Por definición, el resultado de esta política conduce a resultados materiales diferentes porque los individuos no son iguales. Los segundos aspiran a utilizar la coerción estatal para paliar el descontento que el éxito de algunos produce en los menos afortunados o, para expresarlo con mayor claridad, para aplacar la envidia disfrazada bajo el respetable ropaje de la justicia social.

Esas distintas visiones de la igualdad de oportunidades se manifiestan de manera clara en los dos instrumentos básicos para hacerla efectiva: la educación y los impuestos. En España los modelos educativo y tributario existentes constituyen dos obstáculos evidentes a la movilidad social, porque en su actual configuración desincentivan el esfuerzo de los individuos para elevar su nivel de vida y el de sus hijos a través del trabajo, del ahorro y de la inversión en capital humano. El intento de corregir esa situación a través de políticas redistributivas articuladas alrededor de un mayor gasto público y de una agresiva fiscalidad no es la solución, sino una de las causas básicas del problema.

El nivel de estudios de una persona incide de modo directo sobre su posibilidad de tener un empleo y sobre la remuneración de éste. En la media de la OCDE, la tasa de paro de quienes no han terminado la secundaria es del 11,5%, en la Unión Eeuropea (UE) del 13,5% y en España del 21,5%. El desempleo de los titulados universitarios en la OCDE es del 4,4%, en la UE del 4,3% y en España del 9%. A pesar de invertir en educación recursos similares a los del resto de los países desarrollado; de que los profesores den más horas de clase que sus homólogos europeos y de la OCDE; de que en promedio hay menos estudiantes por clase que en esas áreas económicas, el porcentaje de los que terminan la Educación Secundaria es ocho puntos inferior al de la OCDE y 12 al de la UE, el abandono escolar es el mayor de Europa, etcétera.

Si a ello se suma que las administraciones controlan de manera directa —centros públicos— e indirecta —centros concertados— el 96% del mercado educativo español, los deficientes resultados de la enseñanza en España constituyen un clamoroso "fallo de Estado". Este produce un capital humano poco cualificado, con dificultades para acceder a un puesto de trabajo y, de hacerlo, con escasas probabilidades de estar bien remunerado a un coste por alumno entre un 35% y un 45% superior al de los colegios y universidades privadas. En consecuencia, el sistema educativo público, universal y gratuito no iguala oportunidades; en la práctica las reduce.

La función del Estado en el campo educativo ha de ser la de regular, no la de suministrar servicios educativos en un marco de competencia y de libertad de elección. Los padres recibirían del Gobierno un trozo de papel —el bono— por un importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público. Con él en su poder deciden a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos. Pagan sus estudios con ese cheque y pueden complementarlo con contribuciones personales si el precio de la escuela elegida fuese más elevado que el cubierto por el bono escolar. Así, los padres tienen la capacidad de elegir qué educación desean para sus hijos en lugar de la deseada e impuesta por los burócratas de la enseñanza. Esta oportunidad de elegir y decidir estimula su interés, su participación y su dedicación en el proceso educativo. De igual modo, los bonos escolares promueven la competencia y, por tanto, conducen a reducir los costes, a incrementar la calidad y a fomentar la innovación. Por último, permiten el acceso a las escuelas privadas de los alumnos de familias con rentas bajas y, por tanto, contribuyen a hacer efectiva la igualdad de oportunidades. ¿Desaparecería la enseñanza pública? No, salvo aquellas escuelas que ofreciesen un producto no deseado por los consumidores.

Por otra parte, el sistema tributario español es un mecanismo contrario a la movilidad social. Impide o limita la acumulación de capital por parte de los nuevos creadores de riqueza, de aquellos cuyas iniciativas y dinamismo amenazan el statu quo vigente y, también, de quienes están dispuestos a trabajar duro para mejorar su nivel de vida y el de sus familias. De este modo, la maquinaria fiscal vigente en España extiende un manto protector sobre los ricos de siempre, lo que fomenta la rigidez y una barrera de entrada para que los individuos y los emprendedores escalen posiciones sociales. La ruptura del binomio esfuerzo-recompensa, provocada por la rampante progresividad de la imposición, es uno de los medios más eficaces para mantener la estructura de privilegios económicos y sociales. Esto produce el efecto paradójico de crear una alianza de hecho entre las grandes empresas y las grandes fortunas ya consolidadas con un singular efecto bumerán: fortalecer la estructura de clases que los paladines de la igualdad pretenden alterar.

En ese contexto, los criterios para una reforma tributaria en España han de traducirse en una rebaja generalizada y sustancial de los tipos impositivos de la fiscalidad directa, acompañada de una disminución radical de la panoplia de deducciones que distorsionan las decisiones de los agentes económicos y disminuyen la libertad de los individuos y de las empresas para utilizar sus recursos como estimen oportuno. Por otra parte, la imposición patrimonial —sucesiones, donaciones y patrimonio— carece de sentido. Supone un gravamen recurrente, adicional, sobre el ahorro que desalienta gravemente el esfuerzo individual al castigar en vez de premiar el deseo de los individuos de acumular capital para ellos y para sus familias. De nuevo, esta situación penaliza más a quienes quieren construir un patrimonio con el fruto de su esfuerzo.

Los sistemas educativo y fiscal españoles están en el origen de los problemas de exclusión y de escasa movilidad social que tanto preocupa a la izquierda. Pero ambos están basados en una filosofía redistributiva que perjudica a quienes pretende beneficiar.

Este artículo fue publicado originalmente en El Mundo (España) el 5 de abril de 2015.