Paraguay: La Corte Suprema vs. el Senado

Víctor Pavón dice que "No es un tema insignificante una crisis entre la Corte Suprema y el Senado, más aun cuando todavía subsiste la idea de concentrar el poder en lugar de dividirlo para impedir cualquier avance totalitario".

Por Víctor Pavón

No es un tema insignificante una crisis entre la Corte Suprema y el Senado, más aun cuando todavía subsiste la idea de concentrar el poder en lugar de dividirlo para impedir cualquier avance totalitario. Esto ocurre en mi país y estoy seguro que también en otros lugares, como por ejemplo, la última decisión del gobierno argentido de expropiar a YPF, una medida inconstitucional e inmoral que viola los fundamentos de la sociedad libre.

Desde que el "contractualista" Locke sostuvo en su memorable Segundo tratado de gobierno civil (1690) que el poder no tiene origen místico o divino, lo que dio lugar al avance civilizador en los últimos trescientos años; los políticos, sin embargo, siguen jugando a convertirse en dioses para así alzarse con el poder absoluto. En el Paraguay la Constitución actual estableció un procedimiento que permite el extremo involucramiento de los partidos políticos en la designación y remoción de los jueces. Esta arquitectura institucional la dibujaron los constituyentes cuando crearon dos órganos con competencias exclusivas. Por un lado, el Consejo de la Magistratura que  propone las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia para luego elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo. Por su parte, el Jurado de Enjuiciamiento  enjuicia y remueve a los magistrados judiciales por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones.

Los constituyentes consideraron que con estos dos órganos  —Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento— la administración de justicia mejoraría en promover a los mejores para ocupar los cargos de jueces y fiscales. La intención no era mala. Solo que lo constituyentes cayeron en el error de creer que si antes era autoritario el Poder Ejecutivo y centralizaba aquel proceso, consideraron que sería suficiente conformar órganos que le dieran control y transparencia para contar con un mejor Poder Judicial.

Pero se equivocaron. De hecho, los constituyentes ni siquiera tomaron en cuenta que en otros países el sistema que estaban creando había fallado estrepitosamente. La razón de aquella falla en la designación y remoción de los jueces consistía en la extrema predisposición del marco normativo hacia los criterios políticos, específicamente, proclives hacia los intereses que los miembros de los partidos políticos tienden a defender. 

El que tiene el poder de elegir a los jueces y fiscales y su vez sancionarlos cuando “no cumplen” sus funciones, tiene más que una atribución legal: tiene el imperio de imponer sus propios intereses y defenderlos a cualquier precio. Este es el sistema que ha fallado y que le cuesta demasiado caro al país.

El hecho que no tengamos un Poder Judicial independiente compuesto de personas honorables y sabias en el derecho, sin embargo, no se debe a las malas intenciones o a que sean corruptos los senadores y diputados. De ninguna manera. Tanto el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento son parte de un mecanismo de incentivos de tremenda influencia que directa e indirectamente provienen de las dos Cámaras del Congreso, la de Diputados y Senadores, a lo que hay que sumar a los representantes del Poder Ejecutivo.

La cuestión entonces no pasa por la preparación o sabiduría que puedan exponer los miembros de estos dos órganos que quizás los puedan ofrecer; pero, la verdad es que sus componentes responden a la lógica del poder. Y esta lógica es absolutamente comprensible si se toma en cuenta la cultura propia que se ha ido gestando a lo largo de nuestra historia.  En este sentido resulta relevante tomar en cuenta cómo el poder siempre tiende a ocupar cada vez más espacio y a defenderlo. 

Esta lógica del poder no tiene nada de malo en sí misma porque en este caso forma parte de su naturaleza. El problema que se presenta ocurre cuando ese poder empieza extralimitarse  para convertirse en un monopolio sin control alguno. Si al poder lo dejamos librado en su intento de copar y reemplazar a los demás poderes para así convertirse en el supremo de la sociedad, entonces se encuentran en peligro no solo los demás poderes que van desapareciendo con el crecimiento del otro, sino que también aquel avance pueda terminar por ser totalitario.

En efecto, esta fue la preocupación de los pensadores como Locke, Montesquieu, Jefferson, Madison y otros,  para quienes el poder si se concentra en pocas manos termina por volverse arbitrario, corrupto e ineficiente, en esta secuencia. Para eso surge la ley y en específico la Constitución.

Y en cuanto esto se refiere, esto es al control del poder, nuestros constituyentes lo hicieron muy bien. Aplicaron lo que aquellos citados pensadores habían advertido mediante sus estudios y enjundiosas defensas del orden legal de la libertad. Si el Poder Legislativo considera que los ministros de la Corte han violado la Constitución tienen que hacer valer el juicio político.

Y si la Corte considera que una norma aprobada por la mayoría de un órgano legislativo son o no acordes con la Constitución, entonces se  declara la invalidez total o parcial de aquella, a fin de garantizar la regularidad constitucional y la certeza del orden jurídico nacional.  Este es lo que hace a una República para bien de todos. Caso contario, solo existe incertidumbre y venganza para mal de todos.

Este artículo fue publicado originalmente en el ABC Color (Paraguay) el 23 de abril de 2012.