Paraguay: Jubilación por reparto, una estafa insoportable

Víctor Pavón explica que la estafa estatal del sistema jubilatorio por reparto "se pone en práctica desde el momento en que el pago a los nuevos jubilados se va haciendo, cada vez en mayor proporción, mediante el dinero de los nuevos trabajadores aportantes que luego no podrán paradójicamente obtener sus propios haberes".

Por Víctor Pavón

De las muchas reformas de fondo que los diferentes gobiernos a esta parte fueron postergando para así evitar el supuesto costo político que les podría acarrear, se encuentra una que por su notoria estafa merece inmediata consideración.

Esta reforma consiste en terminar de una vez por todas con la estafa estatal del sistema jubilatorio por reparto, el modelo utilizado por el Instituto de Previsión Social (IPS). La estafa se pone en práctica desde el momento en que el pago a los nuevos jubilados se va haciendo, cada vez en mayor proporción, mediante el dinero de los nuevos trabajadores aportantes que luego no podrán paradójicamente obtener sus propios haberes. En un plazo determinado de quizás no más de diez años, este modelo de sistema jubilatorio empezará a colapsar.

No es consistente en el tiempo y mucho menos “solidario” un sistema por el cual los trabajadores más jóvenes paguen a los ya jubilados. La caja común al que se destinan los haberes jubilatorios hará que aquellos que ahora están aportando no lleguen a beneficiarse por sus esfuerzos que a diario hacen en sus respectivos puestos de trabajo.

Llegará una etapa, por ende, en que la cantidad de dinero que extraen los jubilados será superior a la cantidad de dinero que aportan los trabajadores por una sencilla razón. Cada año que transcurre existe más gente jubilada en relación a la cantidad de aportantes que ingresa al sistema.

Resulta, por lo demás, un contrasentido económico y jurídico que los empleadores no puedan también acogerse a los beneficios de la previsional, ya sea de la atención médica o la misma jubilación.

El inminente colapso de este modelo no podrá ser impedido mediante la formalización de las empresas. Y si bien es loable la iniciativa de la formalidad, no es menos cierto que el problema real es otro y todavía más grave. El problema más acuciante es el modelo de reparto que, de modificarse, se convertirá en un poderoso incentivo para lograr la tan necesaria formalidad.

Se alega con insistencia que el actual modelo jubilatorio es solidario. Pero, ¿de qué "justicia social” puede hablarse cuando se niega a la gente disfrutar en el futuro por sus largos años de dedicación laboral? Una sociedad que pretenda respetar los derechos humanos que, por cierto no son más que los derechos de los individuos, debe garantizar la libertad de elección, en este caso de trabajadores y patrones.

La propia Constitución Nacional exige romper con el modelo del IPS en razón del artículo 95. Deben ser las personas las que elijan de acuerdo a sus propias decisiones dónde y a qué lugar aportar una parte de sus ingresos para su posterior retiro. El costo social de seguir prorrogando ciertas reformas como la mencionada, no es más que una escusa para seguir manteniendo los privilegios de los grupos beneficiados de los monopolios y de la corrupción.

En el caso del sistema de reparto del IPS, el mismo debería ser abordado el año entrante como iniciativa legislativa. El mismo Ejecutivo debe proponer el modelo de capitalización individual. De seguir prorrogándose esta reforma, y más temprano que tarde, ni el IPS ni el propio Estado central contarán con los recursos suficientes para pagar las jubilaciones y pensiones requeridas.

Esta situación no solo supondrá un duro revés para las finanzas públicas. Significará igualmente dejar a demasiadas personas desamparadas, sin sustento en plena vejez, pese a que fueron pagando durante largos años con una parte de sus respectivos sueldos mensuales. El costo político que alegan los gobernantes para así evitar las reformas de política económica para el progreso, terminará por convertirse en una tragedia social.