Paraguay: El senado se equivoca en proyecto de ley

Víctor Pavón considera que el proyecto de ley recientemente aprobado por el senado, que castiga con prisión de dos a cinco años a los beneficiarios de la reforma agraria que vendan sus parcelas, "Ni siquiera será un intento de solución".

Por Víctor Pavón

El senado paraguayo, por amplia mayoría,  aprobó el proyecto de ley que castiga con prisión de dos a cinco años a los beneficiarios de la reforma agraria que vendan sus parcelas. De este modo, los senadores se suman a los errores que se han cometido en los últimos cien años.  

El proyecto de ley, dicen los senadores, tiene como propósito terminar con una vieja práctica surgida a instancia de las diversos intentos por mejorar las condiciones en el sector rural. No obstante, el error de los senadores se aprecia desde el mismo momento que imponen la cárcel sin tomar en cuenta acerca de por qué las personas tienden a vender sus parcelas. 

Este análisis es lo mínimo que debieron tomar en consideración los senadores. Pero no lo hicieron porque siguen enceguecidos en la tesis de que la sanción es la herramienta para cambiar una conducta. La criminalización de una conducta no es el camino para propiciar el desarrollo rural. Precisamente en el análisis de las decisiones que van tomando las personas para hacer o no hacer algo, se encuentran los incentivos que son los que determinan una determinada decisión. 

Los incentivos, por tanto, importan y muchísimo al momento de estudiar una legislación. En este contexto, los campesinos que venden sus parcelas, en realidad, están movidos por incentivos que no terminarán por la aprobación de una ley que castiga con la pena privativa de libertad. A lo sumo, esta clase de leyes harán que se promueva todavía más la intervención estatal

Al contrario de lo que los senadores han hecho, en primer lugar, se requiere de conocer sobre lo que está ocurriendo con los denominados adjudicatarios de la reforma, las normas establecidas para luego recién proponer una solución legislativa, más aún del grado extremo que implica la pena de cárcel.

Con la aprobación de este proyecto de ley, los senadores no han tomado en cuenta lo sustancial y se dejaron llevar por la tendencia de la sanción como un modo de corregir lo que las malas leyes con ineficientes instituciones han hecho a lo largo de estos años. 

Las denominadas parcelas, después de todo, no son más que el resultado de la ineficiente legislación rural, a lo que agrega la extrema corrupción de los gobiernos. Las parcelas y su posterior venta por parte de los campesinos surgen por la imposición de poderosos incentivos que hacen a la misma realidad. Esto no es un mero discurso, ni siquiera es una declamación puramente teórica. Es, sobre todo, una prueba de lo mal que se ha procedido en materia de reforma agraria y que los senadores ni siquiera se tomaron el tiempo de analizar.

En las anteriores leyes agrarias se encontraba autorizada la entrega de tierras para cualquier persona que manifestaba su deseo de ser agricultor. Pero, como el adjudicado solo podía vender su tierra luego de diez años de posesión, este hecho produjo la venta de las derecheras como un derecho precario fuera de la ley.  

Derechos de propiedad en lugar de la cárcel 

El proyecto aprobado por el senado, de esta manera, no toma en cuenta que la venta de las parcelas es el resultado de una causa que no se encuentra en la reprochabilidad de la conducta anti jurídica. No es llevando a la cárcel a los que venden sus derecheras que se solucionará el problema. Ni siquiera será un intento de solución. Más bien, el senado ha dejado de lado las causas reales de un drama que no parece tener fin porque los mismos gobiernos, con sus políticos y funcionarios más allegados, se siguen enriqueciendo a expensas de las genuinas familias de agricultores que desean adquirir un lote fiscal. 

Hasta hoy día el gobierno no cuenta con un censo de cuántas personas a la fecha fueron adjudicadas con tierras fiscales, y cuántas personas recibieron dos o más lotes sin control alguno.  El Estatuto Agrario dice que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra  (Indert)  otorgará título de propiedad  a los adjudicatarios que hayan abonado el importe íntegro del lote o que habiendo abonado no menos del 25% del precio y firmando por el saldo los correspondientes pagarés. Pero esto no es lo que ocurre. El motivo nuevamente es el mismo. 

Todas las gestiones relacionadas al empadronamiento ante la Dirección Nacional de Catastro y la inscripción en el Registro Agrario de la Dirección General de los Registros Públicos son trámites que corren por cuenta, antes por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y ahora por el Indert. Pero la tragedia no termina ahí. Siguiendo con la maraña de corrupción y burocracia, los títulos de propiedad son registrados en la Dirección de Impuesto Inmobiliario y en el Registro Agrario, ¡después de cinco años de su expedición!, y solo si las  tierras están “racionalmente explotadas”, expresión esta última ambigua y, por tanto, expuesta a todo tipo de arbitrariedad por parte de las autoridades.

No es de extrañar, entonces, que mucha gente prefiera vender sus parcelas. La ausencia de derechos de propiedad no permite contar con las suficientes garantías para que ser dueño de una propiedad. Y esta es una cuestión fundamental. Es a través del título de propiedad que el poseedor tiene el derecho legal de poseer, ocupar, disfrutar pacíficamente y vender su propiedad. 

La sanción carcelaria que aprobó recientemente el Senado no solamente es una regresión hacia el pasado en materia legislativa por su evidente propósito de criminalizar un acto jurídico civil. También el senado desvía la atención acerca de los graves perjuicios que acarrean las malas legislaciones acompañadas de malos gobernantes, corruptos y que no han hecho más que aprovecharse de una reforma agraria para enriquecerse a costa de los campesinos.  

Este artículo fue publicado originalmente en ABC Color (Paraguay) el 2 de abril de 2012.