Los contratos de las empresas telefónicas de Aristide deben hacerse públicos

Por Mary Anastasia O'Grady

Esta columna ha seguido la historia de las dos compañías telefónicas estadounidenses del ex presidente de Haití Jean Bertrand Aristide y de unos cuantos actores políticos estadounidenses. Aún quedan muchas preguntas y ahora ambas compañías están en primera plana de nuevo.

El 10 de julio, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) le impuso una multa de US$1.300 millones a IDT Corp. por "no presentar a la comisión, de manera intencional y repetida" sus contratos con el monopolio de telecomunicaciones de Haití Teleco Haiti, en 2003 y 2004.

Esos contratos no sólo deberían haberse presentado, deberían haberse hecho públicos. Ahora que se han hecho públicos, hemos descubierto que Teleco Haiti le dio el derecho a IDT de terminar llamadas (es decir, encargarse de llevar las llamadas a sus destinos) en Haití a menos de la mitad de la tasa oficial convenida y que IDT accedió a depositar todos los pagos no en Teleco Haiti, sino en una cuenta en las islas Turcas y Caicos manejada por una compañía llamada Mont Salem.

Los ingresos por llamadas de larga distancia fueron unas de las pocas fuentes de efectivo de Haití. Sin embargo, después que el presidente Aristide dejó el poder en 2004, se descubrió que las arcas de Teleco Haiti estaban vacías. Aún así, IDT podría haber interpretado un papel pequeño en el saqueo de Teleco Haiti.

Un participante mucho más interesante es Fusion Telecommunications. La empresa podría haber estado terminando tráfico en el país desde mediados de los años 90, poco después que Bill Clinton usara al ejército estadounidense para restituir al depuesto Aristide al poder. No obstante, no sabemos si esto es cierto debido a que los contratos de Fusion, los cuales deberían ser públicos bajo las reglas de la FCC, están envueltos en un halo de misterio.

La decisión de la FCC en contra de IDT es una victoria para el ex-empleado de la empresa Michael Jewett. Él presentó una demanda en la corte federal de Newark, Nueva Jersey en 2004, alegando que la compañía lo despidió porque presentó objeciones a un acuerdo ilegal entre esta y Teleco Haiti.

Buena parte de lo que Jewett describió en su queja apareció en el contrato. Pero hay más. También dijo en documentos presentados al tribunal que se le dijo que la cuenta de Mont Salem pertenecía a Aristide. IDT niega esto.

Los críticos de Aristide han argumentado por mucho tiempo que Fusion estaba recibiendo tasas preferenciales de conexión a cambio de sobornos para el presidente. Esto, dicen, ayudó a Fusion a dominar la ruta EE.UU.-Haití, algo que habría hecho que aquellos involucrados se enriquecieran. Los haitianos me dijeron en 2001 que Fusion incluso tenía una oficina en Haiti Teleco.

El presidente de la junta de Fusion era y aún es Marvin Rosen, quien fue el presidente de finanzas del Comité Nacional Demócrata durante los escándalos de recaudación de fondos de 1996. A finales de los años 90, Joseph P. Kennedy II y Thomas "Mack" McLarty, ambos prominentes demócratas, estaban en la junta. Fusion ha negado que haya hecho algo malo.

En febrero de 2007, la FCC me dijo que su "archivo de Haití", que contenía los contratos, había desaparecido de su sala de archivos. Para recrear el archivo perdido, la agencia le pidió a IDT, Fusion y otras compañías copias de sus contratos. Fusion entregó uno, de 1999, que asegura que se ajusta al que había presentado.

En diciembre, envié una solicitud para ver ese contrato bajo la ley de libertad de información de EE.UU. Ocho meses después, la compañía aún está bloqueando mi solicitud. Abogados de la empresa se han reunido con la FCC para pedir confidencialidad.

Por qué Fusion lucha a capa y espada para mantener lo que se supone que es un contrato público fuera de la vista del público es una buena pregunta. Una de las posibles razones de ello es una demanda civil presentada por la República de Haití en noviembre de 2005 en Florida que alegó que operativos de Aristide le dieron "concesiones de tasas" a varias empresas de telefonía, "incluyendo a Fusion Telecommunications". La demanda también asegura que Teleco "permite(ió) a ciertos operadores 'ajustar' cobros supuestamente cuestionados con Teleco en términos favorables", y que Fusion era uno de ellos. Esto, anota la demanda, "no estaba en los intereses de Teleco" y "violaba la ley estadounidense".

La demanda, la cual fue retirada después de un cambio de gobierno en 2006, pero puede ser revivida si lo desea el demandante, también alega que "el esquema fraudulento para robar las ganancias de Teleco fue llevado a cabo en parte a través del acusado Mont Salem", el cual "sirve (servía) como frente para los intereses del Grupo Aristide". También asegura que "bajo órdenes de Aristide, se le dijo a los operadores que hicieran los pagos a Mont Salem. Una era una empresa canadiense, la otra era IDT. Además, "por órdenes de Aristide, el director jurídico de Teleco en ese momento también obligó a su empresa a pedir que al menos otro operador, Fusión, hiciera sus pagos a través de Mont Salem".

La FCC decidirá antes del 26 de septiembre si el contrato de Fusion debe hacerse público. Su decisión sentará un precedente y los estadounidenses merecen saber qué sucedió entre los clintonistas y Aristide. Los haitianos también merecen la verdad. Aristide, que salió de Haiti en 2004 bajo una nube de cargos de corrupción, está viviendo en Sudáfrica, pero está tratando de volver al poder. Si lo logra, el futuro de Haití será tan opaco como su pasado. La FCC debería dar una informe completo sobre si algunos de sus antiguos facilitadotes eran políticos estadounidenses de alto rango.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 28 de julio de 2008.

Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011
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