Libertad económica e incoherencia en Latinoamérica

Por Ian Vásquez

En la década de los 90 la libertad económica en Latinoamérica se incrementó notablemente. Las economías de la región están ahora más abiertas al comercio y a la inversión. En la mayoría de países, las altas tasas de inflación y la predominancia de monopolios estatales son cosas del pasado. Según el nuevo Informe Anual 2004 sobre Libertad Económica en el Mundo, los países latinoamericanos incrementaron su calificación de libertad económica de 5.0 en 1985 a 5.4 en 1990 hasta 6.5 en una escala de diez a finales de esa década.

De acuerdo con el informe, el cual es publicado por el Fraser Institute de Canadá, el Cato Institute de EE.UU. y centros de investigación alrededor del mundo, eso debería de ser buenas noticias. El estudio ha encontrado una fuerte relación entre libertad económica y prosperidad. Los países que son económicamente más libres son más prósperos y tienden a crecer más rápido que aquellos que no lo son.

Por ejemplo, países en el primer quintil del índice de libertad tienen un promedio de ingreso per capita de US$26,106 y un crecimiento per capita de 2.4 por ciento versus US$2,828 de ingreso per capita y –0.5 por ciento de crecimiento en el último quintil. Y la libertad económica está fuertemente relacionada a las mejoras en todo el rango de los indicadores de desarrollo humano, incluyendo esperanza de vida, mortalidad infantil, alfabetización y más.

Pero en Latinoamérica las políticas de los años 90 llevaron a gran parte de la región a una baja tasa de crecimiento y turbulencias económicas. La extendida percepción de que el libre mercado ha sido probado y ha fallado ha permitido el surgimiento de retóricas neo-populistas y políticas incoherentes. Mientras que el mal llamado Consenso de Washington sobre la necesidad de medidas macroeconómicas ortodoxas prevaleció a inicios de la década de los 90,en la actualidad no existe consenso en las políticas públicas de la región.

La desilusión con el mercado ha alcanzado el extremo en Argentina y Venezuela, las dos naciones que más han caído en el índice de libertad económica. Entre el 2000 y el 2002, cuando la economía argentina colapsó, la calificación de libertad económica del país fue del puesto 28 al 86 de un total de 123 países—la caída más dramática de corto plazo en la región. El presidente neo-populista Hugo Chávez también ha empujado a su país al fondo de la lista en un proceso que ha llevado a Venezuela de estar en el puesto 14 en 1980 al 118 en el 2002.

En otros lados, las reformas económicas han fallado en producir estabilidad económica. Gonzalo Sánchez de Losada, el entonces presidente boliviano, fue forzado a salir del país en otoño del año pasado ante las revueltas populares. Y el presidente peruano Alejandro Toledo está experimentando índices de popularidad de un dígito, lo cual cuestiona su habilidad de llegar a cumplir un periodo completo a pesar de las políticas macroeconómicas relativamente ortodoxas.

¿Ha fallado la liberalización en Latinoamérica? Las experiencias en la región no contradicen los hallazgos del índice de libertad económica. Las turbulencias financieras en los últimos diez años, que hicieron mucho por agriar los sentimientos a favor de los mercados, fue el resultado de políticas totalmente inconsistentes con las reformas de mercado. La irresponsabilidad fiscal y un mal manejo de la deuda han sido las causantes de las espectaculares crisis mexicanas y argentinas—prácticas que han caracterizado a las autoridades latinoamericanas desde los tiempos de la independencia.

Ciertamente, una de las lecciones de la década de los 90 es la necesidad de un conjunto coherente de reformas de mercado. Chile, por largo el país que ha mantenido la economía más libre en Latinoamérica remarca esa lección. Clasificado en puesto 22 en el índice, Chile ha alcanzado altas tasas de crecimiento que han permitido cortar por la mitad las tasas de pobreza y mantener una democracia estable y robusta. Por el contraste, la mayoría de Latinoamérica ha viajado parcialmente por la senda de libertad económica, impulsando al ministro de hacienda de México Francisco Gil Díaz, de advertir a los observadores que no culpen de las fallas de la región a reformas que no han sido llevadas a cabo.

La lista de reformas inconclusas en Latinoamérica es muy larga como para enumerarlas acá. Pero, más allá de implementar y adherirse a políticas macroeconómicas bien conocidas, Latinoamérica debería de priorizar en cuatro áreas largamente ignoradas: regulación burocrática, impuestos, derechos de propiedad y estado de derecho. El progreso en esas áreas va a beneficiar directamente al ciudadano común.

Las regulaciones continúan siendo una enorme carga para los latinoamericanos, un aspecto en el que la región tiene un puntaje muy pobre en el índice de libertad económica. Por ejemplo, un estudio del National Bureau of Economic Análisis encontró que para abrir un negocio en Canadá se requiere 2 días, 2 procedimientos burocráticos y tiene un costo de US$280 en tarifas. En contraste, en Bolivia toma 80 días, 20 procedimientos burocráticos y cuesta US$2,696. Removiendo el peso burocrático del estado haría mucho por reducir la enorme economía informal de la región.

También lo sería el reducir el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, los cuales en muchos países están a dos o tres veces los niveles existentes en EE.UU. El economista argentino Ricardo López Murphy lo sintetizó cuando se quejó de que los argentinos pagan niveles impositivos suecos a cambio de servicios públicos de calidad africana.

Los estados latinoamericanos tampoco protegen o reconocen los derechos de propiedad de los pobres, aun cuando esa institución es la base de la economía moderna. Por ejemplo, el 90 por ciento de la propiedad rural de la gente en Perú no tiene títulos de propiedad. El resultado de esta clase de discriminación legal es una limitación severa en la habilidad de generar riqueza por parte de las personas comunes. Aquí también la región tiene calificaciones pobres en el índice de libertad económica.

Adoptar la libertad económica haría mucho por establecer las condiciones en el que el estado de derecho—talvez el ingrediente más importante para el avance del desarrollo económico—pueda florecer. Mientras que los políticos latinoamericanos continúen en su larga tradición de apoyar las intrusiones arbitrarias del estado en todas las facetas de la esfera privada, el capitalismo continuará siendo un concepto mal comprendido y desconocido para el latinoamericano común.