La condonación de deudas

Por Patricia Adams

Antes de que empezara la guerra en Irak, los exiliados iraquíes expresaron sus esperanzas de un Irak post-Saddam democrático, incluyendo sus expectativas sobre la disposición de las deudas de Saddam. Estos iraquíes querían que el futuro gobierno de su país revisara las deudas acumuladas bajo el régimen de Hussein, pagara aquellos préstamos que fueron utilizados en propósitos benignos, y repudiara aquellos que fueron utilizados para objetivos cuestionables.

Sus argumentos resonaron en aquellos que entendieron la inherente posición moral en su caso. Sería sumamente ofensivo que se obligue a los iraquíes a repagar a los franceses, rusos, y otros que ayudaron a Saddam a reprimirlos. El argumento iraquí también llamó la atención de gobiernos y medios de comunicación, especialmente conforme Occidente se enteró que el enfoque iraquí está basado en el derecho-lo cual refleja un principio legal de 100 años de antigüedad que se ha llegado a conocer como la Doctrina de las Deudas Detestables.

Esta doctrina fue creada para promover las finanzas internacionales al limitar la habilidad de los gobiernos de repudiar sus deudas. Bajo esta doctrina, deben existir tres condiciones antes de que un Estado pueda repudiar una deuda:

1. Se debe haber incurrido en la deuda sin el consentimiento del pueblo de ese Estado.
2. La deuda no pudo haber beneficiado al público en ese Estado.
3. El acreedor debe haber estado al tanto de estas condiciones.

Estados Unidos hizo uso de estos principios luego de la Guerra Española-Estadounidense para repudiar las deudas cubanas. Los iraquíes también quieren emplear estos principios. Así fue como Alexander Sack, el jurista ruso que acuñó el término "deudas detestables", lo puso:

"Si un poder despótico incurre en una deuda, no para la necesidad o el interés del Estado, sino para fortalecer su régimen despótico... esta deuda es detestable... Esta deuda no constituye una obligación para la nación; es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que la ha adquirido, consecuentemente desaparece con la caída de su poder".

Un nuevo gobierno iraquí podría emplear esta doctrina al establecer un panel judicial de arbitraje de deudas compuesto por respetados juristas iraquíes e internacionales, bajo reglas de arbitraje reconocidas-reglas que son empleadas hoy en día por las naciones Occidentales. Este panel invitaría entonces a los acreedores a que enviaran sus reclamos, incluyendo la documentación de que los préstamos fueron de hecho utilizados en el interés del pueblo iraquí, y no, en palabras del secretario adjunto de Defensa Paul Wolfowitz, "para comprar armas y levantar palacios y construir instrumentos de opresión".

La alternativa a ese procedimiento-tomar las deudas iraquíes al Club de París sin establecer su legitimidad-sería un grave error. El Club de París, el cual usa los dólares de los contribuyentes para rescatar préstamos malcolocados por prestamistas públicos, ha sido durante mucho tiempo la agencia mundial de reembolsos por excelencia. Este club-una agrupación informal de las principales naciones acreedoras del mundo-legitimaría las deudas de Saddam Hussein como deudas del pueblo iraquí, lo cual le daría a Francia y a Rusia, al igual que a acreedores menores como Alemania, una victoria moral y un reembolso parcial.

Esas naciones no tienen derecho a ninguno de los dos, como bien lo saben los iraquíes. Ellos también saben que bajo el Derecho Internacional no necesitan repagarle a aquellos que financiaron su opresión.

Ya que los reembolsos del Club de País le permiten salir del atolladero a los prestamistas negligentes y a los prestatarios corruptos, mucha gente ha venido buscando una alternativa. Algunos, incluyendo a Michael Kremer de Harvard y Oxfam, quienes parecieran ser conducidos por preocupaciones humanitarias, han aprovechado el concepto de deudas detestables como esa alternativa, pero de una manera mal concebida. En lugar de evaluar la legitimidad de los préstamos individuales, este grupo calcularía la "detestabilidad" de regímenes enteros mediante la creación de un organismo internacional que juzgaría a los gobiernos del mundo. Este ente advertiría a los acreedores al etiquetar a los buenos gobiernos como valiosos, y a los corruptos y represivos como detestables.

Su propuesta, la cual confía demasiado en las instituciones internacionales, contraviene las experiencias de los últimos 50 años. Durante este período, prestamos irresponsables a (y reembolsos de) gobiernos corruptos y no representativos han venido precisamente de agencias internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La politizada estructura de manejo de las agencias internacionales garantiza que los regímenes detestables serán raras veces calificados como tales. Tomemos el caso de Irak. ¿Habrían permitido Francia, Alemania y Rusia que Saddam fuera incluido en la lista negra?

Aún si una agencia internacional pudiera de alguna forma hacer juicios no políticos, este enfoque consolidaría el riesgo moral que creó las deudas detestables en el primer lugar. Cualquier institución financiera, pública o privada, que le extendiera crédito a un gobierno que había recibido un sello de aprobación sería defendida si fracasara en ejercer una debida diligencia en asegurarse que sus préstamos fueron utilizados en el interés del Estado, como lo demanda la Doctrina de las Deudas Detestables. Como resultado, el riesgo moral tanto de acreedores como deudores se incrementaría a nuevas alturas.

La Doctrina de las Deudas Detestables no solo promovería la responsabilidad, sino también la democracia. Consideremos a Irak. Decidir la disposición de las deudas a través del Estado de Derecho, mediante un proceso judicial público que le permita a los iraquíes, la prensa doméstica e internacional, y a cualquiera que entienda quién le prestó qué tanto a quién y para qué propósito, le daría confianza a los iraquíes de que el gobierno puede funcionar y ser confiado.

En contraste, una conferencia a puertas cerradas del Club de París engendraría cinismo en Irak y alrededor del mundo. Sería visto como un simple arreglo internacional en el que Estados Unidos dividió los recursos de Irak entre Rusia, Francia y otros grandes acreedores.

Un régimen legal de deudas detestables también promovería la democracia en los Estados acreedores. En Canadá y en la mayoría de las naciones europeas, los préstamos de las empresas estatales están generalmente fuera de la supervisión de los contribuyentes. Por ejemplo, la agencia canadiense de créditos para la exportación, Export Development Canada, está exenta de la ley de Acceso a la Información de su país. En el caso de Irak, agencias estatales de Francia, Alemania y Rusia pudieron haber realizado préstamos cuestionables. Bajo un proceso de deudas detestables, estas agencias necesitarían demostrar que actuaron con debida diligencia para tener derecho al repago. Sabiendo esto, sería menos probable que hagan préstamos cuestionables en el futuro.

Finalmente, un régimen legal de deudas detestables avanzaría la guerra contra el terrorismo. Estados Unidos ha encontrado que muchos países Occidentales están renuentes a forzar a los prestamistas a revelar sus créditos. Algunas veces los prestamistas son agencias estatales, otras veces son prestamistas privados con buenas conexiones. El objetivo de regular de alguna manera el sinnúmero de transacciones que tienen que ver con Estados terroristas se vuelve infinitamente más fácil cuando la autorregulación apoya a la regulación estatal. Cuando los prestamistas de Francia, Alemania, Canadá, o cualquier otro país se den cuenta que el repago de un Irak bajo Saddam, de Siria, de Corea del Norte, de Cuba, depende en que el régimen permanezca en el poder el tiempo suficiente como para ver el dinero ser repagado, lo pensarán dos veces antes de hacer los préstamos, y demandarán una prima más alta si así lo hacen.

Algunos sostienen que la Doctrina de las Deudas Detestables desestabilizaría las finanzas internacionales. Pero esta gente entiende el proceso al revés.

Al aclarar las reglas, el flujo de los futuros préstamos para propósitos estatales auténticos sería fortalecido debido a que los prestamistas sabrían que sus préstamos convencerían a un tribunal de justicia. Mientras que las reglas permitan préstamos a regímenes detestables-para carreteras, educación y otros propósitos legítimos-desalentaría el uso de préstamos para construir palacios y armar un régimen contra su propio pueblo. Disminuiría los botines de poder que animan a los tiranos a buscar el poder, y más importante aún, les negaría los fondos que necesitan para mantenerse en el poder. Al final de cuentas, un mundo de prestamistas y prestatarios disciplinados por la Doctrina de las Deudas Detestables promovería tanto la estabilidad económica como política.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.