España: Kafka en el sistema eléctrico

Pedro Schwartz dice que "Para contener la inflación y contribuir a que España fuera admitida en el euro, se redujeron o congelaron arbitrariamente las tarifas de la luz. A cambio, el gobierno de entonces prometió a las eléctricas que compensaría esas pérdidas o al menos que les permitiría financiarlas con bonos avalados por el Estado. A 10 de mayo de este año, el déficit acumulado alcanzaba la enorme suma de 26.062,51 millones de euros".

Por Pedro Schwartz

Produce pavor en el ánimo de cualquier amigo de la libertad económica la lectura de los dos últimos decretos-ley sobre el sistema eléctrico, aprobados por el gobierno a instancias del ministro José Manuel Soria, en la medida en que son legibles. El de fecha de 1 de febrero del presente año es un jeroglífico. Ya saben lo que digo: la legislación anterior se modifica línea a línea, sin presentar un texto consolidado. Las compañías afectadas ya se enterarán por lo que les va en ello. El público en general tendrá que contentarse con pagar los impuestos o las facturas resultantes de esas misteriosas modificaciones.

El segundo decreto-ley, de 12 de julio pasado es aún más preocupante. Dibuja un panorama de infinita complejidad. Se trata de una Ley que pertenece al mundo de Franz Kafka. El proceder de los oscuros funcionarios que detienen al señor K depende de órdenes futuras cuyo contenido nadie conoce. El Real Decreto de julio impide todo cálculo de previsión. Por ejemplo, concede al gobierno la posibilidad de modificar los “peajes de acceso” (lo cobrado por el consumo de electricidad) cada vez que cambien las circunstancias; o también dice que calculará “una rentabilidad razonable” para cada uno de los activos de producción de electricidad (que son sesenta mil), sin definir la tasa de remuneración razonable ni cuál será la repercusión para los usuarios finales. Como dijo Churchill de Rusia: “un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma”.

El laberinto del que intenta salir Soria

La cuestión más inmediata con la que se enfrenta el gobierno es el llamado déficit tarifario. Para contener la inflación y contribuir a que España fuera admitida en el euro, se redujeron o congelaron arbitrariamente las tarifas de la luz. A cambio, el gobierno de entonces prometió a las eléctricas que compensaría esas pérdidas o al menos que les permitiría financiarlas con bonos avalados por el Estado. A 10 de mayo de este año, el déficit acumulado alcanzaba la enorme suma de 26.062,51 millones de euros. Esta montaña que tenía que escalar Soria es un volcán, pues crece día a día. El déficit ha seguido aumentando y su continuada amortización resulta imposible en la actual situación presupuestaria.

¿Razones? El gobierno de Zapatero, lleno de celo europeísta, quiso que España fuera uno de los países que antes alcanzase la meta de 20/20/20, en 2020: un 20% de reducción de emisiones “invernadero”; un 20% de ahorro de energía; y un 20% de energías renovables: todo ello en diez años. Nada ha ido según los planes de nuestro hoy gran consejero de Estado. El petróleo está caro y las eléctricas vuelven al carbón. Las medidas de ahorro hacen daño a las eléctricas. El fomento de las renovables generosamente subvencionadas ha resultado insostenible, en especial este año de mucho viento y lluvia. La demanda de electricidad ha caído con la crisis. Una gran parte del consumo de los hogares se acoge al “bono social”, es decir paga una tarifa reducida. Por fin el Estado está comprometido a remunerar el exceso de capacidad del sistema eléctrico español, al que se denomina “garantía de potencia”.

Por eso el ministro, como un nuevo Júpiter ha hecho caer sobre el sistema eléctrico un granizo de medidas de ahorro y recaudación: suspensión de permisos de nuevas centrales de cogeneración, de renovables y de residuos; recorte de la remuneración de las plantas eólicas, fotovoltaicas y termosolares; nuevos impuestos sobre la energía hidráulica, nuclear y de residuos; impuestos especiales sobre el gas y el carbón. Incluso se pretende impedir la producción de energía solar en los hogares. La confusión del sector es completa, en especial la de los inversores en renovables, muchos de ellos abocados a la suspensión de pagos: los extranjeros seguramente llevarán al Estado a los tribunales extranjeros. Los nacionales prefieren llorar en los despachos ministeriales.

¿Cómo es posible que esto ocurra en una economía de mercado como dicen que es la española? Se han acumulado parches sobre remiendos, emplastes sobre revoques, con el resultado típico de una planificación necesariamente mal informada. La culpa no es toda del gobierno español, pese a su imparable afición por el intervencionismo. La fuente última del desorden se encuentra en Europa. En la década de los 90, la Unión Europea decidió acertadamente crear en el continente un mercado liberalizado para toda la energía. Ésta que podríamos llamar la “Liberalización 1.0” se vio interrumpida y desviada por la angustiada decisión de luchar a toda prisa contra el calentamiento global. El 20/20/20 y sus subvenciones han puesto todo patas arriba. Haría falta una “Liberalización 2.0”, que armonizara la libertad de mercado con la calentura del clima.

Existe un sistema que armoniza la libertad de decisión empresarial con la incentivación de una conducta respetuosa del medio ambiente, si se considera necesaria: un mercado de permisos de emisión. Ahora funciona mal porque, vista la caída de la demanda por la crisis, se habían emitido demasiados permisos. Bien aplicado el sistema fomentaría una innovación técnica semejante a la ocurrida en la industria del automóvil. O quizá ocurra en Europa una revolución energética como en EE.UU., gracias a la nueva técnica de recuperación de gas de roca. ¿Volveremos a las pizarras bituminosas de Puertollano? ¡Cualquier cosa menos Kafka!

Este artículo fue publicado originalmente en Expansión (España) el 11 de octubre de 2013.