España: El primer ajuste presupuestario

Lorenzo Bernaldo de Quirós asevera que "Con un alto endeudamiento de las familias, la persistencia o, peor, la posible agudización de la restricción crediticia, la erosión de la renta disponible provocada por el aumento de los tipos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas acentuará la contracción del consumo privado y con ella la recesión".

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

El gobierno del Partido Popular (PP) ha elaborado un primer paquete de medidas fiscales y presupuestarias con el objetivo de cerrar el déficit para el conjunto de las administraciones públicas en el 4,4 por 100 del PIB en 2012. Según las previsiones del gabinete, ese desequilibrio se ha situado en 2011, en el 8 por 100 del PIB, dos puntos más de lo previsto. Por tanto deberá acometerse un ajuste de 36.000 millones de euros en un solo ejercicio. Desde esta óptica hay que entender las iniciativas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre que constituyen una singular y sorprendente combinación de recortes de gasto, 8.914 millones de euros, y de aumento de impuestos, 6.275 millones de euros, para alcanzar la meta de déficit establecida en el Plan de Estabilidad y Crecimiento. Quedan pues otros 20.811 millones de euros que el ejecutivo tendrá que ahorrar y/o recaudar para llegar a El Dorado del 4,4 por 100 del PIB a finales de este año.

Desde un punto de vista técnico, las críticas al plan de ajuste fiscal del gabinete proceden a partes iguales de la izquierda socialdemócrata y de la derecha liberal. A los primeros les gusta la subida de la fiscalidad sobre la renta de las personas físicas y sobre el capital pero creen que el recorte del gasto tendrá efectos contractivos; a los segundos les parece incongruente que un gabinete de centro-derecha eleve los impuestos directos en lugar de centrar su estrategia de recorte del déficit en la disminución del gasto público. Para este segmento de la opinión, el alza de la fiscalidad en un entorno recesivo como el español agudizará la caída de la actividad y retrasará la salida de la crisis. Esta tesis tiene un poderoso soporte empírico y es difícil no estar de acuerdo con ella.  

De entrada, la necesidad de recortar el binomio déficit-deuda es indiscutible. Esos desequilibrios se han colocado en una senda insostenible y es esencial corregirlos para evitar la bancarrota del Estado. Al mismo tiempo, los ajustes fiscales han sido seguidos en numerosas ocasiones por una expansión de la economía a diferencia de lo sostenido por la vulgata keynesiana. Un cambio de régimen económico-fiscal que elimina la necesidad de mayores impuestos futuros genera un efecto riqueza positivo que estimula el consumo y la inversión presentes. También, una política fiscal rigurosa y sostenida rebaja la prima de riesgo y los componentes de la demanda más sensibles a los tipos de interés se reactivan si el descenso de la prima de riesgo reduce los intereses cargados a las familias y a las empresas. Por último, un descenso del coste del dinero incrementa la riqueza financiera por su impacto alcista sobre el valor de las acciones y de los bonos.

Dicho esto, la composición y la dimensión del ajuste fiscal-presupuestario es vital para evaluar su impacto. En este sentido, las estrategias de disminución del déficit que han tenido éxito son aquellas que han descansado sobre la restricción del gasto público. En términos generales, los países de la OCDE en los cuales el ajuste ha descansado cuanto menos, en un 70 por 100, en la rebaja de los desembolsos del sector público han tenido un efecto positivo sobre la economía, mientras aquellos en los que los impuestos han supuesto el 60 por 100 o más del esfuerzo de recorte del déficit, la economía ha entrado en recesión y no se ha conseguido lograr el objetivo planteado en el plan de ajuste (Ver Alesina A., "Fiscal Adjustments: Lessons from Recent History", mimeo, abril de 2010). Desde esta perspectiva, la primera parte del ajuste fiscal realizado por el PP estaría en la banda baja de los programas de consolidación fiscal que han funcionado. El 60 por 100 del ajuste ha recaído sobre el gasto y el 40 sobre los ingresos.

En ese marco teórico, la primera fase del plan de estabilización del gabinete Rajoy tendría éxito. Sin embargo surgen dos poderosos interrogantes a la hora de evaluar su efectividad cuyo origen es la situación en la que se encuentra la economía española. Con independencia de la coherencia ideológica de que un partido de centro-derecha realice la mayor subida de la fiscalidad sobre las personas y sobre el capital de la democracia, existe el serio riesgo de que el incremento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) genere consecuencias distintas a las esperadas. Con un alto endeudamiento de las familias, la persistencia o, peor, la posible agudización de la restricción crediticia, la erosión de la renta disponible provocada por el aumento de los tipos del IRPF acentuará la contracción del consumo privado y con ella la recesión. Al mismo tiempo, las rentas altas buscarán medios para disminuir su carga tributaria, por ejemplo, convirtiéndose en personas jurídicas. En este supuesto, la recaudación fiscal caería a pesar del alza del impuesto.

Por otra parte, la elevación de la fiscalidad sobre las rentas del capital penaliza el ahorro y la inversión, y tampoco tiene porqué generar ingresos adicionales para el fisco. Las personas que posean acciones u otros activos cuya venta les produzcan plusvalías no las enajenarán hasta que la subida del impuesto deje de tener vigor, en 2014, lo que reducirá la recaudación procedente de ese tributo. En la práctica, esta medida sólo afectará a activos del tipo de los depósitos a plazo o a las cuentas corrientes. Conviene recordar que la bajada del impuesto sobre las rentas del capital realizada por el PP a mitad de la década de los noventa se tradujo en un aumento de los ingresos derivados de ese impuesto. Para qué hablar de la reintroducción de la deducción por vivienda, una forma de primar la inversión en ladrillos frente a otras alternativas o el aumento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), contradictorio con la idea de incentivar el mercado inmobiliario.

En conclusión, la primera entrega del plan de ajuste presupuestario y fiscal del PP no es muy diferente del planteado por el anterior gabinete, el socialista, en el plano de los impuestos y, si es más contundente en materia de gasto, no afecta de momento a los programas estructurales que condicionan de manera decisiva tanto el tamaño del propio gasto público como su tendencia alcista en el futuro. Es de esperar que la segunda parte del programa, después de las elecciones andaluzas, sea mejor. Rajoy tenía razón y su intuición era correcta cuando afirmó en su debate de investidura que quería recortar el déficit sin subir los impuestos.