En defensa del Pacto de Estabilidad

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

Jacques Chirac, Presidente de Francia, utilizó el Día de la Bastilla para pedir una flexibilización temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con la finalidad de estimular la alicaída economía de la Eurozona. La demanda francesa se suma a las planteadas en esa misma dirección por Francia y Alemania. Este planteamiento es el reflejo tanto del deseo de esos países de postergar "sine die" la reforma de sus obsoletos y ruinosos sectores públicos como de una ignorancia supina sobre los efectos económicos de las estrategias presupuestarias deficitarias. En realidad, el triunvirato de los heterodoxos pretende convertir sus fallos en aciertos, su incompetencia en sentido común y sus malas prácticas fiscales y presupuestarias en un modelo a seguir. Por supuesto, esas pretensiones son inaceptables.

De entrada es necesario apuntar algunas cuestiones elementales. Los franceses, los alemanes y los italianos no han optado por el déficit fiscal para combatir la desaceleración de sus economías. Se han encontrado con él porque no han querido, no han sabido o no han podido poner en orden sus cuentas públicas en los años de expansión. Esta y no otra es la razón por la cual son incapaces de cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que ellos mismos consideraron imprescindible para garantizar la estabilidad macroeconómica dentro de la Eurozona. Su keynesianismo de urgencia y su defensa de las estrategias fiscales de relanzamiento de la demanda para afrontar la fase bajista del ciclo equivalen a hacer de la necesidad virtud. Es una justificación ex post de su ineptitud.

Las críticas lanzadas contra el PEC por su supuesta falta de flexibilidad son infundadas. En él se establece un techo a la proporción déficit público/PIB del 3% si se produce un crecimiento negativo del producto del 0.5% o más. Esta regla no es arbitraria. Si se analizan los períodos recesivos padecidos por la UEM entre 1961 y 1996 con caídas del producto entre el 0.5% y el 0.75%, se observa que partiendo de un hipotético presupuesto equilibrado en el año precedente a la recesión, sólo uno de los dieciocho integrantes, Alemania, superaría el techo del 3% en el año siguiente a la misma. En el caso de recesiones más intensas, once de los dieciocho países de la Eurozona superarían ese umbral pero todos, salvo Alemania, caerían por debajo de él cuando la actividad iniciase su recuperación. Desde esta óptica, los argumentos franco-italianos son injustificables.

Por el contrario, si el desequilibrio de las finanzas públicas se sitúa en el 2% del PIB en el año precrisis, ningún Estado de la Eurozona volvería a déficit inferiores al 3% del PIB en el primer año de reactivación (Buti M., Franco D. y Ongena H., Budgetary Policies During Recessions, ECB, 1997). La conclusión es bastante clara. Cuando las finanzas públicas están equilibradas, sólo las recesiones severas, un crecimiento negativo del PIB del 2%, provocan déficit excesivos, superiores al 3% del PIB, pero éstos son temporales salvo que se implanten políticas fiscales expansivas. En estos casos, el retorno a posiciones presupuestarias como las establecidas por el PEC sólo es posible con recortes del gasto y/o aumento de los impuestos. De ahí, los problemas a los que se enfrentarían Francia, Alemania e Italia y, en consecuencia, el conjunto de la zona del euro, si ésta entra en recesión.

Estos comentarios tendrían sólo un valor académico si los déficit públicos fuesen irrelevantes o positivos desde un punto de vista económico. Por desgracia no lo son. En el caso de la UEM, el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el PEC por parte de los países grandes de la Eurozona llevaría a un incremento de la prima de riesgo sobre los tipos de interés de esa área económica que neutralizaría la efectividad de la expansión fiscal y acentuaría el declive de la economía. Los Estados con finanzas públicas desequilibradas carecen de margen de maniobra para usar el presupuesto con fines estabilizadores ya que los mercados consideran insostenible su posición fiscal. Por otra parte, estudios empíricos sobre el comportamiento de los Estados de la OCDE durante las recesiones muestran que, en las economías abiertas con tipo de cambio fijo, un aumento del gasto público equivalente al 1% del PIB reduce el crecimiento en 0,4 puntos (Hemming R., Mahfouz S. y Schimmelpfenning A., Fiscal Policy and Economic Activity During Recessions in Avanced Economies, IMF Working Paper, mayo 2002).

En este marco, la entronización en Eurolandia de una dinámica deficitaria impulsada por acciones fiscales y presupuestarias discrecionales, aunque fuese temporal, sería negativa para el crecimiento y para la creación de empleo en una región, como la del área del euro, con un balance pésimo en ambos frentes. El multiplicador keynesiano se ha transformado en un restador. No estimula la actividad, sino que la deprime como lo demuestran la propia realidad alemana, italiana o francesa. Por lo tanto emprender, ese camino en la actual coyuntura sería poco inteligente. Desde esta perspectiva, el gobierno español debe dar la batalla para resistir el embate de la ola heterodoxa que pretende hacer de su incapacidad política regla general exportando al resto de los socios de la UEM sus fracasos.

Cuando las reglas económicas se rompen en búsqueda de beneficios a corto plazo, la política económica se vuelve temporalmente inconsistente, su credibilidad salta hecha pedazos y sus consecuencias son siempre negativas porque los agentes económicos se sienten engañados y castigan al infractor.