El agravamiento de la pobreza

Manuel Sánchez González indica que la pobreza extrema por ingresos alcanzó en el tercer trimestre de 2020 un 44,5 por ciento de la población, esto es, seis puntos porcentuales por encima del mismo trimestre del año anterior.

Por Manuel Sánchez González

El desplome de la actividad económica de México registrado durante 2020, sin precedente en casi un siglo, ha generado un severo recrudecimiento de los indicadores de pobreza.

Un cálculo central, elaborado trimestralmente por el Coneval, muestra el porcentaje de la población, con quince años o más de edad, cuyo ingreso laboral se ubica por debajo de la “línea de pobreza extrema por ingresos”. Este último concepto se refiere al costo de una canasta alimentaria básica de acuerdo a ciertos requerimientos mínimos de energía y nutrientes.

Durante el tercer trimestre de 2020, esta proporción alcanzó 44,5 por ciento, seis puntos porcentuales por encima al de igual trimestre del año anterior. Es decir, casi la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra en situación de pobreza extrema por ingresos, lo cual resulta alarmante.

Según lo advierte la misma fuente, en este deterioro confluyeron tres factores: la caída del ingreso laboral real per cápita, el aumento de la tasa de desocupación y el incremento de los precios de la canasta alimentaria que superó la variación del INPC.

Los dos primeros elementos se derivan directamente de la contracción económica. La caída de la producción tiende a llevar consigo la disminución tanto del empleo como de las remuneraciones, cuya combinación resulta en un menor ingreso medio.

El tercer elemento es un componente importante de la inflación general. Su incidencia en la pobreza confirma la relevancia del objetivo prioritario del Banco de México de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

Ello contrasta con la insistencia de algunos políticos de minimizar los méritos de la lucha contra la inflación, para imponer un objetivo adicional de crecimiento económico al Banxico. Tal postura carece de justificación, considerando el impacto adverso de la inflación en la pobreza y los riesgos de descontrol inflacionario derivados del cambio de enfoque mencionado.

Las estimaciones del Coneval revelan, además, que la proporción descrita de pobreza aumentó, entre los trimestres mencionados, en 28 de las 32 entidades federativas, mientras que en las restantes se redujo ligeramente.

Al parecer, un atenuante de la pobreza laboral ha sido el auge en la entrada de remesas observado a partir de marzo de 2020. Sin que constituya una prueba definitiva de esta hipótesis, vale la pena observar que los estados con reducción de la pobreza fueron Zacatecas y Michoacán, que muestran los porcentajes más elevados de hogares receptores de remesas en el país, y Morelos y Oaxaca con altos.

Finalmente, el Coneval calcula un Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, para analizar la evolución de la proporción de pobreza descrita. Así, durante el tercer trimestre de 2020, ese índice alcanzó el nivel más elevado desde 2005, primer año para el que se tiene registro, revirtiendo drásticamente la trayectoria declinante previa, que se observó en especial durante 2015-2016 gracias a la reducción de la inflación.

Algunos indicadores oportunos del mercado de trabajo sugieren que la situación de la pobreza no mejoró mucho durante el cuarto trimestre de 2020. Por ejemplo, en promedio, la tasa de desocupación nacional, ajustada por estacionalidad, fue 4,5 por ciento, cuatro décimas por abajo de la del trimestre previo, pero más de diez por arriba de la de igual trimestre de 2019.

La profundización de la indigencia ocurrió ante la virtual ausencia de medidas gubernamentales extraordinarias para apoyar a la población más afectada por la recesión. En 2020, las transferencias sociales no difirieron mucho de las presupuestadas antes de la pandemia, las cuales, además, no obedecieron a criterios claros.

La escasa respuesta del gobierno tiene repercusiones graves sobre otros problemas sociales fundamentales. La mayor precariedad reduce las posibilidades de las familias de dedicar recursos a la educación de sus hijos, principal determinante de la movilidad social en el largo plazo. Esta situación se ha agravado con el cierre de las escuelas y las complicadas exigencias de la educación a distancia.

Por otra, el incremento de la penuria eleva los riesgos de salud. En particular, existe evidencia de que los individuos que viven en zonas más pobres enfrentan una probabilidad más elevada de morir, una vez contraído el COVID-19.

El gobierno debería orientar sus esfuerzos a obtener cuanto antes, y distribuir con eficiencia, vacunas contra el coronavirus para todo el público, así como a dirigir de forma transparente apoyos significativos de gasto social, sin miras de corte político, al apremiante objetivo de aliviar la pobreza.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 10 de febrero de 2021.