Vecino en problemas: La violencia relacionada con las drogas en México es una amenaza para Estados Unidos

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Vecino en problemas: La violencia relacionada con las drogas en México es una amenaza para Estados Unidos

2 de Febrero de 2009
Ted Galen Carpenter es Académico Distinguido del Cato Institute y autor o editor de varios libros sobre asuntos internacionales, incluyendo Bad Neighbor Policy: Washington's Futile War on Drugs in Latin America (Cato Institute, 2002).

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Resumen

Un inquietante problema de seguridad se está gestando cerca de nuestro hogar mientras los líderes de Estados Unidos se concentran en amenazas reales o imaginarias a la seguridad en regiones distantes. Hay indicios de que está empeorando y que ha aumentado abruptamente en los últimos años la violencia en México, mayormente relacionada con el comercio de drogas ilegales. Dicha violencia involucra peleas por el territorio entre las diversas organizaciones que trafican drogas, mientras buscan obtener el control sobre el acceso al lucrativo mercado de Estados Unidos. Estas peleas, se extienden a luchas entre los traficantes y las fuerzas policiales y militares de México.

A causa de la gravedad del problema el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió advertencias para los estadounidenses que viajan a México. El turismo de los Estados Unidos hacia ciudades ubicadas en la frontera de México —donde la violencia fue más encarnizada— ha caído de manera significativa. Pero lo más preocupante, es que la violencia se está filtrando a través de la frontera y está llegando a comunidades en el sudoeste de Estados Unidos.

Los funcionarios de Estados Unidos, alarmados ante el creciente poder de los cárteles de la droga de México, han presionado al gobierno de Felipe Calderón para que instrumente una campaña más vigorosa de lucha contra el narcotráfico. La respuesta por parte de Calderón fue asignar al ejército la función de liderar las iniciativas para eliminar a los traficantes, en lugar de depender de las fuerzas policiales federales y locales, totalmente corrompidas por el dinero del narcotráfico. Washington instrumentó la primera etapa de la denominada “Iniciativa Mérida”, en reconocimiento al esfuerzo realizado por el gobierno de Calderón. En junio de 2008, el Congreso aprobó una cuota de US$400 millones, basándose en el Plan Colombia: la medida de asistencia de lucha contra el narcotráfico de Colombia y otros países productores de drogas ilícitas de la región andina. Este programa, que está en su noveno año, ha costado más de US$5.000 millones y no logró una reducción significativa en el flujo de drogas proveniente de América del Sur. Es probable que la Iniciativa Mérida cueste miles de millones de dólares y sea igual de ineficaz.

El abandono del modelo de prohibición como mecanismo para abordar el problema del narcotráfico es la única manera eficaz de controlar la violencia en México y su filtración hacia Estados Unidos. Otras soluciones propuestas como, entre ellas la de evitar la entrada de armas provenientes de Estados Unidos en México, y la aplicación de un control más estricto en las fronteras o ganar (de alguna manera) la batalla contra las drogas, son inútiles. Mientras siga vigente la estrategia prohibicionista, se mantendrá la enorme prima de mercado negro en el precio de las drogas ilegales, y la tentación que esa ganancia representa, combinada con la ilegalidad, garantiza que el comercio siga en manos de los elementos delictivos más despiadados y más propensos a la violencia. Si se pone fin a la prohibición que rige sobre las drogas, las organizaciones delictivas que trafican narcóticos perderían su financiamiento, y, al mismo tiempo, se permitiría que empresas honestas participen del negocio y estén satisfechos con márgenes de ganancia normales. La otra alternativa consiste en arriesgarse a que México se convierta en un narcoestado caótico, con todas las consecuencias alarmantes que ello tendría para la seguridad de Estados Unidos.

Introducción: la creciente ola de violencia

En México se ha registrado un repunte alarmante de la violencia, en años recientes, principalmente aquella relacionada con el tráfico de drogas ilegales y los intentos del gobierno de México de poner fin a ese negocio. El grado de violencia ya estaba en un nivel preocupante en 2002 y 20031. Sin embargo, desde entonces, la situación ha empeorado, y la matanza afecta cada vez más a comunidades del sudoeste de Estados Unidos, a punto de representar un problema de seguridad nacional legítimo para los responsables del diseño de políticas de Estados Unidos.

Aunque hay casi una docena de organizaciones que trafican drogas en México, entre ellas siete cárteles importantes, dos grupos son especialmente poderosos. Uno es la Federación (algunas veces denominada “cártel del Pacífico”), una asociación que surgió de un acuerdo celebrado en 2006 entre el cártel de Sinaloa y varias organizaciones secundarias mafiosas de tráfico con sede en el estado de Sinaloa, ubicado en la costa del Pacífico, o en zonas aledañas. El principal rival de la Federación es el cártel del Golfo, con sede en la ciudad de Matamoros (en el estado de Tamaulipas, a lo largo de la parte este de la frontera con Texas). Esta organización también tiene otra base importante más al oeste, en la ciudad de Nuevo Laredo2. Ambos grupos son extremadamente violentos: el cártel del Golfo posee una fuerza de élite de choque muy potente —los Zetas— compuesta por militares desertores, altamente entrenados en la lucha contra el narcotráfico, que se unieron a los narcotraficantes3. Un tercer grupo, el cártel de Tijuana (que quizás alguna vez fue la organización más poderosa), perdió un poco de poder en los últimos años, dado que muchos de sus principales líderes fueron arrestados o asesinados4. De hecho, a lo largo de los últimos seis o siete años, el cártel de Tijuana fue blanco frecuente de operaciones policiales y militares muy promocionadas.

Para poder obtener el control de los corredores de acceso al lucrativo mercado de drogas en Estados Unidos, estos grupos, en especial el cártel del Golfo y la Federación, luchan entre sí y contra los organismos de seguridad5. En abril 2008, un incidente registrado en Nuevo Laredo ilustra cuán audaces se han vuelto los traficantes. Los Zetas del cártel del Golfo buscaban reclutas abiertamente: publicaron avisos de búsqueda de personal, y colgaron un enorme anuncio en una avenida importante, que decía: “Grupo operativo Los Zetas te quiere a ti militar o ex militar, te ofrecemos buen sueldo, comida y atenciones a tu familia, ya no sufras maltratos y no sufras hambre”6.

Hasta las supuestas victorias en la guerra contra las drogas resultan, en el mejor de los casos, éxitos parciales. Como señala Stratfor, una consultora de evaluación del riesgo: “La violencia entre cárteles tiende a aumentar cuando las autoridades de Estados Unidos o México logran debilitar o desbaratar una determinada organización. Si los grupos rivales creen, en un momento específico, que una organización no podrá defender su territorio, se lanzan a luchar, no solo con esa organización, sino con las demás, que también buscan tomar el control”7.

Las batallas por el territorio han sido salvajes. Más de 1.300 personas perdieron la vida en hechos de violencia relacionados con las drogas, en 2005; el total anual había llegado a 2.673 en 2007. Y sigue empeorando. A principios de agosto de 2008, la cantidad de víctimas fatales registrada en el año ya había superado el total de 20078. A mediados de noviembre, algunas estimaciones sugerían que la cifra superaba las 4.5009.

Los episodios de este año fueron especialmente cruentos. A principios de mayo, más de 100 personas fueron asesinadas en solo una semana. En septiembre, durante las fiestas patrias de México, los sicarios de una pandilla de narcotraficantes lanzaron dos granadas hacia una multitud que celebraba la festividad en la ciudad de Morelia: ocho personas perdieron la vida, y docenas resultaron heridas. A fines de octubre, a lo largo de un período de siete días, 50 personas murieron en tiroteos o ejecuciones en una sola ciudad: Tijuana10.

Aunque todo indica que la mayoría de las víctimas participaban del tráfico de drogas, las peleas también se cobraron la vida de cientos de policías y soldados. Muchos miembros del personal policíaco se sienten sitiados. En mayo de 2008, tres jefes de la policía de México solicitaron asilo político en Estados Unidos, por las amenazas de los cárteles de drogas contra ellos y sus familias11. También hay otras víctimas, cuya cantidad es cada vez mayor: desde 2000, ya son 24 los periodistas asesinados en ejecuciones12. A raíz de esto, muchos periodistas se niegan terminantemente a cubrir noticias relacionadas con los cárteles13. Y, además, están los inocentes que quedan en medio del fuego cruzado cuando estallan las peleas entre las pandillas o entre los miembros de las pandillas y las autoridades. Michael Miller, corresponsal de Newsweek, señala que este año, entre las víctimas inocentes, hay una niña de Ciudad Juárez, seis personas que murieron frente a un centro recreativo en la misma ciudad, una joven de 14 años en Acapulco, dos niños en Tijuana y muchas otras personas que solo estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado14.

La violencia, en ocasiones, adopta características especialmente espantosas. Las víctimas suelen tener rastros de torturas prolongadas, y una de las tácticas que prefieren los cárteles cuando quieren enfatizar algo consiste en decapitar a sus víctimas y dejar las cabezas en lugares muy visibles15. Hace dos años, las cabezas de un comandante de la policía y uno de sus agentes fueron clavadas en una cerca en frente a la estación de policía de Acapulco, el importante centro turístico de la costa del Pacífico16. Poco tiempo después, cinco cabezas fueron lanzadas sobre la pista de baile en un club nocturno en el estado de Michoacán. También dejaron cabezas cerca de escuelas, tribunales y otras instalaciones del gobierno17.

Pamela Starr, una especialista en relaciones internacionales de la University of Southern California, concluye que la cantidad de víctimas en México se acerca actualmente “a las de un país sumido en una guerra civil”18. En abril de 2008, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a los viajeros de Estados Unidos que las batallas entre las pandillas traficantes de drogas (y entre esas pandillas y las fuerzas policiales y militares de México) en partes del norte de México eran tan serias que constituían “el equivalente a combates de pequeñas unidades militares y que utilizaban ametralladoras y granadas de fragmentación”19. Esa advertencia sigue en pie.

El efecto adverso de los enfrentamientos ha sido especialmente notable en las ciudades de México linderas con la frontera de Estados Unidos. En Tijuana, los comerciantes creen que el turismo ha disminuido hasta el 90% respecto de 2005, año en el que, según las estimaciones, cuatro millones de personas visitaron la ciudad. La mitad de los negocios del centro de la ciudad —unos 2.400— han cerrado sus puertas a lo largo de los últimos tres años. Manuel Roig-Franzia, corresponsal del Washington Post, señala que la situación no es mucho mejor en otras ciudades fronterizas. Los mercados vacíos “han pasado a ser lo normal en Ciudad Juárez” (directamente junto a El Paso, del otro lado de la frontera), mientras que en Nuevo Laredo cinco hoteles importantes cerraron20. Los principales destinos turísticos de México, como Cancún y Acapulco, estuvieron significativamente mejor hasta ahora, pero los funcionarios y los líderes de negocios están cada vez más nerviosos, a medida que proliferan informes acerca de las matanzas que afectan a otras áreas.

Efecto sobre los estadounidenses

La crisis que sufre México ha dejado de ser una preocupación solo para ese país. La violencia está afectando cada vez más a los estadounidenses que viajan a México o hacen negocios allí, e incluso existe una cantidad preocupante de incidentes en los que la violencia generada en México cruzó la frontera y llegó a Estados Unidos.

Un informe del Departamento de Estado publicado en agosto de 2008 señala que 131 ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de homicidios o “ejecuciones” en México entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 200821. La mayoría de estas personas murieron en ciudades cercanas a la frontera entre México y Estados Unidos, donde se dieron las luchas más encarnizadas relacionadas con el tráfico. Algunas de esas personas estaban sin duda involucradas en el tráfico de drogas, pero otras no. A decir verdad, ni siquiera el hecho de formar parte de una familia importante parece garantizar la inmunidad: en junio de 2008, una familiar del representante Silvestre Reyes (demócrata, de Texas) fue secuestrada en Ciudad Juárez, una de las áreas de mayor actividad de pandillas de traficantes22.

Hay indicios de que distintas personas han sido atacadas dentro de los Estados Unidos por los sicarios de los cárteles. En los últimos dos años, siete personas fueron víctimas de ejecuciones en Laredo, Texas, separada por el Río Grande de una de las ciudades más violentas de México, Nuevo Laredo. Se cuenta entre las víctimas un hombre al que los sicarios siguieron y asesinaron cerca de su trabajo, y otro al que balearon en el estacionamiento de un popular restaurante. Las autoridades arrestaron y condenaron a dos sicarios del cártel del Golfo por la serie de ejecuciones23. En octubre de 2008, un niño de Las Vegas fue secuestrado porque un familiar, supuestamente, debía dinero a una de las organizaciones traficantes de México24.

Los cárteles ya son suficientemente audaces como para incluir en forma específica en las listas de ejecución a estadounidenses que residen en Estados Unidos. En junio de 2008, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos obtuvieron lo que parece ser una lista de objetivos de uno de los cárteles. La lista supuestamente comprende a veinte personas, que en su mayoría viven en el sur de Nuevo México, pero también en Albuquerque, Nuevo México, y El Paso, Texas. La lista incluso menciona a un sheriff del condado Luna, ubicado en Nuevo México25. Se ha convertido en algo habitual que los cárteles publiquen listas de ciudadanos mexicanos, entre ellos oficiales de policías, pero esto constituye un nuevo nivel de temeridad.

Inclusive los funcionarios de Estados Unidos reconocen que la violencia relacionada con las drogas en México no respeta fronteras. Ya en el tercer trimestre de 2005, John P. Walters, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas durante el gobierno de Bush, señaló: “La matanza de traficantes rivales ya se está filtrando a través de la frontera. Se están asesinando a testigos. No creemos que la frontera sea un una protección”26. En junio de 2008, Walters volvió a destacar esa característica de derrame: “El carácter espeluznante de parte de esta violencia y la brutalidad de estos grupos no respetarán las fronteras. No las respetan ahora”. La violencia no solo se filtra a través de la frontera, sino que también “llegará más agresivamente a cualquier lugar en el que considere que puede sobrevivir y apropiarse de poder y dinero brutalmente”27. Un oficial de narcóticos de Dallas también hizo referencia a un efecto derrame: “Estamos registrando una cantidad alarmante de incidentes con el mismo tipo de violencia que se está tornando demasiado habitual en México, justo aquí, en Dallas. Tenemos asesinatos que parecen ejecuciones, cuerpos quemados y mutilaciones. […] Es como si las batallas que pelean en México por el territorio hubieran llegado a Dallas”28. El representante Henry Cuellar (demócrata, de Texas) llega a una conclusión similar: “Si analizamos la presencia mexicana de parte de los cárteles de drogas mexicanos en Estados Unidos, vemos que están en Laredo, en San Antonio, en Houston, en Dallas y en otras áreas”29.

Cada vez más el personal de seguridad de Estados Unidos, en especial los agentes de la Patrulla Fronteriza, es blanco de la violencia en el lado estadounidense de la frontera. Un informe de 2006 confeccionado por la mayoría de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sostiene que, en una época, los contrabandistas “dejaban las drogas o abandonaban sus vehículos cuando se topaban con los agentes de seguridad de Estados Unidos”. Las cosas han cambiado. “En el clima actual, los miembros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reciben disparos desde el otro lado del río, y los agentes y los ayudantes del sheriff son atacados con armas automáticas mientras los cárteles recogen su contrabando”30. Algunos ataques fueron realizados por mexicanos con uniforme militar. No se sabe a ciencia cierta si se trata de contrabandistas que robaron los uniformes o si hay elementos deshonestos de las fuerzas armadas de México que están atacando al personal de seguridad de Estados Unidos, ayudando a de los traficantes.

De acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad Nacional, solo en los primeros nueve meses de 2007 se registraron 25 incursiones de personal militar o policial mexicano, algunas de las cuales se realizaron en respaldo de operaciones de tráfico de drogas31. Los partidarios de una seguridad más rígida en la frontera argumentan que la situación es mucho más grave que lo que admite el Departamento de Seguridad Nacional. El representante Duncan Hunter (republicano, de California) sostiene que hubo más de 200 incursiones militares mexicanas entre enero de 2006 y agosto de 200832. El representante Tom Tancredo (republicano, de Colorado), refiriéndose a un incidente del 31 de octubre de 2008 en el que se arrestó a siete soldados mexicanos cerca de Yuma, Arizona, alegó: “Esto no es algo poco habitual. A menudo, ocurre porque las fuerzas armadas de México ofrecen protección básicamente para ingresar drogas a nuestro país a través de la frontera y/o crean una distracción para que nuestros agentes se alejen del lugar por el que cruzarán las drogas”33. Si bien es probable que parte de las incursiones corresponda a errores inocentes, en una frontera que no siempre está bien demarcada, otras son definitivamente sospechosas. Por ejemplo, a principios de agosto, algunos miembros del personal militar mexicano detuvieron a punta de pistola a un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. No se retiraron sino cuando la Patrulla envió refuerzos al lugar34.

Un boletín de inteligencia del FBI de octubre de 2008 que obtuvo el Washington Times sugiere que las organizaciones mafiosas de drogas se están tornando más agresivas aún al momento confrontar a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y a otros agentes. Supuestamente, los Zetas están acumulando armas en guaridas ubicadas dentro de Estados Unidos, especialmente en el sur de Texas. Se dice también que el líder regional de cártel del Golfo envió refuerzos para que tomaran posiciones en un área de operaciones tácticas (o “plaza”) en el área cercana a las ciudades de McAllen y Mission, en Texas, a unas cinco millas de la frontera con México. Dichos refuerzos estaban armados con rifles de asalto, chalecos antibalas y granadas35. Según el boletín, la principal responsabilidad de las células de refuerzos consistía en “buscar a personas que debían dinero al cártel por cargamentos de drogas o ganancias perdidos, robados o incautados”. Esas personas, que son en su mayoría ciudadanos estadounidenses o residentes en Estados Unidos, se ven obligadas a pagar, so pena de ser secuestrados. Las células de la plaza también “buscan y eliminan proactivamente a grupos rivales que contrabandean drogas o personas”. Los agentes de los Zetas recibieron instrucciones de “combatir a las fuerzas de seguridad con una respuesta táctica integral, si dichas fuerzas tratan de intervenir” en las operaciones del cártel en Texas36.

Solución falsa: detener el flujo de armas hacia México

El gobierno de México respondió a las quejas de Washington acerca del aumento de la violencia culpando a las leyes de tenencia de armas de Estados Unidos, supuestamente laxas. El fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, caracterizó esa postura cuando dijo: “Creo que las leyes [sobre la tenencia de armas] estadounidenses son absurdas”, porque “hacen muy fácil que los ciudadanos puedan obtener armas”37.

Los partidarios del control de la tenencia de armas en Estados Unidos han adoptado la misma idea. Una editorial del New York Times resumió la lógica del fortalecimiento de las restricciones sobre la tenencia de armas como medio para combatir el narcotráfico al sur de la frontera de manera más eficaz: “No hay manera de que México derrote a los traficantes si nuestro país no está dispuesto a hacer más cosas para combatir el narcotráfico puertas adentro, comenzando con un compromiso claro de detener a los contrabandistas de armas”38. La especialista de la University of Southern California, Pamela Starr, va más allá y sostiene que los líderes de Estados Unidos deberían concentrarse “en el flujo hacia el sur de armas y municiones, que está impulsando una explosión de violencia relacionada con las drogas en México”. Starr destaca que, según el gobierno de México, “una proporción estimada en 97% de las armas que utilizan los cárteles mexicanos —entre ellas lanzadores de granadas de tipo militar y armas de asalto— se adquieren en tiendas de artículos deportivos y exposiciones de armas en el lado estadounidenses de la frontera y luego se contrabandean hacia México”. La solución que propone es una “iniciativa a nivel del Gabinete para atacar el comercio ilegal de armas. La participación de los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia, Estado, Defensa y del Tesoro es necesaria”. Haciéndose eco de los argumentos de los líderes políticos de México, Starr afirma: “Estados Unidos está posibilitando la matanza en México. Tenemos la responsabilidad moral de dejar de armar a los asesinos y secuestradores: nuestra seguridad nacional lo exige”39.

Hasta algunos líderes políticos de Estados Unidos han aceptado la explicación que dio el gobierno de México sobre el aumento de la violencia. En junio de 2008, los gobiernos de Bush y Calderón anunciaron un nuevo programa, denominado “Armas Cruzadas”, cuyo objetivo es el control del flujo de armas desde Estados Unidos hacia México. El senador Charles Grassley (republicano, de Iowa), defendió la iniciativa: “A medida que ingresan drogas a nuestro país, salen dinero y armas de fuego ilegales. Le debemos a nuestros vecinos la ayuda para controlar el contrabando saliente”40.

La idea de que la violencia en México se reduciría si Estados Unidos contara con leyes más restrictivas para las armas de fuego carece de lógica y de fundamentos empíricos. Las organizaciones traficantes de México no tendrían mayores problemas para obtener todas las armas que deseen en el mercado negro de México y otros países. Después de todo, los traficantes hacen sus fortunas operando en el mercado negro de otro producto y cuentan con enormes recursos financieros para comprar cualquier cosa que necesiten para sus negocios. Incluso si suponemos que es correcta la estimación del gobierno de México y que el 97% de las armas que utilizan los cárteles provienen de tiendas y exposiciones de armas en Estados Unidos —y los funcionarios mexicanos no son fuentes precisamente objetivas para proporcionar esas estadísticas—, lo cierto es que los traficantes recurren a esos puntos de venta porque son más prácticos y convenientes, no porque no haya otras opciones. Podríamos cerrar todas las tiendas de artículos deportivos en los estados del sudoeste y no lograríamos desarmar a los traficantes. Si Washington y los gobiernos estaduales adoptaran las “reformas” de las leyes de tenencia de armas que exige el gobierno de México, no lograrían mucho más que perjudicar a los propietarios y vendedores de armas de Estados Unidos que respetan la ley.

Además, la investigación sobre leyes de tenencia de armas restrictivas, tanto en Estados Unidos como en jurisdicciones extranjeras, revela que no hay correlación entre la dureza de las leyes y la disminución de los homicidios y otros delitos41. Los intentos de culpar a las leyes de Estados Unidos por el caos en México son ingenuos o un esfuerzo cínico de buscar un chivo expiatorio. El endurecimiento de las leyes sobre tenencia de armas en Estados Unidos (suponiendo que fuera una opción políticamente viable) no es una solución para la violencia en México.

Solución falsa: sellar la frontera

Una medida que goza de una popularidad cada vez mayor entre los estadounidenses para controlar la violencia relacionada con las drogas que ingresa a Estados Unidos proveniente de México es la de instrumentar un marcado aumento de la seguridad en las fronteras42. Los partidarios de este enfoque ensalzan la supuesta eficacia de las medidas tomadas hasta el momento, aunque presionan para obtener iniciativas más duras. El representante Duncan Hunter combina ambas ideas:

Si bien en los últimos años progresamos un poco en la creación de una frontera más segura, todavía tenemos mucho por hacer. A futuro, debemos seguir fortaleciendo la seguridad, con más hombres, tecnología e infraestructura, incluido el uso de la herramienta de protección más confiable y eficaz hasta el momento: vallas de seguridad en la frontera.

Al igual que lo que ocurre en la actualidad en muchas otras áreas de la frontera, el corredor que existía entre Tijuana, México y San Diego, California, se consideró durante muchos años la ruta de contrabando más prolífica y peligrosa del país. No fue sino hasta que hice ley la construcción de una valla doble en la frontera que los contrabandistas de drogas y las pandillas armadas perdieron el control del corredor y que las condiciones a ambos lados de la frontera comenzaron a mejorar43.

Lo que Hunter no dijo es que los traficantes sencillamente desplazaron su corredor de tránsito favorito un poco más al este y que comenzaron a ingresar a California a través de una región desértica más remota, en lugar de hacerlo por el área metropolitana de San Diego, más urbanizada, más visible y más protegida. No hay evidencia que indique que las vallas y la mayor vigilancia hayan representado más que una ligera molestia para los traficantes.

Aunque la principal razón detrás de la aprobación de la “Ley de valla segura” de 2006 fue el enojo por el ingreso desmedido de inmigrantes indocumentados, la preocupación por el narcotráfico y la violencia que este trae aparejada también fue un factor. El representante Hunter se refirió a ese motivo con franqueza: “Las constantes confrontaciones con militares mexicanos, al igual que los traficantes de drogas y los inmigrantes ilegales que tratan de llegar a Estados Unidos a través de México, también ilustran por qué las vallas y otros tipos de infraestructura son tan importantes para la seguridad y la protección de nuestra frontera”44. Parte importante de la resistencia a financiar totalmente las medidas antidrogas en México provino de miembros del Congreso, entre ellos de la influyente senadora Kay Bailey Hutchison (republicana, de Texas), que quieren destinar una mayor proporción del dinero a potenciar la seguridad en el lado estadounidense de la frontera45.

Las propuestas de cerrar o “asegurar” la frontera con México no son realistas. El deseo de aumentar la seguridad en la frontera es comprensible, y algunas medidas adicionales podrían ser útiles, pero la logística que conlleva buscar una reducción drástica de las incursiones en la frontera terrestre con México, de 1.952 millas, es demasiado complicada. Ese objetivo no solo implicaría construir el equivalente del Muro de Berlín en América del Norte, sino también el despliegue de miles de agentes de seguridad entrenados (y, posiblemente, militares) para que hagan guardia y prevengan que se produzcan violaciones a la valla. Es innegable que las medidas menos ambiciosas, como la construcción de vallas endebles y las apariciones periódicas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, no funcionaron. Todos los años, cientos de miles de inmigrantes no autorizados cruzan la frontera en sectores remotos de los estados del sudoeste. Si esos sistemas no logran impedir el ingreso de inmigrantes comunes, no podemos esperar que logren detener a traficantes profesionales.

Incluso si fuera posible cerrar la frontera terrestre, las organizaciones traficantes tienen maneras ingeniosas de lidiar con estos obstáculos. En varias ocasiones, las autoridades de Estados Unidos detectaron túneles que pasan por debajo de la frontera. Algunas de esas instalaciones son increíblemente sofisticadas, con luz eléctrica, rieles y aire acondicionado46. El control de la frontera sobre la tierra no es garantía de que esta esté controlada bajo la tierra.

Además del problema de lidiar con las filtraciones de drogas y violencia en la frontera terrestre, debemos tener en cuenta que los traficantes pueden obviarla totalmente e ingresar a Estados Unidos por la extensa costa del Golfo de México o por la costa de California. Además de utilizar lanchas a motor (el método más habitual), los cárteles mexicanos comenzaron a imitar a sus pares de Colombia, utilizando submarinos para que sus productos lleguen a los mercados47. Los traficantes de drogas también pueden rodear las vallas y los puntos de control fronterizos evitando los radares y volando por sobre la frontera en aviones pequeños. De hecho, parece que los cárteles tienen toda una flota de aviones de ese tipo para que sus envíos lleguen a Estados Unidos48.

El enorme tamaño de la tarea significa que los programas para cerrar la frontera son tan inútiles como los intentos de detener el flujo de armas hacia el Sur si lo que se quiere es solucionar los problemas del tráfico de drogas y la violencia que trae aparejada. Los políticos deben buscar medidas eficaces en otros horizontes. Por desgracia, la propuesta más popular consiste en redoblar los esfuerzos para ganar la batalla contra las drogas: otra falsa panacea.Falsa solución: ganarle la batalla a las drogas

La política de Estados Unidos parece dar por sentado que, si el gobierno de México puede eliminar a los zares de la droga, sus organizaciones se desmoronarán y, de ese modo, se reducirá enormemente el ingreso de drogas ilegales a Estados Unidos. Washington respaldó esa política con un importante paquete de ayuda, la Iniciativa Mérida, para ayudar a financiar reformas de cumplimiento de la ley y otras medidas antidroga. A mediados de 2008, el Congreso de Estados Unidos aprobó la primera cuota (US$400 millones) de la Iniciativa que fue diseñada como un programa multianual de US$1.400 millones y que tomó como modelo al Plan Colombia, la iniciativa que comenzó en 2000 para Colombia y sus vecinos andinos49. Con toda probabilidad, el costo final de la Iniciativa Mérida terminará superando los US$1.400 millones estipulados, al igual que el Plan Colombia, que ya dura más de siete años y cuyo costo trepó a más de US$5.000 millones.

Los funcionarios de Estados Unidos celebraron la voluntad del gobierno mexicano de Felipe Calderón de priorizar la lucha contra las drogas —y, en particular, la captura de las principales figuras del tráfico—. El Informe sobre estrategia internacional de control de narcóticos de 2008 (International Narcotics Control Strategy Report) del Departamento de Estado elogió a Calderón por poner en marcha “agresivas operaciones en todo México para reafirmar el control en áreas que cayeron bajo el dominio virtual de los cárteles de la droga”. El informe señaló, además, que las autoridades de México extraditaron a Estados Unidos la cifra récord de 83 fugitivos, entre los que estaba el líder del cártel del Golfo, e incautaron más de 48 toneladas métricas de cocaína en 2007, más del doble que en 200650.

Desde la asunción al cargo de Calderón, en 2006, el gobierno de México asignó por primera vez un papel central a los militares en la lucha contra los traficantes. Hoy en día, unos 36.000 soldados participan en ella, además de varios miles de agentes de policía federales. Sin embargo, el principal resultado de esa estrategia ha sido que la violencia se ha intensificado aún más y que cada vez más miembros de las fuerzas militares son blancos de ataque. Además, los militares ahora se ven expuestos a la tentación de la corrupción financiera que tanto comprometió a las fuerzas policiales locales y federales.

Las estrategias de decapitación no funcionan

La creencia de que, mediante la neutralización de los cerebros de la droga en México, se puede lograr una reducción duradera del tráfico de drogas es el mismo supuesto que hicieron los funcionarios de Estados Unidos con respecto a la ofensiva contra los cárteles de Medellín y Cali, en Colombia, en los años noventa. Los acontecimientos posteriores demostraron que ese supuesto es erróneo. De hecho, un informe publicado en octubre de 2008 por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por su sigla en inglés) llegó a la conclusión de que, si bien el cultivo de la amapola del opio y la producción de heroína se habían reducido desde el comienzo del Plan Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína (la droga más exportada del país), en realidad, se habían incrementado el 15% y el 4%, respectivamente51. La eliminación de los cárteles de Medellín y Cali no hizo más que descentralizar el comercio de drogas en Colombia. En lugar de dos grandes organizaciones que controlen el comercio, hoy lo hacen unos 300 grupos más pequeños y flexibles.

Más relevante aún es que el arresto y asesinato de numerosos zares de la droga en Colombia y México a lo largo de los años no tuvo consecuencias significativas en la cantidad de droga que ingresa a Estados Unidos. Cuando se le corta una cabeza a la Hidra contrabandista de drogas, lo único que se consigue es que varias otras crezcan en su lugar.

En rigor, cabe preguntarse cuán seria será la campaña antidroga en México a largo plazo. Las autoridades de Estados Unidos tenían la esperanza de que el predecesor de Calderón, Vicente Fox, desbaratara el tráfico de drogas, y lo mismo ocurrió con gobiernos de México anteriores, pero de todos esos casos surgió un patrón ostensible. Antes, los presidentes que asumían el poder en México solían esforzarse por hacer sentir a los encargados de formular políticas en Estados Unidos que estaban comprometidos a cooperar con Washington y a enfrentarse a los zares de la droga. Pocos años después, los esfuerzos iban menguando hasta volverse inútiles, a causa de la corrupción oficial.

El problema de la corrupción

El factor de la corrupción hace particularmente improbable que Calderón logre ningún progreso más duradero que los gobiernos anteriores contra el comercio de drogas. El año pasado, salieron a la luz varios grandes escándalos. En abril de 2008, las autoridades detuvieron al jefe de policía de Reynosa por la presunta protección de miembros del cártel del Golfo52. En octubre, los fiscales denunciaron que algunos empleados de la Procuraduría General trabajaban para un subgrupo del cártel de Sinaloa. Presuntamente, dos empleados de jerarquía alta de la unidad de delito organizado y por lo menos tres oficiales de la policía federal asignados a ella transmitían información al cártel sobre objetivos de vigilancia y posibles allanamientos. Se supone que recibían pagos de entre US$150.000 y US$450.000 por mes por esa información53. Menos de dos semanas después, los fiscales anunciaron que Rodolfo de la Guardia García, el número dos de la Agencia Federal de Investigación de México entre 2003 y 2005, estaba bajo arresto domiciliario preventivo por una investigación de denuncias de que él también había filtrado información al cártel de Sinaloa54. Los escándalos siguieron a fines de noviembre, cuando el gobierno anunció el arresto de Noé Ramírez, que, hasta julio de 2008, había sido el jefe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, por la presunción de haber sido sobornado por traficantes55. Ramírez había gozado de la alta estima del presidente Calderón por su labor en el diseño de políticas de lucha contra las drogas y como nexo principal con los funcionarios antidroga de Estados Unidos.

El monto de los supuestos sobornos pone de relieve por qué el personal mexicano de aplicación de la ley es tan susceptible a la corrupción de los cárteles. Si cooperan con las organizaciones de tráfico de drogas, estas personas pueden ganar más —con frecuencia, mucho más— en un solo mes de lo que podrían esperar ganar en años con sus empleos legales; en algunos casos, más de lo que podrían ganar en décadas56. Es una tentación difícil de resistir. Según un ex policía de nivel intermedio de Tijuana: “Casi no hay oficial de policía mexicano en la frontera con Estados Unidos que no esté involucrado con el comercio de drogas. Incluso si uno intenta resistirse, sus superiores lo presionan para que ceda o lo marginan”57. Este oficial tuvo que renunciar a la Fuerza después de ver cómo su comandante aceptaba un soborno por US$5.000 para pasar por alto el contrabando de droga en su sector.

Como es de esperarse, la corrupción relacionada con las drogas, desde los oficiales de policía de bajo rango hasta los funcionarios de las más altas esferas, es de larga data en México. En los años noventa, encontraron al Comandante de la Policía Nacional con US$2,4 millones en el baúl de su auto. Más tarde, se lo condenó por dar más de US$20 millones a otro funcionario del gobierno para comprar protección para uno de los zares de la droga más afamados de México58. Tal vez el incidente más vergonzoso antes del arresto de Ramírez ocurrió a mediados de la década de 1990, cuando el presidente Ernesto Zedillo nombró al General José de Jesús Gutiérrez Rebollo nuevo zar antidroga de la lucha contra la droga en el país. Gutiérrez Rebollo parecía tener antecedentes brillantes en el combate del narcotráfico; por ejemplo, había dirigido personalmente una muy publicitada redada contra el jefe del cártel de Sinaloa. Los funcionarios de Estados Unidos celebraron con entusiasmo el nombramiento de Gutiérrez Rebollo. Su par estadounidense se deshizo en elogios: “Se lo conoce por su impecable integridad […] Es una persona muy seria”59. Tres meses después, el gobierno de México anunció que su nueva autoridad en la lucha contra la droga estaba en una cárcel de máxima seguridad, acusado de aceptar sobornos y proteger al mayor traficante de drogas del país. Sin duda, el General había sido duro con el tráfico de droga. Es decir, con las organizaciones que competían con el cártel de su cliente.

Sin embargo, el último escándalo de la Procuraduría General sugiere que la corrupción relacionada con la droga puede no circunscribirse a los organismos del gobierno de México. Según se informa, uno de los sospechosos en ese episodio dijo a los investigadores que le pagó a un espía en la embajada de Estados Unidos por información sobre las operaciones en México de la Administración de Drogas de Estados Unidos60.

Tanto en México como en Estados Unidos, aquellos que combaten la droga buscan en forma reiterada una explicación a las desagradables sorpresas en materia de corrupción. Por ejemplo, cuando Noé Ramírez fue arrestado, Thomas Schweich, ex-secretario de Estado adjunto interino para Asuntos de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, declaró: “Considero que toda esta situación es alentadora. Si uno es un funcionario corrupto, ya no es inmune a la acción judicial sin importar la jerarquía. Eso demuestra una gran voluntad política por parte de Calderón”61. La extraña lógica de que cuanto peor estén las cosas, mejor están en realidad no se restringe al tema de la corrupción; se extiende también a la ola de violencia. Un artículo reciente de The Economist señalaba que por lo menos 4.000 personas fueron asesinadas en 2008 en incidentes relacionados con traficantes. “Los funcionarios dicen que se trata de una señal de que la presión del Gobierno [sobre las pandillas de narcotraficantes] está haciendo efecto”62. La realidad es que los acontecimientos malos que suceden no suelen ser más que cosas malas, y son indicio de que la situación no mejora sino que se deteriora.

No resulta sorprendente que las iniciativas antidroga orientadas hacia el lado de la oferta hayan fracasado en Colombia y otros países y ahora estén fracasando en México. El comercio mundial de drogas ilegales es una industria muy importante y extremadamente lucrativa, que se estima en US$320.000 millones por año, y en general se calcula que la porción de ese comercio que corresponde a México es de entre US$25.000 y US$35.000 millones63. Estados Unidos constituye el mayor mercado minorista, pero su demanda no es el único factor relevante. En realidad, el mercado estadounidense es relativamente maduro, y el consumo total no difiere demasiado del que existía una o dos décadas atrás. Las principales áreas de crecimiento de la demanda están en Europa oriental, los estados de la ex Unión Soviética y algunas partes de Medio Oriente y América Latina. Según las Naciones Unidas, hubo un aumento notable en el consumo de opiáceos en toda Europa oriental y Asia central, en especial en los estados de la ex Unión Soviética. En Europa oriental, el principal aumento se registró en el consumo de cocaína64. En Medio Oriente, incluso una sociedad tan autoritaria políticamente y tan conservadora religiosamente como Irán está experimentando un aumento repentino tanto en el tráfico como en el consumo de drogas, en especial de heroína. El problema llegó a un punto tal que el representante del Líder Supremo en una provincia describió al abuso y tráfico de drogas como el “problema más espinoso” de la sociedad iraní65. En conclusión, la demanda mundial de drogas ilegales es sólida y probablemente siga siéndolo.

La victoria resulta imposible frente a la demanda sólida de los consumidores

Esta aleccionadora realidad tiene consecuencias ominosas para la estrategia que siguen propugnando los defensores de una “guerra contra la droga”, que, desde hace tiempo, consta de dos componentes principales. El primero es eliminar el ingreso de drogas provenientes de países productores, mediante diversos métodos de erradicación de estos cultivos, asistencia al desarrollo para promover oportunidades económicas alternativas, interdicción de cargamentos de droga y supresión de las actividades de lavado de dinero. El segundo componente es reducir de manera significativa la demanda en Estados Unidos mediante una combinación de sanciones penales, programas de rehabilitación y campañas educativas antidroga.

En el mejor de los casos, los esfuerzos por reducir la demanda interna dieron resultados apenas modestos; aún menos eficaz fue la campaña orientada hacia el lado de la oferta. Además, dado que la demanda mundial sigue creciendo, incluso si los que combaten las drogas alcanzaran su meta de reducir más sustancialmente el consumo en Estados Unidos, tendrían poco efecto sobre las organizaciones narcotraficantes. La demanda mundial es más que suficiente para atraer y retener a traficantes dispuestos a correr riesgos para satisfacer esa demanda. Y, como la ilegalidad del comercio genera una enorme prima de mercado negro (dependiendo de qué droga se trata, no menos del 90% del precio minorista), las ganancias potenciales para las organizaciones de tráfico de drogas son gigantescas66. Por lo tanto, las estrategias orientadas hacia el lado de la oferta pretende desafiar las leyes básicas de la economía, con resultados previsibles. Es una estrategia destinada al fracaso, y la insistencia de Washington en persistir en ella le genera graves problemas de corrupción y violencia en México, un país clave tanto en términos de producción como de tránsito.

Es decir que la idea de que la solución a la violencia en México es ganarles la batalla a las drogas es una quimera al igual que las otras dos supuestas soluciones. Dada la salud de la demanda mundial, no hay perspectivas de erradicar —ni siquiera de reducir sustancialmente— el comercio de drogas ilegales. Hay una sola medida que tendría consecuencias significativas.

La única solución real

La cruda realidad es que el modelo de prohibición no hace más que empujar el comercio a la clandestinidad y crear un enorme potencial de ganancias en el mercado negro que atrae a delincuentes violentos. Inclusive el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció este punto, aunque mantiene ciegamente su compromiso con una estrategia basada en la prohibición:

Las organizaciones narcotraficantes poseen y emplean el instrumento más perfecto de la corrupción: dinero. El comercio de la droga tiene acceso a montos casi inimaginables. No hay otro producto de tan fácil acceso, de producción tan barata ni de renovación tan fácil como las drogas ilegales. Todo eso ofrece márgenes de ganancias exorbitantes que permiten a los delincuentes generar ingresos ilícitos a una escala sin precedentes en la historia67.

Los gobiernos de todo el mundo parecen comenzar a comprender los problemas que causa una estrategia de prohibición estricta. Algunos países, como los Países Bajos y Portugal, adoptaron medidas de despenalización (de facto o de jure) de la posesión y uso de pequeñas cantidades de droga68. Esa perspectiva, también, se está arraigando en el hemisferio occidental. La Presidenta de Argentina manifestó su apoyo a la despenalización del consumo de drogas, y el Presidente de Honduras fue más allá y planteó la legalización del uso de drogas69. Incluso, esa tendencia parece estar creciendo en el mismo México. El PRD (Partido de la Revolución Democrática), el mayor partido de oposición del país, llamó a la legalización de las drogas, y hasta el presidente Calderón propuso la despenalización de la posesión de cantidades reducidas de drogas ilegales de venta callejera70.

Estas propuestas constituyen pequeños pasos en la dirección correcta y, sin duda, son más sensatas que el apoyo impulsivo de Washington a la prohibición generalizada. La legalización e incluso la despenalización de la posesión de drogas tienen la ventaja de que no estigmatizan (ni, como ocurre en ocasiones) arruinan la vida de los consumidores. Además, tienen el saludable efecto de no llenar las cárceles de infractores no violentos. Pero ni siquiera estas reformas positivas llegan a la causa profunda de la violencia que acompaña al comercio de drogas. A menos que también se legalicen la producción y la venta de droga, la prima de mercado negro seguirá existiendo y las empresas respetuosas de la ley mantendrán distancia del comercio. Dicho de otro modo, el comercio de drogas permanecerá en manos de criminales que no temen recurrir al soborno, la intimidación y el asesinato.

A causa de su proximidad al enorme mercado de Estados Unidos, México seguirá siendo un lugar estratégico para esa violencia relacionada con la droga. Mediante su compromiso interno con la prohibición, Estados Unidos está generando el riesgo de que los cárteles de la droga acumulen el poder necesario para desestabilizar a su vecino del sur. Sus efectos en el Gobierno y la sociedad de México ya han alcanzado niveles preocupantes. Y lo peor es que la carnicería que conlleva el mercado negro de la droga no respeta fronteras. La alarmante violencia que convulsiona a México podría convertirse en parte de la vida cotidiana de las comunidades de Estados Unidos si los cárteles empiezan a mostrar su poderío al norte de la frontera.

Cuando Estados Unidos y otros países analicen si deben persistir en la estrategia de prohibición de las drogas, deben tener en cuenta todos los costos sociales potenciales, nacionales e internacionales71. No hay duda de que el abuso de drogas constituye uno de los problemas más graves de salud pública, y sus costos sociales son considerables. Pero al prohibir el comercio de drogas se crean distorsiones económicas y una oportunidad para que los elementos más desagradables pasen a ocupar posiciones dominantes. La prohibición de las drogas conduce inevitablemente a una orgía de corrupción y violencia. Esos costos sociales son aún peores, y esa realidad se está volviendo demasiado evidente en México.

La única estrategia viable para poner coto al creciente caos en México es reducir drásticamente los flujos de ingresos potenciales que perciben las organizaciones narcotraficantes. Dicho de otro modo, Estados Unidos debe reducir el financiamiento de los cárteles mediante la legalización de las drogas actualmente ilegales. Si Washington abandonara el modelo de prohibición, probablemente lo seguirían otros países de la comunidad internacional. De ese modo, los márgenes de utilidad del comercio de drogas se asemejaría al de otros productos legales, y las empresas legítimas cobrarían protagonismo en el mercado. Eso es precisamente lo que ocurrió cuando Estados Unidos puso fin a su quijotesca cruzada contra el alcohol en 1933. Para revertir la creciente tragedia de la violencia relacionada con las drogas en México, hoy Washington debe adoptar una dirección similar.

Notas

Este estudio fue publicado originalmente en inglés el 2 de febrero de 2009, Policy Analysis No. 631.

1. Véase Ted Galen Carpenter, Bad Neighbor Policy: Washington's Futile War on Drugs in Latin America, New York, Palgrave/Macmillan, 2003, capítulo 7.

2. Colleen W. Cook, Congressional Research Service Report for Congress: Mexico's Drug Cartels, Washington, Library of Congress, 16 de octubre, 2007, págs. 2-4. También véase John P. Sullivan y Adam Elkus, “State of Siege: Mexico's Criminal Insurgency”, Small Wars Journal, agosto de 2008, [en línea] dirección: http://smallwarsjournal.com/mag/docs-temp/84-sullivan.pdf.

3. Para un análisis de la historia y las tácticas de los Zetas, véase George W. Grayson, “Los Zetas: The Ruthless Army Spawned by a Mexican Drug Cartel”, Foreign Policy Research Institute, 30 de abril de 2008.

4. El golpe más reciente tuvo lugar a fines de octubre de 2008, cuando las fuerzas de seguridad de México arrestaron a Eduardo Arellano Felix, el último miembro de la familia Arellano Felix en encabezar el cada vez más reducido cártel. “Mexican Drug Lord Is Arrested”, Reuters, 27 de octubre de 2008.

5. Las luchas entre pandillas rivales llegan a las cárceles de México. En noviembre de 2008, cinco presos murieron en un tiroteo en una cárcel en Mazatlan. Ese fue el último incidente de una ola de asesinatos en las cárceles mexicanas durante el verano y el otoño de 2008. Una semana antes, siete personas resultaron muertas en una pelea entre reclusos que pertenecían a diferentes cárteles en una cárcel en el estado de Durango, y en octubre, veintiún hombres fallecieron en peleas entre pandillas de drogas rivales en una cárcel en Reynosa en la frontera con Texas. “Five Die in Shootout at Mexican Jail”, New York Times, 8 de noviembre de 2008.

6. E. Eduardo Castillo, “Mexican Cartel Recruiting Hitmen”, Associated Press, 14 de abril de 2008.

7. Stratfor.com, “Drug Cartels: The Growing Violence in Mexico”, octubre de 2006.

8. “In 8 Months, Mexico Drug-Related Killings Top 2007 Total”, Agence France Presse, 16 de agosto de 2008.

9. “Crime Reporter Shot Dead in North Mexico Border City”, Agence France Presse, 13 de noviembre de 2008.

10. Chris Ayres, “Fifty Dead in Seven Days in Mexico's Drug War”, Times, Londres, 6 de octubre de 2008; “Grenade Attacks Kill 8 on Mexico's National Day”, National Post, 16 de septiembre de 2008; y “Can the Army Out-Gun the Drug Lords?” Economist.com, 15 de mayo de 2008, [en línea] dirección: http://www.economist.com/world/americas/PrinterFriendly.cfm?story_id=11376335.

11. “Mexican Police Ask U.S. Asylum”, Washington Times, 15 de mayo de 2008.

12. “Crime Reporter Killed in Mexican Border City”, Associated Press, 13 de noviembre de 2008.

13. William Booth, “Violence Against Journalists Grows in Mexico's Drug War”, Washington Post, 25 de noviembre de 2008.

14. Michael Miller, “The Age of Innocents”, Newsweek, 3 de noviembre de 2008.

15. William Booth, “Mexico Drug Cartels Send a Message of Chaos, Death”, Washington Post, 4 de diciembre de 2008.

16. James C. McKinley Jr., “With Beheadings and Attacks, Drug Gangs Terrorize Mexico”, New York Times, 26 de octubre de 2006.

17. Ioan Grillo, “Behind Mexico's Wave of Beheadings”, Time, 8 de septiembre de 2008.

18. Pamela Starr, “Mexico's Spreading Drug Violence”, Los Angeles Times, 22 de octubre de 2008.

19. Departamento de Estado de Estados Unidos, Bureau of Consular Affairs, Travel Alert, 14 de abril de 2008, [en línea] dirección: http://travel/state.gov/travel/cis_pa_tw/pa/pa_3028.html?css=print.

20. Manuel Roig-Franzia, “Tijuana Strip Turns Ghostly in Wake of Drug Violence”, Washington Post, 16 de junio de 2008.

21. Departamento de Estado de Estados Unidos, “Current Report of Non-Natural Death Causes Abroad, July 1, 2005-June 30, 2008, Mexico”, [en línea] dirección: http://travel.state.gov/law/family_issues/death/death_594.html?css=print.

22. “Congressman's Kin Kidnapped in Mexico, Released”, Associated Press, 25 de junio de 2008.

23. CBS 11 TV, “Drug Violence Spills Over the Border From Mexico”, 27 de octubre de 2008, [en línea] dirección: http://cbs11tv.com/local/Mexican.drug.lords.2.505995.html.

24. “Mexico: The Iraq Next Door”, editorial, Investor's Business Daily, 12 de noviembre de 2008.

25. Alicia A. Caldwell, “Mexican Cartel List Targets Americans, Police Say”, Associated Press, 20 de junio de 2008.

26. Citado en Danna Harman, “Mexican Drug Cartels's Wars Move Closer to U.S. Border”, USA Today, 17 de agosto de 2005.

27. CNN, “Lou Dobbs Tonight”, 4 de junio de 2008, transcripción, pág. 1.

28. Megan Basham, “Cartel Assassins”, American Spectator, 17 de agosto de 2005, [en línea] dirección: http://www.spectator.org/archives/2005/08/17/cartel-assassins.

29. CNN, “Lou Dobbs Tonight”, 9 de junio de 2008, transcripción, pág. 1.

30. Majority Staff of the House Committee on Homeland Security, Subcommittee on Investigations, “A Line in the Sand: Confronting the Threat at the Southwest Border”, Informe Provisional, octubre de 2006, pág. 19.

31. Departmento de Seguridad Nacional, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en ingles), Patrulla Fronteriza, “Mexican Government Incidents”, Informe del Año Fiscal, 2007, pág. 4, 7-15.

32. Jerry Seper, “Official Questions Mexico at Border”, Washington Times, 11 de agosto de 2008.

33. Casey Wian, “U.S. Border Agents Detain Mexican Troops”, CNN.com, 1 de noviembre de 2008.

34. Jerry Seper, “Border Patrol Agent Held at Gunpoint”, Washington Times, 6 de agosto de 2008.

35. La dimensión de los arsenales de los Zeta, tanto en México como en Estados Unidos, se hizo evidente a principios de noviembre de 2008 cuando por medio de una redada en Reynosa se atrapó a Jaime González Durán, uno de los máximos líderes de la facción. Entre las armas secuestradas había más de quinientas armas de fuego, medio millón de balas, ciento cincuenta granadas, un lanzamisiles portátil anti-tanque (LAW, por su sigla en inglés), lanzagranadas y explosivos. Es decir, parecía el arsenal de una organización militar de gran capacidad, no el de una simple “pandilla de drogas”, Stratfor.com, “Worrying Signs from Border Raids”, 12 de noviembre de 2008, [en línea] dirección: http://www.stratfor.com/weekly/20081112_worrying_signs_border_raids/?utm_source=Tweekly-utm.

36. Citado en Sara A. Carter, “FBI Warns of Drug Cartel Arming”, Washington Times, 26 de octubre de 2008.

36. Citado en “Mexico Slams 'Absurd' U.S. Gun Laws as Drug War Rages”, Reuters, 14 de junio de 2008.

38. “Mexico at the Brink”, editorial, New York Times, 4 de junio de 2008.

39. Starr, “Mexico's Spreading Drug Violence”.

40. “Lou Dobbs Tonight”, 9 de junio de 2008, transcripción, pág.1.

41. John C. Moorhouse y Brent Wanner, “Does Gun Control Reduce Crime or Does Crime Increase Gun Control?” Cato Journal 26, Nº 1, Invierno de 2006, págs. 103-124; C. E. Moody y T. B. Marvell, “Guns and Crime”, Southern Economic Journal 71, Nº 4, 2005, págs. 720-736; y Don B. Kates y Gary A. Mauser, “Would Banning Firearms Reduce Murder and Suicide? A Review of International Evidence”, Bepress Legal Series, Documento de Trabajo 1413, 6 de junio de 2006, [en línea] dirección: http://law.bepress.com/expresso/eps1413.

42. El presentador de la CNN, Lou Dobbs, es uno de los más firmes defensores de ese enfoque, tanto para reducir el número de inmigrantes ilegales como para detener el despliegue del tráfico de drogas y el derrame de la violencia que este conlleva al otro lado de la frontera. Véase, por ejemplo, sus comentarios en dos programas. CNN, “Lou Dobbs Tonight,”14 de mayo de 2008, transcripción, págs. 1-2, y 9 de junio de 2008, transcripción, pág. 2.

43. Duncan Hunter, “National Security = Border Security”, Washington Times, 12 de junio de 2008.

44. Citado en Seper, “Official Questions Mexico at Border”.

45. Stewart M. Powell, “Chertoff Blisters Congress Over Aid to Mexico”, Houston Chronicle, 5 de junio de 2008.

46. Catherine Elsworth, “Air-Conditioned Drugs Smuggling Tunnel Discovered on U.S.-Mexico Border”, Telegraph, Londres, 4 de septiembre de 2008.

47. Kevin G. Hall, “U.S. Intelligence Prompted Mexico's Seizure of Drug Sub”, McClatchy News Service, 18 de julio de 2008. De acuerdo al Comando Sur de los EE.UU._ (USSOUTHCOM, por su sigla en inglés), se encontraron al menos 40 submarinos con drogas desde 2006, en su mayoría a poca distancia de la costa Pacífico de América Central o México.

48. Robin Emmott, “Mexico Captures 19 Suspected Drug Gang Planes”, Reuters, 13 de noviembre de 2008.

49. Manuel Roig-Franzia, “Anti-Drug Assistance Approved for Mexico,” Washington Post, 28 de junio de 2008.

50. Departamento de Estado de Estados Unidos, International Narcotics Control Strategy Report, 2008, marzo de 2008, pág. 176.

51. Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, “Plan Colombia: Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security Has Improved; U.S. Agencies Need More Detailed Plans for Reducing Assistance”, Informe para el Honorable Joseph R. Biden, Jr., Presidente, Comité de Relaciones Exteriores, Senado de Estados Unidos, octubre de 2008, GAO-09-71.

52. Olga R. Rodriguez, “Mexico Agents Arrest Border Police Chief”, Associated Press, 17 de abril de 2008.

53. E. Eduardo Castillo, “Mexico Reveals Drug Corruption Network”, Washington Times, 27 de octubre de 2008.

54. E. Eduardo Castillo, “Mexico: Former Senior Official Under Investigation”, Associated Press, 8 de noviembre de 2008.

55. Alexandra Olson, “Mexico: Ex-Drug Czar Allegedly Took Cartel Money”, Associated Press, 21 de noviembre de 2008.

56. En México, el salario básico anual de muchos policías consiste en unos escasos US$5.000, Ioan Grillo, “Mexico's Cocaine Capital”, Time, 14 de agosto de 2008.

57. Citado en Robin Emmott, “Police Corruption Undermines Mexico's War on Drugs”, Reuters, 23 de mayo de 2007.

58. Véase Carpenter, Bad Neighbor Policy, pág. 177.

59. Citado en ibíd., pág. 178.

60. E. Eduardo Castillo, “Mexican Official: Drug Spy Says He Leaked DEA Info”, Associated Press, 27 de octubre de 2008.

61. Citado en Olson.

62. “Spot the Drug Trafficker”, Economist.com, 30 de Octubre de 2008, [en línea] dirección: http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=12514107.

63. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), 2007 World Drugs Report, 2007, pág. 176, [en línea] dirección: http://www.unodc.org/pdf/research/wdr07/WDR_2007.pdf; Grillo, “Cocaine Capital”.

64. Naciones Unidas, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB, por sus sigla en inglés), Report of the International Narcotics Board for 2007, págs. 95, 100, [en línea] dirección: http://www.incb.org/incb/en/annual-report-2007.html.

65. Citado en A. William Samii, “Drug Abuse: Iran's Thorniest Problem”, Brown Journal of World Affairs 9, Nº 2, Invierno/Primavera 2003, pág. 283.

66. El rango de la prima de mercado negro varía tanto según la droga como por el paso del tiempo. Un estudio significativo concluyó en que la cocaína es cuatro veces más cara de lo que sería en un mercado legal, mientras que la heroína es aún14 veces más cara. Jeffrey A. Miron, “The Effect of Drug Prohibition on Drug Prices: Evidence from the Markets for Cocaine and Heroin”, Review of Economics and Statistics 85, Nº 3, agosto de 2003, págs. 522-530.

67. Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Asuntos de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley , International Narcotics Control Strategy Report, marzo de 2006, págs. 18-19.

68. Para un análisis detallado de las reformas de Portugal y sus resultados generalmente beneficiosos, véase Glenn Greenwald, "Drug Decriminalization in Portugal: A Template for a More Effective and Just Drug Policy", papel blanco del Cato Institute (todavía no publicado). Desafortunadamente, las reformas de los Países Bajos aparentan más de lo que realmente dicen. Véase Toby Sterling, “Amsterdam Moves to Close a Fifth of 'Coffee Shops'”, Associated Press, 21 de noviembre de 2008.

69. “Legalize Drugs to Fight Trafficking: Zelaya”, Agence France Presse, 13 de octubre de 2008. Para un análisis conciso de la propuesta de Zelaya y la creciente opinión tendiente a la liberalización de las leyes en materia de drogas en el Hemisferio Occidental, véase Juan Carlos Hidalgo, “President of Honduras Calls for Drug Legalization”, Cato-at-Liberty, 14 de octubre de 2008, [en línea] dirección: http://www.cato-at-liberty.org.

70. Miguel Angel Gutierrez, “Mexico Sees to Decriminalize Small-Time Drug Use”, Reuters, 3 de octubre de 2008.

71. Véase Timothy Lynch, ed., After Prohibition: An Adult Approach to Drug Policies in the 21st Century, Washington, Cato Institute, 2000.