Vicente Fox

Ted Galen Carpenter dice que "Los líderes estadounidenses necesitan estar mucho más conscientes de lo que se está pensando en México. La presidencia de Calderón se acaba el próximo otoño y Washington fácilmente se podría encontrar a solas, respaldando una política que ya no goza del respaldo de los mexicanos o del nuevo equipo de liderazgo del país".

Fecha: 18 de octubre de 2011

Esta entrevista fue transmitida en Univisión el 18 de octubre de 2011.

Manuel Suárez-Mier dice que "Es increíble que a diez años de haber asumido el poder [el PAN], Calderón, como vocero del PAN, achaque al PRI todo lo malo que le ocurre al país".

por Roberto Salinas León

Roberto Salinas León es presidente del Mexico Business Forum.

¿Existe una disyuntiva entre la alternancia y el ejercicio de la autoridad? Existirá una disyuntiva similar entre “la paz social, la tranquilidad en la que debemos vivir todos los mexicanos para construir,” y el estado de derecho, “el respeto a las leyes”? Al parecer, esta es la doctrina foxista, tanto por su accionar reciente, como por el discurso que intenta sustentar su no intervención.

Esta doctrina, estas preguntas, primitivas y provinciales, parecerían implicar que ser democrático significa que todo se vale—y que el uso del monopolio de la fuerza es un equivalente a la represión autoritaria. La crisis de fin de sexenio, en ese caso, en una crisis moral—la ausencia de criterio para aplicar la ley, para hacer valer la ley.

El incentivo perverso que se ha empezado a institucionalizar a partir del ejercicio de esta disyuntiva, desde ceder a la cancelación del aeropuerto en 2002 hasta la presión de los miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) para suspender poderes en Oaxaca, es que una causa personal, o una agenda particular, se puede avanzar por arriba de la ley, bajo la excusa que el uso de la autoridad será vista como represión. El resultado es un relativismo muy peligroso, una “igualdad de oportunidad” al margen del derecho, donde todo se vale, donde el imperio de la ley toma una prioridad secundaria a permitir la aplicación, o la demanda, de una agenda.

Es imposible vivir en paz, es imposible construir con tranquilidad, cuando existen, digamos, amenazas de impedir el ejercicio del ramo ejecutivo sino se atienden demandas de un grupo político con una agenda preconcebida—por tan justa que esta pueda parecer, por tan legítima la demanda. Es el secuestro llevado hasta sus últimas consecuencias.

El relativismo provincial foxista, la inocencia de dejar de hacer valer la ley para que todos estemos contentos, conlleva un enorme costo de oportunidad, una señal mixta con efectos sumamente contraproducentes. Es contradictorio suponer que haya inversión, o invitar a los capitales a arriesgar su valor dentro del país, cuando estos están sujetos al capricho, al relativismo falaz de suspender la aplicación de la ley para privilegiar una “paz social” que más bien es la paz de un grupo, no la paz del pueblo.

La razón principal de las leyes, y de un gobierno que promete hacerlas valer, es dar un contexto de certidumbre, de genuina paz, dentro de la sociedad civil. La disciplina bien entendida no implica violencia, no implica represión. Una consecuencia natural de la tesis foxista sería obligar a los ciudadanos a convivir con la represión de ciertos particulares, o con las amenazas, un fenómeno que es incongruente con la sociedad civil, con un clima de inversión confiable.

Este sexenio, el primero en la era de la alternancia, ha arrojado lecciones capitales, tanto positivas como negativas. Y, sin duda, destruir es más fácil que construir. Criticar es más fácil que proponer. Empero, no deja de ser un hecho que se desperdiciaron ventanas de oportunidad muy valiosas, que el amplio capital político que se tenía desde el principio se invirtió muy mal, con bajísimos rendimientos, y que se dejó mucho por hacer en la mesa de pendientes. Es triste observar, sin embargo, que a un momento de que acabe este sexenio, se esté sentando un precedente tan confuso, tan falaz, tan provincial, como la idea que para proteger la paz social, debemos tolerar la subordinación del imperio de la ley.

Empero, el relativismo no es democrático, no es institucional: a la larga, nada se puede o podrá hacer, si todo lo demás se vale.

por Ted Galen Carpenter

El Presidente mexicano, Vicente Fox, ha sucumbido ante la presión de Washington y no aprobó la ley sobre las drogas ilegales que el Congreso Mexicano había pasado. Esa ley hubiera legalizado la posesión de pequeñas cantidades de drogas ilegales. México parecía estar dispuesto a unirse a países tales como Holanda y unos cuantos otros que han abandonado el modelo de “cero tolerancia” al cual se adhiere EE.UU. Bajo la propuesta ley, la posesión de hasta 25 miligramos de heroína, 5 gramos de marihuana (cerca de cuatro cigarrillos de marihuana), o 0,5 gramos de cocaína (cerca de 4 “líneas”) para uso personal ya no sería una ofensa criminal. Las cantidades pequeñas de otras drogas, tales como el peyote y las anfetaminas, recibirían el mismo tratamiento.

Una vez más, EE.UU. demuestra ser el gigante del hemisferio occidental cuando se trata de la guerra contra las drogas. Washington no tolerará ni la desviación más pequeña de su política prohibicionista. Cualquier país latinoamericano que coquetee con reformar esa política se arriesga a despertar la ira de Washington y a sufrir una retaliación económica y política explícita o implícita. México es la última víctima de la intolerancia.

Irónicamente, la ley solo fue un paso modesto en la dirección correcta. Una de las características más odiosas de la guerra contra las drogas alrededor del mundo es la costumbre de llenar las cárceles con consumidores (muchas veces sociales) de drogas. Los congresistas mexicanos simplemente propusieron ponerle fin al cruel desatino en su país.

De hecho, el verdadero problema con la legalización limitada es que no es suficiente. No atacó a la raíz de la creciente incidencia de violencia y corrupción relacionada con el narcotráfico en México.

Ambos problemas han llegado a proporciones epidémicas. Ha habido varias ocasiones en las que los policías han servido la función de fuerzas de seguridad para las organizaciones narcotraficantes. Los funcionarios de mayor importancia encargados con la implementación de las leyes anti-narcóticos han sido descubiertos aceptando sobornos de los jefes de los carteles. Hasta la Iglesia Católica ha reconocido que algunas de las contribuciones de caridad provienen del narcotráfico.

La violencia conectada con el tráfico ilegal de drogas ha estado aumentando desde hace varios años en México. Ciudades tales como Tijuana, Ciudad Juárez, y Nuevo Laredo han sido especialmente afectadas. Cerca de mil asesinatos relacionados con el narcotráfico ocurrieron en el 2005. Algunos mexicanos ahora se preocupan de que se está esparciendo por su país un caos de violencia similar al que afligió a Colombia durante los fines de los 1980s y el principio de los 1990s.

Y la violencia ya no se limita a México. Los policías de Arizona, Nuevo Mexico, Texas y California se quejan de que los asesinatos relacionados con el narcotráfico están esparciéndose hacia los estados fronterizos. Las pandillas de droga mexicanas operan abiertamente en varias ciudades del suroeste de EE.UU.

Gran parte de la corrupción y la violencia son causadas por el enorme atractivo del mercado negro del comercio ilegal de drogas. El factor de riesgo involucrado en el desafío de la ley significa que las drogas se venden en la calle por diez o veinte veces más de lo que se venderían en un entorno legal. Una organización de narcotráfico agresiva puede ganar decenas—o hasta cientos—de millones de dólares al año. Aquel inmenso atractivo financiero atrae a esas personas que tienen mayor inclinación a arriesgarse a ir a la cárcel o a morir envueltos en este comercio sanguinario—en otras palabras, a los elementos más despiadados y con mayor tendencia a generar violencia.

Desafortunadamente, ni siquiera los reformadores mexicanos mostraron disposición alguna de legalizar la producción o venta de marihuana, cocaína, heroína u otras drogas para desinflar el atractivo del mercado negro. De hecho, ellos argumentaron que la ley de legalización permitiría que las agencias policiales dediquen más de su personal y recursos a la represión del narcotráfico. La estrategia prohibicionista básica hubiera permanecido intacta. El abundante potencial de lucrarse del comercio de drogas persistiría—y también persistirían la corrupción y la violencia que están destrozando la sociedad mexicana.

Legalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga fue una señal modesta de esclarecimiento. Pero México (y otros países) necesitan abandonar del todo el modelo de prohibición para obtener resultados verdaderamente considerables. Desafortunadamente, dada la obsesión de Washington con este asunto, los prospectos de una reforma inteligente dentro del futuro cercano son virtualmente inexistentes. La capitulación del Presidente Fox a la presión estadounidense ilustra este punto demasiado claramente.

En perspectiva, a pesar de la inocencia y la incompetencia que ha caracterizado el quehacer de la administración foxista, sobre todo su inhabilidad de formar los consensos mínimos y la negociación de la agenda de las reformas, es esencial reconocer dos hechos. Primero, en la era foxista, se ha logrado consolidar un clima de estabilidad de precios. No es consecuencia propiamente de la administración, sino la culminación de toda una serie de eventos, sobre todo el impacto de la autonomía central. Pero se ha hecho un esfuerzo consciente de ayudar la causa de la estabilidad. Los resultados, en las tasas de interés, en el riesgo país, en el escenario cambiario, han sido positivos.