estado

Alfredo Bullard comenta "El dilema no es entonces si se privatiza o no el Estado. El Estado ya está privatizado. Los funcionarios, desde el presidente de la República hasta el ventanillero de una municipalidad, son privados, con sus propios intereses y con la intención de beneficiarse y de beneficiar a sus familias y amigos. La pregunta no es si se privatiza. La pregunta es en realidad cómo se privatiza".

Pedro Cateriano reseña el libro de Lorenzo Bernaldo de Quirós y Jordi Sevilla, "Mercado o Estado", en el que se analiza desde dos ópticas distintas (la de un liberal y la de un socialista) la crisis financiera y sus consecuencias.

Leonor Filardo nos explica la concepción de la ley y el Estado del periodista Albert Nock, como la expuso en su libro Nuestro enemigo el Estado.

por Alberto Benegas Lynch

Aquellos que consideramos que los aparatos estatales se han sobredimensionado y que sus tejidos adiposos han abarcado áreas que no le son propias, tenemos que meditar sobre otras propuestas distintas a las que se han formulado hasta el momento.

Esto se torna imperioso porque aparentemente no da resultado eso de insistir en que se recorten gastos públicos superfluos. Es de interés detenerse en lo que viene ocurriendo en Estados Unidos en esta materia. De un tiempo a esta parte, se ha establecido una tradición que se conoce como “starve the beast” (hambrear a la bestia) que consiste en que muchos economistas de renombre han sostenido (y algunos siguen sosteniendo) que ya que no resulta posible reducir el gasto estatal debido a las fenomenales camarillas de cabilderos que se amontonan para finalmente torcer las decisiones, la política adecuada sería la de bajar impuestos.

Según esta línea de pensamiento, esta técnica haría que los legisladores, frente al déficit que consecuentemente se produciría, tarde o temprano se verían obligados a promulgar leyes que reduzcan las erogaciones gubernamentales. Pues esto no ha sucedido de esa manera. En este sentido, las experiencias más claras han sido las ocurridas durante el gobierno de Reagan y de G.W. Bush. En el primer caso, después de ejecutar los recortes fiscales prometidos, se observó que el gasto continuaba aumentando, lo cual hizo que la administración Reagan pactara con la oposición un aumento impositivo con la condición de que se produjera una severa contracción en los gastos. La primera parte del convenio se cumplió pero no la segunda.

En el caso de Bush, se sostuvo que las disminuciones impositivas resultaban necesarias alegando que el superávit heredado de Clinton constituiría una tentación para elevar las erogaciones y consumir el sobrante de caja. Pues, ocurrió que, a pesar de todo, los gastos se elevaron y no solo consumieron dicho sobrante sino que se tradujo en un considerable déficit presupuestario y Bush pidió cuatro veces autorización para elevar el tope máximo de la deuda federal (que ahora equivale al casi 70 por ciento del producto bruto interno).

En un artículo reciente, Bruce Bartlett relata la historia de la tesis de “starve the beast”, pero no recomienda una solución al problema. Si -como nos enseña Popper- el progreso en el conocimiento se basa en que las distintas teorías son siempre corroboraciones provisorias abiertas a refutaciones, es tiempo de mejorar las posiciones y trabajar en propuestas distintas de las que parecen navegar en un círculo vicioso y que terminan en pura retórica inconducente.

Tal vez sea el momento de considerar y debatir las fértiles sugerencias de autores como Anthony de Jasay en filosofía política. Como ha repetido Edward de Bono, refiriéndose al pensamiento lateral: “nunca se resolverá un problema escarbando en el mismo hoyo”. Este estado de cosas se hace insoportable para los contribuyentes, ya que nunca el monopolio de la fuerza retrocede con sus tentáculos que abarcan campos cada vez más amplios, al tiempo que se descuidan las funciones centrales en cuanto a la protección de derechos.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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por Tibor R. Machan

Tibor R. Machan es un académico investigador de la Hoover Institution, profesor de la Escuela Agyros de Negocios de la Universidad Chapman, y académico asociado del Cato Institute.

La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de derogar una ley de Texas prohibiendo la sodomía o conducta homosexual entre adultos, por ser inconstitucional. Algunos expertos insisten que la Corte Suprema está extralimitando su autoridad en relación a lo que las legislaturas estatales pueden o no legislar. La décima enmienda de la Constitución pareciera apoyarlos, pero esa interpretación bien puede ser obsoleta ya que dejaría a los estados promulgar leyes permitiendo la esclavitud, lo cual iría contra los principios fundamentales de una sociedad libre.

Resulta interesante que en este caso a los conservadores les parece bien que el gobierno decida lo que la gente puede hacer con sus vidas. En esto, los conservadores están dispuestos a darle la espalda al concepto de gobierno limitado. Obviamente que se requieren poderes draconianos en manos del gobierno para hacer cumplir una ley como la de Texas, pero a los conservadores no parece preocuparles ese poder de entrometimiento y fisgoneo que concede a funcionarios del Estado.

En respuesta a la opinión, un funcionario de Texas declaró que su estado debe tener el derecho de fijar el estándar moral a la población, lo cual significaría que una mayoría legislativa debe poder dictarles normas morales a todos los habitantes. Claro que una mayoría siempre estará de acuerdo que la gente no debe mentir, engañar, traicionar a los amigos, irrespetar a sus padres, etc. Pero tales reglas morales no pueden ser impuestas por ley, ya que una norma moral impuesta por la fuerza no suele ser respetada a menos que se trate de evitar un castigo. La conducta obligada no tiene mérito. Las leyes contra el asesinato, robos y asaltos sí protegen la libertad de otros, pero una ley contra la homosexualidad entre personas adultas no.

El reverendo Rob Schenck está confundido al afirmar que "la decisión de la Corte significa que lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, ya no importa en las leyes". Las leyes que protegen la libertad se basan siempre en fundamentos morales porque mantienen que la moralidad se debe practicar libremente. Si la sodomía es mala o buena no es la cuestión. El punto es si la gente está en libertad o no de efectuar actos homosexuales. Aun siendo ello malo, sería un error impedirlo por la fuerza, ya que las personas mismas y no el gobierno o los demás deben decidir lo que es bueno o malo para sí.

Una de las razones por la que confrontamos tantos problemas filosóficos es que muchos que defienden la libertad quieren hacer excepciones cuando no están de acuerdo con la manera como algunos hacen uso de esa libertad. Los próceres de la independencia de Estados Unidos declararon que tenemos el derecho—entre otros—a nuestras vidas, a nuestra libertad y a la búsqueda de nuestra felicidad. Eso no quiere decir que siempre haremos lo correcto al ejercer tales derechos. Pero en un país libre, el Estado no obliga a la gente ni siquiera a hacer lo correcto, ni prohíbe hacer algo malo, a menos que con ello se esté violando el derecho de otro.

Es muy triste que ni los conservadores—quienes quieren que el Estado nos imponga normas morales—ni los izquierdistas—quienes quieren que el gobierno decida todo lo que tenga que ver con nuestra propiedad y nuestro trabajo—entiendan realmente esa parte tan importante de nuestro patrimonio histórico y político.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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