Hana Fischer

Hana Fischer recuerda que Uruguay fue una nación desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX y el "milagro" que permitió el desarrollo de naciones como Argentina --otrora nación de Primer Mundo-- y EE.UU.

por Hana Fischer

Hana Fischer es analista política uruguaya.

¿Qué es la ley? ¿Cuáles son sus límites? ¿Por qué en algunos países hay un respeto casi reverencial hacia ella, mientras que en otros —notoriamente en Latinoamérica— se le tiene tan poco aprecio?

La razón de esa diferencia abismal entre regiones responde a los distintos conceptos y usos de la ley que rige en ellas. Para expresarlo de una forma gráfica, la norma jurídica es semejante a una espada. En sí misma, no es buena ni mala; resultará beneficiosa o perjudicial para la comunidad según el empleo que le den aquellos a quienes se les otorgó el monopolio de la fuerza.

Frédéric Bastiat (1801-1850) se pregunta: “la ley, cuyo método necesario es la fuerza, ¿podría emplearse, acaso, a algo que no fuera mantener a cada uno dentro de su derecho?” Y llega a la conclusión de que la “Ley es justicia organizada (…) En efecto, no puede imaginarse que la fuerza lesione la libertad de los ciudadanos, sin lesionar la justicia, es decir, sin contradecir su propia esencia”.

En las naciones donde predomina esa idea de la justicia, la “espada” legal se utiliza para defender a las personas comunes de los atropellos de otros y, fundamentalmente, de los abusos de los propios gobernantes y funcionarios. Y es por eso que los habitantes sienten por ella tanto respeto, porque es la garantía de su seguridad y libertad.

Asimismo, se considera que la ley se origina en las costumbres y hábitos aceptados como correctos dentro de esa sociedad. Por lo tanto, no surge de la “genialidad” de los legisladores, sino que por el contrario éstos se limitan a convertir en norma con fuerza legal lo que esa nación en la práctica ya considera como beneficioso.

En ese marco, lo que hace que una ley sea “justa” no es que los legisladores así lo hayan decretado, sino el hecho de que todos, gobernantes y gobernados por igual, deban acatarla. Y bajo esas circunstancias, como expresa Bastiat, “la fuerza se somete al derecho y la sociedad toma posesión de su propio destino”.

Esa noción de la ley y ese uso de la “espada” son los que predominan en los países más libres, prósperos y felices.

Pero, también existen otras concepciones y aplicaciones de la misma. Según Louis Saint-Just (1767-1794), desear el bien corresponde al legislador y los hombres serán lo que él desee que sean. Y Maximiliano Robespierre (1769-1794) —quién utilizó frecuentemente la guillotina durante la Revolución Francesa— considera que “el principio del gobierno republicano es la virtud y su medio, mientras se establece la virtud, es el terror”.

No hay que esforzarse mucho para comprender que, bajo esas premisas, la ley se convierte en un instrumento amenazante. Es como una “espada de Damocles” que las autoridades a su total arbitrio hacen pender sobre las cabezas de los ciudadanos. Y como la historia evidencia reiteradamente, en esas circunstancias, los pueblos son miserables. Es una realidad palpable, tanto desde el punto de vista material como del espiritual.

La desgracia de América Latina es que, desde nuestros orígenes como colonias, en estos suelos ha regido el segundo modelo. Realidad lamentable que perdura hasta nuestros días.

Como muestra de ello alcanza con comentar dos hechos recientes que ocurrieron en el Uruguay. En una declaración pública pidiendo la legalización del aborto, varios ministros integrantes del gobierno, legisladores oficialistas y hasta el rector de la estatal Universidad de la República, manifestaron que han “infringido la Ley 9.763 de 1938”. La conclusión es: “O todas y todos somos delincuentes o esa ley es injusta”. No ha trascendido que ante esta admisión de culpabilidad, la “justicia” haya actuado.

Simultáneamente, en el Senado se está discutiendo una ley que prohíbe a los padres darles una palmada a sus hijos cuando se portan mal.

Ante estos hechos, ¿debe sorprendernos el poco respeto que en Latinoamérica inspira la ley en los ciudadanos comunes?

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
© Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet

por Hana Fischer

Hana Fischer es analista política uruguaya.

Si algo caracteriza a Latinoamérica en el siglo XXI es el descaro en temas políticos. Perplejos vemos que llaman “democráticos” a ciertos gobiernos por el simple hecho de que han surgido o se mantienen en el poder mediante el voto popular. No importa si han eliminado hasta la “apariencia” de una separación de poderes e independencia del Poder Judicial y acosan a la prensa. De ese modo, la vida, los bienes y hasta la buena suerte de las personas dependen de la desconocida y arbitraria voluntad de los “mandamás” de turno, por lo que, propiamente hablando, son dictaduras.

En el tema de los derechos humanos es donde el problema se nota con mayor claridad. La mayoría de estos gobiernos han ganado elecciones mediante una retórica “humanista” y por ello indigna cuando se autoerigen como los grandes “justicieros”, mientras violan sistemáticamente los derechos civiles.

El fundamento de los derechos humanos es el reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada individuo. Pero esa noción no surgió del seno del Estado. Por el contrario, para llegar a reconocerlo fue necesario un largo proceso que se remonta a los albores de la religión judía, pasando por el pensamiento estoico y el cristianismo hasta llegar a su máxima expresión en el período conocido como “La Ilustración” (1620-1750).

Es entonces, precisamente, cuando se formulan los principios que constituyen las raíces de los derechos individuales. En esa época, las dos preocupaciones recurrentes fueron definir el rol del gobierno y los límites del poder porque evidentemente que el único capaz de violar los derechos humanos es el régimen. Si lo hace un particular estamos sencillamente hablamos de un delito. O sea que la mayor amenaza proviene del Estado porque sólo él puede asegurar su propia impunidad.

Por lo tanto, mantener que el gobierno se va a ocupar de todo lo concerniente a los “derechos humanos” es una contradicción de términos, implica una peligrosa confusión conceptual y significa la existencia de un riesgo latente.

Esto es lo que está sucediendo actualmente en el Uruguay y en varias otras naciones del hemisferio. El gobierno izquierdista del Uruguay se ha arrogado la potestad de decidir qué se debe incluir en los “derechos humanos” y lo que no. Por ejemplo, considera que si unos sindicalistas ocupan una empresa privada por tiempo indeterminado no están violando ningún derecho de propiedad, sino simplemente ejerciendo su derecho a ocupar, aunque impidan que otros trabajadores ganen honradamente su jornal o que se le impida al propietario hacer “libre uso y goce” de sus bienes.

Según el primer índice internacional de derechos de propiedad, publicado a principios de marzo por Property Rights Alliance y el Hernando de Soto Fellowship Program , Uruguay aparece con un nivel medio en asuntos legales entre 70 naciones, pero aquí, con respecto a la propiedad tanto física como intelectual, el panorama parece empeorar bajo la nueva doctrina gubernamental.

Este gobierno creó una Dirección de Derechos Humanos que forma parte del Ministerio de Educación y decide todo lo concerniente al tema, incluyendo lo que aprenderán los estudiantes en escuelas tanto públicas como privadas.

Recientemente, un conocido político opositor usó la expresión popular “merienda de negros” y los jerarcas de inmediato lo amenazaron con una denuncia penal por “racista”. Y parece que una dirección no les satisface, por lo que están hablando de “la necesidad de un Ministerio de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, al que se debe integrar el Ministerio Publico”.

James Madison pensaba que un sistema de tribunales independientes sería “un baluarte impenetrable” de libertad. Y la historia nos ha enseñado que lo realmente requerido por los ciudadanos es un Poder Judicial independiente y eficiente, que nos proteja de los atropellos del Gobierno.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
© Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet

por Hana Fischer

Hana Fischer es analista política uruguaya.

Es una grata sorpresa que el reciente estudio realizado por un analista del Banco Central de Uruguay cuestiona la significativa participación que tiene el estatal Banco República (BROU) en el mercado nacional. La investigación se titula: “Midiendo la concentración y el poder de mercado en el sector bancario uruguayo: 2003-2005”.

El estudio afirma que el sistema se presenta como un “oligopolio altamente concentrado y con un ejercicio de poder de mercado muy importante”. Señala que el BROU es el principal operador en el mercado de crédito en moneda nacional y su participación supera el 50%. De acuerdo a la investigación, eso se debe a la “preferencia otorgada” por ley a dicha institución para dar préstamos “sociales” y retener parte de los ingresos de los clientes como forma de cobro, por lo que “prácticamente no enfrenta riesgos de crédito y no traspasa ese menor costo a la tasa” de los préstamos.

Además, el BROU posee ventajas en el mercado de depósitos, al concedérsele por ley la “exclusividad” de colocaciones del Estado. El autor del informe propone “limitar” la participación de este banco en el mercado de créditos en pesos e “incentivar” la competencia en el sector.

La divulgación pública de este informe causó malestar entre las autoridades de esa institución. En sus cabezas no entraba que el propio Estado cuestionara a una de sus “vacas sagradas”. Incluso su presidente expresó su disgusto al titular del Banco Central y declaró a la prensa que “no corresponde” que un análisis público emergente del Banco Central aluda a una entidad en particular que está bajo su control. Para el titular del BROU, la investigación está “asociada a los planteos más conservadores, ligados a la teoría financiera moderna que quieren reducir el papel de los bancos públicos” en el mercado financiero.

Que en el Uruguay se pretenda asociar al pensamiento “conservador” con el deseo de reducir el papel del Estado en la economía es un chiste malo porque “conservadores” son aquellos que se oponen al cambio. Es una doctrina que pretende aferrarse al pasado y la actitud de sus adherentes es utilizar el poder del Estado para evitar las transformaciones o reducirlas a su mínima expresión. Una de sus principales características es su complacencia con el statu quo y su mayor preocupación es que ese estado de cosas no se debilite. En general, el conservador no objeta el poder arbitrario mientras se utilice para realizar los fines que él considera “correctos”. No le interesa la limitación del poder, sino que el gobierno esté en las manos “adecuadas”.

Analicemos algo de historia uruguaya. El sistema de “banca libre” rigió con gran éxito en nuestro país por unos treinta años, a partir de 1865. Las instituciones de crédito sólo podían movilizar el capital existente; es decir, aquel resultante del ahorro de los habitantes. En ese período estuvimos entre los seis países más ricos del mundo.

Pero cobró fuerza la idea de que el “crédito bancario” tenía que ser el motor “dinamizador” proveniente del Estado y sin las restricciones impuestas por las leyes económicas porque éstas no dependen de la “voluntad” de los políticos. Se argumentaba que había que crear un “súper banco” estatal, al cual la fuerza del gobierno le suministraría un blindaje contra toda posibilidad de insolvencia, por más préstamos que se concedieran. Sobre tales cimientos nació el BROU en 1896, donde el crédito dejó de ser hijo del ahorro para convertirse en esclavo del poder.

Durante casi un siglo, el BROU fue utilizado con fines políticos: clientelismo, para “ayudar” a los amigos y para que el partido gobernante retuviera el poder. Fue el responsable durante décadas de que la inflación descontrolada devorara los ingresos y ahorros de la gente común. Las altas tasas de los créditos “sociales” financian los créditos millonarios e incobrables de empresarios “intocables”.

Entonces, ¿quiénes son los “conservadores” en Uruguay y los grandes responsables de nuestra moderna pobreza?

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
© Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet

por Hana Fischer

Hana Fischer es analista política uruguaya.

El intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, espera que su gestión sea recordada por haber recuperado la “integración” social que la ciudad capitalina perdió en las últimas décadas. En una reciente entrevista expresó que lo que más le preocupa es la integración. A su entender, la sociedad se ha fragmentado de manera importante y considera que su tarea prioritaria es recomponer el entramado social urbano.

Es un hecho indiscutido que Montevideo ha perdido una de las peculiaridades que más la caracterizaban: la convivencia pacífica en todos los barrios, de familias de las más diversas condiciones sociales. Mientras que actualmente hay una evidente segregación. En los barrios de la costa viven solamente los “ricos” al tiempo que en otros viven tan solo los “pobres”.

Es una realidad lamentable. Pero, si se quiere revertir ese escenario, lo que corresponde es hacer un diagnóstico acertado del motivo que lo causó, actitud que nuestros políticos parecen incapaces de asumir. Porque lo usual es que, al percibir un problema real, los políticos tienden a confundir las causas con las consecuencias. Y sus “remedios” suelen consistir más bien en repetir y profundizar las medidas que produjeron los nefastos resultados, empeorando más la situación.

El primer paso para realizar un análisis acertado es preguntarse con honestidad cuándo surgió la situación. El propio intendente afirma que eso comenzó a manifestarse a partir de las últimas décadas. Entonces, se debe inquirir sobre qué fue lo que cambió tan drásticamente en ese período. Y en Montevideo lo que cambió hace quince años fue que por primera vez la izquierda -el partido de Ehrlich- tomó las riendas del gobierno departamental, situación que se mantiene hasta la fecha.

Fue precisamente en ese momento que Tabaré Vázquez, el actual Presidente de la República, ganó las elecciones municipales. Imbuido del espíritu de “justicia social” y defensa de los pobres proclamó que de entonces en adelante “iban a pagar más lo que tuvieran más y menos los que tuvieran menos”. Y procedió a instrumentar su ideología, aumentando de manera considerable la contribución inmobiliaria de los barrios de la costa.

Asimismo, de inmediato les subió los sueldos y beneficios a los empleados municipales y les redujo las horas de trabajo, sin tomar en cuenta la conducta individual de cada asalariado. Como dice la letra del tango, aplicó la fórmula de “todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”.

El corolario de esa política fue que la gente que vivía en humildes viviendas en la zona de la costa, en algunos casos vecina de grandes mansiones, se vio imposibilitada de pagar la alta tributación “justiciera” y tuvieron que mudarse a los barrios de los pobres.

El presupuesto municipal pasó de unos 80 millones de dólares, al asumir Vázquez, a más de 400 millones de dólares en la actualidad. Al inicio de su mandato, la basura se recogía diariamente, luego disminuyó a tres veces por semana. El asfalto de las calles está a punto de colapsar por falta de un mantenimiento adecuado. El trabajo de los delincuentes se ve facilitado por la falta de alumbrado público. Los basurales son la “nota” característica de Montevideo y no se ha construido ninguna obra municipal de relevancia en todo el período izquierdista.

Lo más irónico es que uno de los tantos privilegios de los empleados municipales es que ellos deben tributar solamente la mitad por contribución inmobiliaria, por lo que ha habido un desplazamiento de los burócratas hacia las zonas de mayor estatus social.

Entonces, la solución al problema que más inquieta al intendente es simple. Pero... ¿tendrá el valor de aplicarla?

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
© Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet