por Mary Anastasia O'Grady
Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.
Latinoamérica ha tenido su buena dosis de inestabilidad política
y trastornos económicos en los últimos años y tanto Barack
Obama como John McCain prometen soluciones. Los planes del senador McCain
no vienen con un precio, pero el programa de Obama incluye el "duplicar
la ayuda extranjera a US$50.000 millones para 2012".
Algunos podrían preguntarse por qué deberían destinarse
fondos de los contribuyentes estadounidenses a un balde con tantas filtraciones
como Latinoamérica si la meta es curar el subdesarrollo. La región
necesita proveer seguridad para los derechos contractuales y de propiedad.
Si los líderes locales no defienden tales derechos, programas como
el "fondo de educación global" de US$2.000 millones de Obama
no valdrán ni una montañita de frejoles.
Una lección sobre esta realidad se está dando en El Salvador,
donde una inversión de US$77 millones de la estadounidense Pacific
Rim Mining Corp., en una de las partes más pobres del país,
ha sido demorada por el gobierno del presidente Tony Saca.
Pacific Rim dice que su mina de oro El Dorado creará 500 empleos directos
y más de 2.500 empleos indirectos. Sin embargo, por ahora ha tenido
que despedir trabajadores. Pacific Rim no es el único inversionista
en quejarse del gobierno de Saca. Una serie de proyectos, incluyendo varias
inversiones en energía muy necesarias, también están
en una espera indefinida.
Los inversionistas se han acostumbrado a esperar prácticas anti-empresariales
del presidente venezolano Hugo Chávez. Saca, no obstante, no es ningún
Chávez, al menos en papel. Es el cuarto presidente consecutivo proveniente
del partido Arena, de centro-derecha. Ese partido, que ha estado en el poder
desde 1989, puso a El Salvador en el mapa de los inversionistas a finales
de los 90 y a principios de esta década al implementar las reformas
de libre mercado más agresivas en la región desde el Chile de
los años 70 y 80.
Inversionistas de todo el mundo se dieron cuenta y Pacific Rim estaba entre
ellos. La empresa dice que fue alentada por el gobierno en 2002 para que comprara
la vieja mina El Dorado en Cabañas (cerca de la frontera con Honduras)
con la meta de reanudar la producción.
En 2004, después de trabajar con la comunidad para asegurarse que sus
preocupaciones fueran atendidas, la minera presentó el estudio de impacto
ambiental requerido para obtener un permiso de explotación. Pacific
Rim dice que para finales de 2006 "había respondido a cada problema
técnico presentado por el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales".
La compañía afirma que el proyecto excede todos los estándares
de seguridad y ambientales.
Sin embargo, cuando llegó la hora de emitir el permiso, el gobierno
de Saca se rehusó y, según la compañía, la decisión
no tiene nada que ver con el hecho de no cumplir con las regulaciones. En
cambio, dice que a Saca le preocupa que la minería sea un problema
político para Arena en las elecciones presidenciales de marzo.
De ser así, es absurdo. Es cierto que las organizaciones no gubernamentales
y la Iglesia Católica se han opuesto a la reapertura de El Dorado y
es cierto que una organización no gubernamental llamada Ades, la cual
recibe financiación de Oxfam, está particularmente en contra
del proyecto. Esto es consistente con el sesgo anti-desarrollo de Oxfam alrededor
del mundo.
Sin embargo, no hay evidencia de que la mina perjudicaría a Arena.
De hecho, es más probable que ocurra lo opuesto. Al dañar el
perfil de inversión del país y frenar la actividad económica,
Saca se está autoinfligiendo una herida potencialmente fatal. El gobierno
no devolvió mis llamadas solicitando comentarios al respecto.
El presidente ejecutivo de Pacific Rim, Tom Shrake, dice que El Salvador tiene
abundantes depósitos de oro y que explotarlos podría ser un
motor de desarrollo similar a la explotación de cobre en Chile. Los
salvadoreños tienden a estar de acuerdo. En una encuesta reciente de
Data Research, la misma compañía que lleva a cabo las encuestas
para el gobierno de Saca, casi un 34% de los entrevistados creen que El Salvador
debería permitir la minería sin restricciones. Un 29% opina
que debería permitirse algún grado de explotación minera.
Incluso el partido de izquierda y pro Chávez —FMLN— que
solía oponerse a la mina ya no lo hace. Sabe que los salvadoreños
quieren trabajos y luchar en contra de las oportunidades que presenta Pacific
Rim sería políticamente riesgoso.
Estadísticamente, hay una relación inversa entre los ingresos
per cápita y el porcentaje de personas que viven de la agricultura
en los municipios que están en territorio minero, en donde la calidad
del suelo es pobre. Mientras más se diversifica la economía,
alejándose de la agricultura, más próspera se vuelve.
No se necesita hacer las cuentas para comprobarlo. El apoyo a la mina es fuerte
cerca de El Dorado, a donde viajé en febrero. Un alcalde local, cuyo
padre trabajó en la vieja mina me dijo que el pueblo quiere el proyecto.
"Las condiciones son diferentes en donde hay minería", dijo.
"La gente tiene casas bonitas y sus hijos van a la escuela".
Los recortes de empleos de Pacific Rim y el enlodamiento de la reputación
de El Salvador como un destino para el capital son buenas noticias para el
FMLN, el cual lidera en las encuestas y puede presentar a Saca, y al partido
Arena, como alguien que no ha cumplido sus promesas económicas. Si
el FMLN gana las elecciones el próximo año, nadie debería
confundir la victoria como un rechazo a la economía de libre mercado
o a los intereses estadounidenses.
Este artículo fue publicado originamente en The Wall Street
Journal (EE.UU.) el 25 de agosto de 2008.