por Carlos Sabino
Carlos Sabino es profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y autor de El amanecer de la libertad, Todos nos equivocamos, Guatemala: La historia silenciada (1944-1989).
Ciudad de Guatemala— Un cuarto de siglo atrás, a comienzos
de la década
de los 80, el destino de Centro América parecía ya sellado.
Los sandinistas habían tomado el poder en Nicaragua en julio de 1979
y las guerrillas se extendían velozmente en El Salvador y Guatemala,
mientras que Honduras y Costa Rica estaban profundamente desestabilizadas.
En Panamá —fuera
de lo que es históricamente la región, pero parte también
del istmo centroamericano— Omar Torrijos seguía siendo el hombre fuerte
del país y permitía que, más o menos veladamente, su
nación diera apoyo a la ofensiva guerrillera. Los sandinistas, al
igual que Fidel Castro en Cuba 20 años antes, habían llegado
al poder con un programa antidictatorial y nacionalista, pero de inmediato
mostraron su intención de llevar a Nicaragua por el rumbo del socialismo,
un socialismo que asumió caracteres muy autoritarios y se fue aproximando
hacia un cerrado sistema comunista.
Consolidados en el poder, y con el apoyo de Cuba y de la URSS, los comunistas
habían logrado una cabecera de playa en el istmo centroamericano y
amenazaban con extenderse velozmente: la llamada “Teoría del
Dominó”, como en Indochina, parecía el destino que le
aguardaba entonces a Centroamérica. Pocos observadores dudaban que
uno a uno los países de la región pasarían a integrar
lo que en aquel tiempo se conocía como “el campo socialista”.
Y, en efecto, así se desenvolvieron los acontecimientos durante
algún tiempo. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FLMN) de la guerrilla salvadoreña,
que agrupaba a cinco organizaciones de corte marxista, adquirió una
inusitada presencia en varias zonas del país y logró crear
una “zona
liberada” donde
no entraba el ejército, a poca distancia de la capital. Gracias a
esto llegó a ser reconocido como beligerante oficial por gobiernos
tan importantes como los de México y Francia. Mientras tanto, la insurgencia
guatemalteca se extendía por todo el occidente del país, en
las zonas predominantemente indígenas del altiplano. Hacia octubre
de 1981 los guerrilleros del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y de
la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) —que
todavía
no se habían
integrado con otros grupos en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG)— planeaban
ya el asalto final a la capital de la república.
Curiosa fue la actitud de los Estados Unidos durante esta época.
El gobierno de Carter no sólo alentó la caída de Somoza
en Nicaragua y del general Romero en El Salvador, sino que impulsó una
confiscatoria reforma agraria en este país con el vano pretexto de “quitar
banderas a los comunistas” e impuso un embargo de armas en Guatemala
y en El Salvador que dificultó enormemente la lucha contra la insurgencia.
Pero la marea cambió ya al año siguiente.
Porque la guerrilla no logró concretar sus avances iniciales y adueñarse
del poder. En Guatemala se inició una contraofensiva exitosa que se
prolongó durante todo el año siguiente, a pesar de la turbulencia
política que vivió el país y que derivó en el
golpe de estado de marzo de 1982. El ejército, que finalmente obtuvo
amplio apoyo de la población campesina e indígena logró arrinconar
a la guerrilla en algunas zonas marginales y remotas. En El Salvador también
la población se pronunció por la democracia, acudiendo masivamente
a las urnas y fortaleciendo al nuevo partido ARENA que propugnaba una política
de firme combate contra el marxismo en armas. Decisivo también fue
que en Nicaragua aparecieran los “Contras”, una organización
que se levantó en armas contra el gobierno sandinista y, ahora sí,
recibió apoyo norteamericano.
Centroamérica, finalmente, pudo evadir la amenaza comunista, aunque
al costo de muchas vidas y de una lucha que hizo retroceder abiertamente
la economía de varios países. Nadie invertía entonces
en estas tierras y eran muchos los exiliados que sacaban —cuando podían— sus capitales de países que no parecían tener ningún
futuro.
A lo largo de los años 80, y a veces por medio de un proceso largo
y complicado, la región logró reestablecer la paz y encaminarse
hacia la democracia, tal como sucedió en el resto de América
Latina durante ese mismo período. Hubo elecciones libres en todas
las naciones del istmo culminando con las que perdieron los sandinistas en
Nicaragua en febrero de 1990. Los gobiernos que se establecieron en la región
se vieron sin embargo frente a un terrible desafío: cómo lograr
el despegue económico de países a veces devastados por la guerra,
mientras consolidaban las instituciones y mantenían una paz de la
que al comienzo todavía muchos dudaban.
Los centroamericanos mostraron al mundo, durante estos largos años
conflictivos, que es posible derrotar las amenazas totalitarias de una izquierda
que, con el pretexto de eliminar la pobreza y el atraso, pretende imponer
un sistema totalitario mucho más empobrecedor que el que tenían.
Lo hicieron con una combinación de firmeza y de astucia, a veces cometiendo
excesos lamentables, pero siempre con la mira de mantener un régimen
que respetase las libertades básicas de sus ciudadanos.
Este cambio trascendental en sus destinos, sin embargo, no ha proporcionado
aún todos los resultados favorables que razonablemente podían
aguardarse. Un lento crecimiento económico, trabado por la permanencia
de economías todavía muy reguladas, ha impedido que las naciones
del istmo desarrollasen todo su potencial creativo. Durante la década
de los 90 se hicieron, sin duda, algunas reformas económicas importantes,
y varios países liberalizaron sus economías para hacerlas más
dinámicas y abiertas. Pero las reformas resultaron demasiado tímidas
y parciales y fueron adversadas por una actitud —que todavía
persiste— de otorgar excesivos poderes al estado.
La llamada “comunidad internacional” no ha respetado realmente
la independencia de estos países y han insistido en una política
redistributiva que sólo ha logrado frenar los avances económicos
que estaban al alcance de la mano. Al insistir, junto con la izquierda local,
en la necesidad de ampliar las funciones del estado, aumentar los impuestos
y crear con el gasto público una red de apoyo social imposible de
lograr en economías tan pobres, se ha desviado la acción del
estado de sus funciones primordiales y se han creado problemas que hoy reclaman
la atención de todos. La pobreza se ha reducido, pero sólo
marginalmente, y la inseguridad azota a unas naciones cuyos gobiernos, en
vez de responder con firmeza, siguen tratando de mejorar las condiciones
de vida de su población por vías manifiestamente inadecuadas.
Creemos que, sin embargo, con la ampliación de los mercados internacionales
y el rechazo que todavía existe en contra de las soluciones totalitarias,
Centroamérica está en condiciones de desenvolver todo su potencial
económico y moral, progresando en lo económico para salir de
la pobreza y construyendo auténticos estados de derecho.
Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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