por Roberto Cachanosky
Roberto Cachanosky es Profesor titular de Economía Aplicada en el Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica en el Master de Economía y Administración de CEYCE, y Columnista de temas económicos en el diario La Nación (Argentina).
El manejo de la economía y el estilo de gobierno impulsados por el
presidente Néstor Kirchner son el caldo de cultivo perfecto para el
germen de la corrupción y el tráfico de influencias.
Las denuncias sobre casos de corrupción y manejos pocos transparentes
de los fondos públicos han comenzado a surgir como hongos. A los casos
Skanska y Greco se le sumaron estos últimos días las acusaciones
de Sergio Acevedo, un kirchnerista de la primera hora, ex jefe de la Secretaría
de Inteligencia del Estado (SIDE) y ex gobernador de Santa Cruz que fue despedido
por Néstor Kirchner. Ahora, la ministra de Economía, Felisa
Miceli, trata de explicar, en forma poco convincente, por qué tenía
guardada en el baño de su despacho una bolsa llena de dinero. Estos
hechos son, a mi juicio, sólo la punta del iceberg de lo que puede
venir.
¿Deberían sorprendernos los casos de corrupción? En realidad,
no, ya que la forma en la que se maneja la economía del país
abre infinidad de puertas para que se trafique con los fondos públicos.
Cuando el Estado se arroga el derecho de definir ganadores y perdedores en
las transferencias de ingresos y patrimonios, los funcionarios pasan a tener
un poder tal que se hace imposible evitar un desborde de la corrupción.
Podríamos decir que la política económica actual tiene
el germen de la corrupción, que podría ser neutralizado únicamente
si el Gobierno estuviera compuesto por ángeles, caso que no parece
ser éste.
¿Cuáles son los elementos que hacen posible una corrupción
generalizada?
En primer lugar, la posibilidad que tiene el Gobierno para regular la economía
(precios, sistema energético, sistema impositivo, subsidios, entre
otros). Las regulaciones no son otra cosa que el poder del gobernante para
decidir quién gana y quién pierde. Y ese poder, como transfiere
ingresos y riquezas, crea un mercado de tráfico de influencias para
estar del lado de los ganadores. En otros términos, al margen de la
ineficiencia que tienen los controles como asignadores de recursos, se les
agrega este tráfico de influencias. Es curioso, pero las continuas
declaraciones en contra del libre mercado y las justificaciones del intervencionismo
terminan por crear un libre mercado de venta de privilegios entre particulares
y funcionarios públicos.
Si un sector productivo es protegido y, como resultado, obtiene rentas extraordinarias,
el margen de utilidad que le queda es lo suficientemente alto como para “negociar”
con el funcionario de turno el precio para mantener esa renta extraordinaria
compulsiva. Así, se crea un libre mercado de coimas y compra de favores:
el odiado neoliberalismo es implementado en el mercado del tráfico
de influencias, donde las tarifas de las coimas se establecen en base a la
oferta y la demanda.
El segundo elemento que es el caldo de cultivo perfecto para que la corrupción
florezca consiste en la falta de controles republicanos en el manejo de los
fondos públicos. Otorgarle al Estado la posibilidad de manejar a su
antojo todo el presupuesto y los fondos fiduciarios, sin controles estrictos
por parte de un Congreso que no es independiente del Ejecutivo, es un regreso
a las épocas de las monarquías absolutistas, cuando los reyes
avasallaban los derechos de los súbditos sin ninguna contemplación
y usaban los impuestos para beneficio personal y sostener ejércitos
que contuvieran el descontento popular.
El tercer elemento es la falta de una Justicia que convenza a la población
de ser verdaderamente independiente del Ejecutivo, dado que jueces independientes
podrían condenar actos de corrupción. Sin esa independencia,
el corrupto se siente sin límites a lo que puede hacer con los fondos
públicos o bien con arbitrarias transferencias de ingresos. La impunidad
se hace carne en los funcionarios estatales.
Es por estas razones, y muchas otras, que limitar el poder de los gobernantes
no es un capricho ideológico y una forma de asignar eficientemente
los recursos, sino una manera de evitar que los que ocupan el poder se sientan
dueños de la vida y la fortuna de las personas. Es un modo de asegurar
la libertad individual. Es una forma de permitirle al ciudadano controlar
cómo los gobernantes utilizan sus impuestos. Es un recurso para impedir
que el poder económico se concentre en unos pocos funcionarios y empresarios
socios del modelo.
Los sistemas de gobierno basados en el intervencionismo, el reparto de subsidios,
el otorgamiento de privilegios y demás arbitrariedades suelen tener
dos grandes etapas. Una primera de felicidad, porque la gente vive un momento
de artificial prosperidad. En esa etapa, a los ciudadanos no les interesan
demasiado el tema institucional o los problemas de corrupción. Digamos
que hacen la vista gorda ante el desmanejo de los fondos públicos.
La segunda etapa de estos sistemas de gobierno se caracteriza por un deterioro
acelerado de la situación económica. Por ejemplo, inflación
creciente, desabastecimiento de productos elementales, problemas energéticos,
paralización del sistema productivo por falta de insumos y energía,
ente otras posibilidades.
En esta segunda fase, el malhumor de la gente empieza a tomar cada vez más
fuerza y comienzan a pasarle la factura a los gobernantes, no sólo
por el deterioro de la economía, sino también por la corrupción.
Si a un gobierno intervencionista que entra en colapso por la ineficiencia
del sistema económico y la corrupción se le agregan años
de comportamientos autoritarios, el derrumbe del régimen tiende a acelerarse.
Es decir, se pasa de un estado de optimismo generalizado a una breve transición
de descontento, para llegar rápidamente al desmoronamiento de la autoridad.
El derrumbe es casi inmediato.
Al momento de redactar esta nota, leo declaraciones de Felisa Miceli en las
que afirma: “Esto está montado claramente para perjudicarme,
es una operación muy brutal en contra mío. Alguien quiere capitalizar
esto. Están tratando de quedarse con el Ministerio de Economía".
Si alguien quiere quedarse con el Ministerio de Economía, tiene que
ser un integrante del Gobierno, dado que Kirchner es quien tiene la última
palabra en la designación de un ministro. ¿No estará
Miceli tratando de decir que está en el medio de una lucha por manejar
los resortes del intervencionismo, germen de la corrupción?
Para mí, las declaraciones de Miceli son lo suficientemente claras
como para confirmar la escasa transparencia en el manejo de la cosa pública
y, además, para ver un Gobierno que empieza a tener lucha internas
ante el desmadre de la economía y las sucesivas derrotas electorales.
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