por Andrés Mejía-Vergnaud
Andrés Mejía Vergnaud es Director ejecutivo del Instituto Libertad y Progreso (ILP) en Bogotá y autor de “El destino trágico de Venezuela” (Tierra Firme, 2009).
En las recientes y lamentables declaraciones del presidente Chávez,
de algunos de sus funcionarios, y de la senadora Piedad Córdoba, con
las cuales buscan que no se califique a las FARC como terroristas y se les
reconozca como fuerza política, hay un argumento falaz que es muy importante
detectar y rechazar.
De acuerdo con ese argumento, las FARC, por el mero hecho de tener un propósito
político como inspiración de su lucha, tienen derecho a que
se les abra un espacio en la política colombiana, sin importar cuál
sea su conducta, qué tipo de actos realizan, y de qué manera
buscan el logro de sus objetivos políticos. Así, por ejemplo,
la senadora Piedad Córdoba dijo, en el programa radial Las voces
del secuestro de Caracol Radio, que "se tiene que entender que las
FARC son una realidad política" (citado en El Tiempo
de Colombia el 13 de enero).
El error de este argumento es simple: no por el mero hecho de ser una "realidad
política", un grupo debe ganar un espacio legítimo en el
escenario de la vida pública de un país. Hay muchas "realidades
políticas" que, por muy diversas razones, excluimos del ámbito
público en una democracia. O más bien: son ellas las que se
excluyen a sí mismas, pues eligen métodos y prácticas
que son inaceptables en la política de una democracia.
Ser una "realidad política" no es en sí mismo un argumento
de legitimidad. Hitler y Stalin fueron realidades políticas, como lo
son al Qaeda y los talibanes. Realidades políticas sangrientas y desgarradoras,
inaceptables dentro de la ética de una democracia.
Las FARC son, sin duda, una realidad política. Y lo son porque su propósito
principal sigue siendo el acceso al poder político, para poner en marcha
desde allí un cierto programa de carácter también político,
basado en una cierta ideología, también política. Hay
personas a quienes gusta repetir que las FARC no tienen ya un propósito
político, y que sólo les interesa el narcotráfico y el
dinero, lo cual constituye una grave ingenuidad. El narcotráfico y
su dinero son un medio de apoyo a esa lucha por la toma del poder político.
Ahora bien, uno de los aspectos más importantes de la vida democrática
consiste en que, en cuanto a la participación legítima en política,
la democracia abre muchos espacios, como son las libertades de expresión,
prensa y asociación, los derechos a elegir y ser elegido, la posibilidad
de conformar asociaciones y partidos, etc. La apertura de esas puertas obedece
a una regla fundamental implícita: todos podemos tomar decisiones políticas,
y estas son bienvenidas, siempre y cuando lo hagamos de un modo que no restrinja
ni coarte la libertad de otros para ejercer sus decisiones. Podemos profesar
una ideología, y por ejemplo votar por quienes la defienden. Pero no
está bien obligar al vecino, arma en mano, a que otorgue su apoyo a
la opción que yo prefiero.
Por esta razón, a la vez que abre tantos espacios, la democracia sólo
puede sobrevivir si cierra las puertas a la política que se hace mediante
la violencia y las armas, sin importar que esas expresiones armadas y violentas
sean realidades políticas, como efectivamente lo son.
Si nuestro país aceptara que quienes hacen política mediante
las armas y el terror tienen un espacio legítimo en la vida pública,
igualmente válido al que tienen aquellos que hacen política
mediante la persuasión, el proselitismo y las ideas, estaríamos
cometiendo una grave injusticia contra estos últimos, y estaríamos
anulando la esencia misma de la ética democrática.
Para preservar la democracia, y avanzar en su consolidación, es muy
importante que nuestra sociedad fije claramente unos límites éticos
a la actuación política, es decir, que no aceptemos como actor
político a quienes incurren en ciertas conductas. Por eso está
muy bien, por ejemplo, que quienes se valieron de la violencia paramilitar
para consolidar una fuerza política respondan por ello ante la justicia.
La idea contraria es hoy abanderada por un gobierno que profesa una ideología
totalitaria y unas intenciones expansivas, y por unos políticos oportunistas.
Y, para conmovernos y lograr que aceptemos su inaceptable tesis, han incurrido
en la peor conducta posible: valerse del sufrimiento de cientos de seres humanos
quienes hoy, privados de la libertad de modo totalmente injusto, son el mayor
testimonio de que no todas las realidades políticas son aceptables
ni bienvenidas.
Este artículo fue publicado en Dinero.com (Colombia)
el 25 de enero de 2008.