por Fernando Alessandri
Fernando Alessandri es Director para América Latina de la International Policy Network y colaborador de www.elcato.org.
En medio del despegue de lo que algunos intelectuales están llamando "la tercera
revolución industrial," se alzaron voces en el monte del Capitolio que pretenden
cortarle las alas a cómo dé lugar. Ya en el 105to Congreso hubo intentos por limitar el
alcance de la Internet, un medio por esencia incensurable. Y, este, el 106to, no se quiere
quedar atrás.
El "mundo virtual" no tiene fronteras físicas, por lo tanto, si se prohíbe
la publicación de algo en un lugar, el documento puede triangularse inmediatamente y
puede introducirse en la red desde un servidor situado en el otro lado del planeta. No hay
restricción que valga en estos casos.
La Internet se ha desarrollado a pesar de la restricciones que ha encontrado. Entre
cables que transportan ceros y unos se ha ido generado un mundo maravilloso que es una
representación electrónica del mundo real -aunque sin impuestos- lo que explica su
rápido desarrollo. No es más que eso, salvo por la particularidad que trasciende las
fronteras físicas y nos permite operar con una inmediatez nunca antes imaginada, a un
costo bajísimo.
Cada año son más las personas que gozan del democratizador beneficio que significa la
Internet y aún las estimaciones menos optimistas pronostican un crecimiento exponencial
de usuarios de este relativamente nuevo medio de comunicación. Según la revista Wired,
un 46% de la población actual de la red lleva menos de un año utilizándola. Para el
próximo año más y más personas aprovecharán la red para todo tipo de cosas, desde
ubicar un paquete enviado por correo, hasta hacer llamadas telefónicas.
Los representantes Bob Franks y Henry Hyde han pretendido aumentar el control estatal
sobre la Internet y con ello coartan la libertad de los ciudadanos. Sus iniciativas violan
el derecho a la libertad de expresion y el libre acceso a ella, inmortalizados en la
primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que, como todo congresista,
juraron respetar. Cualquier intento por evitar el goce de estos derechos debiera ser
repudiado.
La "ley Franks" busca que todas las bibliotecas y escuelas del país que
reciban Universal Service o "e rate", un sistema de conexión a alta
velocidad especial para estas instituciones, estén obligados a usar el mismo sistema de
bloqueo y filtro de información. Es decir, una supervigilancia estatal masiva para una
solución que debiera ser determinada por cada localidad y establecimiento en forma
particular.
Bajo el slogan de "Ley para la protección de los niños" se está haciendo
todo lo contrario. Cada familia debiera velar por lo que sus hijos ven o no. Y lo mismo
puede aplicarse a las escuelas y bibliotecas. Cada comunidad tiene el derecho a elegir lo
que sus miembros ven y discuten y no corresponde al gobierno federal el limitar este
derecho. Desafortunadamente, este programa federal debilita el sistema de gobierno
descentralizado y crea incentivos perversos para que las comunidades de los distintos
estados del país se sometan a reglas nacidas en Washington en vez de aquellas de su
propia localidad.
La "Ley Hyde" va incluso más lejos. Esta ley pretende perseguir
criminalmente a los responsables de todo aquello que sea clasificable de
"indecente" en todos los medios y no sólo la Internet. Esta iniciativa equivale
a un jab al mentón de la libertad de expresión. No sólo pretende regular lo que ven las
personas y limitar la libertad de los padres de educar a sus hijos, sino que pretende
penas criminales para los responsables. Al igual que la Inquisición y las quemas de
mujeres en Salem, este tipo de políticas terminan siendo siempre arbitrarias y con el
tiempo se condenan.
Esto no es un cuestionamiento al legítimo interés del Estado por hacer un bien y que
mejor bien que el proteger a los niños. Sin embargo, estos señores ni siquiera han
considerado que compañías como Hustler y Playboy son indirectamente responsables de una
gran cantidad de importantes adelantos que ha experimentado la red. Ejemplos de esto lo
constituyen las claves de control de seguridad, las transacciones que utilizan tarjetas de
crédito y el manejo de imágenes y video de calidad. Por lo tanto, no sería extraño que
ya existan los programas requeridos para evitar cualquier bloqueo. No sería extraño,
tampoco, que sean los mismos niños, en el apogeo de la curiosidad y rebeldía
adolescente, los que se las ingenien para obviar las restricciones, ya que la tendencia
invita a creer que son bastante más hábiles con las computadoras que sus predecesores.
El desafío no está por lo tanto en prohibir. No es responsabilidad del Tío Sam el
andar fisgoneando cada vez que otorga un beneficio. Y tampoco es con prohibiciones que se
consiguen soluciones. Las personas deciden lo que quieren ver o no y se las ingenieran
para hacerlo, sin importar lo que en un momento se definió como "obsceno" por
algún iluminado representante de turno. El término es ambiguo y hoy puede ser una
fotografía, pero mañana un pensamiento filosófico. Estos filtros pueden evitar que se
accese información sobre asaltos sexuales, prevención de adicciones, o métodos
anticonceptivos, por citar algunos temas de investigación que podrían ser bloqueados
indirectamente.
Por lo tanto, si de velar por la sanidad mental y seguridad espiritual de nuestros
niños se trata, los esfuerzos debieran ir dirigidos a castigar con severidad a aquellos
que violen las leyes vigentes relativas a la generación y exhibición de material
pornográfico o la utilización de menores para estos efectos. Es ahí donde debe
centrarse el esfuerzo legal y punitivo y no en promover soluciones prohibitivas que sólo
aumentan el interés por tener acceso a aquello que de momento se pretende ocultar.
Las personas saben adaptarse a la realidad y son responsables de sus actos. Este
criterio paternalista, nacido en el Congreso de los Estados Unidos, que reduce enormemente
la responsabilidad individual, es más una pesadilla como la de George Orwell y su
"Hermano Mayor" que una ley dirigida a proteger a los niños.