por James A. Dorn
Mientras el congreso de los EE.UU. practica el proteccionismo
y la Casa Blanca consiente, China continúa moviéndose
hacia una economía de libre mercado. La aprobación el
16 de marzo, por el Congreso Nacional del Pueblo, de la nueva ley de
propiedad es otro paso positivo en la transición de China de
la planificación al mercado. El movimiento de China hacia la
libertad económica es verdadero, y el Congreso debe responder
manteniendo abiertas las puertas comerciales, no imponiendo tarifas
aduaneras punitivas que perjudican a ambos lados.
La insistencia de Washington de tomar represalias contra China por
subvalorar su moneda, inundando los mercados de EE.UU. con mercancías
baratas, y por subvencionar las exportaciones implica que China es un
enemigo, contra el que se necesita tomar represalias. ¿Pero,
hay alguien que crea seriamente que los consumidores estadounidenses
están peor si las mercancías se pueden importar a precios
más baratos de lo que cuesta producirlas en el país? Imponer
tarifas aduaneras a China perjudica a los consumidores de EE.UU. y a
los usuarios industriales de productos importados; es un acto de suicidio
económico.
Amenazar con eliminar las relaciones comerciales normales con China
por medio de una ley del Congreso, como lo propone el senador Byron
Dorgan (D., N. D.) sería una tontera. Violaría también
las reglas de la Organización Mundial de Comercio. De la misma
manera, la decisión del Departamento de Comercio de EE.UU. de
revertir su antigua política e imponer pagos compensatorios a
las compañías chinas, aún cuando el Departamento
de Comercio todavía clasifica a China entre las economías
que “no son de mercado”, abrirá una Caja de Pandora
y agravará los sentimientos proteccionistas del Congreso en el
Capitolio.
En su apuro por penalizar a China, el Congreso está desviando
la atención de las acciones constructivas que esa nación
ha tomado y está tomando para reestructurar sus instituciones
y así acercarse al liberalismo económico. Como lo dijo
el Primer Ministro Wen Jiabao en su discurso en Harvard en diciembre
de 2003, la transición de China de planificación a mercado
ha llevado al “gradual levantamiento de antiguas restricciones
impropias, visibles e invisibles, a las libertades del pueblo de elección
de trabajo, movilidad, empresa, inversión, información,
traslado … y estilo de vida”.
Esto se demuestra con la nueva ley de propiedad. Al darle una mayor
seguridad a los derechos de propiedad, la ley le otorga contenido al
artículo 13 de la Constitución de la República
Popular China, la que fue enmendada por el Congreso del Pueblo en 2004
y que proclama que: “la propiedad privada legal de los ciudadanos
es inviolable”. Más importante es que al hacer más
transparentes los derechos de propiedad, la ley ampliará los
límites del mercado de intercambio, aumentando al mismo tiempo
la libertad y la prosperidad.
El gran economista del siglo XVIII, Adam Smith reconocía los
beneficios sociales de la propiedad al escribir, “[ Si] la gente
no se siente segura de la posesión de su propiedad” y “la
buena fe de los contratos no es respaldada por la ley,” entonces “el
comercio y la industria rara vez pueden prosperar por mucho tiempo.” Dos
mil años antes Mencius escribió, “La gente puede
tener un plan de vida a largo plazo solamente si sabe que su propiedad
privada está segura”.
La libertad económica, especialmente en las áreas costeñas,
ha hecho de China la tercera potencia comercial y a su vez ha ayudado
a millones de personas a salir de la pobreza. Sin la rápida expansión
del sector no estatal y el crecimiento de la clase media, la presión
política para enmendar la constitución y promulgar una
nueva ley de propiedad no hubiera ocurrido.
En una encuesta realizada en 20 países en 2005, GlobeScan descubrió que
China tiene la más alta proporción de respuestas (74 %)
que están de acuerdo con que la “economía de libre
mercado es el mejor sistema en el cual basar el futuro del mundo”.
Este resultado es extraordinario dado que hasta hace muy poco tiempo
Beijing mantenía la planificación central.
“La gran idea” del Presidente Hu Jintao es crear una “sociedad
armoniosa y próspera” vía el “desarrollo pacífico”. Para
lograr esta meta, en todo caso, se requiere de un cambio institucional
—a saber, un estado de derecho que realmente proteja a las personas y
a la propiedad. Como Wu Jinglian, uno de los principales reformadores,
indicó recientemente, “Si no establecemos [un] estado de
derecho justo y no tenemos una protección clara de los derechos
de propiedad, entonces esta economía de mercado se hará caótica
y corrupta e ineficaz”.
El ideal socialista de la armonía es completamente consistente
con la idea central del liberalismo de mercado: un gobierno limitado
y no intervencionista (wu wei), en el sentido de proteger la propiedad
y los contratos, origina un ordenamiento espontáneo del mercado.
Mucho antes del liberalismo occidental , Lao Tzu argumentaba que cuando
el gobernante no toma "ninguna acción”, "la gente
prospera por sí misma”.
Desde una perspectiva liberal, “el principal objetivo y la condición
del desarrollo económico”, escribió el fallecido
Peter (Lord) Bauer, es extender “la gama de opciones” —o
sea, expandir “la gama de alternativas eficaces que la gente tiene
a su disposición”. Esa meta es completamente consistente
con el objetivo de “construir el socialismo con características
chinas”, lo que, en las palabras de Wen, es “emancipar y
desarrollar las fuerzas productivas, y respetar y proteger la libertad
del pueblo chino para buscar la felicidad”.
En su discurso en Harvard, Wen atribuyó el desarrollo pacífico
de China desde 1978 a “la política de reforma y apertura,
y en el análisis final, a la creatividad del pueblo chino inspirada
por la libertad”. Y, como Mencius, argumentó que, “sin
protección efectiva del derecho de los ciudadanos a la propiedad,
será difícil atraer y acumular capital valioso”.
Si las nuevas provisiones de la ley de propiedad se hacen cumplir,
se despolitizará la vida económica y la sociedad civil
se beneficiará de la autonomía que la propiedad privada
crea. La actual corrupción no proviene del avance del mercado;
es el efecto secundario de la carencia de los derechos de propiedad
completamente transferibles de la tierra y otros activos propiedad del
gobierno. Si los inversionistas tienen que trabajar con funcionarios
del gobierno que pueden beneficiarse con la venta de los derechos sobre
la tierra, los sobornos y otros favores prosperarán.
Aunque la nueva ley fortalece los derechos del uso de la tierra, no
cambia la propiedad estatal de ella. Los agricultores no pueden usar
tierras de propiedad colectiva como colaterales. Los políticos
locales seguirán tomando las decisiones finales acerca del desarrollo
y las compensaciones a campesinos y residentes de las ciudades por la
confiscación de sus tierras para “uso público” seguirán
siendo arbitrarias. Estas deficiencias, sin embargo, no deben cegarnos
a los méritos de la nueva ley ni al significado histórico
de la primera medida de China para salvaguardar un importante derecho
humano.
Una alianza económica estratégica de largo plazo es
un enfoque mucho más sensible a las relaciones entre China y
EE.UU. que regresar al proteccionismo destructivo. En lugar de hacer
daño a los negocios y consumidores estadounidenses que se benefician
del libre comercio, el Congreso debería reconocer el progreso
que ha logrado China y no erigir barreras a las relaciones comerciales.
Este artículo fue publicado originalmente en el National
Review el 11 de abril de 2007.
Traducido por la clase de “Introducción a la Traducción No Literaria” del profesor Jorge Salvo en la Universidad de Carolina del Sur Upstate.