Ian Vásquez

por Ian Vásquez y Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

El año 2003 arribó a Costa Rica con la noticia sobre la inminente quiebra del sistema de pensiones que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social, poniendo en el tapete un debate que por mucho tiempo se ha venido atrasando en este país. Ha llegado el momento que los costarricenses discutan la conveniencia o no de continuar con un modelo de seguridad social anticuado y manejado por una burocracia estatal, o llevar al país a una verdadera reforma de pensiones en donde sean los trabajadores los que tengan la libertad de escoger las condiciones de su propio retiro.

Desdichadamente, las propuestas hechas hasta ahora por los diferentes actores sociales—empresarios, sindicatos, y los mismos medios de comunicación—han sido las mismas de siempre: aumentar la edad de retiro, elevar el monto de las cotizaciones y obligar a los trabajadores independientes a cotizar. Ninguna de estas soluciones combate las fallas sistémicas de la seguridad social, fallas que no son propias del modelo costarricense, sino que están presentes en programas de seguridad social alrededor del mundo.

Entre otras se encuentran el factor demográfico—la disminución de la proporción de trabajadores que cotizan y retirados desestabiliza al sistema; el manejo político que se hace de los fondos recaudados—manipulación de las edades de retiro con fines electorales, desproporción entre los montos cotizados y montos pagados de ciertos grupos; así como la poca diversificación de las inversiones del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte—al 31 de diciembre de 1999, el 90% del dinero se encontraba invertido en bonos de gobierno.

Para suerte de los costarricenses, países latinoamericanos como Chile, El Salvador y México han reformado exitosamente sus sistemas de seguridad social, brindando valiosas lecciones sobre cómo llevar a cabo un proceso de dicha magnitud, y mostrando las ventajas de emprender una reforma profunda del modelo existente.

En el caso chileno, se le permitió a los trabajadores la libertad de elegir entre el viejo sistema y uno nuevo, en el cual cada trabajador ahorra para su propio retiro a través de contribuciones obligatorias a una cuenta de capitalización individual que viene a ser la propiedad privada del trabajador.

El elemento singular más importante de un sistema de pensiones basado en cuentas individuales de retiro es la libertad de escoger. Un sistema privado incrementa la libertad para escoger cómo invertir, con quién y cuándo invertir, cuándo usar su dinero y cuándo retirarse. Un sistema privado también tendría un efecto profundo en la economía costarricense. Con ahorros en aumento, y por lo tanto inversiones crecientes, un sistema privado crearía una clase de círculo virtuoso en el cual habría mayor productividad, salarios más altos, más oportunidades de trabajo y crecimiento económico. Ya hemos observado dicho fenómeno en Chile, donde la reforma de las pensiones ha sido acompañada de otras políticas públicas coherentes.

En este país andino, las Administradoras de Fondos de Pensiones han tenido un rendimiento promedio real del 10.3% anual durante más de 20 años, los jubilados gozan de beneficios que son entre un 50% y un 100% más altos que bajo el sistema estatal, y las contribuciones obligatorias del sistema privado son más bajas. Todo ello explica por qué más del 90% de los trabajadores chilenos han elegido las cuentas de capitalización.

Más aún, un sistema privado permite que los activos sean traspasados a los herederos, una opción que no existe hoy en día.

La sociedad civil costarricense debe encarar el debate que se aproxima con responsabilidad y visión de futuro. Las soluciones de siempre no son más que parches al sistema que dejan intactas las fallas estructurales de un modelo que está probando ser obsoleto en el resto del mundo. Así, por ejemplo, se han dado cuenta los suecos y los británicos, quienes han optado por darle la libertad a los trabajadores de destinar parte de sus cotizaciones a cuentas de retiro privadas, y en Estados Unidos, donde esta propuesta gana cada día más fuerza en el ámbito popular y entre las autoridades políticas.

Contrario a las demás propuestas realizadas hasta ahora, un sistema de cuentas de retiro privadas soluciona el problema económico inherente de la seguridad social, y es el de su tendencia a la bancarrota por el hecho demográfico que cada vez se gasta más de lo que se recibe.

Es evidente que la libertad del individuo acompañada del respeto a la propiedad privada de ricos y pobres es la mejor vía para asegurar la prosperidad y el retiro digno de miles de trabajadores costarricenses.

por Ian Vásquez

Presentado el 21 de Mayo del 2002 en la Conferencia "Hispanos y la Seguridad Social" del Cato Institute realizada en Washington, DC.

Los hispanos en Estados Unidos pueden sentirse orgullosos de que hay una idea emanando de América Latina que puede solucionar la inminente crisis en la Seguridad Social de una manera que aumenta la libertad individual y la riqueza personal, además de proveer seguridad en la edad de retiro. En palabras de la revista Newsweek, la reforma de las pensiones es quizás la primera iniciativa política proveniente de América Latina con relevancia y aplicabilidad en Estados Unidos y otros países ricos.

Todos los estadounidenses tienen mucho que ganar de una reforma profunda al sistema de Seguridad Social. El elemento singular más importante de un sistema de pensiones basado en cuentas individuales de retiro es la libertad de escoger. Un sistema privado incrementa su libertad para escoger cómo invertir, con quién y cuándo invertir, cuándo usar su dinero y cuándo retirarse. Un sistema privado también tendría un efecto profundo en la economía estadounidense. Con ahorros en aumento, y por lo tanto inversiones crecientes, un sistema privado crearía una clase de círculo virtuoso en el cual habría mayor productividad, salarios más altos, más oportunidades de trabajo y crecimiento económico. Ya hemos observado dicho fenómeno en los países que han implementado esta reforma.

El economista de Harvard, Martin Feldstein, calcula que la privatización de la Seguridad Social en Estados Unidos aumentaría permanentemente el Producto Interno Bruto de este país en un 5%, lo cual se traduce en un incremento de cerca de $5.000 por año para cada familia de cuatro. Pero son los hispanos como grupo los que desproporcionadamente tienen más que ganar a partir de la reforma y tienen mucho que perder de la falta de ésta. Esto es así ya que hoy en día los hispanos obtienen un trato injusto por parte de la Seguridad Social. Es cierto que como resultado de sus ingresos bajos y su mayor expectativa de vida los hispanos se benefician desproporcionadamente bajo el sistema actual. Pero eso no quiere decir que las ganancias que tienen actualmente sean buenas. No significa que las ganancias vayan a durar. Y no quiere decir que las ganancias que reciban se puedan siquiera comparar con las que obtendrían bajo un sistema de cuentas de retiro privadas.

El sistema actual le ha fallado a los hispanos y ha fracasado en reducir la pobreza entre los hispanos de mayor edad. Los ha hecho extremadamente dependientes de la Seguridad Social para sus pensiones, poniéndolos en una situación precaria.

Cerca del 24% de los hispanos mayores de 65 años viven bajo la línea de pobreza, comparado con cerca del 9% de los blancos y aproximadamente 25% de los negros. Las familias hispanas tienen pocos activos. La familia hispana promedio tiene cerca de $1.200 en activos financieros y menos de la mitad de dichas familias ahorraban en 1998. El hecho de que el sistema actual no permite la creación de riqueza, y en su lugar desvía parte del ingreso hacia el impuesto a la planilla, el cual por cierto es el impuesto más grande que la mayoría de las familias hispanas tienen que pagar, mantiene rezagados a los hispanos.

En contraste, un sistema de retiro privado no solo incentivaría la acumulación de riqueza que le pertenece a los contribuyentes, sino que sus ganancias superan en mucho a las del sistema actual. Por ejemplo, Naomi López, de la Hispanic Bussiness Roundtable, observa que el promedio de los hombres latinos nacidos después de 1950 recibirá una ganancia de 1.4% a 2.3% de sus contribuciones al Seguro Social. Sin embargo, esto es magro si se compara con una carpeta que es conservadoramente invertida en 50% de acciones y 50% de bonos. Esta inversión brindaría 4.95%, más del doble de lo que da el sistema actual.

Para tomar otro ejemplo, un hombre promedio nacido en 1973 puede esperar tan sólo 1.57% de ganancia del Seguro Social. Si pudiera invertir sus impuestos sobre la planilla y ganar tan solo 4.5%, lo cual es una tasa modesta dado el estándar histórico, duplicaría su ingreso a la hora del retiro. Esta es una diferencia tremenda que tendría un impacto enorme en la calidad de vida de los hispanos pensionados y que, por lo tanto, ayudaría a reducir la pobreza y aumentar la seguridad. Es una diferencia entre manejar un Mercedes Benz y sentarse en un bus público. Pero incluso la más tímida de las reformas basadas en la privatización parcial muestra el potencial de mejoras dramáticas en la condición de los hispanos pensionados.

Mario Rodríguez, quien fuera miembro de la Comisión Presidencial para Reforzar la Seguridad Social, observa que bajo la propuesta de la Comisión, los trabajadores con salarios bajos recibirían más de lo que el actual sistema siquiera promete. Por ejemplo, bajo la propuesta de la comisión, un trabajador de ingresos bajos que se retira en el 2042 acumularía un ahorro personal neto de más de $75.000. Combinado con sus ganancias tradicionales, éste podría pagar $986 al mes durante el resto de su vida, lo cual es $330 más de lo que el Seguro Social puede costear. La diferencia entre los dos sistemas, entre el Mercedes Benz y el bus público, se hace aún mayor si el bus público se descompone en el camino—y esa es la situación en que se encuentra el Seguro Social hoy en día. Eso constituye malas noticias para todos, pero particularmente para los hispanos ya que éstos son abrumadoramente una población joven.

Como grupo, están poniendo mucho más en el sistema de lo que obtienen, sin ninguna garantía de que el sistema esté allí para mantenerlos una vez que los hispanos que actualmente están trabajando se pensionen. Para solucionar el déficit en el sistema, el gobierno tendría que aumentar los impuestos a las planillas de un 12.4% a eventualmente un 18%, o reducir los beneficios en un 25% o incluso más. Y eso sólo pospondría la crisis, no la solucionaría.

Esa es una solución draconiana e innecesaria. Además sugiere que para obtener ganancias insignificantes, los hispanos tendrán que sacrificar aún más o simplemente tendrán que conformarse con un sistema cuyas ganancias son significativamente más bajas que las de hoy en día. Es por eso que un sistema de cuentas de retiro privadas beneficiaría desproporcionadamente a los hispanos. Un sistema privado es sostenible y las ganancias son mucho mayores que las de cualquier otro escenario.

Así que si las ganancias son tan claras, ¿por qué no hacerlo? Sorprendentemente, una objeción hecha por aquellos que dicen representar a los hispanos es que éstos de alguna manera no son capaces de tomar sus propias decisiones ya que no tienen mucha experiencia en dicha área, o que no son los suficientemente sofisticados o incluso inteligentes para hacerlo. Y la evidencia muestra que poseen muy pocos activos. Pero yo sostengo que la Seguridad Social es en parte responsable por esta situación, ya que impide que los hispanos acumulen riqueza. Además, un sistema privado permite que los activos sean traspasados a los herederos, una opción que no existe hoy en día.

Tal y como un gran número de estudios lo demuestran, es el sistema de Seguridad Social que tenemos, al impedir la acumulación de riqueza y que la misma sea traspasada a herederos, la que de hecho aumenta la desigualdad social. El bajo nivel de activos que vemos hoy en día con los hispanos es en todo caso una función del ingreso, ya que existe una fuerte relación entre ambos. Pero la idea de que los hispanos no son lo suficientemente sofisticados para participar en un sistema privado es desmentida por el hecho de que decenas de millones de hispanos comunes y corrientes ya están participando en sistemas de pensiones privados en Chile, México, Perú y otros lugares en América Latina. El número de hispanos participando en dichos sistemas es cercano al número que vive en Estados Unidos, y eso es en países con una infraestructura ni siquiera cercanamente tan desarrollada como la de Estados Unidos.

Mi punto es que los latinoamericanos entienden muy bien cuando ven sus cuentas, que es su dinero, que están acumulando riqueza para sí mismos y sus familias, y que tienen más control sobre los gerentes de fondos que ellos contratan o despiden que lo que tienen sobre los políticos que controlan recursos públicos. Y de hecho esa puede ser una de las razones del por qué las encuestas muestran un apoyo mayoritario entre hispanos para alguna forma de privatización de la Seguridad Social. Una encuesta hecha por el Hispanic Bussiness Roundtable en el año 2000 mostró, por ejemplo, un apoyo del 69% entre los hispanos para cuentas de retiro personales. El 58% tienen poca o ninguna fe de que la Seguridad Social estará allí para cuando se pensionen, y por supuesto, entre hispanos jóvenes el apoyo hacia cuantas de retiro personales es incluso mayor.

Permítanme concluir al decir que los hispanos están listos para la privatización de la Seguridad Social. Ellos entienden los asuntos que están en juego. Ellos entienden lo mucho que tienen que perder si no se lleva a cabo una reforma fundamental. Ellos entienden lo mucho que tienen que ganar de una reforma fundamental. Y estamos liderando el debate intelectual en este tema de política pública, el cual ha sido puesto en práctica, con mucho éxito, en nuestros países de origen. Muchas gracias.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.

por Ian Vásquez

Se reporta que el economista John Williamson, a quien muchos dan el crédito de haber elaborado la serie de recomendaciones económicas conocidas como el Consenso de Washington, está preparando una versión revisada que tratará la pobreza y otros asuntos sociales, e incluiría propuestas para que los países latinoamericanos sean menos vulnerables a las crisis. En su edición del 12 de noviembre, la revista Latin America Advisor le preguntó a Ian Vásquez ¿qué cambios le sugeriría a Williamson incluir en la nueva versión?

El Consenso de Washington—un término desafortunado para una serie de políticas que emanaron de América Latina, no de Washington—fue siempre incompleto. En parte por esa razón, no debería ser confundido con una agenda de políticas de laissez-faire, que de todas maneras nunca fue adoptada por ningún país latinoamericano. Además, la agitación económica de la región en años recientes se debe en gran medida a la falta de la puesta en práctica del Consenso de Washington. El gasto indisciplinado y el mal manejo de la deuda vienen indudablemente a la mente. Un nuevo enfoque debería enfatizar la siguiente agenda pro-crecimiento:

Primero, los países necesitan aplicar de manera consistente la mayoría de los puntos originales del Consenso y descartar la propuesta desacertada de mantener un tipo de cambio fijo "competitivo." Si existe un consenso sobre tipos de cambio hoy en día es de que estos deben ser consistentes con el mercado, y no manipulados por los gobiernos.

Segundo, es necesaria una reforma a las leyes laborales rígidas para beneficiar la mayoría de los trabajadores, reducir el desempleo y proveer una flexibilidad económica que no existe actualmente.

Tercero, los impuestos continúan siendo muy altos, especialmente en las economías depresivas. El impuesto del 21% al valor agregado de Argentina y sus impuestos combinados sobre las planillas son de dos a tres veces más altos que las tasas impositivas equivalentes de Estados Unidos.

Cuarto, los costos de la regulación burocrática también son con frecuentemente más altos que la de los países ricos, y hacen prohibitivamente caro establecer un negocio pequeño o mediano. Estas regulaciones deberían ser reducidas dramáticamente.

Quinto, las reformas institucionales, incluyendo la titulación de la propiedad de los pobres, necesitan un mayor énfasis. Todas estas medidas aumentarán la transparencia y la responsabilidad, mejorando así el Estado de Derecho.

Finalmente, los sectores que no han sido reformados, como la salud, la educación y la seguridad pública, han continuado deteriorándose a pesar de disfrutar en muchos casos de incrementos en el gasto. Estos son candidatos propicios para la reforma.

Por mucho, la economía más exitosa de América Latina es la de Chile, el país que más se ha aproximado a aplicar los puntos antes mencionados por el mayor período de tiempo. Chile redujo la pobreza dramáticamente, gracias principalmente al alto crecimiento. Y lo hizo sin depender de Washington. Tal y como observa el economista Juan Andrés Fontaine, la región necesita un Consenso de Santiago, no un Consenso de Washington.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.

por Ian Vásquez

Ian Vásquez es director del Proyecto sobre la Libertad Económica Global del Cato Institute.

por Ian Vásquez

Luego de que el Fondo Monetario Internacional haya aprobado más de $300.000 millones en rescates financieros desde la crisis del peso mexicano en 1995, se ha vuelto dolorosamente obvio de que el mundo necesita una nueva manera de manejar las crisis de deuda. El FMI ha estado en el centro de un sistema generador de crisis en el cual los inversionistas y los gobiernos de los países emergentes se han visto envueltos en comportamientos poco prudentes bajo la expectativa de que serán "rescatados" en caso de que algo salga mal.

La cabeza del FMI, Horst Kohler, identifica dicho riesgo moral como una de las razones para reducir la dependencia en los rescates financieros. La inhabilidad de la ayuda masiva del FMI para prevenir el colapso de, entre otras, la economía argentina, provee mayor impulso para la reforma. No obstante, si los inversionistas no van a ser rescatados automáticamente en tiempos de agitación financiera, ¿cómo resolverán éstos las disputas con naciones soberanas de una manera ordenada?

La respuesta del FMI es la de crear procedimientos de bancarrota en el ámbito internacional que sean similares a los que existen a escala doméstica. El Fondo está proponiendo el transformarse en un tipo de corte de bancarrota para los países, un cambio fundamental en su misión.

Sin embargo, la propuesta de bancarrota hecha por el Fondo está cargada de problemas. Los cambios solicitados requieren que los estatutos del FMI sean enmendados, un procedimiento que tomaría años en ser completado si así lo aceptaran sus miembros. El Fondo desempeñaría un rol central en determinar cuáles países calificarían por incumplimiento de pago y por qué, incluyendo países que mantienen deudas con el FMI.

El financiamiento del FMI todavía sería usado durante las negociaciones de deuda. En la práctica, esto estimularía a los acreedores a prolongar el proceso de negociación en un esfuerzo por extraer más recursos del FMI; los deudores también podrían usar el dinero del Fondo para jugar con el sistema y retrasar las reformas necesitadas. El poner al FMI en el centro de las negociaciones de deuda resultaría muy probablemente en el incremento de la incertidumbre, la volatilidad financiera y mayores costos de préstamo para todos los mercados emergentes, sin importar que algunos países merezcan dicho resultado o no.

Mejores enfoques envuelven negociaciones directas entre acreedores y deudores sin las torpes intervenciones del FMI. Por ejemplo, John Taylor, el subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, ha propuesto que los acreedores empiecen a contar con cláusulas que le permitan a la mayoría de los éstos el negociar en nombre de todos los prestamistas en el caso de una mora en el pago, eliminando así la necesidad del consenso unánime entre miles de acreedores.

Los economistas Adam Lerrick y Allan Meltzer de la Carnegie Mellon University señalan que todas las protecciones ofrecidas por una corte de bancarrota formal pueden ser incorporadas en nuevos asuntos de deuda. Lerrick y Meltzer también demuestran cómo actualmente ya existen mecanismos de mercado para renegociar deudas pendientes en un corto período de tiempo sin la ayuda del FMI. Herramientas bien establecidas de los mercados de capitales pueden ser usadas para convertir voluntariamente deuda vieja en deuda nueva que incorpora cláusulas de acción mayoritaria y para cambiar los términos de la deuda antigua. Dichas herramientas, y la experiencia de Argentina con un comité bien organizado de acreedores conformado antes de que el país declarara el incumplimiento de pagos, minan el argumento de que la coordinación entre los acreedores sería demasiado difícil de lograr en la ausencia de un procedimiento de bancarrota respaldado por el FMI.

Una de las razones de permitirle a los acreedores y los prestatarios el entablar renegociaciones directas de deuda es el de incrementar la responsabilidad de ambas partes. Los prestamistas tendrían que asumir pérdidas por pobres decisiones de inversión y los deudores se verían forzados a hacer progresos con el fin de tener acceso a nuevos dineros. Ese nivel de responsabilidad también debería incluir al FMI. No obstante, mientras el Fondo incita al sector privado a adoptar pérdidas como parte de su esquema soberano de bancarrota, éste se exime de dichos resultados. Según el punto de vista del Fondo, los países siempre deberían pagarle a la agencia en su totalidad, sin importar que tan pobres fueron sus préstamos previos.

La idea inquietante de una corte de bancarrota juzgando casos en donde tiene su propio dinero en juego, y manteniéndose en un estándar diferente a los del resto, está siendo puesta a prueba en Argentina hoy en día. El arruinado Buenos Aires debe $10.700 millones al FMI, los cuales vencen éste y el próximo año. El país afirma que no le pagará al FMI al menos que reciba de éste un nuevo paquete, el cual el Fondo meritoriamente señala que Argentina no merece. Sin embargo es bien conocida la tendencia del FMI de utilizar nuevos préstamos para pagar préstamos viejos. Si el Fondo le presta a Argentina por interés propio, distorsionará cualquier arreglo de deuda y minará su propia integridad. Si el Fondo no presta, fomentará una mayor responsabilidad en todas las partes, y probará su propia irrelevancia en resolver los problemas de deuda.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.

por Ian Vásquez

Ian Vásquez es director del Proyecto sobre

por Ian Vásquez

El colapso espectacular de la economía argentina el año pasado, luego de varios paquetes de "rescate" por parte del Fondo Monetario Internacional, parecía desacreditar finalmente el manejo que el FMI hacía de las crisis financieras. En Rusia, Indonesia y otros países, créditos de emergencia por parte del Fondo fracasaron en evitar la agitación financiera y la acumulación de deuda. Como resultado, el FMI y la administración Bush prometieron manejar las cosas de manera diferente. Sin embargo, las cosas no parecen haber cambiado mucho.

Ese fue el mensaje que envió el FMI este mes cuando accedió dar a Brasil $30.000 millones. El préstamo ha minado la credibilidad de Washington, ha debilitado aún más al sistema financiero global y muy probablemente fracase, tal y como ha sucedido con préstamos anteriores a Brasil. Después de todo fue tan solo hace un año que el Fondo le otorgó a Brasilia $15.000 millones. Ese dinero ya fue gastado. En 1998, el Fondo respaldó otro rescate financiero a Brasil por $41.500 millones. Tres meses después, la moneda del país colapsó. Y como en el resto de los paquetes del FMI, los invercionistas y el gobierno se beneficiaron mientras los pobres asumieron la cuenta.

Hoy en día la economía brasileña está siendo conducida de mejor manera que hace pocos años atrás, instando a George Soros a culpar al mercado por su actual volatilidad y a afirmar que "los problemas de Brasil no pueden ser atribuidos a nada que Brasil haya hecho." Sin embargo, el gran problema de Brasil es doméstico. El país sufre principalmente de la incertidumbre política causada por las posibilidades de que un gobierno populista, cuyas políticas permanecen desconocidas, sea electo en Octubre. Un rescate financiero del FMI no puede cambiar el ambiente político.

Los mercados ya están tomando apuntes sobre esta realidad. El Real brasileño y la bolsa de valores del país comenzaron su caída en menos de 24 horas después del rescate. Moody bajó de categoría a Brasil en la clasificación crediticia luego del anuncio del paquete financiero. El dinero del FMI será usado para mantener a flote la moneda, una medida que en la práctica subsidia la fuga de capitales. Advirtiendo esto, Walter Molano de BCP Securities afirmó que "las probabilidades de un incumplimiento de pago son ahora mayores."

Por otra parte, académicos y burócratas financieros continúan echándole las culpas de la turbulencia brasileña a un contagio por parte de otros países y a inversionistas irracionales. Joseph Stiglitz, antiguo jefe económico del Banco Mundial, proclamó que "Si los mercados entendieran el verdadero estado de la situación en Brasil... Brasil no debería tener dificultades en cumplir sus obligaciones."

¿En verdad? La incertidumbre política brasileña es agravada por su precaria situación económica. El déficit presupuestario del país equivale a un 5% del producto interno bruto, y mucha de su creciente deuda-que actualmente corresponde a un 60% del PIB-todavía es de corto plazo. Brasil posee suficiente dinero para pagar su deuda este año, no obstante los mercados están reaccionando a la inminente posibilidad de que el país no pueda cumplir el próximo año, cuando venzan más pagos.

De hecho, Brasil comenzó el año pasado a apoyar su moneda mediante el incremento de las tasas de interés y la emisión de deuda ligada a la tasa de cambio. Cerca del 90% de los bonos públicos se encuentran actualmente indexados a la inflación, a la tasa de cambio o a las tasas de interés. Esto quiere decir que cualquier bache inesperado en el camino podría rápidamente incrementar la deuda de Brasil a niveles inmanejables. En su reseña de la economía brasileña a principios de año, el FMI advirtió precisamente acerca de este problema. La incertidumbre política se ha convertido en ese bache en el camino que está transformando la situación en una crisis.

Hasta ahora, la administración Bush había estado tratando de alejar al FMI de los rescates financieros, debido a los perversos incentivos que estos crean. Entre otros están el estímulo a inversiones riesgosas y la implementación de políticas poco prudentes por parte de los gobiernos en las economías emergentes. Tal obstáculo puede ser evitado únicamente mediante un compromiso creíble por parte de Washington de no intervenir en las crisis domésticas de los mercados emergentes. Tan solo semanas antes del rescate financiero, el Secretario del Tesoro Paul O'Neill dio la impresión de reforzar ese compromiso, al sugerir públicamente que Brasil no merecía dicho préstamo.

El cambio de política dado por la administración ha eliminado cualquier credibilidad que ésta pudo tener en cuanto a cambiar la doctrina de rescates financieros del FMI. Los inversionistas y gobiernos pueden ser excusados por creer que los rescates están a disposición de Argentina y de otros lugares problemáticos en el futuro. El sistema financiero global ha sido debilitado nuevamente sin que se haya resuelto los problemas fundamentales de Brasil. Soluciones superiores-donde acreedores y prestamistas trabajan en conjunto sin las onerosas intervenciones de terceros-han sido minadas.

Peor que todo, los detractores del mercado han malinterpretado el cambio en las políticas dado por la administración Bush como una vindicación de sus tendencias intervensionistas. Una vez más, el FMI le ha hecho daño a la diseminación del libre mercado. ¿Será necesaria otra crisis en Brasil para ponerle fin de una vez y por todas a la era de los rescates financieros masivos?

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.