Ian Vásquez

por James A. Dorn e Ian Vásquez

Cuando Argentina incumplió en diciembre del 2001 los pagos en una deuda de más de $80 mil millones—el mayor incumplimiento en la historia de una deuda soberana—no era mas que la culminación de décadas de adicción a una estrategia de desarrollo basado en endeudamiento. La buena disposición del Fondo Monetario Internacional de proveer al gobierno argentino créditos a largo plazo disfrazados como prestamos a corto plazo sostuvo ese modelo de desarrollo y alentó la participación del sector privado.

De 1957 a 1999, Argentina dependió un total de 33 años de la morfina financiera del FMI. La proporción de la deuda en relación con el producto nacional bruto (PNB) creció del 29 por ciento en 1993 al 41 por ciento en 1998 y al 50 por ciento en el 2000. El excesivo gasto del gobierno estaba en el corazón de ese incremento en el endeudamiento. Economistas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en Buenos Aires han estimado que, cuando es medido correctamente, el gasto total del gobierno en términos de dólares casi se duplicó entre 1991 y 2001, mientras que el PIB creció solamente un 57 por ciento.

La fuente primaria del excesivo gasto gubernamental era los ineficientes gobiernos provinciales con grandes nóminas de empleados públicos. Bajo el llamado plan de co-participación, el gobierno federal cubrió los déficit provinciales. La mayoría de la deuda resultante estaba financiado en los mercados globales de capital apalancado por garantías implícitas del FMI para créditos futuros de “emergencia”. Gran cantidad de la deuda estaba denominada en dólares.

Desde diciembre de 2001, Argentina ha continuado acumulando deuda. La deuda total del gobierno colocada al final del año 2001 era de $144 mil millones pero se ha incrementado a $177 mil millones para finales del 2003. El gobierno argentino ha mostrado poco interés en manejar seriamente aquellas cosas que deberían ser sus prioridades políticas: reformas estructurales para inhibir gastos deficitarios futuros; renegociación de la deuda externa; sanear el politizado sistema bancario el cual esta sobrecargado con deuda gubernamental de valor incierto; restituir los derechos de propiedad, especialmente haciendo cumplir los contratos de manera imparcial.

Los argentinos no van a olvidar fácilmente el pasado. ¿Cómo pueden confiar en el gobierno cuando sus depósitos fueron congelados, el peso devaluado y se convirtieron los depósitos en dólares a pesos usando un tipo de cambio que impuso pérdidas significativas de riqueza? ¿Cómo pueden los negocios y los bancos tener confianza en el gobierno cuando incumplió los contratos y forzó a los fondos de pensiones y a los bancos a retener sus bonos?

¿Hay alguna forma de que Argentina pueda dejar de lado su tarjeta de crédito FMI, introducir reformas hasta ahora desatendidas y reintroducirse en los mercados internacionales de capitales?

Las respuestas a esas preguntas requieren auto reflexión tanto por parte de los políticos argentinos como de los inversionistas. El presidente Nestor Kirchner está en lo correcto cuando dice que aquellos que han invertido en bonos argentinos deberían de enfrentar los riesgos que ellos estaban tomando y no esperar que sean compensados 100 por ciento por la pobre previsión. Y el Ministro de Economía Roberto Lavagna está en lo correcto al pedir reformas al programa de co-participación y una reducción de los impuestos a las inversiones.

Pero si Argentina quiere lograr un crecimiento sostenible, necesita asumir la responsabilidad de empujar hacia delante esas prioridades políticas. Mas que escudarse de la disciplina impuesta por el mercado—como por ejemplo a través de su apoyo a los controles de capitales de corto plazo, que incrementa el costo del capital—el gobierno argentino debería de acoger políticas de mercado.

Una poderosa forma de lograr esa meta es abandonando el modelo de desarrollo basado en endeudamiento, que no ha permitido que Argentina alcance todo su potencial. Tal como nos dice la experiencia de los países ricos, cuando la deuda es utilizada para financiar inversiones rentables en el sector privado, el desarrollo puede ocurrir. Pero en el caso de la mayoría de países en desarrollo—incluyendo muchos de los países que han introducido reformas de mercado—la deuda es utilizada a menudo para financiar el gasto gubernamental descontrolado y mantener el status quo.

Sin el soporte del FMI, Argentina tendría que actuar responsablemente o afrontar las consecuencias en los mercados globales de capitales. La rendición de cuentas ante el mercado es más proclive a generar políticas sanas en Argentina que la vigilancia y créditos futuros del FMI. El FMI no puede cambiar la política domestica o llevar a cabo reformas fundamentales simplemente por que quiere.

Ciertamente, un estudio reciente del FMI señaló que los objetivos fiscales apoyados por el FMI “no eran alcanzados en un gran número de casos”, y cuando había algo de progreso, ocurría “en el primer año del programa con progreso mínimo posteriormente”.

Hoy en día Argentina está experimentando crecimiento económico y baja inflación. Pero, ¿cuanto va a durar esto sin reformas institucionales? El fin de la convertibilidad significa que el banco central debe ahora mantener una política monetaria creíble y dejar flotar al peso. La economía mexicana abierta ha tenido éxito en mantener controlada la inflación bajo semejante régimen. Pero, ¿Es realista esperar que Argentina, con su relativamente cerrada economía y el apoyo del FMI, pueda lograr tal éxito?

Tal como Anna J. Schwartz del National Bureau of Economic Research escribió en el Cato Journal: “Talvez ha llegado el momento para abandonar el modelo de desarrollo basado en endeudamiento; para promover la conversión de deuda en capital propio; poner en un camino diferente a los países que aquel que los lleva a una deuda insostenible, crisis, y reestructuración de deudas; y depender de las inversiones de capital para lograr el desarrollo”.

Para decirlo de manera más simple, es tiempo de reducir el rol del gobierno en incrementar la deuda. Ese camino es más probable que conduzca a mejores decisiones de políticas publicas, inversiones más sabias y un desarrollo real.

Traducido por Nicolás López para Cato Institute.

por Ian Vásquez

En la década de los 90 la libertad económica en Latinoamérica se incrementó notablemente. Las economías de la región están ahora más abiertas al comercio y a la inversión. En la mayoría de países, las altas tasas de inflación y la predominancia de monopolios estatales son cosas del pasado. Según el nuevo Informe Anual 2004 sobre Libertad Económica en el Mundo, los países latinoamericanos incrementaron su calificación de libertad económica de 5.0 en 1985 a 5.4 en 1990 hasta 6.5 en una escala de diez a finales de esa década.

De acuerdo con el informe, el cual es publicado por el Fraser Institute de Canadá, el Cato Institute de EE.UU. y centros de investigación alrededor del mundo, eso debería de ser buenas noticias. El estudio ha encontrado una fuerte relación entre libertad económica y prosperidad. Los países que son económicamente más libres son más prósperos y tienden a crecer más rápido que aquellos que no lo son.

Por ejemplo, países en el primer quintil del índice de libertad tienen un promedio de ingreso per capita de US$26,106 y un crecimiento per capita de 2.4 por ciento versus US$2,828 de ingreso per capita y –0.5 por ciento de crecimiento en el último quintil. Y la libertad económica está fuertemente relacionada a las mejoras en todo el rango de los indicadores de desarrollo humano, incluyendo esperanza de vida, mortalidad infantil, alfabetización y más.

Pero en Latinoamérica las políticas de los años 90 llevaron a gran parte de la región a una baja tasa de crecimiento y turbulencias económicas. La extendida percepción de que el libre mercado ha sido probado y ha fallado ha permitido el surgimiento de retóricas neo-populistas y políticas incoherentes. Mientras que el mal llamado Consenso de Washington sobre la necesidad de medidas macroeconómicas ortodoxas prevaleció a inicios de la década de los 90,en la actualidad no existe consenso en las políticas públicas de la región.

La desilusión con el mercado ha alcanzado el extremo en Argentina y Venezuela, las dos naciones que más han caído en el índice de libertad económica. Entre el 2000 y el 2002, cuando la economía argentina colapsó, la calificación de libertad económica del país fue del puesto 28 al 86 de un total de 123 países—la caída más dramática de corto plazo en la región. El presidente neo-populista Hugo Chávez también ha empujado a su país al fondo de la lista en un proceso que ha llevado a Venezuela de estar en el puesto 14 en 1980 al 118 en el 2002.

En otros lados, las reformas económicas han fallado en producir estabilidad económica. Gonzalo Sánchez de Losada, el entonces presidente boliviano, fue forzado a salir del país en otoño del año pasado ante las revueltas populares. Y el presidente peruano Alejandro Toledo está experimentando índices de popularidad de un dígito, lo cual cuestiona su habilidad de llegar a cumplir un periodo completo a pesar de las políticas macroeconómicas relativamente ortodoxas.

¿Ha fallado la liberalización en Latinoamérica? Las experiencias en la región no contradicen los hallazgos del índice de libertad económica. Las turbulencias financieras en los últimos diez años, que hicieron mucho por agriar los sentimientos a favor de los mercados, fue el resultado de políticas totalmente inconsistentes con las reformas de mercado. La irresponsabilidad fiscal y un mal manejo de la deuda han sido las causantes de las espectaculares crisis mexicanas y argentinas—prácticas que han caracterizado a las autoridades latinoamericanas desde los tiempos de la independencia.

Ciertamente, una de las lecciones de la década de los 90 es la necesidad de un conjunto coherente de reformas de mercado. Chile, por largo el país que ha mantenido la economía más libre en Latinoamérica remarca esa lección. Clasificado en puesto 22 en el índice, Chile ha alcanzado altas tasas de crecimiento que han permitido cortar por la mitad las tasas de pobreza y mantener una democracia estable y robusta. Por el contraste, la mayoría de Latinoamérica ha viajado parcialmente por la senda de libertad económica, impulsando al ministro de hacienda de México Francisco Gil Díaz, de advertir a los observadores que no culpen de las fallas de la región a reformas que no han sido llevadas a cabo.

La lista de reformas inconclusas en Latinoamérica es muy larga como para enumerarlas acá. Pero, más allá de implementar y adherirse a políticas macroeconómicas bien conocidas, Latinoamérica debería de priorizar en cuatro áreas largamente ignoradas: regulación burocrática, impuestos, derechos de propiedad y estado de derecho. El progreso en esas áreas va a beneficiar directamente al ciudadano común.

Las regulaciones continúan siendo una enorme carga para los latinoamericanos, un aspecto en el que la región tiene un puntaje muy pobre en el índice de libertad económica. Por ejemplo, un estudio del National Bureau of Economic Análisis encontró que para abrir un negocio en Canadá se requiere 2 días, 2 procedimientos burocráticos y tiene un costo de US$280 en tarifas. En contraste, en Bolivia toma 80 días, 20 procedimientos burocráticos y cuesta US$2,696. Removiendo el peso burocrático del estado haría mucho por reducir la enorme economía informal de la región.

También lo sería el reducir el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, los cuales en muchos países están a dos o tres veces los niveles existentes en EE.UU. El economista argentino Ricardo López Murphy lo sintetizó cuando se quejó de que los argentinos pagan niveles impositivos suecos a cambio de servicios públicos de calidad africana.

Los estados latinoamericanos tampoco protegen o reconocen los derechos de propiedad de los pobres, aun cuando esa institución es la base de la economía moderna. Por ejemplo, el 90 por ciento de la propiedad rural de la gente en Perú no tiene títulos de propiedad. El resultado de esta clase de discriminación legal es una limitación severa en la habilidad de generar riqueza por parte de las personas comunes. Aquí también la región tiene calificaciones pobres en el índice de libertad económica.

Adoptar la libertad económica haría mucho por establecer las condiciones en el que el estado de derecho—talvez el ingrediente más importante para el avance del desarrollo económico—pueda florecer. Mientras que los políticos latinoamericanos continúen en su larga tradición de apoyar las intrusiones arbitrarias del estado en todas las facetas de la esfera privada, el capitalismo continuará siendo un concepto mal comprendido y desconocido para el latinoamericano común.

por Ian Vásquez

En el pasado año y medio, Estados Unidos y el Banco Mundial (BM) han propuesto aumentos sustanciales a la ayuda externa. El presidente del BM, James Wolfensohn, ha hecho un llamado a duplicar los flujos de ayuda externa, cuyo actual nivel mundial es de aproximadamente $50.000 millones. Y el presidente estadounidense, George W. Bush, ha propuesto aumentar la ayuda bilateral norteamericana, cuyo nivel actualmente es de aproximadamente $10.000 millones, en un 50%.

De primera intención, el nuevo entusiasmo por la ayuda externa es curioso dado el bien documentado fracaso de los anteriores programas de ese tipo. Las transferencias masivas de riqueza no han conducido a aumentos correspondientes en la prosperidad. Los estudios no han encontrado relación alguna entre ayuda externa y crecimiento, o entre ayuda y mejoras en los indicadores de desarrollo humano. Hasta las propias agencias de desarrollo han reconocido que la ayuda ha generado dependencia entre muchos de sus clientes y con frecuencia ha causado más daño que bien. El Banco Mundial, por ejemplo, admite que la ayuda ha sido, "a veces, un fracaso absoluto".

El Banco también ha llegado a la poco sorprendente conclusión de que la ayuda dirigida a países con políticas equivocadas no contribuye al crecimiento y puede ser más bien perjudicial para éste, conllevando al endeudamiento en lugar de al desarrollo. La "condicionalidad", o la ayuda condicionada a reformas políticas en los países que la reciben, tampoco ha sido efectiva. De hecho, el Banco Mundial no encontró "ningún efecto sistemático de la ayuda externa en las políticas públicas". Las reformas tienen lugar independientemente de la ayuda externa. Esta ha sido, por lo tanto, un desperdicio en el mejor de los casos, y dañina en el peor de ellos, debido a que ha dado sustento a gobiernos cuyas políticas son responsables de la miseria de la gente pobre.

Sin embargo, las agencias internacionales afirman haber aprendido de sus errores y estar ahora en capacidad de hacer que la ayuda externa sea altamente efectiva. De acuerdo con el nuevo consenso, la ayuda externa funciona si es canalizada hacia un grupo selecto de países pobres que cuentan con políticas sanas. El Banco afirma estar practicando ya la "selectividad"—el nuevo enfoque de la ayuda externa—y el incremento en ayuda propuesto por Bush será distribuido selectivamente por la "Cuenta de Desafío del Milenio" (Millennium Challenge Account). En Estados Unidos, tanto los conservadores como los socialdemócratas han apoyado la CDM.

Estudios Cuestionables

No obstante, el nuevo entusiasmo con respecto a la ayuda externa es infundado. El nuevo enfoque es conceptualmente débil y está basado sobre investigaciones del Banco Mundial de cuestionable fuerza empírica. De hecho, las audaces afirmaciones empíricas sobre el efecto positivo de la ayuda selectiva están basadas completamente en estudios del Banco Mundial de años recientes, algunos de los cuales han tenido una influencia enorme en el debate.

De tales estudios, solamente uno es susceptible de ser reproducido por investigadores externos, ya que se basa en información ampliamente disponible. El resto está basado en mediciones internas del Banco, que son subjetivas y no accesibles para académicos independientes.

¿Qué es lo que concluyen estos estudios? Encuentran que, en países con políticas sanas, la ayuda externa aumenta significativamente las tasas de crecimiento y de inversión, y reduce la pobreza. Esto es en comparación con lo que sucede en los países que tienen malas políticas o tienen buenas políticas pero no reciben ayuda externa significativa. El Banco encuentra que se ha vuelto especialmente selectivo y, por lo tanto, altamente efectivo en reducir la pobreza. Afirma que $1.000 millones adicionales en ayuda sacarían hoy en día a 284.000 personas de la pobreza.

Existen, sin embargo, serios problemas con estas afirmaciones. Un estudio reciente del economista William Easterly y sus colegas contradice el estudio del Banco que utiliza información ampliamente disponible. Usando la metodología del Banco, pero actualizando los datos al expandir el período original de 1970-1993 a 1970-1997, los autores encontraron que las conclusiones del Banco se caen a pedazos. Ellos reportan "no haber vuelto a encontrar que la ayuda externa promueve el crecimiento en países con buenas políticas", y previenen a los tomadores de decisiones contra el excesivo optimismo a propósito de la nueva sabiduría convencional sobre la selectividad.

Easterly, quien hasta hace poco fue un economista de alto nivel en el Banco Mundial, tuvo acceso a las mediciones internas de esa institución sobre países con buenas y malas políticas. Utilizando dicho índice, no pudo reproducir los resultados de la agencia en el sentido de que ha habido un aumento en la selectividad. Según él, "no hay evidencia de una asociación positiva significativa entre buenas políticas... y flujos de ayuda en los noventa o en cualquier otra época". Además, si las afirmaciones del Banco sobre la reducción de la pobreza fueran ciertas, cada persona levantada sobre el nivel de pobreza de $365 costaría $3.521 en gasto de ayuda.

Ayuda versus Reforma

Por supuesto, es probable que brindar ayuda a países con políticas sanas mejore el desempeño aparente de esa ayuda. Pero eso no quiere decir que la selectividad vaya a promover reformas o crecimiento en los países receptores de ayuda. Por ejemplo, el Banco calificó a Argentina y Brasil como países con políticas "muy buenas" en 1998, pero ambos experimentaron luego crisis económicas domésticas (en el caso de Brasil, incluso, durante ese mismo año). Los dos países sufrieron de una excesiva acumulación de deuda a finales de los noventa. Si la selectividad concentra inversión en un país que maneja mal su deuda o no está inclinado a seguir implementando reformas, dicha ayuda podría resultar perjudicial.

En la práctica, la selectividad puede crear dependencia y retrasar mayores reformas, problemas que han plagado por mucho tiempo la ayuda convencional. (Es importante reconocer que el desempeño reformista de un país es casi siempre motivado por limitaciones económicas como las crisis fiscales.) En la medida en que dicha selectividad aumente el crecimiento económico en el corto plazo, también podría afectar las perspectivas de mayores reformas debido a que reduce la presión para hacerlas. El crecimiento y la reforma terminan siendo perjudicados. El resultado es peor que aquel en donde la ausencia de ayuda obliga al país pobre a introducir reformas de mayor alcance con el objetivo de llegar al mismo nivel de crecimiento que promete la ayuda selectiva con menos reforma.

Al final de cuentas, la selectividad es impracticable debido a que es conceptualmente débil. Tiene poco sentido brindar ayuda a países con políticas razonablemente buenas; esos países experimentarán crecimiento sin necesidad de ayuda. "Premiar en exceso" a esos países tendrá el mismo efecto que los programas tradicionales de ayuda.

Pero aun si los programas selectivos de ayuda externa pudieran de alguna forma ser impulsados a ganar efectividad, tal y como lo intenta hacer la iniciativa CDM de Bush, los impedimentos prácticos son enormes. La CDM sufrirá inevitablemente a causa de la politización, los intereses de la burocracia con respecto a sí misma y la micro-administración legislativa. Los fondos de ayuda selectiva se verán también afectados por el predominio de la ayuda tradicional a lo largo del mundo en desarrollo. Por ejemplo, más del 80% de los 115 países que podrían recibir los fondos de la CDM ya reciben apoyo de U.S. AID.

En resumen, el nuevo entusiasmo, a pesar de ser ampliamente compartido, no está justificado. La selectividad está basada en afirmaciones problemáticas acerca de su efectividad y sobre enfoques dudosos de desarrollo económico. Cualquier incremento en la ayuda a nombre de la selectividad añadirá únicamente otro capítulo a la decepcionante historia de la ayuda externa.

Publicado originalmente en la revista Quid (Lima, Perú) en su edición de octubre, 2003.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.

por Ian Vásquez

Los inversionistas y tomadores de decisiones están ansiosos por ver cómo tratan los países clientes del Fondo Monetario Internacional a la institución luego de que ésta cediera con Argentina y le brindara un nuevo programa de préstamos. La revista Latin American Advisor le preguntó a Ian Vásquez, ¿espera usted que otros países latinoamericanos sigan la iniciativa de Argentina y tomen posiciones más duras con el FMI? ¿Ha sido socavada la influencia del FMI debido a Argentina?

Durante más de un año después del fin del 2001, el FMI utilizó apropiadamente un tono severo con Argentina. Pero, tal y como sucedió con Rusia en los noventa, solo era cuestión de tiempo antes de que el Fondo permitiera posponer los pagos o a alcanzar nuevos acuerdos de préstamos.

El último rescate del FMI a Argentina—debido a su propia presión institucional por prestar o, como parece ser el caso, debido a la presión estadounidense por proveer dinero fresco—confirma una vez más que el Fondo es una agencia política, no económica. La decisión de prestar no está conectada con ningún cambio significativo de políticas o alguna promesa creíble de reformas.

Las iniciativas políticas de Argentina concernientes a las prioridades económicas del país—política fiscal, deuda externa, sector bancario, y contratos con las empresas de servicios públicos—continúan brillando por su ausencia o son totalmente inadecuadas.

Tampoco las políticas prestatarias del FMI siguen un criterio consistente o predecible. Por ejemplo, el Fondo le dio un préstamo a Brasil y a Uruguay el año pasado en momentos en que permanecía firme con Argentina.

Que el dinero y las señas contradictorias del FMI han distorsionado las inversiones y las decisiones sobre políticas públicas no resulta nada nuevo. Eso ha venido haciendo a una gran escala desde que el Fondo institucionalizó su política de rescates financieros durante la crisis del peso mexicano en 1994-95. Debido al riesgo moral que generó, la credibilidad de dicha política finalmente tuvo un fin con el inicio de la crisis argentina hace casi dos años.

Antes de que el FMI cediera con Argentina, la condicionalidad del Fondo tenía poca credibilidad. La postura firme del FMI con Argentina terminó siendo un intento poco duradero tendiente a corregir dicho problema.

Es dudoso de que estemos de vuelta a una política de rescates masivos y automáticos. Y es dudoso de que el FMI sea relevante en una economía mundial cada vez más liberal con mercados de capitales bien desarrollados.

Está claro, sin embargo, que la reciente intervención del FMI en Argentina le ha dado nueva vida al problema del riesgo moral.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.

por Ian Vásquez

Las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional concluyeron la semana pasada en Dubai. El 29 de septiembre, el boletín Latin America Advisor le preguntó a Ian Vásquez ¿qué conclusiones sacan los países en desarrollo, en especial los latinoamericanos, de estas reuniones en términos de sus relaciones futuras con estas dos instituciones multilaterales?

América Latina no debería esperar mucho de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Dubai. Tanto el Banco como el Fondo han estado dispensando créditos y consejos para la región por aproximadamente 50 años y no se puede decir que han promovido exitosamente el crecimiento sostenible o reformas económicas.

El desdichado colapso de las negociaciones de la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Cancún hace dos semanas podría estimular a las agencias multilaterales de préstamos y a sus clientes latinoamericanos a intensificar las relaciones de ayuda externa, pero eso sería un gran error.

Los líderes regionales deberían tomar nota de que se ha formado un consenso general alrededor de los siguientes puntos:

• No hay una correlación entre la ayuda y el crecimiento.
• La ayuda dirigida a países con políticas erróneas no sirve y contribuye al endeudamiento.
• La ayuda condicionada a reformas de mercado ha sido un fracaso.
• Los países que han adoptado políticas de mercado lo han hecho debido a factores que no están relacionados a la ayuda, tales como crisis económicas, el cual es el caso en América Latina.

Tampoco los préstamos del FMI, con su famosa condicionalidad, han funcionado. En la práctica, el crédito del Fondo ha sido de largo plazo. Al menos 18 países de la región han dependido de la ayuda del FMI por 20 ó más años. Aunque las intervenciones del Banco y el Fondo minan al mercado y retrasan las reformas económicas, no debiéramos esperar que el historial de ninguna agencia cambie en el futuro cercano.

El FMI, por ejemplo, aprobó recientemente un nuevo préstamo para Argentina luego de que el país declarara una moratoria de pagos sobre la deuda del Fondo, a pesar de que no hay ningún progreso de política económica visible. El Banco está haciendo afirmaciones dudosas de que ha aprendido del fracaso de los programas de ayuda externa en el pasado y está haciendo un llamado por duplicar los flujos de ayuda externa.

En los siguientes años, las economías relativamente exitosas de Chile, El Salvador y México continuarán distinguiéndose de las Venezuelas y Argentinas de la región. Los desempeños divergentes deberían dejar aún más claro que la región necesita libertad económica en lugar de ayuda externa.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.

Los aumentos masivos en ayuda estadounidense y del Banco Mundial son injustificados.

La reconstrucción de Irak ha comenzado y todavía no está claro que forma tendrá. Sin embargo, la falta de una visión política no ha desalentado los llamados por desembolsar grandes sumas de dinero en ayuda externa. El jefe de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, Andrew Natsios, ha comparado el esfuerzo de reconstrucción con el Plan Marshall. Jack Kemp, miembro del gabinete del ex presidente George Bush, también se encuentra trabajando con prominentes figuras de los partidos Demócrata y Republicano en una propuesta de Plan Marshall para Irak y el Medio Oriente basada en la idea de que la iniciativa de ayuda estadounidense llevó a la recuperación de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial.