por Ian Vásquez
Ian Vásquez es Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.
Las torres de agua en las afueras de Lima, Perú dicen “Agua
es salud, cuídala”. Para muchos residentes de Villa El Salvador,
una de las barriadas más famosas de la capital, esa frase es una cruel
broma. Muchos le han pedido agua al estado por décadas, sin lograr
resultado alguno. Un millón de los ocho millones de habitantes de Lima
no tienen acceso a agua limpia.
El monopolio de agua—el cual pierde alrededor de 40% de su agua mediante
tuberías con fugas o de otras maneras no facturadas—es solo una
de las tantas evidencias monumentales de la incompetencia estatal en el Perú.
A los peruanos se les recordó otro ejemplo el mes pasado cuando el
sindicato de maestros dirigido por comunistas hizo huelga, paralizando a las
escuelas y desatando violencia a lo largo del país. El sindicato estaba
protestando por una ley que requería que los profesores sean evaluados
y que se les obligue a rendir cuentas de su competencia. Una evaluación
realizada a principios de este año descubrió que un tercio de
los profesores son deficientes con respecto a comprensión de lectura
y que alrededor de la mitad de los profesores no pueden realizar matemáticas
básicas.
El control del sindicato en las escuelas es la principal explicación
del fracaso de la educación pública, de acuerdo al Instituto
Peruano de Economía, el cual reporta que alrededor de la mitad de los
jóvenes de 15 años carecen de una capacidad de lectura mínima.
Finalmente, el sindicato accedió a suspender temporalmente su huelga
mientras que negocia con el gobierno.
Sin embargo, aquellos que son más afectados por la crisis en la educación
y del agua—los peruanos pobres—no se han quedado con los brazos
cruzados. Están demandando soluciones privadas. De hecho, durante mis
visitas a una de las partes más pobres de Villa El Salvador en los
últimos dos años, he aprendido por qué los residentes
comenzaron a protestar ante las oficinas estatales para demandar que se privatice
Sedapal, la empresa estatal de agua de Lima. Los líderes de la comunidad
y los residentes explicaban que se cansaron de ser ignorados por Sedapal.
A ellos se les habían unido residentes de otras barriadas que rodean
a Lima.
En una de estas protestas de cientos de personas de la barriada de Carabayllo
ante el Ministerio de Finanzas el año pasado, Adolfo Peña Olivos
dijo al Diario Correo que “Somos 116.000 familias de 120 asentamientos
humanos que no tenemos agua ni desagüe desde hace más de diez
años y muchos niños y ancianos se han muerto porque Sedapal
no tiene los recursos para aliviar nuestras necesidades”.
Los pobres de Lima tienen la razón acerca del potencial del sector
privado para satisfacer sus necesidades de agua—ellos pueden ver por
si mismos cómo las empresas privadas han hecho que la electricidad,
los teléfonos y la televisión de cable esté disponible
en sus barrios. Tal como José Manuel Saavedra, director de CITPeru,
una ONG local, observa irónicamente, las comunidades pobres tienen
acceso al Internet pero no al agua.
Los pobres saben, también, que el precio que pagan caería dramáticamente
con la privatización. El agua que ahora compran de tanqueros poco higiénicos
cuesta entre 10 a 15 veces más que el agua de la red. En Guayaquil,
Ecuador, una privatización realizada en 2001 ha reducido el precio
de agua por un 90% para 275.000 personas pobres porque sus casas ahora están
conectadas a la red formal de agua. El agua administrada por empresas privadas
también puede salvar vidas, como ha sido el caso alrededor del mundo
en desarrollo incluyendo Argentina, donde la mortalidad infantil se redujo
en un 26% en las áreas más pobres donde se privatizó
el agua.
Por casualidad, durante mis visitas aprendí que el rechazo de los servicios
públicos se había extendido a la educación también.
Un día, una mujer en Villa El Salvador me confirmó que el edificio
grande que se veía a la distancia era una escuela pública y
agregó que ella no manda a su hijo a esa escuela. En cambio, su hijo
va a una escuela privada que cobra una pensión. “Duele, pero
vale mucho la pena”, explicó ella.
Estando algo sorprendido, le pregunté si muchos padres hacían
eso. Ella estimó que por lo menos la mitad de ellos lo hacen. Estando
parados en una loma empolvada desde la cual se veía el pueblo, con
el olor fétido del desperdicio humano contaminando el aire, la señora
me señaló varios edificios en los cuales escuelas privadas del
sector informal estaban educando a los pobres.
Resulta que las barriadas del Perú están llenas de estas escuelas
privadas con fines de lucro. Aún así hasta donde yo se, el fenómeno
no ha sido estudiado cuidadosamente. La evidencia anecdótica es, no
obstante, consistente con el trabajo sin precedente del Profesor James Tooley
de la Universidad de Newcastle, quien documentó cómo las escuelas
privadas en las barriadas de África e India educan a la mayoría
de los niños de esos barrios. El Sr. Tooley descubrió que los
estudiantes de las escuelas privadas se desempeñaban notablemente mejor
académicamente que aquellos de las escuelas públicas, y las
escuelas privadas salían mejor posicionadas en gran parte de los indicadores,
incluyendo la asistencia de los profesores.
Lo mismo parece suceder en el Perú. La única escuela primaria
que visité, San Vicente de Paúl, ofrecía clases a 30
niños a un costo de alrededor de $12 al mes. Sus varias clases eran
limpias y ordenadas, y se veían muy bien provistas. La escuela hasta
tenía 10 computadoras conectadas al Internet y una pequeña área
de juego. La principal queja de la promotora Ariela Roque, sin embargo, era
que su escuela carecía de un título de propiedad, por lo tanto
esto obstaculizaba su expansión.
De esta manera las personas en las invasiones de Lima dependen de su astucia
para superar los numerosos obstáculos impuestos por el gobierno. Su
pensamiento todavía es, como el antropólogo William Mangin,
uno de los primeros en documentar las abundantes economías informales
de las barriadas de Lima, lo describió hace aproximadamente 40 años:
“Similar a las creencias del operador de un pequeño negocio en
la Inglaterra o en EE.UU. del siglo diecinueve…Trabaja duro, ahorra,
confía solo en tus familiares…se más listo que el Estado,
vota de manera conservadora si es posible…educa a tus hijos para su
futuro y a manera de seguridad para tu vejez”.
Aún en un país en el que el gobierno es disfuncional y ampliamente
más grande que aquel de la Inglaterra del siglo diecinueve, esos valores
podrían servir como una buena guía de desarrollo. Más
gasto público del tipo que el Presidente Alan García ha iniciado
en proyectos de agua en Villa El Salvador no darán resultado. Como
CITPeru indica, Perú no tiene los recursos ni remotamente para gastar
los $2.000 millones necesarios para satisfacer las necesidades de agua de
Lima a menos que haya inversión privada.
Las nuevas tuberías de agua del gobierno estarán secas la mayoría
del tiempo. Es hora de que el gobierno reconozca la dignidad de los pobres
de Lima confiando en las soluciones de ellos.
Este artículo fue publicado originalmente en el Wall Street Journal el 20 de agosto de 2007.
Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011
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