política fiscal

por Roberto Salinas León

Roberto Salinas León es presidente del Mexico Business Forum.

La volatilidad que ha sufrido el tipo de cambio en México, y la incertidumbre cambiaria que la economía está atravesando, ha despertado el eterno debate de cómo implementar medidas que permitan neutralizar comportamientos tan erráticos en las variables financieras.

Estos episodios de fuerte turbulencia cambiaria no se estarían dando si se hubiera aprobado una reforma fiscal integral. Los movimientos que se están observando son sólo reflejos de reacomodos financieros ante cambios fundamentales en el sistema internacional. Las tasas de interés internacionales, inevitablemente, sufrirán un aumento este año, a partir de presiones inflacionarias acumulado en los países desarrollados, sobre todo la economía estadounidense.

Un desorden fiscal, o una vulnerabilidad en las finanzas públicas (digamos, el canje de pagarés del rescate bancario, o la dependencia fiscal sobre la factura petrolera, o el crecimiento desproporcionado del gasto corriente), se ve reflejado negativamente en el mercado cambiario. En un sistema fijo, el esquema revienta; en un sistema flexible, como el nuestro, la paridad sufre una depreciación. En el fondo, no es un problema cambiario, sino estructural, en este caso, la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

La reforma fiscal, por tanto, ya no puede ser rehén del proceso político. Esta se ha convertido en una prioridad económica de capital importancia para el futuro del país. No es asunto de ideología, sino de racionalidad económica. La reforma fiscal integral debe de estar enfocada en una serie de prioridades fiscales, que permitan re-establecer orden en las finanzas públicas, y lograr independizar el sistema fiscal mexicano de las consideraciones o choques que puedan darse en el exterior. De lo contrario, enfrentamos un escenario de una creciente depreciación en el tipo de cambio.

Una primera prioridad de una reforma fiscal integral, en el auténtico sentido de esta palabra, es evitar las diferenciaciones en tasas impositivas que, hoy por hoy, generan toda una gama de incentivos perversos y subsidios cruzados. Hay que unificar la tasa, no por la razón tradicional de aumentar ingresos (aunque esa sea una consecuencia), sino por la gran cantidad de injusticias derivadas de esquemas diferenciados. Asimismo, una consecuencia de la unificación de tasas es la simplificación, lo cual arroja certidumbre fiscal, y genera un importante ahorro para empresas e individuos en términos de costos de transacción.

Otra importante prioridad fiscal, del lado de los egresos, es iniciar un esquema de desendeudamiento interno y consolidación de deuda interna. Los pasivos contingentes son una bomba financiera en potencia. En vez de diferenciar entre déficit fiscal (el cual registra un porcentaje totalmente manejable) y los requerimientos financieros del sector público (un número mucho más preocupante), se podría hablar de una sola figura, a partir de la cual se debería de iniciar un proceso de desendeudamiento interno estructural—usando todos los excedentes derivados de los altos precios del petróleo, así como, en su caso, un porcentaje de las reservas internacionales.

Este último proceso, en principio, implicaría colocar deuda gubernamental para comprar las reservas directamente del banco central, un proceso por el cual no se genera desendeudamiento (es deuda por deuda). Sin embargo, por ese medio, sí se podría lograr estructurar un perfil más sano de consolidación de deuda, a partir del cual se puede proceder a estructurar plazos de deuda interna mucho más manejables—similares al exitoso proceso de re-estructuración de deuda externa.

Sin duda, hay varias otras prioridades, entre otras, detener el crecimiento del gasto corriente, así como perfeccionar un mecanismo de compensación por la vía de los subsidios directos, a las poblaciones más necesitadas. Las alarmas cambiarias que estamos viviendo son una altera roja para hacer lo que se debe hacer: poner la casa en orden. ¿Será?

por Richard W. Rahn

Richard W. Rahn es Director del Center for Economic Growth y académico asociado al Cato Institute.

Ya nos estamos acostumbrando al espectáculo de ver ejecutivos esposados y bajo custodia policial por presentar estados financieros fraudulentos. Pero, ¿ha visto usted a algún funcionario del gobierno esposado y camino a la cárcel por engañar a la gente y presentar datos financieros falsos, a pesar que sus acciones afectan a más personas (a todos los contribuyentes) y hacen mucho más daño que los infractores del sector privado?

Si usted posee acciones de una empresa y la gerencia no cumple con sus expectativas, usted puede vender sus acciones o asistir a la asamblea y tratar de cambiar a los directores. Si los ejecutivos han actuado ilegalmente, usted los puede demandar. Los ejecutivos y empleados de las empresas están acostumbrados a ser despedidos, aun cuando las razones del bajo rendimiento hayan estado fuera de su control.

Contrastemos eso con la burocracia gubernamental. Es muy raro ver que despidan a un funcionario público de cualquier nivel, a pesar de repetidos fracasos en el manejo financiero y en los programas gubernamentales. Casi todos los días leemos en la prensa sobre un nuevo despilfarro oficial, a pesar de las repetidas promesas de los políticos de enderezar la situación y asegurarnos que no se repetirán.

Ahora el Congreso de Estados Unidos está considerando un plan de medicinas bajo prescripción para la gente retirada (Medicare) que dicen costará $300.000 millones. ¿Cuán confiable cree usted que es esa cifra? Para ayudarlo a pensar, considere los siguientes hechos. En 1987 nos dijeron que el plan de subsidios hospitalarios especiales bajo Medicaid (beneficios para los pobres) costaría $100 millones en 1992. El costo terminó siendo más de $11.000 millones, o sea más de 110 veces lo proyectado. En 1988 nos dijeron que el cuidado en casa de los ancianos, bajo Medicare, costaría $4.000 millones para 1993, pero costó $10.000 millones, más de dos veces y medio. Por último, cuando comenzó Medicare en 1965, nos dijeron que lo relativo al seguro hospitalario costaría $9.000 millones en 1990. Costó $66.000 millones, o más de siete veces lo anunciado.

¿Alguien fue a la cárcel por engañar así a los contribuyentes? Nadie. Pero ahora los mismos políticos que nos presentaron aquellas cifras fraudulentas, como el senador Edward Kennedy, están volviendo a hacer lo mismo. Lo logran porque el público tiene una corta memoria y los medios raramente se ocupan de recordarnos las falsas proyecciones de los políticos y burócratas.

Si usted considera construir una casa o un edificio industrial, firmará un contrato con un constructor experimentado y confiable, por lo que terminará pagando una cifra muy cercana a lo presupuestado. ¿Por qué no sucede lo mismo en los programas del gobierno?

La nación construye carreteras y puentes desde hace más de un siglo, por lo que debiera haber una gran experiencia acumulada. Pero vea lo que sucede. La autopista central de Boston, apodada "la gran excavación", estaba programada para costar $3.200 millones, pero ahora se estima que terminará costando $14.600 millones, cuatro veces más. Y hay miles de ejemplos similares en todas las actividades del gobierno. Recordemos que cuando los políticos anuncian algo, los beneficios siempre son mayores que el costo. Pero, lamentablemente, la experiencia nos indica que en casi todo lo que hace el gobierno, el costo termina siendo mayor que el beneficio.

El sistema no funciona porque a los políticos les interesa subestimar los costos de sus proyectos, mientras que los burócratas jamás son despedidos o penalizados cuando tales proyectos terminan costando mucho más.

El Congreso creó la Oficina General de Contabilidad (GAO) para que reportara sobre el cumplimiento financiero de las diferentes entidades del gobierno federal. Todos los años, GAO informa sobre fallas en los controles financieros, pero jamás se despide a los responsables.

Evidentemente que el programa que se está desarrollando para asegurar la ética empresarial y la aplicación de cárcel a empresarios que engañan al público tiene que ser extendido a los funcionarios públicos. Además, el Congreso debe congelar el presupuesto de todo organismo gubernamental que no presente informes financieros adecuados y auditados.

Ya debiéramos saber que la verdadera solución para mantener al gobierno honesto es mantenerlo pequeño y así asegurarnos la protección tanto de nuestras libertades como de nuestro bolsillo.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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Milton Friedman aseveró que "Hacer permanente las reducciones impositivas ya aprobadas [en EE.UU.], adelantar su aplicación y bajar aún más las tasas de impuestos mejorará la calidad de la ley [tributaria] existente".

por Roberto Salinas-León

Roberto Salinas León es presidente del Mexico Business Forum.

El gasto público es del público, no del burócrata. Esta premisa de sentido común la entiende todo el mundo, menos el burócrata privilegiado, que vive de huesos presupuestales, que pide más y más, sin importar en qué se gasta, o como se gasta. Las disputas fiscales sobre los recortes presupuestales, y los proyectos de egresos, se centran en sólo un tema del sistema fiscal, el apartado de ingresos.

Otro principio de sentido común: cuando alguien gasta dinero que no es suyo en un proyecto que no es suyo, le importará muy poco cuánto se gasta y cómo se lo gasta. Más aún, cuando alguien (digamos, un gobernador, o un presidente municipal, o algún diputado) gasta dinero que no es suyo en un proyecto que ve como suyo, le importará poco de donde vienen los dineros, mas le importará muchísimo cuanto hay, y por cuanto tiempo. Estas dos premisas operan en forma perversa dentro del actual círculo político, donde los reclamos se centran alrededor de los recortes, y las baterías se gastan en pedir más-eso sí, sin rendir cuentas, sin decir cómo y a dónde, sin el desgaste de justificar más recaudación a niveles locales.

Una reforma fiscal integral que logre el objetivo de un cambio estructural no puede iniciar ni con mayor presión recaudatoria (más y más altos impuestos, por ejemplo), ni sin una atención detallada sobre los egresos. Sólo a partir de estas dos estrategias, se respeta el principio de que el gasto público es del público. Pedir más se justifica sólo en la medida que el mayor ingreso logre un bienestar comprobable y transparente. En la actualidad, las tasas de retorno tributario son muy bajas. Los mayores gastos en "gasto social," en gasto corriente, en gasto estatal, no reditúan en beneficios observables-vaya, ni siquiera en las obligaciones básicas del gobierno, como son la protección de los derechos de propiedad, la seguridad pública, o la paz.

Bajo esta óptica, las tasas impositivas que pagamos los causantes mexicanos son de las más altas del mundo, ya que lo que recibimos a cambio representan beneficios bastante inferiores a los que otros ciudadanos, en otros países, toman como un hecho.

El derroche presupuestal, desgraciadamente, figura poco en la agenda del debate fiscal. La gran mayoría de las propuestas, desde gobernadores berrinchudos hasta llamados para una hacienda de Estado, se concentran en como aumentar los ingresos, y no en como racionalizar el gasto actual. Los costos de oportunidad son enormes, sobre todo cuando el gasto denominado "gasto social" se encuentra secuestrado por la intermediación de la gran burocracia. Hay mucha, pero muchísima tela de donde cortar-y cada pedazo de la tela burocrática representa oportunidades de ingreso directo para las familias más pobres del país, o recursos liberados para actividades con mayor productividad, o nuevos ahorros que permitan encontrar un destino más eficiente.

Otro principio de sentido común: a mayor gasto público, menor gasto privado. Es muy cómodo reclamar mayores botines de gasto, sin considerar las fuentes de ese gasto. Si un gobernador persiste con el berrinche tributario, debería entonces justificar su posición ante los causantes, el público que financia el gasto gubernamental. Cada peso adicional que pide un gobernador, un diputado, un burócrata iluminado, un exquisito de la academia que vive del subsidio estatal, es un peso menos para el público general, ya sea el ciudadano del presente (que paga con impuestos, y antes con inflación) o del futuro (los causantes que no han nacido pero que ya están comprometidos para hacer frente al peso de la deuda pública, o sea, imposiciones diferidas a otra generación).

Un último principio de sentido común: no me ayudes, compadre. No me pidas más sin darme más. El dinero es mío, no tuyo, pon nuestra casa en orden, y luego hablamos.