31 de diciembre de 1969

ambientalismo

Printer-friendly version

El etanol hace a la gasolina más cara y más sucia

por Jerry Taylor y Peter VanDoren

Jerry Taylor es Académico Titular del Cato Institute.

Peter Van Doren es Editor, Revista Regulation del Cato Institute.

En su discurso del Estado de la Unión, el presidente Bush habló mucho sobre la independencia de energía y de fuentes alternativas como el etanol. De acuerdo al presidente, el etanol es el elixir mágico que resolverá virtualmente todo problema económico, ambiental y de política exterior en el horizonte. En realidad, es enormemente costoso y es un desperdicio.

Las mentiras y percepciones equivocadas con respecto al etanol incluyen:

El etanol conducirá a la independencia energética. Si todo el maíz producido en los EE.UU. el año pasado fuese dedicado a la producción de etanol (14,3 por ciento de este si lo fue), el consumo estadounidense de gasolina hubiese caído por un 12 por ciento. Para que el etanol de maíz completamente desplace al consumo de gasolina en este país, necesitaríamos expropiar todas las tierras de maíz, convertirlas totalmente a la producción de maíz para etanol, y luego encontrar aún 20 por ciento más de tierra.

La Administración Estadounidense de Información Energética cree que el límite práctico para la producción doméstica de etanol es de cerca de 700.000 barriles por día, una cifra que ellos no creen que sea realista hasta por lo menos el 2030. Aquello representaría cerca de un 6 por ciento del mercado estadounidense de combustibles para transportes en el 2030.

El etanol es económicamente competitivo ahora. De acuerdo a un reporte del 2005 emitido por el Departamento de Agricultura, el costo promedio de producción del maíz de etanol es de $2,53, o varias veces lo que cuesta producir un galón de gasolina. Sin los subsidios, los costos aún serían más altos. Un estudio del pasado otoño del Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable descubrió que los subsidios para el etanol constituyen entre $1,05-$1,38 por galón, o entre 42 y 55 por ciento del precio del etanol en el mercado.

El etanol reduce los precios de la gasolina. Si usted vivía en California o en las otras áreas que usaron gasolina reformulada el verano pasado—esa es la gasolina ambientalmente “limpia” requerida para las áreas con problemas de contaminación, y es ahí donde gran parte del etanol fue utilizado— puede que haya pagado hasta 60 centavos más por galón de gasolina de lo que hubiese pagado de lo contrario. Eso es porque el gobierno federal requirió que las refinerías petroleras usaran 4.000 millones de galones de etanol en el 2006 sin importar el precio, y los precios en las estaciones de gasolina el verano pasado reflejaron el hecho de que el etanol costó el doble que la gasolina convencional.

El etanol es un combustible renovable. De acuerdo a un grupo de académicos de la Universidad de California en Berkeley quienes publicaron en la revista Science del año pasado, un artículo, entre el 5 por ciento y 26 por ciento del contenido de energía del etanol es “renovable”. El balance de la energía del etanol, en realidad viene de la abundante cantidad de carbón, gas natural y poder nuclear que son necesarios para producir maíz y procesarlo para convertirlo en etanol.

El etanol reduce la contaminación del aire. Una revisión de la literatura realizada por el académico australiano Robert Niven concluyó que cuando las emisiones que se evaporan son tomadas en cuenta, E10 (el combustible que es 10 por ciento etanol y 90 por ciento gasolina, la mezcla común) aumenta las emisiones totales de hidrocarburos, compuestos orgánicos no metánicos, y tóxicos en el aire comparado con la gasolina convencional. El resultado es una mayor concentración de smog fotoquímico y de compuestos tóxicos.

El etanol reduce las emisiones de gas de invernadero. En el mejor de los casos, E10 reduce las emisiones de gas de invernadero por entre un 0 y un 5%; el etanol puro por un 12 por ciento. La Agencia Internacional de la Energía, sin embargo, estima que cuesta cerca de $250 reducir una tonelada de gases de esta manera, o más de 10 veces lo que el economista de Yale, William Nordhaus piensa que es económicamente sensible dada la economía del cambio climático. El etanol como una política para combatir el calentamiento global es lo que los académicos denominan como “habladurías de locos”.

Los subsidios para el etanol son necesarios para “igualar el territorio de competición”. Los subsidios para el petróleo constatan menos que $1.000 millones al año—entre seis y ocho veces menos que los subsidios al etanol—y resultan en un subsidio de alrededor de $0,3 por galón.

El etanol celulósico nos librará. Guy Caruso, el director de la Agencia Internacional de la Energía, indicó en un discurso este pasado diciembre que los costos de capital asociados con la producción de etanol celulósico fueron cinco veces mayores a aquellos asociados con la producción convencional de maíz de etanol. Sin embargo, cálculos como aquel son un tanto ligeros, puesto que no hay una industria actual de etanol celulósico, así que la información es difícil de obtener. Apostar el agro en una industria que todavía no existe para producir un producto que es sumamente costoso, no es el mejor uso para el dinero de los contribuyentes.

Si el etanol tiene mérito comercial, no necesita de un subsidio. Si no lo tiene, no habrá un subsidio lo suficientemente cuantioso que pueda otorgárselo. Y esa es la verdad.

Este artículo fue publicado originalmente en el Chicago Sun-Times el 27 de enero de 2007.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.

Temores infundados sobre lo que nos rodea

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

“La exposición de los seres humanos a químicos sintéticos y naturales genera cáncer”. “Los productos del mundo industrializado moderno representan amenazas para el ambiente y la salud humana”. Muchas personas dan por un hecho estos temores que son diseminados por grupos ambientalistas y que luego sirven de base para políticas públicas alrededor del mundo. Sin embargo, la ciencia nos indica que el mundo es un lugar mucho más seguro de lo que algunos grupos u organizaciones nos quieren hacer creer.

La mayoría de los químicos existentes le confieren beneficios significativos a los seres humanos—por ejemplo al reducir el costo de los alimentos o incrementar su duración. Algunos químicos incluso han tenido beneficios ambientales comprobados—por ejemplo, los químicos que aumentan la productividad significan que más alimentos pueden ser cultivados en menos tierra, lo cual reduce la presión sobre los bosques. Mientras tanto, los químicos que sirven para la erradicación de hierbas reducen la erosión del suelo cuando la tierra es arada.

A pesar de estos beneficios observables, ha habido un fuerte movimiento a favor de la regulación de químicos utilizados en la agricultura y los alimentos. Los temores aumentaron en la década de los cincuenta cuando las pruebas empezaron a demostrar que, dados en concentraciones suficientes, muchos de los químicos utilizados en la agricultura y los alimentos causaban cáncer en roedores.

No obstante, con el tiempo se hizo claro que una gran proporción de todos los químicos, sintéticos y naturales, son carcinógenos. Lo importante es que no todas las sustancias que son carcinógenas en altas dosis lo son también en pequeñas dosis. La dosis hace al veneno: El cuerpo es capaz de lidiar con ciertas cantidades de ciertos tipos de carcinógenos, a través de varios procesos. De tal forma que restringir el uso de químicos simplemente sobre las bases de que son carcinógenos en roedores no tiene sentido.

Las consecuencias más amplias del ataque anti-científico contra el uso de químicos sintéticos en los alimentos y la agricultura son inquietantes. ¿Qué sucedería si los agricultores en Latinoamérica fueran disuadidos o, peor aún, obligados a abandonar estas tecnologías con el fin de garantizarse que lo que producen será aceptable para los consumidores de los países ricos? La producción caería y experimentarían mayor incertidumbre (una de las grandes ventajas de los químicos sintéticos es que permiten niveles de producción mucho más estables), lo cual significaría menos comida en sus propios platos así como menores ingresos.

Los países latinoamericanos están bajo el riesgo de caer en la “quimiofobia” que se encuentra tan arraigada en Europa y Estados Unidos. Es así como políticas públicas tendientes a reducir el riesgo de los químicos son elaboradas en base a temores infundados por parte del público. Las consecuencias pueden ser mortales. A inicios de la década de los noventa las autoridades peruanas siguieron el consejo de organismos extranjeros y redujeron la cantidad de cloro en el agua. Según estos organismos, el cloro causa cáncer, y existía un riesgo de que buena parte de la población se viera en riesgo.

El resultado de dicha acción no pudo ser más desastroso: En enero de 1991 se declaró una epidemia de cólera en ese país que le costó la vida a cerca de 20.000 personas en cinco años y afectó a otras 310.000. La epidemia se propagó por 14 países del continente americano hasta llegar a convertirse en la séptima pandemia más letal del siglo XX.

Las campañas contra los químicos y otras tecnologías en realidad desvían la atención de temas ambientales más importantes, como lo es la lucha contra la pobreza. Indira Ghandi una vez dijo que “la pobreza es el peor contaminante”. La realidad latinoamericana así nos lo demuestra.

Políticas ambientales sensatas para nuestros niños

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

Este mes de junio, los ministros de Ambiente y Salud de las Américas se reunirán en Mar del Plata, Argentina, con el objetivo de construir un consenso de políticas públicas relacionadas a la protección ambiental y la salud humana. Entre los puntos en consideración está la adopción de regulaciones especiales que garanticen un ambiente seguro y saludable “para nuestros niños”. Sin embargo, la mejor manera de alcanzar este objetivo es mediante una agenda que promueva el desarrollo económico de los países en cuestión, y no a través de la promulgación de regulaciones ambientales sin contenido científico.

El continente americano ilustra muy bien la transición de la pobreza y la contaminación hacia la riqueza y la salubridad. Por un lado, Canadá y Estados Unidos son países ricos y desarrollados que hace muchos años hicieron esta transición. La gente en esta parte de América generalmente vive muchos años, se beneficia de una economía e infraestructuras totalmente integradas, y tienen pocos problemas ambientales locales como contaminación, aguas sucias, y mala salubridad. Esto trae beneficios a la salud humana—la gente por lo general vive por más años y no tienen que realizar trabajos pesados.

En contraste, los demás países del continente americano—Latinoamérica y las naciones del Caribe—se encuentran en una etapa temprana de desarrollo. Estos países cuentan con diferentes prioridades y muchos aún necesitan llevar a cabo la transición para convertirse en naciones tecnológicamente sofisticadas y completamente desarrolladas. Muchos de los países latinoamericanos aún sufren del subdesarrollo, de la corrupción, y de la carencia de instituciones que permitan el crecimiento económico. Algunos no cuentan con instalaciones sanitarias básicas, y mucho menos con las tecnologías médicas sofisticadas que disfrutan sus contrapartes del Norte.

En el caso de estos países latinoamericanos y del Caribe, no tiene mucho sentido hablar de riesgos ambientales cuando hay mucho más qué ganar con la adquisición de mejores tecnologías, el crecimiento económico sostenido, y permitirle a la gente definir sus propias prioridades sobre el ambiente. Desafortunadamente, este tipo de reuniones ministeriales tienden a enfocarse excesivamente en las consecuencias negativas del desarrollo económico, en lugar de fomentar un debate sobre por qué las personas en las naciones más ricas son de hecho más saludables.

El desarrollo económico y los aumentos asociados en la riqueza, el incremento en la efectividad de las tecnologías, y las mejoras en la infraestructura han sido los principales motores en el avance de la calidad de vida de millones de niños alrededor del mundo. Más riqueza significa que los niños pueden ir a la escuela en lugar de tener que trabajar en el campo. Tecnologías más efectivas permiten la erradicación de enfermedades que se transmiten a través del agua. Una mejor infraestructura significa que los niños pueden tener acceso a una variedad de alimentos y medicinas que les permitirán crecer sanos y vivir mejor.

De ahí que el mejor consenso al que pueden llegar los ministros del continente es al de comprometer a sus gobiernos a fomentar el crecimiento económico de sus países, prestando oídos sordos a los llamados de activistas ambientales y burocracias internacionales que pretenden más regulaciones contraproducentes para el desarrollo. Se lo debemos a los niños de las Américas.

Miedos sin fundamento científico

por Patrick J. Michaels

Patrick Michaels es Académico Titular de Estudios Ambientales para Cato Institute.

El Dr. Christopher Landsea, un científico de la División de Investigación de Huracanes del Departamento Estadounidense de Comercio y uno de los expertos más sobresalientes del mundo en materia de huracanes, ha renunciado públicamente a su autoría de un reporte sobre cambios climáticos de la ONU que está por ser publicado. Landsea alegó que el Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) está “siendo motivado por propósitos preconcebidos y está siendo científicamente defectuoso”.

Él tiene un buen punto. El IPCC es más un cuerpo político que una autoridad científica. Sus miembros son elegidos por sus respectivos gobiernos y aprobados por el Secretariado de la ONU. Por supuesto que este no es un proceso ciego e imparcial.

¿Se acuerdan de esas conferencias de prensa del otoño del año pasado en las que estimados científicos culparon al calentamiento global por la severidad de la temporada de huracanes del 2004? Uno de estos científicos, Kevin Trenberth, era otro empleado federal. De acuerdo a Landsea, Trenberth no ha “llevado a cabo ninguna investigación sobre la variabilidad de los huracanes”. Sin embargo, él es el “Principal Autor” designado por la ONU para el capítulo del reporte que discute huracanes y el calentamiento global, y como resultado de esto él supervisaría las contribuciones de Landsea.

Según Landsea, “Dado el rol del Dr. Trenberth como el Principal Autor de el IPCC y siendo él responsable de la preparación del texto sobre huracanes, sus aseveraciones públicas tan apartadas del actual conocimiento científico me preocuparon de que sería muy difícil para el proceso del IPCC proceder objetivamente con respecto a la evaluación de la actividad de los huracanes.”

De hecho, la evidencia de que la frecuencia o severidad de los huracanes ha aumentado por el calentamiento global es absolutamente inexistente. En efecto, el único cambio detectable en los huracanes atlánticos es un declive en el promedio de velocidad máxima del viento, como ha sido demostrado por los trabajos científicos publicados de Landsea.

Trenberth también defiende con poca evidencia científica la posición de que el calentamiento global hará al fenómeno de “El Niño” más fuerte. El Niño consiste de retrocesos periódicos de los vientos del Pacífico los cuales desvían el camino de las tormentas que están a miles de millas de distancia. Estos también destruyen a los huracanes atlánticos. Si el calentamiento global de verdad hiciera a El Niño más frecuente o más fuerte, la intensidad de los huracanes debería disminuir.

Landsea apeló al líder del panel climático de la ONU, Rajenda Pachauri, para que respalde las indagaciones científicas genuinas.

El debería habérselo esperado. Pachauri tituló el preámbulo del reporte del 2004, “Arriba en Humo”, el cual fue distribuido por activistas ambientales incluyendo a Greenpeace y el Fondo Mundial Para La Naturaleza. Refiriéndose a los huracanes, el dijo que “en un mundo en el que el calentamiento global ya está sucediendo, eventos climáticos así de severos es probable que sean más frecuentes y más intensos”.

Pachauri descartó las quejas de Landsea, lo cual derivó en que éste científico, fiel a sus principios, renuncie.

Si elementos de esta historia le hacen recordar algo, entonces los lectores han estado prestando atención. Hubo un pequeño escándalo en el otoño del año pasado cuando dos científicos del gobierno predijeron un ligero (6 por ciento) aumento en la fuerza de los huracanes a lo largo del próximo siglo, y esto debido al calentamiento global.

Ellos llegaron a esta predicción utilizando una computadora que asumía que el dióxido de carbono penetraría la atmósfera a una velocidad dos veces mayor que la que ha sido observada en recientes décadas. El modelo falla miserablemente cuando intenta predecir huracanes en el mundo real porque asume que no hay cambios en el ambiente de los huracanes mientras el planeta se calienta. Los científicos críticos sabían de los defectos del modelo, pero ellos se mantuvieron callados.

Esto se está convirtiendo en la norma. Científicos, o personas que ocultan la ciencia, respaldan aseveraciones terriblemente defectuosas de que el cielo se está cayendo; los científicos expertos en clima que saben que esto es falso casi no opinan al respecto.

¿Por qué?

Hay muchas razones. Así como los doctores de medicina se preocupan por el sufrimiento humano, los científicos ambientalistas muchas veces están preocupados filosóficamente por lo que ellos consideran degradación ambiental. Ninguna de estas preocupaciones es “científica” en el sentido de que no están dependiendo de probar teorías con la evidencia disponible, pero sí influencian el comportamiento de los científicos.

También existe el tema del dinero. La climatología solía ser poco popular, y muchas veces sin considerable financiamiento. Era una ciencia relegada y empobrecida hasta que surgió el tema del calentamiento global. Ahora es una tremenda fuga para los ingresos de impuestos.

El próximo presupuesto federal es muy probable que proponga $4 mil millones para investigar los cambios de clima. Ese dinero sólo será entregado si es que el calentamiento global es presentado como una amenaza severa para nuestra salud y bienestar. Es decir, al mismo nivel que la amenaza del SIDA o el cáncer. Por lo tanto nos encontramos con voces sensatas sin fondos suficientes y con muchas voces bien financiadas que promueven miedos infundados.

Hasta ahora, este nivel de distorsión no ha disminuido el prestigio de sus simuladores. La ONU se presenta ahora como la autoridad mundial sobre los efectos del cambio climático y los ciclones tropicales mientras mantiene propagandistas en su nómina. Tal vez el Presidente Bush, quien debe aprobar a los miembros del panel estadounidense, no debería aprobar a ninguno, efectivamente removiendo a su gobierno de esta payasada seudo-científica.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.

La trampa de Kyoto

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

Delegados de 189 países descendieron en la capital argentina para la décima Convención sobre Cambio Climático (COP 10) que se llevó a cabo del 6 al 17 de diciembre del 2004. A diferencia de encuentros pasados, esta vez el evento estuvo marcado por el optimismo alrededor de la pronta implementación del Protocolo de Kyoto, luego de que Rusia lo ratificara. Sin embargo, tal entusiasmo no disipa las dudas sobre si Kyoto es la manera de enfrentar los posibles impactos que tendría el cambio climático sobre los países en desarrollo.

Primero, es necesario señalar que la amenaza del cambio climático ha sido exagerada. El calentamiento experimentado por el planeta durante el siglo XX fue de menos de un grado centígrado, y gran parte del mismo tomó lugar en las masas de aire frías de Siberia y el Noroeste de Norteamérica durante la época de invierno. Dada la tendencia lineal del calentamiento observado durante el siglo pasado y su preferencia por las altas latitudes del planeta, los científicos pueden determinar cuánto aumentará la temperatura global para los próximos 50 años: 0,75°C.

Un calentamiento tan modesto como el indicado en las latitudes más elevadas tiende a mejorar las condiciones para la agricultura, ya que se podrían prolongar los períodos de cosecha y aumentar las lluvias. Además, niveles más elevados de dióxido de carbono aumentarían los índices de crecimiento de las plantas, produciendo así mayores cosechas.

Sin embargo, la comunidad internacional continúa obsesionada con poner a marchar el Protocolo de Kyoto para reducir cualquier calentamiento pronosticado, por más mínimo y beneficioso que pueda ser. Aún así, no debemos cifrar muchas esperanzas en que eso suceda. Según el climatólogo Tom Wigley, de ser implementado en su totalidad, el protocolo reduciría la temperatura global para el año 2050 en apenas 0,07°C. Por otra parte, se estima que los costos de Kyoto están entre los 150.000 millones de dólares y 350.000 millones de dólares al año. Un simple análisis costo-beneficio indica que Kyoto no vale la pena.

Aún cuando la mayor parte de los costos recaigan sobre los países industrializados, las naciones en desarrollo también sufrirán debido a que, al reducirse el ingreso en los países ricos, también disminuye la demanda de productos agrícolas y textiles que exportan los países en desarrollo.

En lugar de Kyoto, los países en la COP 10 deberían adoptar una agenda que permita enfrentar los desafíos actuales y futuros que el clima presenta a la humanidad, en donde combatir a la pobreza sea la prioridad número uno.

La pobreza exacerba la vulnerabilidad de los humanos a las inclemencias del clima. Por ejemplo, cuando el huracán Mitch –en ese momento de apenas categoría 1 de intensidad– golpeó a Centroamérica en 1998, mató a unas diez mil personas. En agosto del 2004, un huracán categoría 4 (Charley) azotó una zona residencial de Florida y el número de muertos no sobrepasó a veinte. La riqueza de un país desarrollado es la mejor arma para reducir el daño que producen los fenómenos climáticos.

Combatir la pobreza es la mejor manera de encarar las inclemencias del tiempo, en lugar de intentar controlar el clima mediante protocolos internacionales caros e inefectivos. De ahí que toda estrategia de adaptación al cambio climático debe estar basada en promover las instituciones que fomentan la creación de riqueza: los derechos de propiedad, el libre comercio, el Estado de Derecho, la libertad de contrato y gobiernos limitados. América Latina ciertamente tiene una gran tarea por delante.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
© Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet

Kioto y las eléctricas españolas

por Lorenzo Bernaldo de Quirós

Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.

El Protocolo de Kioto se ha convertido en un shock de oferta negativo para muchos sectores productivos. La justificación científica para hacer de las emisiones de CO2 la causa de un supuesto efecto invernadero ha sido cuestionada por numerosos expertos, incluidos 25 premios Nóbel de Física y Química.

Por otra parte, los costes de la kiotada se reparten desigualmente entre las naciones, ya que recaen casi en su totalidad sobre los países desarrollados. Kioto constituye una subvención directa a las economías emergentes y en vías de desarrollo, a las cuales concede una ventaja competitiva sobre la base de hipótesis cuanto menos aventuradas; esta es la causa por la cual algunos Estados ricos se han negando a aceptarlo y no lo han ratificado. En cualquier caso, la UE se ha apuntado a las tesis más “verdes” y, por tanto, España se ve forzada a introducir una legislación cuyos negativos efectos sobre amplios sectores de la actividad económica pueden ser muy considerables, al menos, en el medio plazo.

Uno de los ámbitos más golpeados por la Directiva Europea que convierte en norma comunitaria y estatal el Protocolo de Kioto es el de la energía, en especial el eléctrico, cuyas compañías no podrán superar los 88 millones de toneladas de emisiones de CO2 fijados en el Plan de Asignación (PNA) elaborado por el Gobierno para el período 2005-2007. La consecución de ese objetivo exige a todas las empresas de esa industria disminuir de manera sustancial la producción de gases de efecto invernadero. Obviamente, este requisito afecta con mayor contundencia a las corporaciones con centrales obsoletas y contaminantes, como es el caso de aquellas con un mix de generación con mayor componente de carbón. La presión derivada de Kioto fuerza a renovar a marchas forzadas el parque de generación eléctrica español a favor de tecnologías limpias, sobre todo energías renovables y ciclo combinado. Quienes no hicieron los deberes y apostaron por los beneficios a corto plazo vía generación ineficiente tienen problemas.

Las decisiones adoptadas hasta el momento por el Gobierno, a través de los reales decretos que regulan el comercio de derechos de emisión y el PNA, dibujan un camino que dificulta la posibilidad de alcanzar las metas asumidas por España al ratificar Kioto. Quizá sea una metástasis de lo ocurrido en la ciudad imperial nipona la causa por la cual el gabinete ha optado por una distribución desigual de los costes de dicho Protocolo entre las distintas ramas de producción. Las compañías eléctricas han de disminuir un 7% sus emisiones de CO2 en tanto el resto de los sectores pueden incrementarlas en un 11%. Para más inri, la discriminación se introduce también dentro del propio sector eléctrico en forma de una hipotética igualdad de trato, expresión clara del viejo lema “café para todos”, que no distingue entre las corporaciones que anticiparon el cambio estructural, por ejemplo Iberdrola, y aquellas otras que, por visión alicorta o por simple incompetencia, no abordaron la reestructuración de su aparato productivo. Ahora se ven obligadas a hacer en tiempo récord lo que no han sido capaces de acometer en años. Se trata de castigar a quienes sacrificaron beneficios a corto para invertir en competitividad a largo y premiar a quienes no se ajustaron cuando debieron hacerlo.

Aunque resulte doloroso, la regla de una economía de mercado es clara: quienes lo hacen bien ganan dinero y sobreviven, los que lo hacen mal lo pierden y, si no reaccionan, desaparecen. Esta lógica es igual para el sector energético, para el financiero, para cualquier compañía en un sistema capitalista. Cuando se incumple este principio elemental, los incentivos para ser eficiente y competitivo desaparecen. En España, Endesa, caso emblemático, mantuvo una estrategia que le proporcionó pingües beneficios durante décadas. Ahora, no es lógico que quienes jugaron la carta del futuro, Iberdrola, financien a su competidor, sufraguen su antigua y lucrativa ineficiencia. El Gobierno no puede convertirse en salvador de los errores cometidos por los gestores privados sin lanzar una pésima señal a los agentes económicos.

Algunas corporaciones eléctricas siguen pensando que viven en los felices tiempos del oligopolio, en el cual, alrededor de una mesa, se decidía el reparto del mercado y la cuenta de resultados con la bendición del poder político. Ese mundo se terminó. Con sus indudables limitaciones, la liberalización del sector eléctrico español ha introducido un nuevo paradigma en su funcionamiento y ha hecho insostenible la dinámica colusoria del pasado. En este contexto, la cesión del Gobierno ante los intentos de algunas compañías de nacionalizar, con cargo a las demás, sus ineficiencias es incompatible con la creación de un mercado eléctrico abierto, sometido a las fuerzas de la competencia. Si se quiere ayudar a que los dinosaurios eléctricos se modernicen sin pagar precio alguno, extremo poco presentable, es mejor subvencionarles directamente que distorsionar el mercado penalizando a las corporaciones eficientes. Por cierto, ¿no sería sensato replantearse la infantil obsesión antinuclear si se quiere una energía limpia y una oferta energética autónoma y suficiente para satisfacer la demanda?

¿Qué pasa con la National Geographic?

por Patrick J. Michaels

Patrick Michaels es Académico Titular de Estudios Ambientales para Cato Institute.

La revista National Geographic de ahora no es la que su padre alguna vez leía. Una publicación que alguna vez supo ser una muy buena revista para la mesa de sala, con increíbles fotos de personas, lugares y cosas, hoy se parece más a toda esa gama de revistas “políticas”, interesadas en publicar el tema popular del momento.

La historia de portada del número de agosto fue la gordura. ¿Qué tiene eso que ver con la geografía, aparte que algunas personas son flacas, otras grandes y que todas no viven en el mismo lugar? La obesidad es un tema bastante resbaladizo, sobretodo teniendo en cuenta que lo que hoy es visto como gordo era visto como saludable medio siglo atrás.

El tema de septiembre fue el calentamiento global, un tema que requiere de chequeos cuantitativos de los hechos, algo que aparentemente la National Geographic hizo muy poco.

La virtud y la objetividad desapasionada son pretensiones de todo grupo de presión. En su artículo introductorio, el editor Bill Allen nos informa que lo que está dentro de la revista no es “ciencia ficción” y que “no vamos a mostrar grandes olas derrumbando la Estatua de la Libertad” (refiriéndose a la película ridícula del verano sobre el calentamiento global titulada “El Día Después de Mañana”). Él reconoce que lo que está dentro puede herir la sensibilidad de muchos de nosotros infortunados que vivimos fuera de Georgetown, pero dice que “puede vivir con algunas subscripciones canceladas” con tal de poder contar “la mayor historia del momento en geografía”.

Su ensayo introductorio seguramante fue terminado antes que saliera la copia final de la revista, ya que el cuarto parrafo del primer artículo, de Daniel Glick, dice que los efectos del calentamiento global son de hecho “como ver la Estatua de la Libertad derretirse”.

Desgraciadamente, este tipo de metida de pata retórica es bastante común. Comenzaré por el primer ejemplo de mala representación de los hechos. Cuando llegue al límite de palabras impuesto para este artículo, todavía me quedará un 75% de ellos fuera.

Comienza con una foto de un campo de arroz inundado en Bangladesh, seguido por este comentario: “a medida que las temperaturas globales y el nivel del mar aumentan, [el cultivo del arroz] se convierte en un medio de subsistencia cada vez más precario”. En 2001, Cecile Cabanes calculó la subida en el nivel del mar alrededor del mundo durante el último medio siglo. En Bangladesh, hubo una caída neta en los 90. En los últimos 50 años ha subido allí por tan solo siete décimos de pulgada, demasiado poco para ser notado, sea en Bangladesh como en cualquier otro lado.

Los habitantes de Carolina del Norte se adaptan y prosperan, conviviendo con subidas en el nivel del mar de hasta 12 pies en 10 minutos, o con recurrentes tormentas huracanadas. Si siete décimos de pulgada en 50 años es un problema, es un problema social, no uno climático.

Dos páginas más tarde leemos que la “actividad humana fue la causante de la mayor parte del calentamiento global del último siglo”. Pero esto tampoco es verdad. Hubo dos periodos de calentamiento global durante el siglo XX, uno temprano y otro tardío, y los dos fueron de la misma magnitud. Pocos dudan que el primero fue “natural", principalmente debido al calentamiento del sol. Ocurrió antes de que los humanos pudieran influir el clima con sus emisiones industriales.

Haciendo mención a la influencia humana, el siguiente párrafo dice que "el calentamiento puede no ser gradual". Ahora bien, miles de millones de dólares en investigación científica llegan a la siguiente tendencia central: una vez que el calentamiento humano comienza en la atmósfera, se mantiene a una tasa constante. Al menos eso es lo que el promedio de todos nuestros modelos climáticos para el futuro dicen.

Por lo tanto, si la tendencia al alza de las temperaturas globales de fines del siglo XX está causada por humanos, lo cual es razonable, esa tasa ya está establecida. Lo más notable es su constancia y el hecho que está en el nivel mínimo absoluto de las projecciones por computadora.

El primer artículo comienza con el derretimiento del Glaciar Sperry, en el Parque Nacional Glacier de Montana, diciendo " Un cartel al borde del camino señala que, desde 1901, el Glaciar Sperry se ha reducido en más de 500 acres, pasando de más de 800 acres a 300". De hecho, eso ha ocurrido. Pero según los datos del Centro de Datos Climáticos Nacional, al que se puede acceder a traves de la página www.wrcc.dri.edu, las temperaturas veraniegas medias sobre el oeste de Montana no muestran variación alguna a lo largo del siglo XX. Los glaciares simplemente se derriten en verano.

Columna siquiente: "Las afamadas nieves del Kilimanjaro se han derretido en más del 80% desde 1912". Nuevamente, esto es verdad. Durante el calentamiento natural de la primera parte del siglo XX, el Kilimanjaro perdió el 45% de su capa. De 1953 a 1976, perdió otro 21%. Eso ocurrió mientras el planeta se enfriaba. Desde 1976, durante la era del calentamiento "humano", otro 12%, lo que fue la tasa más baja en los últimos 100 años. La National Geographic olvidó decirnos esto. Como también olvidó decir que entre 4000 y 11000 años atrás África era mucho más cálida de lo que es ahora, y la capa del Kilimanjaro era mucha más grande que ahora.

Siete afirmaciones engañosas en tres páginas. Hay otras 28 más. Cuando la verdad se estira de esta manera, necesariamente es un trabajo que requiere el aporte de más de una persona. Es un proceso a través del cual los científicos le dicen a los editores lo que quieren escuchar, los editores no chequean los hechos y, ultimadamente, todos pagamos con la implementación de malas políticas. Desafortunadamente, es predecible.

Distintas comunidades científicas compiten entre ellas por un monto finito (pero grande) de dólares de los contribuyentes y ninguno ganó por decir que su tema no era el tema candente del momento. Lo mismo ocurre con otros grupos de presión de Washington, como la National Geographic, ahora en cruzada contra la obesidad y el calentamiento global.

Traducido por Luis Zemborain para Cato Institute.

Syndicate content