ambientalismo

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.

Los parques nacionales en Costa Rica han sufrido en los últimos años una crisis presupuestaria profunda, la cual ha afectado la inversión en infraestructura y servicios básicos para los turistas. Esto es una mala noticia para un país que por más de dos décadas se ha esforzado por establecer la reputación como uno de los principales destinos mundiales del ecoturismo. El gobierno, frente a una carencia similar de inversión en áreas consideradas más importantes—como la educación, la asistencia médica, y el transporte—ha descuidado los parques nacionales y está buscando préstamos de instituciones financieras internacionales para resolver el problema. En lugar de eso, debería aprovechar la ventaja del gran potencial económico que constituyen las áreas protegidas del país y permitir que el sector privado se responsabilice en su conservación.

Es difícil exagerar la importancia de los parques nacionales para la economía de Costa Rica. Más de un cuarto del territorio nacional esta protegido por el Estado, y se estima que un 60 por ciento de los turistas extranjeros visitan por lo menos una de las áreas protegidas. Un estudio del Instituto Nacional de la Biodiversidad en conjunto con la Universidad Nacional encontró que las actividades económicas relacionadas a las áreas protegidas contribuyeron con $814 millones a la economía local en el 2002, más del 5 por ciento del PIB del país ese año.

Desgraciadamente, la infraestructura básica en los parques nacionales se ha deteriorado recientemente debido a la falta de inversión. Más aún, las áreas protegidas que se encuentran en partes remotas del país no están bien vigiladas, contribuyendo a la caza y tala ilegal de árboles. Esta situación está afectando la imagen de Costa Rica como uno de los principales destinos para ecoturismo. Hace unos años, la revista National Geographic Traveler le dio 64 puntos (de 100) al país como destino turístico, enfatizando que la “tala extensiva de árboles no iguala la imagen de ser un líder en ecoturismo que al país le gusta proyectar”.

Es irónico que aunque los parques nacionales contribuyan tanto a la economía local hayan sido tan descuidados por las autoridades, las cuales le han dado—justificadamente—más prioridad a las escuelas, los hospitales, e infraestructura vial, que también han sufrido por muchos años de una carencia de fondos.

Los visitantes pagan para entrar a los parques, pero solo 20 por ciento de las áreas protegidas son visitadas por los turistas y el dinero recolectado de los parques “lucrativos” ha sido distribuido entre todas las áreas protegidas. Por esta razón, hasta algunas organizaciones ambientales ahora se oponen a la creación de nuevos parques nacionales, puesto que eso diluiría aun más el financiamiento para cada parque.

Afortunadamente, hay una solución práctica en el horizonte. Durante la última década, los empresarios locales han desempeñado un papel cada vez más importante en la protección de los recursos naturales, desde la contribución de dinero para pagar los salarios de los guardabosques hasta la conservación de selvas privadas. Hoy, 10 por ciento del territorio de Costa Rica está protegido por bosques privados. Estas áreas poseen la infraestructura ( caminos, teleféricos, baños, cabañas) que carecen los parques del gobierno y son rentables porque atraen una gran cantidad de turistas de una manera sostenible.

Dada la falta de recursos del gobierno y el interés evidente del sector privado en proteger apropiadamente los parques nacionales (porque de eso dependen sus ingresos), las autoridades deberían considerar dar en concesión los parques que atraen turistas a las asociaciones empresariales locales, las cuales se encargarían de administrarlos y construir la infraestructura necesaria.

Una posible preocupación es que las empresas privadas explotarían los recursos naturales de los parques al admitir un número masivo de turistas. Sin embargo, la experiencia demuestra que a largo plazo esto afectaría la imagen del parque y los prospectos del negocio. Por lo tanto, los contratos deben ser a largo plazo y podrían también ofrecer restricciones en el flujo de turistas permitidos por día.

En cuanto a los parques no frecuentados por turistas, el gobierno debería buscar un contrato con organizaciones ambientales internacionales con experiencia en gerencia de recursos naturales, tales como el Audubon Society, Nature Conservancy, Tropical Rainforest Coalition, y Conservation International. Estas organizaciones poseen presupuestos adecuados y estarían entusiasmadas de encargarse de la administración y la protección de unas de las áreas que ofrecen la mayor biodiversidad en el mundo. Más aún, esto podría ayudar a incrementar sus esfuerzos de movilización de fondos en los países ricos. También, al dar en concesión los parques nacionales no frecuentados, el gobierno evitaría un conflicto de intereses, debido a que algunas organizaciones ambientales podrían inclinarse por restringir del todo el turismo, lastimando así a las comunidades locales. De esta manera, estos parques estarían administrados con el único propósito de conservación, manteniendo así bajos los costos operacionales.

Así como Costa Rica fue un pionero en la abolición de su ejército hace más de 50 años, también podría ser un ejemplo mundial permitiendo al sector privado proteger sus recursos más valiosos. La protección ambiental y la iniciativa privada pueden ir mano en mano. Costa Rica debería mostrar el camino.

por Carlos Ball

Por ser testigo de la manera cómo la creciente intervención gubernamental, la planificación económica y la corrompida manipulación de la moneda destruyeron la prosperidad de la Venezuela de mi juventud, desde que comencé a escribir en la prensa he criticado a políticos y gobernantes endiosados por el poder. También me ha interesado desenmascarar las actuaciones de grupos pseudocapitalistas que utilizan sus contactos políticos y la compra de funcionarios para acumular riqueza a través de protecciones arancelarias que empobrecen a la gente y de subsidios estatales que salen del bolsillo de todos los ciudadanos. La Venezuela socialista del siglo XXI es el más triste ejemplo de todo ello y comenzó su avance en el camino a la servidumbre hace más de tres décadas, con la nacionalización petrolera y la politización tanto del Banco Central como del sistema judicial.

Hoy veo con temor la manera cómo la Corte Suprema de Estados Unidos decide que el dióxido de carbono (CO2) es culpable de todos los mitos de la propaganda verde y, por lo tanto, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) debe regular las emisiones de los gases invernaderos. Es decir, el Poder Judicial decidió a favor de quienes creen lo que dice Al Gore y de aquellos que politizan la ciencia o cuyos ingresos dependen de apoyar lo que hoy es políticamente correcto. Eso lo suelen hacer porque de otra forma no conseguirían apoyo financiero del gobierno para sus proyectos.

Acaba de ser publicada una versión infantil del libro de Al Gore, la cual contará seguramente con el emocionado apoyo del sindicato de maestros. Así, el lavado de cerebros comenzará a temprana edad, preparando desde ahora a quienes votarán por primera vez en las elecciones de Estados Unidos en 2016.

Estados Unidos es un país muy rico, cuya economía ha seguido creciendo a pesar la explosión de regulaciones y desmedido aumento de la burocracia, cuya principal razón de ser es impedir que la gente haga lo que más le conviene y más le gusta, bajo la equivocada creencia que el burócrata siempre sabe lo que es mejor para todos. Es trágico que tantos apoyen la errada filosofía del estado de bienestar promocionado por la izquierda (aquí mal denominada liberal) y que otros trágicamente apoyen políticas neoconservadoras para imponer por la fuerza sus supuestas virtudes al resto del mundo, todos ellos empeñados en disparar el gasto gubernamental para financiar su desprecio a disposiciones que claramente limitan el ejercicio del poder federal a 18 áreas enumeradas en la Constitución. Los países subdesarrollados a menudo escriben nuevas constituciones, redactadas a la medida del gobierno de turno, mientras que en Estados Unidos se prefiere interpretar la Constitución en apoyo de las prioridades de la mayoría gobernante.

La politización de la justicia es una de las peores tragedias del mundo actual. Y en la medida que se dificulta, encarece o imposibilita acudir a un juez para que se respete nuestra libertad como individuos, con opiniones y costumbres diferentes a las de una mayoría circunstancial y de los gobernantes del momento, las libertades civiles en este país sobrevivirán solamente para aquellos que son muy ricos o gozan de buenos contactos políticos.

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por Walter E. Williams

Walter Williams es profesor de economía en la Universidad George Mason y académico asociado del Cato Institute.

La mayoría de los climatólogos coinciden en que la temperatura de la Tierra ha aumentado en alrededor de un grado durante el último siglo. El debate se centra en qué parte de ese aumento se debe a la actividad humana.

Recientemente, el Canal 4 de la televisión británica produjo el documental “El gran engaño del calentamiento global”, destruyendo la mayoría de los alegatos del movimiento ambientalista. Los científicos entrevistados incluyeron a los más destacados climatólogos de MIT y otras prestigiosas universidades alrededor del mundo.

El documental muestra muchas realidades científicas que chocan de frente con la propaganda ambientalista: las emisiones de dióxido de carbono provocadas por la gente son alrededor del 5 por ciento del total y el resto proviene de causas naturales como volcanes y la muerte de animales y plantas. Cada año, los volcanes producen más dióxido de carbono que todas las actividades humanas. La mayoría de los gases invernaderos son causados por los océanos y la conclusión es que el clamoreo de los ambientalistas es pura verborrea.

A lo largo de miles de millones de años ha habido infinidad de períodos de calentamiento y de enfriamiento. De hecho, en el siglo X, cuando no existían ni automóviles ni aviones, el clima era considerablemente más caliente que ahora. El mayor calentamiento del siglo pasado ocurrió antes de 1940, mientras que a lo largo de varias décadas después de la Segunda Guerra, durante la masiva industrialización del mundo, ocurrió un enfriamiento de la Tierra.

Lo que presenta un peligro mucho mayor para la humanidad es el empeño de los ambientalistas en reprimir cualquier opinión diferente a la de ellos. Según el reportaje publicado el 11 de marzo por el periódico Sunday Telegraph de Londres, Timothy Ball, ex profesor de climatología de la Universidad de Winnipeg en Canadá, ha recibido cinco amenazas de muerte desde que cuestiona que los humanos afecten los cambios climatológicos. Richard Lindzen, profesor de ciencias de la atmósfera de MIT, mantiene que “los científicos que no están de acuerdo con el alarmismo pierden apoyo económico, se desprecia su trabajo y son acusados de ser secuaces de los industriales”. Nigel Calder, anterior director de New Scientist, dice que “los gobiernos tratan de lograr unanimidad, reprimiendo a científicos que discrepan. Einstein no hubiera logrado ningún apoyo financiero bajo el actual sistema”.

Tratar de reprimir opiniones diferentes no es algo nuevo. Por no creer que la Tierra es el centro del universo, Galileo fue llevado ante un tribunal en 1633. Amenazado con torturas, se retractó y se le prohibió salir de su casa durante el resto de su vida.

Los nuevos inquisidores son gente como la Dra. Heidi Cullen del Weather Channel, quien insiste que la Sociedad Americana de Meteorología desapruebe a cualquier meteorólogo de la televisión que ponga en duda el calentamiento global causado por la gente. Por su parte, el columnista Dave Roberts exige un juicio tipo Nuremberg para los “bastardos” que causan el calentamiento global.

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por Ricardo Medina Macías

Ricardo Medina es analista político mexicano.

Subsidios a los productores, aranceles y cuotas de importación, compras forzosas con recursos públicos de los excedentes a precios muy superiores a los del mercado, impuestos…Nombre una práctica proteccionista en contra del libre comercio y seguramente algún país la aplica en el caso del azúcar.

Más del 90 por ciento de la azúcar producida en el mundo suele venderse muy por encima del precio internacional. En el mejor de los casos, no más del 15 por ciento de la producción mundial llega a comerciarse libremente.

Los mecanismos de protección a los productores de azúcar van desde los más rudimentarios y abusivos hasta los más complicados e hipócritas. En algunos países, como Estados Unidos, los cabilderos de “Big Sugar” controlan las comisiones de agricultura de las cámaras legislativas, así como a la inmensa y costosa burocracia del Departamento de Agricultura, mientras que en otros países, como México, el mecanismo de cooptación de legisladores por parte de los productores de azúcar es más “transparente”: los productores tienen asegurados sus escaños en las cámaras, principalmente a través del PRI; constituyen el equivalente a varios distritos electorales, cuyos candidatos tienen asegurado el pase automático al Congreso.

En esta materia vergonzosa —el proteccionismo más descarnado a favor de los productores de azúcar y en detrimento de los consumidores— México tiene el dudoso honor de compartir los primeros lugares con los países desarrollados. Pero el campeón proteccionista es Japón, donde los precios internos han llegado a estar 400 por ciento por encima del precio internacional. A Japón le siguen la Unión Europea, Estados Unidos, México e Indonesia, en ese orden.

Sólo tres países productores y exportadores de azúcar tienen bajos o nulos niveles de proteccionismo comercial: Brasil, Australia y Cuba (una vez que se derrumbó la Unión Soviética y terminaron las ventas forzosas al bloque soviético), y producen alrededor del 17 por ciento del volumen mundial de edulcorantes nutritivos. Y entre los consumidores e importadores de azúcar, apenas unos pocos países juegan “limpio” — sin prácticas proteccionistas— como Hong Kong, Singapur y Malasia.

El abrumador proteccionismo comercial en el caso del azúcar —algo indefendible porque protege a minorías privilegiadas— provoca que los precios “libres”, esa pequeña porción que se comercia sin la distorsión que causa la intromisión oficial, tiendan a bajar, lo que significa que los productores más eficientes sean los más castigados en el comercio mundial.

¿Qué pasaría si, como se ha propuesto desde hace diez años al menos en la Organización Mundial de Comercio se pacta la liberación total de este mercado para todos los países miembros?

Habría millones de ganadores —especialmente en países pobres y en vías de desarrollo— y un puñado de adinerados perdedores, literalmente un puñado, en los países desarrollados de la Unión Europea, en Estados Unidos, en Japón y, en menor grado, en México.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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por Patrick J. Michaels

Este domingo, Al Gore ganó un Oscar por su documental sobre el calentamiento global llamado Una verdad inconveniente (An Inconvenient Truth), una obra fascinante de ciencia-ficción.

El mensaje principal de la película es que, al menos que se haga algo serio muy pronto sobre las emisiones de dióxido de carbono, la mayoría de las 630.000 millas cúbicas de hielo en Groenlandia se caerán al océano, subiendo los niveles del mar por más de veinte pies para el año 2100.

¿Donde está el apoyo científico para esta afirmación? Con certeza no está en el recientemente publicado Resumen Político del anticipado compendio acerca del cambio climático de las Naciones Unidas. De acuerdo al panorama de emisiones de gases invernaderos de medio alcance del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, una subida en el nivel del mar de entre 8 y 17 pulgadas está prevista para el año 2100. El documental de Gore exagera el incremento por aproximadamente un 2.000 por ciento.

17 pulgadas puede incluso ser muy alto porque presume que la concentración de metano, un gas invernadero importante, está creciendo rápidamente. La concentración atmosférica de metano no ha cambiado perceptiblemente por siete años y el Premio Nóbel Sherwood Rowland, pronunció recientemente que los panoramas de emisiones de metano del IPCC son “muy improbables”.

No obstante, el extremo superior de la nueva proyección de la ONU es un 30 por ciento menor de lo que era en el 2001, el año de su último reporte. “Las proyecciones incluyen una contribución a las tasas observadas desde 1993 debido al flujo creciente de hielo desde Groenlandia hacia Antártica”, según el IPCC, “pero estos flujos pudieran aumentar o disminuir en el futuro”.

De acuerdo a los datos publicados en Science en noviembre del 2005, Groenlandia estaba perdiendo cerca de 25 millas cúbicas de hielo al año. Dividiendo eso por 630.000 resulta en el porcentaje anual de hielo perdido, el cual, multiplicado por 100, demuestra que Groenlandia estaba desechando hielo a 0,4 por ciento por siglo.

“Estaba” es la palabra operativa. A principios de febrero, Science publicó otro ensayo demostrando que la aceleración reciente de la pérdida de hielo en los glaciares inmensos de Groenlandia se ha invertido repentinamente.

En ninguna parte de la literatura científica tradicionalmente criticada y analizada se encuentra algún apoyo para la hipótesis de Gore. En su lugar, hay un editorial que carece de revisión y crítica tradicional realizado por el activista del clima de la NASA, James E. Hansen, en el diario Climate Change —editado por Steven Schneider de la Universidad de Stanford, quien dijo en 1989 que los científicos tenían que escoger “el balance correcto entre ser eficaz y ser honesto” cuando se trata del calentamiento global— y un ensayo en los Procedimientos de la Academia Nacional de Científicos que sólo fue revisado por una persona escogida por el autor, una vez más, el Dr. Hansen.

Estas son las fuentes para la noción de que solamente tenemos diez años para “hacer” algo inmediatamente para prevenir un tsunami institucionalizado. Y dado a que Gore concibió su documental hace aproximadamente dos años, ¡el tiempo verdadero debe ser ocho años!

Sería agradable si mis colegas realmente discutieran con políticos varias “soluciones” para el cambio climático. El Protocolo de Kyoto, si fuese cumplido por cada firmante, reduciría el calentamiento global por 0,07 grados centígrados cada medio siglo. Este es un número demasiado pequeño para siquiera ser medido puesto que la temperatura de la tierra varía por más de eso de año a año.

El proyecto de ley Bingaman-Domenici en el senado hace menos que el Protocolo de Kyoto —es decir, menos que nada— por décadas, antes de asignar reducciones de emisiones por mandato más grandes, las cuales sólo tendrán un efecto pequeño después de alrededor del año 2075. (Imagínese, tan solo como un experimento de pensamiento, si el senado de 1925 se hubiese propuesto dictar la política energética para hoy).

Deshonestidad sobre el calentamiento global viene de los dos partidos políticos. El presidente Bush propone que se reponga, durante la próxima década, 20 por ciento del consumo de gasolina actual con etanol. Pero se sabe que aunque se convirtiera en etanol cada núcleo de maíz americano, se desplazaría sólo 12 por ciento del consumo anual de gasolina. El efecto sobre el calentamiento global, como Kyoto, sería demasiado pequeño para medirse, aunque EE.UU. se convertiría en la primera nación en la historia que quemó su oferta de alimentos para complacer una masa política.

Y aunque se encontrará una manera de convertir eficientemente la celulosa en etanol, sólo un tercio de las emisiones de gas de invernadero provienen de transportación. Incluso el desplazamiento optimista de un 20 por ciento de gasolina reduciría las emisiones totales sólo por 7 por ciento debajo de los niveles actuales —dando lugar a emisiones de alrededor de 20 por ciento por encima de lo que Kyoto permite.

Y existe otra legislación dictando reducciones de emisiones por un 50, 66 y 80 por ciento para el año 2050. ¿Cómo se llega a ese punto si ni siquiera podemos efectuar las demandas de Kyoto?

Cuando se habla de calentamiento global, aparentemente la verdad es inconveniente. Y la película de Gore no es la única ficción. La retórica del congreso y del jefe ejecutivo de EE.UU. también lo es.

Este artículo apareció en National Review (En línea) el 23 de febrero de 2007.

“Esta percepción positiva del impacto del crecimiento económico y del cambio tecnológico sobre el bi

por Carlos Alberto Montaner

Carlos Alberto Montaner es periodista cubano residenciado en Madrid.

Aparentemente, el tema es el calentamiento global, pero el asunto es mucho más profundo. Se trata de otra modalidad del combate casi cósmico que colectivistas e individualistas sostienen desde hace al menos dos siglos. Los colectivistas —en este caso, los que velan por los intereses de la colectividad— suponen que debido a las actividades industriales y a la combustión de residuos fósiles, la temperatura del planeta subirá varios grados y ello traerá consecuencias catastróficas: deshielo en los polos, inundaciones en las costas, desaparición de especies y aumento de la desertización de grandes zonas del planeta.

Los individualistas, por su parte, afirman que las predicciones climatológicas están más cerca de la brujería que de la ciencia. Hace pocas fechas, por ejemplo, Alvaro Vargas Llosa recordaba con sorna que hace tres décadas el terror prevaleciente era el inevitable inicio de una era de frío glacial que nos congelaría los huesos, mientras George F. Will se preguntaba si era mejor la Groenlandia helada e inhóspita de nuestro tiempo o la más caliente y hospitalaria que encontraron los vikingos hace un milenio, y en la que asentaron poblados y cultivaron viñedos. Por otra parte, los habitantes del Caribe y del sur de la Florida, que resignadamente se prepararon para recibir los veinte ciclones feroces que les auguraron los meteorólogos esta temporada, se vieron felizmente defraudados: no llegó ninguno.

Tras el debate escasamente científico, pues se basa en conjeturas inteligentes o en dudosas probabilidades estadísticas y no en relaciones comprobadas de causa y efecto, lo que existe es otra deriva de la batalla ideológica y moral entre la izquierda y la derecha, o, de una manera más amplia, entre quienes defienden a la sociedad en abstracto (la Humanidad, suelen escribir con mayúscula), y quienes centran su discurso en la protección de los seres humanos de carne y hueso.

Por eso no es nada sorprendente que en las filas del colectivismo ambientalista, las de los verdes, se den cita los socialistas de todo pelaje, los comunistas sobrevivientes del derribo del Muro de Berlín, aún con las huellas de los escombros ideológicos sobre las vestiduras encaladas, y, en general, todos los miembros de la alegre, vasta e ilusionada familia de los progres, mientras en el bando opuesto, en el de los individualistas, comparecen los liberales (en el sentido europeo y latinoamericano de la palabra), mucho más interesados en los derechos de las personas de aquí y de ahora que en el impredecible destino de las generaciones futuras.

Naturalmente, a los colectivistas no les disgusta que el debate sea reducido a estos términos morales. Se sienten gloriosos y felices luchando, supuestamente, por la supervivencia de la especie, mientras sus adversarios son expuestos como una pandilla desalmada de gentes egoístas que sólo procuran alcanzar su propio beneficio sin importarles el daño causado a los demás mortales, cuya cabeza más notable y repugnante es George W. Bush, el abominable presidente que no quiere firmar el Tratado de Kyoto. Los colectivistas, además, sienten que son mayoría, persuadidos de que la nobleza de la causa que defienden es muy atractiva: ¿a quién no le gusta colocarse en el bando de los heroicos y sacrificados buenos?

Sólo que este enfoque les plantea un problema moral tremendo a los colectivistas-ambientalistas: si ellos no sólo representan a la mayoría, sino, además, están guiados por una fuerte pulsión ética, ¿por qué no comienzan a dar el ejemplo comportándose como seres verdaderamente preocupados por el futuro del planeta? ¿Por qué no renuncian a sus automóviles y se desplazan sólo en transporte público para ahorrar gasolina? ¿Por qué no reducen drásticamente el consumo de agua, lavan sus ropas con menos frecuencia, rechazan los alimentos transgénicos, cesan de comprar vestidos o aparatos innecesarios, denuncian los paraísos turísticos que destrozan las playas y litorales, sustituyen la electricidad convencional de sus casas por energía eólica, protegen los bosques no comprando libros ni diarios que se pueden leer en internet, con lo que se salvarían millones de árboles? ¿Por qué no deciden, asimismo, deshacerse de sus animales domésticos, cuyas deyecciones, casi siempre dejadas a la intemperie, liberan una cantidad tremenda de gas metano que contribuye al calentamiento atmosférico? O sea: ¿por qué no viven como colectivistas-ambientalistas en lugar de limitarse a pronunciar el discurso retórico?

Lo que quiero decir es que uno espera coherencia moral de quienes esgrimen argumentos morales. Si esa mayoría de progres colectivistas viviera voluntariamente como desea que toda la sociedad viva obligatoriamente, se podría comprobar en muy poco tiempo si sus teorías son ciertas, mientras adquirirían una incontestable legitimidad para establecer sus demandas. A mí, por ejemplo, me encantan los amish que recorren en carreta los caminos de Pennsylvania y reproducen el mundo dulcemente rural del siglo XVIII. Por las razones que sean (casi todas religiosas) los amish odian el progreso y el consumo. Cuando la vasta familia de los verdes viva como los amish comenzaré a respetarlos. A lo mejor, hasta voto por ellos.

Artículo de Firmas Press
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