31 de diciembre de 1969

comunismo

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Alimentando a los hambrientos de un estado fracasado

por Doug Bandow

Doug Bandow es Académico Titular del Cato Institute.

Aparentemente, los habitantes de Corea del Norte nuevamente se están muriendo de hambre. EE.UU. ofrece asistencia con 50,000 toneladas de alimentos, pero el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) espera conseguir mucho más. En el caso de Corea del Norte, sin embargo, probablemente menos sea mejor.

La así denominada República Democrática Popular de Corea (RDPC) puede encontrarse en cualquier lista que enumere las peores tiranías del mundo. El régimen Stalinista constituyó un horror con respecto a los derechos humanos, no supo administrar la economía, desvió recursos valiosos hacia un programa de armas militares y nucleares sobredimensionado, y permitió que cientos de miles o hasta tal vez millones de personas murieran de hambre durante la última década.

Es díficil mantenerse al margen cuando la gente se muere de hambre. Anthony Banbury, Director de Asia de PMA, teme que inlcuso después de la donación de EE.UU., “si no se reciben nuevas donaciones, el 80% de los 6.5 millones de personas que estamos tratrando de asistir no recibirán ayuda y se encontrarán en una situación desesperante”.

Lamentablemente, ceder ante la tentación de ayudar solo fortalecería el régimen de Kim Jong-il y como consecuencia, prolongaría el sufrimiento del pueblo de Corea del Norte.

Corea del Norte es un verdadero estado totalitario, tal vez el más parecido al de 1984 de George Orwell. Amnistía Internacional enumera una letanía de violaciones de los derechos humanos más básicos: tortura, ejecuciones, hambre, prisiones degradantes, prensa controlada.

Pyongyang también sigue la línea de la Unión Soviética de Stalin y de la China de Mao al imponer una dictadura política a través de la policía secreta y los campos penales. Norbert Vollersten, un médico que pasó 18 meses en Corea del Norte, escribió sobre “las ejecuciones en masa, la tortura, las violaciones, los asesinatos, y otros crímenes en contra de la humanidad” que se llevan a cabo en las prisiones de Corea del Norte. Más escalofriantes son los informes, no verificados pero creíbles, del uso de prisioneros para pruebas con armas químicas y biológicas.

¿Cómo puede ser que un país tan pequeño encarcele a tanta gente? Es fácil si casi todo es un delito. Un reciente informe del Comité por los Derechos Humanos en Corea del Norte de EE.UU. explica que “cómo en los tiempos de Stalin, los habitantes de Corea del Norte son arrestados por delitos absurdos, como leer un periódico extranjero, cantar una canción popular de Corea del Sur, o ‘insultar a las autoridades’ de la dirigencia de Corea del Norte”.

El sistema siempre ha sido asesino. Pero la condición de los prisioneros ha empeorado infinitamente con el colapso económico.

Además, el hambre ha generado nuevas instalaciones para detener y escarmentar a aquellos que intenten huir del país.

De cualquier manera, es díficil, incluso para el régimen más repulsivo, seguir adelante cuando tanta gente quiere irse. China debería avergonzarse de detener refugiados desesperados y entregarlos a Corea del Norte.

El gobierno chino también permite que Corea del Norte opere fuerzas de seguridad dentro de China. Se cree que estas fuerzas secuestraron a Kim Dong-shik, un ministro de Corea del Sur que intentaba ayudar a refugiados de Corea del Norte en el año 2000.

Corea del Sur también tiende a desalentar a las personas que desean escaparse de la RDPC, pero por otras razones. Una combinación de temor a la acción militar por parte de Corea del Norte y un sentido de camaradería étnica hicieron que Seúl implementara políticas que tiendan a un aplacamiento de Pyongyang.

Una extrema sensibilidad a las visiones de la RDPC es evidente hoy en los esfuerzos de Seúl para desalentar a los refugiados de Corea del Norte. El año pasado, 1,900 refugiados de Corea del Norte lograron llegar a la República de Corea. Pero Seúl aparentemente cree que es demasiado. En 2005, hasta el mes de abril solo habían llegado 130 refugiados.

Corea del Sur ha reducido considerablemente la ayuda a los refugiados que llegaron recientemente. También ha intentado controlar a los activistas que organizan protestas e impedir que potenciales refugiados logren entrar por la fuerza a misiones diplomáticas de la República de Corea.

Además, anunció Chung Dong-young, el Ministro de Unificación de Corea del Sur, que “el gobierno se opone claramente a protestas organizadas. Para la gente del Norte, vivir en el Norte con sus familias es necesario tanto para los individuos como para la co-existencia y la co-prosperidad”. El Vice-Ministro de Unificación, Rhee Bong-jo agregó que el gobierno está reforzando los procedimientos de investigación para “lograr un efecto disuasivo”.

Aunque no existe razón por la cual el Sur se desvie de su camino y sea hostil a Pyongyang, no debe desentenderse de cuestiones de derechos humanos. Sin embargo, la República de Corea se abstuvo durante tres años seguidos cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, un foco partidario cuestionable de derechos humanos, aprobó una resolución en el 2003 expresando “su profunda preocupación por los informes de graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos” en el Norte.

Pero Corea del Sur hace más que ignorar a los refugiados. Durante los últimos cuatro años Norbert Vollertsen hizo campaña en contra de Pyongyang y ayudó a refugiados de Corea del Norte. Su obra ha avergonzado tanto a Corea del Sur como a Corea del Norte. Por lo tanto, Seúl lo mandó a casa en junio, argumentando que sus “actividades políticas” violaban su visa de turista. EE.UU. ha presionado a China para que cambie su política.

Sin embargo, algunos funcionarios que critican la situación, como el Senador Sam Brownback, (Republicano-Kansas), autor de la Ley de Derechos Humanos de Corea del Norte (NKHRA, por sus siglas en inglés), no creen que el Departamento de Estado haya hecho suficiente. Pero la influencia de EE.UU. sigue siendo limitada, a pesar de su condición de potencia. Tratar con Pekin es particularmente difícil, ya que Washington también busca que China lo ayude a disuadir a Corea del Norte de desarrollar armas nucleares, reducir las exportaciones textiles, y más.

Sin embargo, Washington, podría hacer más que recibir a refugiados que escapan del infierno de Corea del Norte. Hasta el momento, EE.UU. ha sido inusualmente reticente a aceptar refugiados de Corea del Norte. Se ha otorgado el estatus de asilado solamente a 9 refugiados desde el año 2002.

EE.UU. no debe preocuparse por verse inundado de refugiados: la mayoría de los habitantes de Corea del Norte naturalmente prefieren vivir en Corea del Sur. Además, llegar a América del Norte es una gran hazaña. De hecho, solamente 100 habitantes de Corea del Norte lograron llegar a EE.UU. luego de que se aprobara la NKHRA el año pasado.

Pero ninguno ha logrado el estatus de asilado político. Un individuo, Ju Young-hak, pasó tres noches fuera del Departamento de Estado. Las regulaciones de EE.UU. no favorecen a refugiados que fueron primero a un tercer país, como Corea del Sur. Por eso, informa el Departamento de Estado, se están considerando nuevos procedimientos que “permitirían que EE.UU. aceptara refugiados de Corea del Norte que tienen razones convincentes para establecerse en EE.UU. en vez de en Corea del Sur u otro país”.

¿Pero por qué no aceptar a cualquier habitante de Corea del Norte que quiera venir a EE.UU. por la simple razón de que es un país libre y próspero? Parecería ser razón suficiente. Nick Eberstadt del American Enterprise Institute, escribió: “A pesar de las dificultades, Corea del Sur se convirtió en el país más libre de la península. Ahora su tarea es extender esa libertad hacia el Norte, aunque signifique un refugiado a la vez”. Si la República de Corea no lo hace, entonces debería hacerlo EE.UU.

No es fácil desarrollar políticas públicas adecuadas para Corea del Norte. La principal meta de EE.UU. sigue siendo disuadir al Norte de su trayecto nuclear. Por esa razón, vale la pena proveer algo de ayuda como parte de un desmantelamiento verificable del programa de armas nucleares de Corea del Norte. En ese caso, la ayuda no debería ser prestada con la condición de una mejora en los derechos humanos, pese a cuánto lo deseáramos.

Sin embargo, EE.UU. debe dedicarse a ayudar a los habitantes de Corea del Norte en vez de al gobierno. Al principio de este año, el Ministro de Reunificación de la República de Corea, Chung, básicamente se disculpó ante el Norte por el hecho de que sus habitantes se atrevían a buscar la libertad en el Sur: “Corea del Norte considera el asunto de los refugiados como una amenaza a su régimen”, pero “destruir al Norte no es nuestra política”.

Esto es un quiebre moral y práctico. EE.UU. y sus aliados deberían destruir el sistema totalitario de Corea del Norte. No por medio de la violencia, ya que el costo de cualquier guerra sería muy alto. Pero claramente no deberían apoyar el régimen de Kim Jong-il.

Traducido por Marina Kienast para Cato Institute.

Deberían estar todos en la cárcel

por Tibor R. Machan

Tibor R. Machan es un académico investigador de la Hoover Institution, profesor de la Escuela Agyros de Negocios de la Universidad Chapman, y académico asociado del Cato Institute.

Cuando se trata con cariño a los delincuentes, ellos logran seguir haciendo daño. Eso es lo que ha pasado en varios países de la vieja Unión Soviética, donde en lugar de meter presos a los líderes comunistas y a sus amigos que destruyeron todo a lo largo de 40 años, se les trata como socios en la recuperación de esas sociedades, tras la pesadilla comunista.

Muchos intelectuales y políticos occidentales mantienen sus absurdas esperanzas respecto a la llamada “tercera vía”, una mezcla de capitalismo y socialismo, como si mezclar la esclavitud con la libertad pudiera resultar en alguna componenda aceptable. El muy lento avance experimentado en la Alemania oriental, Bulgaria, Rumania, Polonia y Hungría está produciendo estragos.

El economista húngaro Janos Kornia, quien ha sido profesor de Harvard, dijo muy claramente poco después de la caída del muro de Berlín: ni siquiera traten de establecer un estado de bienestar en lo que fue el bloque soviético porque para lograrlo tendría que haber gente rica a quien robar y ninguno de estos países tiene suficiente gente rica entre sus ciudadanos. Lamentablemente ignoraron la advertencia de Kornia.

Así, muchos de estos países están quebrados y tienen un minúsculo crecimiento económico, pero siguen engañando a su gente con promesas de seguridad de empleo y garantías de bienestar social, repitiendo así las fracasadas fórmulas socialistas.

Muchos de los líderes políticos e intelectuales siguen siendo los viejos comunistas que sienten gran nostalgia por el pasado, cuando la población entera bajaba la cabeza ante sus decisiones, mientras ellos les chupaban la sangre.

Parte del problema es que una población con muy poca educación económica no sabe qué es lo que realmente conviene. Muchos quieren cuadrar el círculo, quitándole a Pedro para darle a Juan.

La situación no es la misma en todas partes; algunas naciones del este de Europa están avanzando, pero el promedio es desalentador. Los informes que escuché en un reciente seminario en Francia del Instituto de Estudios Económicos sobre varios países tanto del este como del oeste de Europa fueron verdaderamente deprimentes. La conclusión fue apuntar al inmenso error de los años 90, cuando se les permitió seguir figurando a todos esos bandidos comunistas que gobernaron durante cuatro miserables décadas.

En realidad, no podemos esperar resultados diferentes cuando se permite a los delincuentes competir en igualdad de condiciones con aquellos que fueron sus víctimas durante tanto tiempo.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
© Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet

La nueva Venezuela comunista

por Carlos Ball

Carlos Ball es Periodista venezolano, director de la agencia de prensa AIPE (www.aipenet.com) y académico asociado del Cato Institute.

Si quedaba alguna duda sobre el destino planificado por el presidente Hugo Chávez para la República Bolivariana de Venezuela, ésta se disipó con el decreto 3408 para “rescatar” las tierras improductivas y asignarlas a “grupos de población” y a “comunidades organizadas” del sector campesino. Aquello de propiedad privada e individual es historia, por lo que Chávez está procediendo a profundizar la fracasada reforma agraria de los gobiernos socialistas venezolanos de las décadas 60, 70 y 80, llamándola ahora “revolución agraria”.

La Ley de Tierras autoriza al gobierno a expropiar las tierras que los burócratas consideren indebidamente utilizadas, como también en aquellos casos en que logren conseguir algún error en su titularidad. Y ya los venezolanos conocen la forma de operar de la burocracia chavista: en la obtención de una partida de nacimiento, cédula de identidad, pasaporte, copia certificada de cualquier documento legal y hasta en la inscripción de los ancianos para recibir sus pensiones, cada “error” es una fuente potencial de ingresos para el funcionario, a la vez que un retraso de varios meses para el ciudadano.

No es casualidad que el hato ganadero El Charcote haya sido seleccionado como primera víctima en la declarada “guerra contra el latifundio”, dada su extensión de 13 mil hectáreas y por pertenecer a Lord Vestey, un conocido empresario inglés, gran amigo del príncipe Carlos, con una fortuna de 750 millones de libras esterlinas y quien hasta los años 90 era dueño de tierras en Australia del tamaño del Reino Unido. Sam Vestey, propietario de la cadena de carnicerías Dewhurst, declaró a la prensa que la estancia en Venezuela fue comprada por su bisabuelo en 1903.

Según el concepto chavista de la propiedad, cualquier extensión de más de 5.000 hectáreas (unas 20 millas cuadradas) se considera “latifundio” y El Charcote fue invadido el 8 de enero por la Guardia Nacional portando armas de guerra, mientras el gobernador del estado Cojedes dirigía la invasión desde un helicóptero. Pero impulsados por el chavismo, desde hace cuatro años dos terceras partes de ese rancho ganadero están invadidas por campesinos y son ellos quienes ocupan la primera fila en el reparto de la piñata.

Esto es apenas el comienzo, ya que el presidente del Instituto Nacional de Tierras declaró recientemente que hay 10 millones de hectáreas “ociosas” en el país.

Chávez inició su mandato en 1999 con 13 ministerios y ha añadido 8 nuevos, por lo que ahora su gabinete presidencial cuenta con 21 ministros, los últimos 3 creados a principios de enero. Es decir, la inflación ministerial avanza aún más aceleradamente que la inflación del bolívar. Ninguno de los altos funcionarios del actual gobierno venezolano se distinguió anteriormente en nada fuera de incendiar oleoductos, secuestrar ejecutivos de empresas extranjeras o adoctrinar estatismo y marxismo en las escuelas, universidades y los medios de comunicación. La tragedia venezolana es que ninguno de ellos tiene la menor idea de cómo se logra el desarrollo económico y se crea riqueza. Su ignorancia, avaricia, odios y complejos están hundiendo al país.

Chávez sabe que quienes no quieren vivir sumidos en una pobreza africana escogerán uno de los dos únicos caminos que han tenido los esclavos de Fidel Castro a lo largo de cuatro décadas: destacarse como incondicionales del régimen o emigrar a un país libre. Según las encuestas, el mayor respaldo de Chávez está entre los grupos más pobres de la población y el presidente parece creer que mientras más pobreza logre producir, más apoyo tendrá.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
© Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet

La masacre de Tiananmen: 15 años después y la reforma no llega

por James A. Dorn

James A. Dorn es Vice-presidente para Asuntos Académicos de Cato Institute y especialista en China y coautor de China's Future: Constructive Partner or Emerging Threat? (El Futuro de China: ¿Socios Constructivos o Amenaza Emergente?).

Ya han pasado 15 años desde las trágicas muertes de manifestantes pro-democracia en la plaza de Tiananmen en Junio de 1989 y 25 años desde que Deng Xiaoping se embarcó en las reformas económicas. Actualmente China es una de las economías más abiertas del mundo, con exportaciones más importaciones llegan a ser cerca de un 62 por ciento del PIB. Sin embargo, poco se ha hecho para limitar el poder que tiene el Partido Comunista Chino (CPP, según sus siglas en inglés) sobre los derechos humanos fundamentales.

Las libertades de expresión y asamblea son garantizadas en la Constitución china pero carecen de soporte en la ley. El CPP sigue usando su posición monopólica para enriquecer a los suyos a expensas del público. Los peces pequeños pueden ser agarrados pero es raro que los altos oficiales del partido sean destituidos o penalizados por comportamientos corruptos. Los líderes locales imponen impuestos arbitrarios a los agricultores; confiscan tierras sin compensación justa y los desarrolladores de bienes raíces en áreas urbanas usan sus conexiones dentro del Partido para despojar de sus propiedades a los viejos dueños que tienen pocos recursos para emprender acciones legales.

De esta manera, mientras que China ha puesto en regla sus relaciones comerciales, su progreso para poner en regla las libertades personales es deprimente. Ese fracaso impedirá que China desarrolle todo su potencial porque, a menos que las personas sean libres para perseguir sus sueños y ejercer sus derechos naturales a la libertad y propiedad, no pueden desarrollarse plenamente.

Las enmiendas recientes a la Constitución de la PRC (República Popular China, según sus siglas en inglés), que fue aprobada por el Congreso Nacional Popular (NPC, según sus siglas en inglés) en marzo de este año, suena bien pero carece de un mecanismo creíble de enforzar la ley. No existe un sistema judicial independiente ni una comisión constitucional que protege tanto a las personas como a la propiedad.

El Artículo 13 establece que “La propiedad privada legítima no puede ser violada”, y el Artículo 33 que “El Estado respeta y salvaguarda los derechos humanos”. Esas dos enmiendas indican la importancia creciente del sector privado para el futuro desarrollo de China. Como afirmó Wang Zhaoguo, vicepresidente del comité permanente del NPC: “Con desarrollo económico y una mejora en los niveles de vida, muchas personas tienen diversos niveles de propiedad privada o de factores de producción. Por lo tanto encuentran una necesidad fuerte y urgente para que sus propiedades sean protegidas”.

Infortunadamente, no es probable que el CCP socave su poder respetando los derechos de propiedad. La pura esencia del Partido Comunista es la de negarle a otros los derechos que exige para sí mismo y sólo la propiedad estatal se considera “sagrada”. La realidad es que la inequidad de poder, no de derechos, es la marca del CCP. En la “República Popular” algunas personas son más iguales que otras. Aquellos que se sientan en el Comité Permanente del Politburó son más iguales que los oficiales locales y los miembros del CCP son más iguales que los ciudadanos corrientes.

La relación entre el individuo y el estado es todo lo contrario. Como anota el reformador constitucional Cao Siyuan, los ciudadanos deberían ser los amos y el estado el siervo, pero es justamente lo opuesto. Aquellos que traten de volver el sistema político chino hacia la forma correcta serán tratados con dureza, como fueron tratados los valientes líderes del movimiento democrático y el ex Secretario General del Partido Comunista, Zhao Ziyang, quien continúa bajo arresto domiciliario simplemente por sugerir el diálogo en lugar de la fuerza para resolver el impase en la Plaza de Tiananmen.

Antes de 1989, China estaba comenzando a liberalizar su sistema tanto económico como político. Hoy, no puede regresarse a la planeación central, pero el legado de esa era es un aparato político que es inconsistente con los derechos a la propiedad privada y de libertad individual. Según Li Shuguang, un profesor de la Universidad de Política y Leyes de China, el código civil en ese país refleja la pérdida de libertad que trajo la economía planificada.

Sin duda la liberalización económica ha abierto grietas en el edificio estatal. Los individuos tienen más espacio personal que el que tenían antes del crecimiento del sector no estatal y existe una naciente sociedad civil que se está desarrollando por fuera de la sociedad política. La política ya no domina la vida cotidiana como lo hacía durante la Revolución Cultural.

Ahora las empresas estatales contribuyen tan sólo con un 20 por ciento de la producción industrial y emplean mucho menos trabajadores que incluso hace una década. Los individuos pueden poseer casas, viajar al exterior, usar la Internet, trabajar en el sector privado y hablar más libremente. Pero todas esas libertades están restringidas: el estado sigue controlando los medios de comunicación, limitando las opciones de inversión y prohibiendo la privatización masiva de sus activos.

La adherencia de Beijing al socialismo de mercado es entendible dados los ingresos que pueden saquear los oficiales del partido, esto debido a que continúan controlando los gastos de inversión y distribuyendo fondos por medio de la política en lugar de tasas de interés de mercado. Permitir la libertad del capital y la privatización masiva despolitizaría la vida económica y acabaría con el monopolio de poder del partido.

Puede ser que China no tenga más opción que abrir su mercado de capitales y permitir la libertad de prensa si quiere convertirse en un jugador estelar en los mercados financieros globales. Las fuerzas de la globalización y la revolución de la información pueden ser el camino de China hacia la libertad. La continua contracción del sector estatal eventualmente hará obsoleto al CCP. La reforma política entonces se hará desde abajo, como la reforma económica. El estado podría entonces desempeñar su rol legítimo de protección a los derechos humanos fundamentales y reconocer la propiedad privada como base de la libertad. Esa es la visión que todo liberal chino desea y que cada ciudadano chino merece.

Esos comunistas chinos entrometidos

por Doug Bandow

Doug Bandow es Académico Titular del Cato Institute.

China tiene un exacerbado sentido de nacionalidad. Sus líderes vilipendian cualquier comentario sobre sus prácticas políticas como una injustificada “interferencia” exterior, aunque Pekín esté siempre deseosa de sermonear a Estados Unidos por sus políticas. La semana pasada, por ejemplo, oficiales estadounidenses se reunieron con Martín Lee, fundador del partido con la mayoría de representantes elegidos en la legislatura de Hong Kong.

La República Popular de China se ofendió mucho públicamente por esto. El designado jefe ejecutivo para Hong Kong, Tung Chee-hwa se quejó “No aceptaremos interferencia de extranjeros. Nuestra gente tampoco debería invitar a extranjeros a interferir.”

La controversia de Lee fue parte de una conmoción en curso sobre el manejo nacional de la “Región Administrativa Especial” de Hong Kong. Cientos de miles de los 6,8 millones de residentes se congregaron exitosamente el año pasado para protestar la legislación “anti-subversiva,” que fue propuesta por el gobierno chino. Muchos de los que fueron a las calles están ahora pidiendo por elecciones libres y sufragio universal.

Esa no debería ser una demanda controversial. En la Declaración Conjunta Chino-británica de 1984, China prometió garantizar la autonomía de Hong Kong y varias libertades, incluyendo una “legislatura constituida en elecciones” después que la ciudad fuera devuelta a China. En la ley básica de 1990, firmada por Gran Bretaña y China, Pekín se comprometía a proveer una legislatura electiva y ejecutiva para el 2008.

Sin embargo, Pekín ha respondido a la discusión sobre la democracia, denunciando a los activistas como “payasos,” “perros,” “soñadores,” y “traidores,” que son “antipatrióticos” y “entrometidos” por buscar “interferencia externa” en los asuntos de Hong Kong.

No es sorpresa que los no elegidos líderes comunistas en Pekín teman el ejercicio de la democracia en tierras pobladas por chinos étnicos. Considere la reacción del Gobierno Comunista Chino (GCC) a las carreras presidenciales pasadas y actuales en Taiwán, así como al uso de un referéndum popular por parte del presidente Chen Shui-bian en las relaciones con China.

Igualmente amenazante es el hecho que los residentes de Hong Kong puedan votar y hayan favorecido a las voces independientes y no a los seguidores de Pekín. Bai Gang, director del Centro de Investigación de Políticas Públicas en la Academia China de Ciencias Sociales, se queja que “Los políticos pro-democracia tienen serias deficiencias en su identificación con el país. Sin embargo, tienen la ventaja sobre el campo patriótico en Hong Kong.”

Traducción: En visión del GCC la gente equivocada está ganando las elecciones. Como resultado, Martín Lee tiene más legitimidad popular que el Presidente chino, Hu Jintao. El Wall Street Journal observa: “El señor Lee es entonces un líder del único partido mayoritario elegido en China. En los países libres eso lo convertiría en primer ministro, no en un paria.”

Los oficiales chinos ahora están haciendo bulla sobre permitirle únicamente a los “patriotas” participar en el gobierno de Hong Kong. Y “patriotas” no incluyen a nadie que favorezca la independencia de Taiwán, se oponga al gobierno comunista chino, haya peleado la legislación anti-subversión, o simplemente que no apoye al Partido Comunista.

Pekín ha incluso amenazado con disolver la legislatura de Hong Kong si los candidatos pro-Pekín pierden control en las elecciones programadas para septiembre. “Ninguno de los demócratas es confiable,” explicó Wen Wei Po, el portavoz chino designado para Hong Kong.

No hay nada que Washington pueda hacer para prevenir que la dirigencia del GCC se engrane en ese impropio abuso verbal cuando los residentes de Hong Kong le pidan a China guardar su palabra. Tampoco puede Estados Unidos obligar a China a guardar su palabra sobre la democracia en Hong Kong, pero al menos, oficiales norteamericanos pueden hablar a los demócratas en Hong Kong.

El Senador Sam Brownback invitó al señor Lee a Washington a testificar hace unas semanas sobre la situación en Hong Kong. Durante su estadía, Lee se encontró con varios legisladores, así como con el Secretario de Estado, Colin Powell y la asesora en materia de seguridad nacional, Condoleezza Rice. No hubo nada de sedicioso en esto. De hecho, el señor Lee afirmó su fe en que los líderes más altos de China “lo harán bien.” También señaló que hubiera preferido hacer su caso en Pekín, pero que el GCC se rehusó a dejarlo ir.

Sin embargo, los comunistas chinos reaccionaron airadamente. El Ministro Exterior del GCC, Li Zhaoxing, reiteró que China ve a Hong Kong como de su propiedad. “El pueblo chino tiene la resolución, la habilidad y la sabiduría para mantener la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong. No le damos la bienvenida, ni necesitamos, cualquier intervención externa en los asuntos de Hong Kong,” dijo. El ministro Exterior emitió una declaración denunciando todos los “comentarios irresponsables por parte de fuerzas externas.”

La manifestación trajo a la mente intentos anteriores de intimidar a Washington al no permitir a los presidentes taiwaneses Lee Teng-hui y Chen Shui-bian visitar Estados Unidos, incluso hacer conexiones para viajar a otras naciones. La administración Clinton se mostró más que dispuesta para ejecutar los deseos chinos. Hace una década, el presidente Lee se detuvo en una base militar en Hawai en su camino a América Latina. No se le permitió abandonar las instalaciones. Un año más tarde, Lee buscó una visa para atender una reunión de exalumnos en la Universidad Cornell, su alma mater. Sólo bajo presión del Congreso, la administración accedió.

Cuatro años atrás, el presidente Chen quiso volar a Los Angeles en su camino hacia América Latina, donde un número de pequeños países oficialmente reconocen a Taiwán como una nación independiente. La administración Clinton permitió la visita de mala gana, con la condición que pasara las 16 horas en su hotel. Fue presionado para que cancelara una reunión que tenía con cuatro congresistas.

Pekín no estaba satisfecha. El GCC advirtió que la visita de Chen podría dañar “severamente” las relaciones Chino-estadounidense. China ha presionado similarmente a otras naciones. Pekín buscó convencer a Gran Bretaña para prevenir que el presidente Lee visitara la isla y a Japón para impedir que el ex-presidente Lee recibiera tratamiento médico.

Cierto, las relaciones con el GCC son importantes. No hay una sola estrategia superior para diluir una confrontación potencial en el estrecho de Taiwán; y venderle armas a Taiwán, así como ofrecerle vagas promesas de defensa son acciones que demandan un serio debate. Pero no debería comprometerse el hecho que Estados Unidos haga extensiva su hospitalidad a aquellos que comparten sus ideales alrededor del globo. Deberían ser alentados, no sólo permitírsele, a venir para visitas de ex-alumnos, escalas de viajes y discusiones políticas. Este es un asunto interno de Estados Unidos en el que China no tiene el derecho de intervenir.

Es obvio que Pekín tiene todavía que entender el mensaje de que no puede dictar la política estadounidense hacia los visitantes. La administración Bush debería llamar al embajador chino para arreglar el asunto de una vez por todas. Como Pekín, se le debería decir, Estados Unidos no aprecia interferencia externa en sus asuntos internos. Washington permitirá visitarnos a quien sea, cuando sea que nosotros queramos.

Traducido por Javier L. Garay Vargas para Cato Institute.

Corea del Norte

por Pedro Schwartz

Pedro Schwartz es Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid y Profesor de Economía de la Universidad San Pablo CEU.

Corea del Norte chantajea al mundo libre. Tras haber adquirido el compromiso con Estados Unidos de no producir plutonio útil para bombas nucleares y haber obtenido a cambio ayuda económica y alimentaria, el Gobierno de esa república popular disparó el año pasado un cohete capaz de portar una carga mortífera por encima de Japón, hasta hundirlo en el Océano Pacífico. Acusado por Estados Unidos de estar infringiendo su compromiso de no producir armas de destrucción masiva, declaró que abandonaba el Tratado de no-Proliferación Nuclear y lanzó otro misil de aviso al mar que separa Japón de Corea del Sur. Luego exigió que Estados Unidos se sentara otra vez a la mesa con ella. Los norteamericanos respondieron que no aceptarían conversaciones bipartitas y que sólo tratarían con los comunistas coreanos si les acompañaban Japón, Corea del Sur y China. Incluso insinuaron que, si los otros seguían su camino, propondrían a Japón y Corea del Sur que también adquirieran armamento nuclear.

La situación es complicada. Aparece un poder nuclear en Extremo Oriente, caracterizado por su inestabilidad, agresividad y miseria económica. En Japón hay una gran resistencia popular al armamento nuclear, debido al trauma causado por la mortandad en Hiroshima y Nagasaki; pero un senador japonés declaró que Japón se opondría por todos los medios a su alcance a la nuclearización de Corea. Los coreanos del Sur consideran a los del Norte como hermanos y, tanto bajo su anterior presidente Kim Dae yung como bajo el recién elegido líder de la oposición Roh Muu-hyun, han iniciado una política de acercamiento al Norte. China guarda un silencio enigmático, cuando es la potencia que podría presionar a su vecino comunista, por ser su suministrador principal de petróleo y armamento convencional. Rusia no ve con buenos ojos ni la nuclearización de Corea y Japón ni el predominio de Estados Unidos en la región.

Otra dimensión preocupante son las actividades armamentísticas de Corea del Norte en el mercado negro de armas de destrucción masiva. Hay quien cree que Corea del Norte ya tiene dos ingenios nucleares, aparte los elementos portadores necesarios para lanzarlos incluso a la costa de California, construidos con material obtenido a escondidas de Pakistán. Se teme que las armas nucleares que está produciendo ahora en su central eléctrica de Yongbyon puedan venderlos a grupos terroristas adinerados .

Un ataque aéreo a los centros de producción nuclear del Norte podría tener un alto costo. A cuarenta kilómetros de Seúl, los comunistas cuentan con unas fortificaciones armadas con 1500 piezas de artillería de largo alcance. En Seúl viven 15 millones de habitantes, de los 43 con que cuenta Corea del Sur. Las consecuencias producen pavor.

Hay que ver la frontera del paralelo 38 para creerla. Defendida sobre todo por los denostados norteamericanos, resulta más siniestra que la que dividía a Alemania en dos. Aquello no es un muro y alambrada sino una banda de tierra desierta en la que apenas hay algún campesino en la parte libre. Kim Sung-il ha conseguido aparatos de interferencia que impiden a sus esclavos oír la radio o ver la televisión libre del Sur. Sólo saben de desfiles proletarios armados y de hambre.

El contraste entre las dos Coreas no puede ser más dramático. La República de Corea lleva creciendo desde el año 1982 a un media de 7,2%. La crisis financiera asiática de 1997 produjo un crecimiento negativo de 6,7% pero el año siguiente el crecimiento volvió a ser de 10,9%. El Gobierno intervino para salvar el sistema financiero comprando unos bancos y quebrando otros, hasta gastarse una cantidad equivalente al 27% del PIB. Ahora está privatizándolos. También hubo de tomar medidas para disolver los "chaebol" o conglomerados a la japonesa, en quiebra bajo el peso de sus deudas. La crisis estadounidense del año 2000 se reflejó en una tasa de crecimiento de "tan sólo" 2,5% en 2001, pero en 2002 el crecimiento ha vuelto al 6% anual. La economía no deja de tener problemas, nacidos unos de la política paternalista de los dictadores anticomunistas hasta principios de la década de los noventa y otros de las demandas de un electorado soberano: me refiero al alto costo de la rescisión de contratos de trabajo y a la creación de un sistema de pensiones de reparto en una población que envejece rápidamente. Pero la Corea democrática y capitalista ha alcanzado los $10.000 de ingreso per capita y la comunista tiene que mendigar alimentos mientras gasta la hijuela en armas. Ya saben: comunista, título que tanto enorgullece a gente como Llamazares y Saramago.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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Juan Pablo, ven a EE.UU.

por David Boaz

David Boaz es Vicepresidente Ejecutivo del Cato Institute.

No hay que ser Católico para admirar el rol del Papa Juan Pablo II en el debilitamiento del comunismo en Europa, o en actos como su valiente visita a Cuba el año pasado. ¿Qué otra persona en el mundo sería capaz de lograr que Fidel Castro ataque por los medios de comunicación al comunismo?

Sin embargo, algunas de las declaraciones más significativas del Papa sobre Cuba, en su reciente visita a la isla, se perdieron por la forma en que los medios internacionales cubrieron su confrontación con Fidel Castro. Juan Pablo II lanzó varios comentarios provocativos y entre los más, se encuentran aquellos sobre la educación. Mientras le hablaba a una multitud congregada en la ciudad de Santa Clara, el Papa llamo a los padres a asumir nuevamente la responsabilidad que les cabe en la educación de sus hijos y fue tajante en desaprobar el comportamiento del estado cubano que subvierte  la responsabilidad de la familia.

Las palabras del Papa tuvieron una amplia acogida entre las madres y padres cubanos descontentos con las escuelas manejadas por los comunistas. Pero sus afirmaciones bien pueden ser consideradas también en Estados Unidos, porque hacen relucir algunos puntos críticos de nuestro sistema educativo. Aprovecho de citar las palabras del Papa a millones de cubanos en su misa televisada a los cinco continentes:

"Los padres deben ser reconocidos como los primeros y más importantes educadores de sus hijos. Su rol como formadores es tan decisivo que casi nada puede compensar una falla… es cierto que en el área de la educación las autoridades públicas tienen algunos derechos y deberes, ya que deben servir al bien común. No obstante, esto no faculta a las autoridades a suplantar a los padres. De la misma manera, los padres, sin esperar que otro los reemplace en algo que es de su exclusiva responsabilidad, debieran poder elegir el método pedagógico, el contenido ético y cívico, y la inspiración religiosa que les permita lograr una educación integral para sus hijos. No deben esperar que todo les sea dado; deben asumir su misión como educadores al mismo tiempo que buscan oportunidades y crean estructuras adecuadas dentro de la sociedad civil."

Las palabras profundas, pero gentiles del Papa fueron acogidas como una fuerte crítica al sistema escolar Castrista, en donde a los niños se les enseña socialismo, ateísmo y anti- norteamericanismo, sin considerar la opinión ni los valores de sus progenitores. No hay duda que tanto en Cuba como en otros países comunistas, el propósito esencial de las escuelas es erradicar por completo cualquier huella de los valores de los padres, asociados por lo general a la religión o el capitalismo, y reemplazarlos por la teoría marxista y la sumisión el Estado Comunista. Todos los americanos, no sólo los cubano-americanos, deben esperar fervientemente que el mensaje del pontífice ayude a liberar a los niños de Cuba del adoctrinamiento castrista que se imparte en las escuelas.

¿Y cómo andamos en Estados Unidos?

¿Cómo se muestra el sistema norteamericano frente a los estándares papales? Nuestras escuelas son obligatorias y manejadas por el gobierno de turno, con pocas instancias de participación o control por parte de los padres y apoderados. Cada línea del mensaje pontificio en Cuba puede ser interpretada como una crítica hacia nuestro propio monopolio educacional, y a la vez, como una crítica hacia la actitud de los padres norteamericanos que han permitido que el estado tome el control sobre sus responsailidades.

El Papa dice que "los padres deben tener la posibilidad de elegir la educación que deseen para sus hijos", incluyendo: "el método pedagógico, el contenido ético y cívico, y la inspiración religiosa que les permita tener una educación integral." Claramente, la mayoría de los padres en Estados Unidos no pueden hacerlo, aunque así lo deseen. Al tener que pagar impuestos para sostener las escuelas públicas, muchos se sienten impedidos para pagar una segunda vez para que sus hijos asistan a escuelas privadas que se ajusten mejor a sus valores. A pesar de la gran red de escuelas Católicas, muchos padres que profesan esa religión se sienten demasiado abrumados por sus gravámenes como para cumplir con el llamado del Pontífice. Y, por lo tanto, deben quedarse con un sistema que les impide, virtualmente, cualquier control sobre el método pedagógico - es decir, el estilo utilizado para enseñar- o los valores que se transmiten a sus hijos en las escuelas públicas. Respecto a la inspiración religiosa…está absolutamente ausente de las escuelas públicas norteamericanas. Es apropiado para los colegios primarios y secundarios dirigidos por un gobierno de una sociedad multicultural que se evite la enseñanza de una religión en particular, pero eso nos obliga a cuestionarnos si las escuelas debieran ser manejadas por el gobierno.

Bajo los estándares del Papa, parecería que los padres norteamericanos están siendo privados de su libertad para ejercer la responsabilidad que les compete en dirigir la educación de sus hijos. Pero para estos padres, el mensaje papal puede resultar un poco incómodo, ya que los obliga a meditar acerca de si cumplen o no sus obligaciones como padres: y dice el Papa "su rol como educadores (de los padres) es tan decisivo, que muy pocas cosas pueden compensar su fracaso en ello"; los padres "no debieran esperar que todo les sea dado."

El Papa parece estar diciendo que los padres no deben renunciar a su obligación moral de dirigir la educación de sus hijos, y no debieran simplemente esperar que otras personas, o el gobierno, pague por algo que es de su exclusiva responsabilidad.

Lo anterior no quiere decir que los niños deban ser educados en sus casas. Es más, el Papa recalca que "al asumir su misión de educadores" los padres "buscarán oportunidades y crearán las estructuras adecuadas en la sociedad civil." Según lo entiende Juan Pablo II, "sociedad civil" incluye a todas las asociaciones de una Sociedad - incluyendo iglesias, escuelas, clubes y empresas- pero no al gobierno.

Los padres, por lo tanto, tienen una responsibilidad moral de dirigir el estilo y contenido de la que será la educación de sus hijos. El gobierno no debe usurpar ese rol y , a su vez,  los padres no deben esperar que la educación para sus hijos simplemente se les proporcione. Este es un mensaje que debiéramos oír por todos los Estados Unidos. El fracaso de las escuelas administradas por el gobierno es una causal directa tanto de la intervención gubernamental en una función familiar crítica, como de la renuncia de los padres a su deber como tales. Esperemos que la salud del Papa le permita venir a transmitir su mensaje directamente a Washington DC, pronto.

Publicado originalmente en The Freeman de febrero, 1999.

Traducido por Fernando Alessandri para Cato Institute.

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