Gabriela Calderón de Burgos

por Gabriela Calderón

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).

Entre “forajidos”, asambleas populares, y políticos que nos prometen “refundar la nación”—en un año y ocho meses que es lo que le queda al nuevo Presidente Palacio en su cargo, nos toca a los ecuatorianos preguntar como personas amantes de la libertad y el progreso: ¿Es este el tipo de democracia que queremos? Y más aún, ¿Aunque reine la mayoría, será que esto es una democracia?

Cada vez gana más popularidad la noción de que la democracia más deseable es la que permite el reino descontrolado de la mayoría. Desde pequeños estamos acostumbrados a escuchar la frase “¡Esto es una democracia! ¡Entonces lo que la mayoría quiera eso es!” De repente crecemos y asumimos que en la vida real, una democracia es exactamente y nada más que eso. Sin embargo, las naciones más prósperas del mundo no han obtenido ni mantienen su alta calidad de vida mediante este tipo de organización política.

Hablemos de principios. Si uno cree en el derecho a la vida como un derecho universal, inescrutable, e individual hay unas consecuencias lógicas que se deben considerar: uno, para mantener la consistencia, debe creer en el derecho a la propiedad y respaldar toda ley y/o acto que busque protegerla siempre y cuando no se esté violando el primordial derecho a la vida o la propiedad de otro individuo. De no creer en lo esencial que es la protección de la propiedad, uno estaría dejando la puerta abierta para que violen la propiedad más sagrada de uno: la persona, y por ende, la vida.

Entonces, una vez que uno deja asentado que cree tanto en el derecho a la vida como en el derecho a la propiedad, uno debería creer en el derecho a la libertad de ir en busca de la felicidad, como cada quien la defina. Pues, ¿de qué sirve tener vida y propiedad si uno no va a tener la libertad de gozarlas y por lo tanto, no va obtener la felicidad?

Las masas, al igual que los políticos, y los individuos ordinarios, no necesariamente respetan estos derechos naturales. Más preocupante es el hecho de que muchas veces ni siquiera reconocen la existencia o primacía de estos derechos. Y es así que los “forajidos”, asambleas populares, y políticos actuales, me recuerdan más a Robespierre que a los fundadores de las naciones libres y prósperas de hoy. Ellos están en lo correcto cuando dicen que el sistema político debe ser depurado y radicalmente reformado si no queremos “más de lo mismo”.

Pero cuidado con los populistas. Ellos creen que “el bien común” está en conflicto con los derechos individuales y piensan que es cuestión de sacrificar uno de los dos a cuestas del otro. El “bien común” se obtiene cuando los derechos individuales son respetados. Poner el “bien común” por encima de los derechos del individuo es la ruta más segura hacia una sociedad sin estado de derecho. No permitamos que la situación en Ecuador se degenere y llegue al grado de terrorismo popular al que llegó la revolución Francesa.

Chávez ha empobrecido a los venezolanos, de acuerdo a las estadísticas de su propio gobierno. Desde que el coronel inició su “Revolución Bonita” hace tan solo seis años el índice de pobreza para los venezolanos ha aumentado por 10.2 puntos de porcentaje. ¿Será que poniendo en reversa sus políticas públicas de redistribución de riqueza para lograr el dudoso y nebuloso objetivo de “justicia social” podrá lograrse igual de rápidamente el crecimiento? Tendría sentido, pero los políticos difícilmente aprenden y en Latinoamérica el romance con el populismo parece no tener fin.

Cuidado con el populismo que predomina en Latinoamérica hoy más que en las previas dos décadas. Estén alertas a argumentos vacíos que no pueden refutar el simple hecho de que las naciones más abiertas al comercio son las más libres civilmente, económicamente, y políticamente. Estén más atentos a las falacias económicas de que un déficit comercial o la liberalización comercial es una jugarreta de ganadores y perdedores.

Y estén por sobre todo alertas a los grupos privados que buscan asegurar sus perennes privilegios provenientes del estado mercantilista latinoamericano. Ellos son esos hombres de negocios privados con influencia política, defensores del libre mercado para ellos, pero no para los demás, y siendo consiguientemente ellos los principales enemigos del libre mercado.

Ahí vamos otra vez, a la merced de lo que el economista austriaco F.A. Hayek denominó como “la mano muerta” de la planificación central y el colectivismo. Todo se vale si se obtendrá todo lo que nos prometen los populistas. Pero cuidado estamos tomando lo que el inteligente austriaco reconoció como “el camino a la servidumbre”.

Ciertos principios nunca deberían ser negociados o cambiados. Dentro de estos, los más importantes son los derechos individuales. En una república bananera como Ecuador no es sorprendente que la libertad para comerciar, viajar, y trabajar esté a la defensiva.

Así vemos como toda la gente aplaude cuando se habla de un referéndum popular para aprobar o rechazar el TLC. Aunque el TLC no sea el ideal de “libre comercio” nadie puede negar que en el contexto ecuatoriano si es un paso hacia la libertad. En otras palabras, un “no” al TLC, partiendo de donde los ecuatorianos estamos, significaría un “no” a la libertad para comerciar.

La libertad para comerciar es un derecho esencial del individuo que se debe expandir con cada oportunidad que se presente para hacerlo. Entonces no nos pongamos medievales al someter libertades básicas a la tiranía de las mayorías.

por Gabriela Calderón

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).

A pesar de tener recursos minerales abundantes y tierras fértiles, un clima favorable, haber comenzado antes a construir sociedades democráticas y países libres, el Asia y el Oeste han dejado atrás a Latinoamérica. Instituciones débiles y el irrespeto del estado de derecho son dos de las razones por lo que el progreso no se da en la región.

Con la resurgencia de los anteriores líderes de golpe de estado, Hugo Chávez de Venezuela y Lucio Gutiérrez de Ecuador (recientemente caído del poder por protestas populares), y de líderes socialistas como Lula de Brazil, Kirschner en Argentina, y Tabaré Vásquez en Uruguay, es difícil ignorar el romance sinfín de los latinos con líderes populistas. Es así que a pesar de que las llamadas reformas “neoliberales” de los 90s, la izquierda sigue viva y palpitante en Latinoamérica.

Desde haber ganado su independencia, los países latinoamericanos han tenido democracias débiles e inestables en las mejores instancias, y dictaduras militares recurrentes con pequeños experimentos socialistas. Además de los famosos casos de Pinochet y del muy mistificado régimen de Allende, Latinoamérica ha sufrido el terror de dictadores como Leopoldo Galtieri y Jorge Rafael Videla en Argentina, y como Manuel Noriega en Panamá, para nombrar tan solo unos pocos. Entre la derecha y la izquierda, regimenes democráticos y autoritarios, solo una palabra puede capturar la esencia de la región, inestabilidad, y si un solo ejemplo puede ilustrar esto es cuando Ecuador tuvo cinco presidentes en una sola semana en el año 2000. Si, ¡Cinco!

Mediante la teoría de elección pública, el Premio Nobel James Buchanan ha argumentado desde hace mucho que las instituciones públicas son fundamentales para que una sociedad florezca, y que estas deberían promover la actividad económica del individuo en lugar de impedirla. Las instituciones públicas son mantenidas y fortalecidas por las constituciones, las cuales deberían, idealmente, tomar en cuenta las realidades económicas que se supone que deben servir.

Mientras que la constitución estadounidense ha durado más de 200 años, las constituciones latinoamericanas suelen tener vidas mucho más cortas. Los gobiernos cambian la constitución con gran facilidad y están a la merced de las emociones públicas y pasajeras de determinado momento. Esta no es la manera de gobernar un país y esto deriva en la inestabilidad política y en la confusión lo cual hace muy difícil que las costumbres y las instituciones fuertes sean formadas y heredadas. Por ejemplo, con veintiún constituciones, solo 18 de 83 presidentes ecuatorianos han podido terminar su periodo constitucional sin ser forzados a retirarse. Hasta ahora, el número promedio de constituciones para los países de la región Andina es de veinte—Venezuela teniendo el mayor número (24) y Colombia teniendo el menor número (16).

Obviamente, las acciones inconstitucionales parecen ser más frecuentes que las constitucionales aún cuando las constituciones están siendo cambiadas para complacer las demandas de cada día. Como un analista político ecuatoriano dice, “Si existe algo peor que una constitución mala, es una sociedad donde cada político esta pensando en una nueva”. Aunque las constituciones cambian frecuentemente, su esencia de establecer al estado como la fuente del bienestar común nunca ha cambiado. Si en algo han cambiado, las nuevas constituciones han fortalecido el poder estatal.

Además, las constituciones latinoamericanas, casi sin excepción son compuestas y aprobadas por asambleas constituyentes, las cuales son más que menos constituidas por las legislaturas del momento y son, por ende, altamente politizadas. Eso no se presta para diseñar una carta política estable y de larga duración. Lo que resulta de estos procesos son documentos llenos de compromisos y absurdas regulaciones, las cuales sirven las emociones pasajeras del momentáneo ambiente político.

En vez de adoptar constituciones concisas y de principios básicos como la que Argentina tuvo en la segunda mitad del siglo XIX, Latinoamérica continúa adhiriéndose a las extensas diatribas, las cuales buscan regular cada aspecto de la vida del individuo como si hubiese que temer al individuo y no al estado.

Las constituciones latinoamericanas siempre le dan prioridad al orden y al progreso. Eso se reflejó a lo largo de la región en los intentos de “fomentar” el desarrollo mediante masivas inversiones gubernamentales en infraestructura y también en las estrategias mercantilistas de substitución de importaciones, las cuales se basaban en la compra estatal de intereses controladores en industrias claves como la de energía y hasta algunas de manufacturación para supuestamente crecer y lograr progreso tecnológico. Estas estrategias con miras hacia adentro derivaron en nada más que miseria. En muchos casos estas iniciativas gubernamentales para el progreso fueron las que promovieron la corrupción endémica de la región.

Las cosas no tienen que ser así. Medio siglo con la constitución liberal de Juan Bautista de Alberdi hizo de Argentina un rival de la economía estadounidense a fines del siglo XIX. De hecho, a comienzos del siglo XX, Argentina era la séptima economía más grande del mundo. El motor secreto para el crecimiento del cual Argentina y nuestra contraparte Asiática se valieron para progresar no fueron las “estrategias para el desarrollo” o el fortalecimiento de las exportaciones a expensas de las importaciones: fue el establecimiento del estado de derecho. Latinoamérica aparentemente carece de este motor secreto.

De acuerdo al reporte del Banco Mundial, Haciendo Negocios en el 2005, hacer cumplir un contrato en Latinoamérica significa 35 procedimientos, 465 días, y cuesta US$1,343. Obviamente, conducir negocios en la región es más que complicado y los incentivos y las protecciones legales por poco no están presentes. En los ambientes más regulados, la economía informal resultó ser más grande.

Además, la independencia jurídica en la región casi no existe. Solo 25% de la población latinoamericana confía en sus cortes. En Ecuador, por ejemplo, las cortes han sido manipuladas por los partidos políticos más importantes del país desde fines de los 1970s, y a comienzos de este año la rama ejecutiva del gobierno se aprovechó de su mayoría en el congreso para violar la constitución y repletar la corte suprema de justicia con jueces parciales a los intereses del presidente. Todo esto fue hecho con la intención de anular cargos en contra del anterior presidente Abdalá Bucaram quien regresó al país y prometió liderar una revolución al estilo Chávez en Ecuador—el caos políticos de la semana pasada puso fin a su sueño de liderar la revolución Chavista en Ecuador al convertirlo en un fugitivo de la justicia.

Los políticos lanzándose sillas y botellas de agua, siendo perseguidos fuera de su sesión con bombas de gas lacrimógeno, el presidente escondiéndose fortaleciendo los reesfuerzos militares alrededor de su palacio, el presidente siendo sacado del poder por protestas populares y una resolución constitucionalmente cuestionable del congreso, no son ocurrencias inesperadas en Ecuador donde la constitución se ha convertido en una carta muerta.

Parece que las constituciones latinoamericanas continúan satisfaciendo el principio del famoso economista liberal austriaco Friedrich A. Hayek de que las costumbres y las tradiciones como las asociaciones voluntarias civiles (como el matrimonio o los clubes sociales) y las relaciones comerciales preceden a las constituciones formales; y si una constitución falla en reflejar esas costumbres y tradiciones es inválida, y se volverá irrelevante. Las constituciones latinoamericanas pedían que las personas coloquen el bien común por encima del bien personal y en nombre de este principio—lo cual viola directamente los derechos universales individuales como el derecho a la vida, y a la propiedad—dejaron la puerta abierta para los abusos estatales de su poder coactivo. Y hoy día vemos todo esto resultando en políticas proteccionistas de comercio, sistemas de educación ineficientes, sistemas de pensiones en banca rota, y muchas más políticas públicas malas que no trajeron progreso a la región.

Una condición mínima para el progreso es tener una constitución que no impida la primacía del estado de derecho. Los latinoamericanos están experimentando lo vacía que es la libertad sin el estado de derecho. Los derechos, la riqueza, y la seguridad no están garantizados sin el. Conferir derechos colectivos y redistribuir la riqueza como muchas constituciones latinoamericanas lo hacen, es un modelo predestinado a fallar.

por Gabriela Calderón

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).

A principios de este mes el Canciller ecuatoriano visitó España y en lugar de favorecer de manera diplomática la causa de los inmigrantes ecuatorianos en España, se volcó en contra de sus esfuerzos por mejorar sus prospectos económicos. “Ha llegado el momento de vuelta de los inmigrantes”, dijo el canciller (véase “Es la hora de retorno de los emigrantes: Zuquilanda,” 10 de Marzo, 2005 en El Comercio) cayendo en la falacia de que él o cualquier persona está en capacidad de saber lo que es mejor para otros individuos. En este caso, parece que las intenciones del canciller —ya sean buenas o malas—están oponiéndose al progreso de este grupo de ecuatorianos que han comprobado ser un alivio para la economía ecuatoriana en momentos de crisis.

Y es que no es ninguna novedad que las autoridades se crean superiores y más hábiles que los individuos para generar prosperidad. Los individuos, por otro lado, nos dejamos impresionar por este ego elevado de los gobernantes. Para completar su caso ante la población ecuatoriana, dice también el canciller que la nueva política ecuatoriana “no es que los trabajadores se marchen fuera porque su educación ha costado mucho dinero al Estado”, lo cual puede ser verdad, pero aún así no lo faculta a él ni a nadie para tomar decisiones por cuenta de otros.

Además, cualquier ciudadano que es directamente afectado por el fenómeno migratorio y por sus beneficios no tardaría en contestar que él no decidió en qué se gastaba la plata del estado y que por lo tanto no siente que es de él. También contestaría que el dinero que le llega de sus familiares inmigrantes es enteramente de él para decidir como lo gasta. A final de cuentas, tener un dinero sin poder decidir cómo y en qué se gasta es prácticamente lo mismo que no tenerlo.

Por esta razón es que los inmigrantes ecuatorianos en España han sido una válvula de escape para nuestro país en momentos de crisis. ¿Sabía usted que las remesas generadas por los inmigrantes ecuatorianos en el extranjero conforman la segunda riqueza nacional después del petróleo? Contrario al caso de los ingresos petroleros, 1,500 millones de dólares (9% del PIB) ingresan al país llegando directamente a manos privadas aumentando de esta manera el consumo de las familias de los migrantes, que a su vez dinamizan los distintos sectores comerciales del país. Las remesas no crean focos de corrupción como si lo hacen la ayuda externa y las transferencias de dinero entre gobiernos o gran parte del dinero manejado por manos del Estado. No obstante, ya las autoridades están viendo como meterle mano al pastel de las remesas con la excusa de que es necesario conseguir que esas remesas sean orientadas hacia actividades productivas. Como si los individuos no supieran hacer con su dinero lo que más les conviene.

El monto de las remesas, la incidencia de la emigración para reducir el desempleo y las tensiones sociales y políticas corroboran la afirmación del BID: “el arma más eficaz para combatir la pobreza en América Latina no proviene de los gobiernos ni de la ayuda externa, sino de las remesas de los emigrantes”—conclusión irónicamente aportada por una institución que frecuentemente también cree saber más que los individuos qué hacer con su dinero. Y es que aunque no lo resuelvan todo, las remesas y la emigración de quienes votan con los pies, son una válvula de escape sin la cual los problemas de las economías Latinoamericanas se verían multiplicados.

Nuestro canciller podría haber propuesto una nueva política de desarrollo económico para nuestro país. Él podría haberle indicado al gobierno español que los inmigrantes ecuatorianos son muy trabajadores como lo demuestra su tasa de empleo de un 90%, la mejor tasa comparada con grupos inmigrantes de otros países Latinoamericanos y que aunque sigue siendo un alto índice de desempleo, sigue estando por debajo de la tasa de desempleo española. Él podría haberles dicho a los españoles que en lugar de darle al gobierno de Ecuador—entidad con tendencias cleptómanas—un cheque de 20.3 millones de dólares como lo hicieron en el 2003, podrían ayudar más adoptando políticas migratorias más abiertas. 1,500 millones de dólares en remesas que van directamente a las manos de los ecuatorianos para que ellos decidan que hacer con esa plata es una ayuda externa evidentemente más productiva. El mensaje es simple: No hay mejor ayuda que mantener las puertas abiertas, en el caso de España, y respetar las libertades de los individuos, en el caso del gobierno ecuatoriano.

por Gabriela Calderón

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).

Desde el niño que vende flores en las calles y discotecas, sabiendo a quien y cuando se las vende, hasta el empresario que importa mercancía de consumo popular conociendo que productos se venden y a quien vendérselos; desde el político que trafica influencias sabiendo que así asegurará su permanencia en el poder, hasta el ciudadano que busca hacer negocios con el estado sabiendo que de esa manera duplicará sus ganancias: Todos gozamos de lo que Friedrich A. Hayek describió como el privilegio del conocimiento del momento y el lugar preciso. En una sociedad donde cada individuo tiene que lidiar con la sobrecarga de regulaciones innecesarias y hasta perjudiciales para sus actividades económicas, el ingenio de cada persona burla estas leyes torpes.

Nada puede ser más ilustrativo de este principio que el sector informal de la economía ecuatoriana. En contra de regulaciones e intervenciones estatales, los ecuatorianos que se hallan “atrapados” (según dicen, léase “La informalidad atrapa cada vez más trabajadores,” El Comercio, 2/28/2005) en el sector informal de la economía han demostrado una vez más que la iniciativa de los individuos supera los resultados de la iniciativa gubernamental. Y es así que sólo en la ciudad de Guayaquil los ciudadanos que conforman el sector informal de la economía ganan alrededor de 500 dólares al mes mientras que los que se esmeran por permanecer dentro del sector formal apenas ganan 265 dólares de remuneración básica unificada, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Con esta sustancial diferencia de ingresos no debería sorprendernos que la informalidad este creciendo a pasos acelerados tanto en Guayaquil como en Quito y Cuenca. Aquí cabe recalcar que la existencia de un sector informal en un país tan altamente regulado como lo es Ecuador no es un mal, es simplemente una muestra de que aún dentro de un marco altamente obstaculizado, los individuos emprendedores pueden salir adelante. Lamentablemente, estos se corren el riesgo de ser penalizados por leyes superfluas, cargan el estigma de criminales, y casi nunca llegan a realizar su potencial.

Imagínense si estos emprendedores ciudadanos pudieran funcionar dentro del sector formal de la economía: libres de los altos riesgos que presenta el sector informal, y libres de las numerosas reglas que plagan nuestro actual sector formal, ellos serían una fuerza imparable para el desarrollo económico del país.

Preocuparnos por el surgimiento espontáneo de un sector informal es inútil. En cambio, preocuparnos por el hecho de que el sector formal está encogiéndose cada vez más es esencial: de fines del 2002 a diciembre del 2004, el porcentaje de la PEA (población económicamente activa) que pertenece al sector informal creció por un 26.15% en Guayaquil, 36.45% en Quito, y por un sorprendente 81% en Cuenca. Por otro lado, el porcentaje de la PEA perteneciente al sector formal decreció por un 28.51% en Guayaquil, 25.69% en Quito, y por un 39.08% en Cuenca. Esto no es un fenómeno restringido al Ecuador. Un estudio recientemente publicado por el Banco Mundial, Haciendo Negocios en el 2005, comprobó que mientras más se regula más crece la informalidad.

En Ecuador, como en otros países en vías de desarrollo, esperamos llegar a la altura de los países desarrollados. El problema está en que no llegaremos nunca si se le pone trabas a la iniciativa de cada ecuatoriano. El momento en que desaparezcan estas barreras saldrán adelante aquellos que sean preferidos por los consumidores. De cada persona emprendedora nos beneficiamos todos—hasta los que hacen todo por atrofiar sus esfuerzos.