Perú

por Ian Vásquez

Washington, DC—Los ciudadanos de Perú y de la República Checa han rechazado en las elecciones de este fin de semana la izquierda radical.

Los peruanos le dieron 54 por ciento de sus votos al ex presidente Alan García frente al 46 por ciento de votos que recibió el candidato nacionalista Ollanta Humala. García no es ningún liberal de mercado pero por lo menos promete respetar la democracia, las políticas macroeconómicas ortodoxas y promete no reversar el progreso de la economía peruana desde que comenzó a liberalizarse a principio de los 1990s. Por lo tanto los peruanos rechazaron al populismo al estilo Chávez y contribuyeron al rechazo regional en contra del deseo del presidente venezolano de unir a Latinoamérica bajo su liderazgo. Una Latinoamérica más moderada y moderna está formándose entre los países a lo largo de la costa del Pacífico (con la posible excepción de Ecuador) que están optando por el libre comercio con EE.UU.

El hecho de que los peruanos votaron por un candidato que es recordado como uno de los peores presidentes en la historia del Perú (1985-1990) en lugar de votar por Humala revela qué tan profundo es el sentimiento anti-populista—por lo menos entre aquellos que votaron por García. El problema para García y para la gobernabilidad en Perú es que Humala ganó en la mayoría de los departamentos del Perú, principalmente en el interior andino y selvático, revelando así a un país dividido. El partido populista-izquierdista también tiene la mayor representación en el congreso peruano. Desde ya, Humala ha declarado la formación de un frente nacionalista, buscando unir a todas las organizaciones de izquierda. Esto puede mostrar a una democracia en acción pero es una señal de que Humala permanecerá como el principal agitador del próximo gobierno y posiblemente de la estabilidad social y política si es que él sigue el ejemplo del presidente boliviano Evo Morales de forjarse el paso hacia el poder mediante la creación de inestabilidad al instigar huelgas y violencia para lograr sus objetivos políticos. El populismo y la influencia de Chávez no han sido derrotados definitivamente en el Perú.

En la República Checa, los comunistas perdieron puestos en el parlamento y los Demócratas Cívicos a favor del libre mercado ganaron una pluralidad con 34 por ciento del voto. Normalmente, el dirigente del partido ganador, en este caso Mirek Topolanek, formaría un gobierno. Pero las elecciones resultaron en un empate en el parlamento—con los Demócratas Cívicos y sus aliados llevándose 100 puestos y los comunistas y Social Demócratas llevándose los restantes 100 puestos. Es difícil ver como Topolanek formará una mayoría, pero en los próximos días y semanas seguramente habrán muchas negociaciones políticas y las dos partes probablemente decidirán un término medio. Si aquello no funciona, la República Checa tendrá que presenciar otras elecciones en los próximos meses y esperar a que los votantes sean más decisivos en escoger entre las reformas de libre mercado y las políticas euro-socialistas.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.

por Ian Vásquez

Moyobamba, Perú—La próxima segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú puede ser otra señal de que la ola de populismo al estilo Hugo Chávez en Latinoamérica ya llegó a su cresta. La disputa es entre Alan García—un ex presidente populista que arruinó al país durante su administración (1985-1990) con sus políticas económicas heterodoxas (Perú retrocedió 30 años en términos de su ingreso per cápita; tuvo una inflación de un 7.000% en 1990; y gran parte del país estaba bajo el control de las guerrillas del Sendero Luminoso)—y Ollanta Humala—un nacionalista y populista radical quien, siguiendo el ejemplo de Chávez, lideró una breve pero fracasada rebelión en contra del régimen de salida del Presidente Alberto Fujimori en el 2000. La popularidad de Humala entre los más pobres de los peruanos, especialmente en el interior del país, prácticamente pasó desapercibida entre la elite y la prensa peruana hasta fines del año pasado. (Nuestro académico asociado peruano Enrique Ghersi fue el único en predecir este fenómeno en una opinión editorial publicada en el Christian Science Monitor en el 2003).

García promete conducir un gobierno responsable que respete la constitución y la separación de los poderes incluyendo la autonomía del banco central. Humala promete nacionalizaciones, un rechazo del tratado de libre comercio con EE.UU. que todavía no ha sido aprobado por el congreso, una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, y el arresto de ex presidentes corruptos incluyendo al mismo García.

Las encuestas le dan a García una ventaja en las elecciones del 4 de junio, especialmente entre los votadores en las áreas urbanas y a lo largo de la costa. Los peruanos no aman a García; muchos que planean votar por él hasta lo odian pero lo consideran el mal menor frente a Humala y creen que respetará la democracia y será limitado por una economía peruana que es mucho más abierta que en los 1980s. El autoritarismo de Humala promete cambiar las reglas del juego de una manera que asusta a gran parte de los peruanos.

En las áreas rurales rodeando esta ciudad selvática, en donde los Andes se convierten en el bosque tropical, muchas de las aldeas no tienen alcantarillado o el agua corriente y la electricidad son algo nuevo para algunas áreas. Los peruanos rurales aquí votarán por Humala. Pero esos votos no son necesariamente ideológicos. Muchos votarán por Humala porque ellos sienten que no tienen nada que perder al rechazar el sistema político tradicional que no les ha servido bien. De hecho, si se le permitiese volver a candidatizarse al supuestamente neoliberal ex presidente Fujimori (1990-2000), una aplastante mayoría le daría su voto. Los dos presidentes más populares en esta región del país son Fujimori—por pacificar el país al deshacerse de las guerrillas que aterrorizaron las áreas rurales—y Fernando Belaunde, quien en los 1960s construyó las principales carreteras conectando la región al resto del país.

El probable triunfo de García será un golpe para Hugo Chávez. Chávez ha apoyado explícitamente a Humala, derivando en continuos intercambios de tono subido entre Chávez y García, quien acusa al presidente venezolano de interferir en los asuntos internos del Perú y de planear usar a Humala como su títere. Chávez puede que tenga un aliado y un cliente en el presidente boliviano Evo Morales, pero su sueño bolivariano de unir a Latinoamérica bajo su liderazgo está siendo socavado por la realidad latinoamericana: Los gobiernos usualmente irresponsables de Latinoamérica, afortunadamente, no se llevan bien la mayor parte del tiempo.

Por lo tanto Brasil y Bolivia están en una disputa respecto de la nacionalización boliviana de las compañías de gas que pertenecen a Brasil y que proveen a aquel país con mucha energía; el presidente mexicano Vicente Fox ha tenido roces públicos con Chávez sobre las relaciones de México con EE.UU.; y los gobiernos izquierdistas de Argentina y Uruguay están en una acalorada disputa sobre un asunto fronterizo.

El triunfo de García no será una victoria para los liberales o una derrota definitiva del populismo. Como un economista peruano recientemente me lo describió, Perú, con su larga costa y con su interior andino y tropical, es parecido en parte a Chile (moderno y abierto) y en parte a Bolivia (más subdesarrollado y aislado). Una presidencia García es más probable que sea mediocre con una posibilidad de reformas de mercado en algunas áreas (la agricultura y tal vez la titulación de propiedades, por ejemplo) y con Humala como un restante pero considerable irritante.

Tal es el paso ondulado del progreso en Latinoamérica estos días. No obstante, es progreso. La próxima noticia buena puede que venga de México, donde las elecciones presidenciales en julio podrían resultar en la subida al poder de Felipe Calderón, un liberal que ha subido en las encuestas para empatar al populista Andrés Manuel López Obrador, el candidato favorecido por Chávez.

Este artículo fue publicado en El Universo de Guayaquil, Ecuador el 3 de junio de 2006 y en El Economista de México el 5 de junio de 2006.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.

por Enrique Ghersi

Enrique Ghersi es abogado, profesor de la Universidad de Lima, coautor de El otro sendero y académico asociado del Cato Institute.

El repentino ascenso de la candidatura de Ollanta Humala es un fenómeno estrictamente político vinculado con la crisis de legitimidad existente. No tiene nada que ver con la informalidad ni con la protesta social contra determinadas políticas económicas, como generalmente se pretende sostener.

En un sistema político, la legitimidad puede tener dos orígenes. La legitimidad democrática, que es la que se produce mediante el proceso electoral y el cumplimiento de ciertos procedimientos. Y la legitimidad tradicional, que es la que resulta de la experiencia social y adquiere relevancia por su repetición histórica. La primera es un proceso ordenado que resulta de los comicios. La segunda es un proceso de facto y resulta de determinadas condiciones sociales y decisiones individuales.

La legitimidad democrática se rompió en el Perú cuando Alberto Fujimori Fujimori disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992. El gran respaldo popular que recibió el autogolpe produjo un regreso a la legitimidad tradicional. Se pasó de la lógica electoral a la lógica de la montonera: “Si quieres gobernar, tienes que sacar al anterior”.

Curiosamente, la primera víctima del proceso fue el propio Alberto Fujimori Fujimori, a quien Toledo terminó sacando, mediante la Marcha de los Cuatro Suyos. A su turno, éste ha sido víctima del mismo producto, pues tuvo que soportar varios intentos de vacarlo en el cargo.

De regreso al principio de legitimidad tradicional, el gran beneficiario es el comandante Humala, quien con el gesto de rebelión contra Alberto Fujimori Fujimori en Moquegua, en las postrimerías de su gobierno, adquirió la legitimidad política necesaria para optar por la candidatura presidencial en base a haber intentado sacar a su antecesor.

La ruptura de la institucionalidad en el mercado político peruano es antigua. Podríamos atrevernos a ubicarla en el motín de Aznapuquio, a finales del Virreinato. En efecto, en el motín de Aznapuquio un grupo de generales realistas, liberales y de filiación masónica, deponen a un virrey ultramontano que pretendía encargar a la Inquisición vigilar a sus propios oficiales. Así, La Serna depuso a Pezuela y echó por tierra la institucionalidad legal vigente durante los 300 años de colonia española. A partir de entonces, quien quería ser gobernante tenía que tener y demostrar el coraje necesario para deponer a su antecesor.

Esa es la historia de la sucesión de liderazgos y constituciones que caracterizaron a la sociedad peruana del siglo XIX. La lenta evolución del Estado de derecho comenzó por desplazar a la legitimidad tradicional como parte de la autoridad y a reemplazarla por la legitimidad democrática. La injustamente denominada República Aristocrática y la democracia reinstaurada después de 1980 y hasta 1992, han sido, tal vez, los ejemplos más extensos de procesos de legitimidad democrática de nuestra historia. Lamentablemente, desde el autogolpe del 92, se ha roto ese principio y hemos regresado a la legitimidad tradicional.

Hay una diferencia, sin embargo, entre la legitimidad tradicional de antaño y la de hogaño. En el siglo XIX, y aun en el siglo XX, siendo el golpe de Estado o la revolución fines aceptables de hacerse con el poder, la legitimidad tradicional tenía que culminarse con la efectiva deposición del gobernante anterior y la captura del poder. Hoy en día, eso no es necesario. Basta el gesto. Basta el intento. No es necesario que haya una reclamación efectiva ni que se saque al gobernante. Lo que el mercado exige es que quien quiera gobernar lo demuestre intentando deponer al anterior. Que deje claro que está dispuesto a ejercer el poder.

En este contexto, es indispensable advertir el carácter del fenómeno para que los políticos democráticos puedan entender que está en juego mucho más que una mera elección de personas. Lo que se decide es la forma en que se ejercerá el poder: limitado por leyes y normas o ilimitado en base al puro carisma personal. O, dicho de otra manera, se decide entre la libertad y el autoritarismo.

Este artículo fue publicado originalmente en el Correo de Perú.

por Blasco M. Peñaherrera Padilla

Blasco M. Peñaherrera Padilla es Ex-Vicepresidente de Ecuador y periodista profesional.

El presidente ecuatoriano Carlos Alberto Arroyo del Río dijo hace más de 50 años que la enfermedad nacional era la amnesia. Y ciertamente no han sido pocas las manifestaciones de tal padecimiento. Nos queda el amargo consuelo de que no somos los únicos afectados por tan perniciosa dolencia. “Mal de muchos, consuelo de tontos”, dice la sabiduría popular, y ahora vemos como posible que el “outsider” coronel Ollanta Humala pasará a la segunda vuelta y, en opinión de los entendidos, con el apoyo del tercero en discordia, el célebre ex-presidente Alan García, puede ser ungido Presidente del Perú. Tal situación me parece sintomática de una amnesia colectiva de graves proporciones porque, si bien el coronel torturador y golpista no tiene antecedentes de gestión pública, no ha cesado de proclamar su devota admiración por el celebérrimo dictador peruano, general Juan Velasco Alvarado, quien, luego de derrocar al presidente constitucional Fernando Belaunde Terry, instauró el 3 de octubre de 1968 una dictadura de fanfarria demagógica, abusos y desatinos que en siete años destruyó la economía y la sociedad peruanas con la fuerza de un tsunami.

El zafarrancho comenzó con la apropiación a mano militar de las instalaciones petroleras de la empresa norteamericana International Petroleum Company, por las que se anunció que no se pagaría “ni siquiera un céntimo”, por ser “de propiedad indiscutible y soberana del pueblo peruano”. Tal acción y las que luego se perpetraron contra instalaciones mineras de empresas multinacionales trajeron como consecuencia que el gobierno estadounidense le aplicara al Perú la llamada “Enmienda Hickenlooper”, que implicaba la pérdida de la cuota preferente en el mercado azucarero y la suspensión de créditos, con lo que se obligó al “gobierno revolucionario” a pagar, cinco años más tarde (el 9 de agosto de 1.973), una indemnización de 76 millones de dólares, que era casi el triple de la que había sido acordada originalmente con el gobierno de Belaunde Terry.

También al inicio del llamado “septenato transformador”, se puso en marcha un proceso de reforma agraria que tenía como finalidades “el incremento de la producción, el abastecimiento pleno de las necesidades alimenticias del pueblo peruano y la instauración de la justicia social ancestralmente negada al campesinado”. Cuatro años más tarde, el escritor René Porras Melgar dijo con ácido sarcasmo: “Ahora sí se ha conseguido la justicia social; hoy en el Perú todos somos iguales: todos tenemos hambre”. Es que las cifras y los hechos eran de escalofrío: los precios de los alimentos aumentaron en promedio diez veces; las importaciones de trigo, carne, leche, fréjol y hasta de maíz y patatas ascendieron de menos de seis mil millones de soles en 1968, a más de quince mil millones en 1976; el desempleo y el empobrecimiento del campesinado, sobre todo en la región andina, alcanzó las más altas cifras de la historia.

Algo parecido aconteció en el sector industrial. El 28 de julio de 1970 se inició la llamada “reforma de la empresa” que, según el hiperbólico general, habría de “constituir uno de los más notables experimentos de organización social y económica de nuestra época”. Fue notable, pero por su estupidez. La virtual estatización de las empresas y la consolidación de privilegios de absurda desmesura a los trabajadores produjo una caída casi perpendicular del crecimiento industrial: del 9% en que se había mantenido desde la década de los 50, al -1,2%, la primera cifra negativa en la historia industrial del Perú. La inversión, que se había mantenido en una tasa superior al 70%, descendió al 5%, y la reinversión con fondos propios se redujo de 787 millones de soles en 1972 a cero en 1975. Así las cosas, el desempleo urbano subió de 180.000 a 250.000; los salarios reales del trabajador se redujeron en un trágico 42% y los precios de los productos manufacturados de consumo general aumentaron diez veces. Para completar el calamitoso cuadro, el déficit fiscal, que en la época de Belaunde oscilaba en torno al 5%, llegó a un escandaloso 25% y el endeudamiento externo de 800 millones de dólares, uno de los argumentos utilizados para derrocar al presidente constitucional, se disparó a 5.000 millones.

Para remate de semejante descalabro, Velasco Alvarado optó por estatizar virtualmente todos los medios de comunicación, los que supuestamente fueron entregados a diversos “sectores sociales”, pero en realidad pasaron a ser manejados por un grupillo de intelectualoides y escritorzuelos incondicionalmente sumisos. Toda esta suma de atropellos y torpezas colmó la paciencia de los jefes militares, quienes liderados por el general Francisco Morales Bermúdez destituyeron al dictador el 29 de agosto de 1.975 e iniciaron la ardua tarea de reconstrucción.

Entonces, ¿cómo calificar la insólita reacción del pueblo peruano en favor de quien aspira a ser el renuevo de su admirado maestro? Pues, sin duda alguna, como un caso clínico de amnesia colectiva.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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Tilly Smith, la pequeña niña Británica que salvó la vida de más de un centenar de personas en Tailandia alertándolas del Tsunami, nunca pensó que sería testigo de tamaña catástrofe. Y es que ser víctima de un desastre natural no es algo que uno pueda elegir. Pero lo que si podemos escoger es si ser víctimas de un desastre electoral, que suele ser el peor tipo de desastre, como demuestran estas líneas, dedicadas a quienes se encuentran tentados de regalar su voto a cualquiera de las propuestas populistas-retrógradas que hoy tenemos en el menú electoral.