por Ian Vásquez
Ian Vásquez es Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.
Mientras las históricas primeras elecciones de alcalde de Ciudad de
México están ocupando los titulares en estos días, un cambio más callado, pero más
revolucionario, ha tenido lugar a partir del 1 de julio de 1997: la privatización del
sistema de seguro social mexicano.
El sistema, conocido por sus iniciales en español IMSS, cubre alrededor de 10 millones de
trabajadores mexicanos y está en quiebra. Su gasto (que se ha más que duplicado en la
década pasada), el mal manejo de fondos y la naturaleza inherentemente insostenible del
esquema de pagos de las jubilaciones han destruido sus bases.
A partir del 1 de julio, los trabajadores depositarán sus ahorros de pensión en sus
propias cuentas. Estas serán manejadas por compañías privadas rivales de
administración de pensiones conocidas como Afores, las cuales invertirán el dinero en el
mercado de capitales. Desde el 1 de julio el seguro social se basará en la soberanía
individual, no en una noción abstracta de solidaridad.
El traspaso del IMSS -probablemente la reforma más importante de la administración de
Zedillo hasta ahora-, difiere de las privatizaciones anteriores en México porque, al
menos en teoría, no pretende generar ingresos para el Estado. En cambio, busca un
objetivo loable: transformar a México en un país de trabajadores dueños de
propiedades.
En México éste es un concepto revolucionario, pero que no puede entenderse sólo
escuchando las explicaciones tecnocráticas del Presidente Zedillo. La reforma, según
él, elevará la tasa del ahorro nacional, aumentará la eficiencia de inversiones y
reducirá la dependencia del país en las finanzas extranjeras. Perdido en su retórica
queda el hecho de que ésta es una oportunidad sin precedentes para que los mexicanos
determinen sus propios destinos financieros. No debería ser sorprendente, entonces, que
los mexicanos comunes no entiendan por completo cómo se relaciona la reforma con sus
propias vidas. Eso es una lástima, puesto que el mensaje central -"Uds., no el
gobierno, se beneficiarán con el dinero que ganen"- es tal, que la mayoría de los
mexicanos lo recibirían con agrado.
Tal vez el aspecto más importante de la reforma mexicana es que termina el antiguo
sistema de pagos al retirarse, al igual como lo hizo el modelo chileno en el cual se basa.
Implementado en forma adecuada, ese cambio elimina la posibilidad de que los ahorros y
beneficios de la vejez puedan ser políticamente manipulados.
Los detractores argumentan que si el gobierno continúa proporcionando beneficios a los
jubilados y todos los trabajadores cubiertos por el sistema actual se cambian al sistema
privado, la reforma será una carga adicional en un presupuesto federal ya ajustado. Pero
con o sin cambio, México está obligado a pagar beneficios a los jubilados. La reforma
simplemente obliga al reconocimiento de deudas no pagadas, que se estiman en alrededor del
80% del producto interno bruto. En términos de crecimiento futuro, gasto público y
ahorro nacional, los costos de no cambiarse a un sistema completamente financiado exceden
los supuestos costos de la transición, estimados en alrededor de 0,5% del producto
interno bruto en 1997.
Una forma de cubrir la transición, al menos en forma parcial, es a través de la
privatización de las empresas de propiedad del gobierno. Siguiendo el ejemplo chileno,
las mismas Afores podrían participar en el proceso, lo cual transferiría eficazmente la
propiedad de las empresas estatales a los trabajadores del país.
A pesar de su promesa, el nuevo sistema mexicano no será tan puro o apolítico como en
Chile. Por ejemplo, el IMSS operará su propia Afore. También estará a cargo de
auditorear otras Afores y controlar el cumplimiento dentro del sistema.
El conflicto de intereses está patente. Además la Afore financiada por el gobierno
podría en algún momento originar una competencia injusta al encontrar formas de
beneficiarse con las arcas del Estado supuestamente infinitas y sobrepasar el límite de
participación de mercado del 17% fijado para todas las Afores.
También es un problema la nueva "contribución social" fijada por el gobierno a
las cuentas de pensión, igual a 5,5% del salario mínimo. Al debilitar el vínculo entre
las contribuciones de los trabajadores y sus beneficios, esa innovación reintroduce una
falla del antiguo sistema y abre la puerta a la irresponsabilidad fiscal. Después de
todo, el sector privado mexicano pocas veces ha sido tímido en cuanto a expropiar
ingresos públicos en nombre del bienestar social; no debemos esperar que las Afores se
comporten en forma diferente.
Parece que las Afores estarán restringidas, al menos en los primeros años, a poner el
dinero de muchos de sus clientes en bonos de gobierno -una estrategia que las autoridades
describen como conservadora, esencial para asegurar la confianza en el nuevo sistema-. Los
recuerdos de la devaluación de 1994 hacen dudar de tales declaraciones. Concentrar las
contribuciones de retiros en un conjunto de instrumentos, especialmente bonos de gobierno,
es un enfoque de inversión peligroso.
Si el nuevo sistema de pensiones es visto como otra forma de financiar al gobierno,
entonces la reforma apenas significará un cambio importante. Afortunadamente, la
administración planea permitir más inversiones en el sector privado en los años
venideros. Sólo entonces la privatización de las pensiones puede cumplir sus promesas y
los trabajadores beneficiarse con portfolios más diversificados.
Lamentablemente, el gobierno prohibirá que las compañías de fondos de pensión
inviertan en el extranjero. Las Afores no tendrán forma de hacer frente al riesgo de otra
crisis económica nacional. Más que mantenerse prisioneros del rendimiento del mercado
nacional, debe permitirse a los trabajadores que busquen seguridad en el mercado global.
Bajo tal escenario, la sensibilidad de los mexicanos a las políticas gubernamentales rápidamente se manifestará en el mercado, sumándose incluso
a otro concepto noble para el país: una forma efectiva de contabilidad.
La reforma del sistema de pensiones en México no resolverá por completo las dificultades
del país. Pero la privatización de las pensiones es un cambio de paradigma tan
importante como buscar el comercio libre con Estados Unidos. El señor Zedillo deberá
mejorar los aspectos técnicos de la reforma y enfatizar sus características
revolucionarias.
Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 27 de junio de 1997.
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