por Enrique Ghersi
Enrique Ghersi es abogado, profesor de la Universidad de Lima, coautor de El otro sendero y académico asociado del Cato Institute.
El repentino ascenso de la candidatura de Ollanta Humala es un fenómeno
estrictamente político vinculado con la crisis de legitimidad existente.
No tiene nada que ver con la informalidad ni con la protesta social contra
determinadas políticas económicas, como generalmente se pretende sostener.
En
un sistema político, la legitimidad puede tener dos orígenes. La legitimidad
democrática, que es la que se produce mediante el proceso electoral y el
cumplimiento de ciertos procedimientos. Y la legitimidad tradicional, que
es la que resulta de la experiencia social y adquiere relevancia por su repetición
histórica. La primera es un proceso ordenado que resulta de los comicios.
La segunda es un proceso de facto y resulta de determinadas condiciones sociales
y decisiones individuales.
La legitimidad democrática se rompió en el Perú cuando
Alberto Fujimori Fujimori disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992. El
gran respaldo popular que recibió el autogolpe produjo un regreso a la legitimidad
tradicional. Se pasó de la lógica electoral a la lógica de la montonera: “Si
quieres gobernar, tienes que sacar al anteriorâ€.
Curiosamente, la primera
víctima del proceso fue el propio Alberto Fujimori Fujimori, a quien Toledo
terminó sacando, mediante la Marcha de los Cuatro Suyos. A su turno, éste
ha sido víctima del mismo producto, pues tuvo que soportar varios intentos
de vacarlo en el cargo.
De regreso al principio de legitimidad tradicional,
el gran beneficiario es el comandante Humala, quien con el gesto de rebelión
contra Alberto Fujimori Fujimori en Moquegua, en las postrimerías de su gobierno,
adquirió la legitimidad política necesaria para optar por la candidatura
presidencial en base a haber intentado sacar a su antecesor.
La ruptura de
la institucionalidad en el mercado político peruano es antigua. Podríamos
atrevernos a ubicarla en el motín de Aznapuquio, a finales del Virreinato.
En efecto, en el motín de Aznapuquio un grupo de generales realistas, liberales
y de filiación masónica, deponen a un virrey ultramontano que pretendía encargar
a la Inquisición vigilar a sus propios oficiales. Así, La Serna depuso a
Pezuela y echó por tierra la institucionalidad legal vigente durante los
300 años de colonia española. A partir de entonces, quien quería ser gobernante
tenía que tener y demostrar el coraje necesario para deponer a su antecesor.
Esa
es la historia de la sucesión de liderazgos y constituciones que caracterizaron
a la sociedad peruana del siglo XIX. La lenta evolución del Estado de derecho
comenzó por desplazar a la legitimidad tradicional como parte de la autoridad
y a reemplazarla por la legitimidad democrática. La injustamente denominada
República Aristocrática y la democracia reinstaurada después de 1980 y hasta
1992, han sido, tal vez, los ejemplos más extensos de procesos de legitimidad
democrática de nuestra historia. Lamentablemente, desde el autogolpe del
92, se ha roto ese principio y hemos regresado a la legitimidad tradicional.
Hay
una diferencia, sin embargo, entre la legitimidad tradicional de antaño
y la de hogaño. En el siglo XIX, y aun en el siglo XX, siendo el golpe de
Estado o la revolución fines aceptables de hacerse con el poder, la legitimidad
tradicional tenía que culminarse con la efectiva deposición del gobernante
anterior y la captura del poder. Hoy en día, eso no es necesario. Basta el
gesto. Basta el intento. No es necesario que haya una reclamación efectiva
ni que se saque al gobernante. Lo que el mercado exige es que quien quiera
gobernar lo demuestre intentando deponer al anterior. Que deje claro que
está dispuesto a ejercer el poder.
En este contexto, es indispensable advertir
el carácter del fenómeno para que los políticos democráticos puedan entender
que está en juego mucho más que una mera elección de personas. Lo que se
decide es la forma en que se ejercerá el
poder: limitado por leyes y normas o ilimitado en base al puro carisma personal.
O, dicho de otra manera, se decide entre la libertad y el autoritarismo.
Este artículo fue publicado originalmente en el Correo de Perú.
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