Michael Tanner

Michael Tanner asevera que los estímulos aprobados por la Cámara de Representantes estadounidense llegan a $1 billón y aún así no se ha reducido el desempleo ni se ha estimulado el crecimiento.

Michael Tanner explica cómo mientras que los principales países europeos están reduciendo el gasto público y los beneficios estatales, EE.UU. parece determinado en construir un estado de bienestar al estilo europeo.

por Michael Tanner

El presidente Bush ha dejado en claro que la reforma del Seguro Social es una de sus máximas prioridades en su segundo periodo. Los frentes de batalla se están formando alrededor de los que apoyan y de los que se oponen a su propuesta de permitir a trabajadores jóvenes invertir privadamente una porción de sus contribuciones al Seguro Social por medio de cuentas individuales. A ratos, el debate se torna muy complejo, lleno de términos actuariales arcanos y afirmaciones que rivalizan sobre la insolvencia y las tasas de retorno.

Pero debajo de todo ese ruido, hay solo algunas cosas que los estadounidenses necesitan saber para poder entender la crisis del Seguro Social.

Primero, el sistema actual del Seguro Social es lo que se conoce como sistema “de reparto”. No es un sistema de ahorro o inversión, sino una simple transferencia de los trabajadores a los jubilados. Los impuestos a la nómina de cada generación de trabajadores no son ahorrados o invertidos para la jubilación de esa generación, sino que son utilizados para pagar los beneficios para aquellos ya jubilados. La actual generación de trabajadores debe esperar que cuando ellos se jubilen, la siguiente generación de trabajadores vaya a pagar sus impuestos para sostener sus beneficios, y así sucesivamente.

Obviamente, el sistema de reparto es muy sensible al número de personas que pagan versus el número de personas que reciben los beneficios. En otras palabras, la relación entre trabajadores y jubilados es crucial para la financiación del sistema actual.

La actual tendencia en Estados Unidos en la relación trabajador-jubilado está generando problemas al Seguro Social y su habilidad de mantener los beneficios prometidos. La gente está teniendo familias menos numerosas, dando como resultado menor cantidad de nuevos trabajadores pagando sus contribuciones al Seguro Social. Y los ancianos están viviendo más tiempo y recibiendo beneficios por muchos más años. Añada a esto el hecho que la generación Baby Boom está por retirarse y terminará con muchos menos trabajadores que retirados comparado a la situación cuando el Seguro Social inició.

En 1950, habían 16 trabajadores pagando sus contribuciones al sistema por cada jubilado que estaba tomando los beneficios. Hoy en día, hay un poco más de tres. Para el momento en que los baby boomers se jubilen, solo habrá dos trabajadores que tendrán que pagar todas las contribuciones para sostener a cada jubilado.

Menos trabajadores para más jubilados significa que cada trabajador tiene que soportar una creciente carga financiera para pagar los beneficios que el Seguro Social ha prometido. El impuesto original para el Seguro Social era de solo un 2 por ciento de los primeros $3000 que un trabajador ganaba, con un impuesto máximo de $60 por año. Para 1960, los impuestos a la nómina se incrementaron a un 6 por ciento. Hoy en día los trabajadores pagan un impuesto a la nómina de 12.4 por ciento.

Se va a volver peor. Para poder continuar financiando los beneficios de los jubilados, el impuesto a la nómina tendrá que ser incrementado a más de 18 por ciento. Eso es casi un incremento del 50 por ciento.

Veamos la carga financiera de otra manera. Las contribuciones al Seguro Social son en este momento de 12.4 por ciento del salario, o un octavo del salario anual del trabajador. Es el mayor impuesto que el grupo familiar promedio debe pagar. Aproximadamente un 80 por ciento de las familias estadounidenses pagan más en contribuciones al Seguro Social de lo que pagan en impuestos federales sobre la renta.

A pesar de esa gran carga fiscal, el impuesto a la nómina tendrá que ser incrementado en casi la mitad para poder continuar pagando los beneficios del Seguro Social. Eso es una terrible carga de imponer a nuestros hijos y nietos.

El único camino de salida a este problema es cambiar el Seguro Social de un modelo de reparto a un sistema basado en ahorros e inversión. Por eso el presidente Bush quiere permitir a los trabajadores jóvenes que empiecen a ahorrar parte de sus contribuciones al Seguro Social. Aquellos que están en desacuerdo tienen la obligación de decir al resto de nosotros como pretenden afrontar la sombría realidad demográfica.

Traducido por Nicolás López para Cato Institute.

por Michael Tanner

El Seguro Social afecta a la mayoría de estadounidenses. Casi un 80 por ciento de las familias en EE.UU. paga más en contribuciones al Seguro Social que lo que paga en impuestos federales sobre la renta. Al mismo tiempo, más de la mitad de los ancianos reciben del Seguro Social la mayor parte de sus ingresos por jubilación.

A medida que avanza el debate sobre el futuro del programa, aquí hay algunas cosas que debemos tener presente.

La Reforma no Puede Esperar. Aunque el Seguro Social tiene hoy en día superavit, eso cambiará muy pronto. En menos de 15 años, el Seguro Social tendrá un déficit, gastando más en beneficios de lo que obtendrá a través de impuestos. Después de eso, al menos en teoría, los obtendrá del fondo fiduciario del Seguro Social hasta el 2042, después de lo cual el fondo fiduciario estará agotado y el Seguro Social podrá pagar solamente 75 centavos por cada dólar de beneficios prometidos. En la realidad, el fondo fiduciario no contiene activos. Los bonos que posee son simples compromisos—promesas de que en alguna fecha en el futuro el gobierno va a gravar a alguien para poder pagar los beneficios. El Seguro Social enfrenta actualmente pasivos sin respaldo por más de $11.9 millones de millones.

¿Por qué el problema? Las contribuciones al Seguro Social no son invertidas o ahorradas para la jubilación, pero son utilizadas para pagar a aquellos que ya están jubilados. Esto funciona cuando hay muchas personas que están contribuyendo al sistema y solo algunos recibiendo dinero. Sin embargo, hoy en día menos trabajadores están sosteniendo a más jubilados. El Seguro Social, tal como lo conocemos hoy en día, es insostenible.

Opciones Limitadas. El Presidente Clinton explicó las limitadas opciones para la reforma: elevar los impuestos, recortar los beneficios o invertir privadamente.

El incremento a los impuestos y el recorte de beneficios tienen que ser grandes. Para el 2030, la carga impositiva adicional se incrementará a $1543 por año por trabajador, y continuará creciendo después de eso. Eso representaría un incremento en los impuestos sobre la nómina de aproximadamente 50 por ciento, o un incremento en los impuestos sobre la renta u otros. Algunas Personas también han sugerido quitar el tope al monto del ingreso sujeto al impuesto sobre la nómina. Este sería el incremento a los impuestos más grande en la historia de EE.UU., pero se quedaría corto en relación al dinero que se necesita para mantener al seguro social solvente. Según algunos estimados, eliminando ese tope proveería solamente 7 años adicionales de solvencia al programa.

La segunda alternativa es cortar beneficios. Los estimados actuales sugieren que los beneficios puede que tengan que ser reducidos tanto como un tercio. Hay muchas maneras en las que se puede hacer esto—ninguna de ellas es probable que sea políticamente popular.

Cuentas Individuales. La última alternativa es permitir a los trabajadores jóvenes invertir privadamente una porción de sus contribuciones al Seguro Social. La porción no está definida todavía, pero podría estar entre un 2 por ciento de su salario hasta la mitad de las contribuciones del trabajador (6.2 por ciento de su salario). Esto le daría a los trabajadores propiedad y control sobre sus fondos de jubilación y les permitiría aprovechar la ventaja del interés compuesto.

No se espera que los individuos sean inversores sofisticados. Las inversiones, al menos al principio, estarían en fondos seguros y ampliamente diversificados, y dado el horizonte de inversión a largo plazo, habría un riesgo notablemente pequeño. No ha habido alguna vez un periodo de 20 años durante el cual los mercados de capitales estadounidenses pierdan dinero. Y a diferencia del sistema actual, el dinero en estas cuentas podría ser transferido después de su muerte a sus herederos.

Costos de Transición. Algunos alegan que las cuentas privadas podrían costar $2 millones de millones o más. Pero aquellos costos reducirían las deudas no financiadas del Seguro Social casi a la mitad—aunque tendríamos que pagar esos costos ahora en lugar de esperar hasta que se venzan en el futuro.

Detalles por venir. El Presidente Bush no ha respaldado una propuesta especifica de reforma. Hay varios planes que están siendo considerados por el Congreso. Estos varían en función del tamaño de las cuentas, las opciones de inversiones permitidas, los tipos de garantías que ellos ofrecen y como financiarían los costos de transición a corto plazo, ya sea por medio de prestamos o alguna nueva fuente de ingresos. Un plan definitivo será elaborado la primavera siguiente.

Al final, el Congreso tendrá que hacer algunas decisiones difíciles para financiar hoy los costos de transición, pero todos estaremos mejor en el futuro si se hace.

Traducido por Nicolás López para Cato Institute.

La Cumbre de las Américas debe prestar atención a los estudios del último Cato Journal.

por Michael Tanner

Los mexicanos están viniendo a Estados Unidos y nos van a quitar nuestra Seguridad Social. Eso decían las últimas advertencias de los alarmistas anti-inmigración. Pero, como en previas afirmaciones de que los inmigrantes iban a quitarnos nuestros empleos o a vivir del Estado de Bienestar (siempre me pregunté cómo se suponía que iban a hacer ambas), este último alboroto es mucho ruido y pocas nueces.

La fuente de la alarma es un nuevo acuerdo, conocido como "totalización," que está siendo negociado entre la administración de Bush y el gobierno méxicano. La Totalización le permitiría a los ciudadanos de cualquiera de los dos países, que vivan y trabajen en el otro país, calificar para beneficios de Seguridad Social que ganen mientras trabajan allí. Podrían recibir esos beneficios incluso después de regresar a su país de origen y en algunos casos podrían combinar créditos ganados en ambos países para calificar a los beneficios.

No hay nada particularmente inusual sobre este acuerdo. Los Estados Unidos ha estado negociando acuerdos de totalización desde 1978 y actualmente tiene esos acuerdos con cerca de 20 países. Hubo algunos gritos de alarma cuando se firmó uno de esos acuerdos con Australia en el 2002. De hecho, los estadounidenses han sido generalmente los beneficiarios más grandes de la totalización porque tienen mayores probabilidades de trabajar en corporaciones multinacionales y dividir sus carreras laborales entre los Estados Unidos y otros países.

Claro, México es un poco diferente porque hay más ciudadanos mexicanos trabajando en los Estados Unidos que en el otro sentido. Aún así, es difícil entender la histeria.

La mayoría de los inmigrantes mexicanos no se quedan en los Estados Unidos por los diez años necesarios para calificar para los beneficios de jubilación del Seguro Social. Pero las nuevas reglas probablemente llevarán a un incremento en el número de beneficiarios. Además, porque el tiempo necesario para calificar para los beneficios de sobrevivientes y por incapacidad es más corto, esos pagos puede esperarse que se incrementarán significativamente. Los costos totales de los beneficios para ciudadanos mexicanos bajo la totalización se estima en cerca de $78 millones de dólares en el primer año del acuerdo.

Como forma de comparación, actualmente pagamos $173 millones al año a ciudadanos de países con los que ya tenemos acuerdos. Para el 2050, los pagos anuales a ciudadanos mexicanos llegarían a cerca de $650 millones. Eso es dinero real, claro, aún para los estándares de Washington. Pero, veamos el contexto. Dado que actualmente la Seguridad Social enfrenta pasivos sin financiación de más de $26 millones de millones, el costo adicional de la totalización difícilmente puede sorprender.

La Seguridad Social está enfrentando una crisis financiera, pero ésta no tiene nada que ver con los inmigrantes mexicanos, legales o ilegales. De hecho, al menos en el corto plazo, la inmigración beneficia a la Seguridad Social, al incrementar el tamaño de la fuerza laboral y el monto de los pagos de nómina recaudados. De hecho, sin inmigrantes la Seguridad Social podría estar ya en déficit. En el largo plazo, seguramente la pirámide colapsará. Pero eso es por la estructura financiera defectuosa de la Seguridad Social.

Claramente, la Seguridad Social necesita ser reformada. El Presidente Bush ha propuesto, de hecho, permitir a los trabajadores más jóvenes invertir privadamente una porción de sus impuestos para Seguridad Social a través de cuentas individuales. Eso apuntaría hacia la solución de los problemas financieros de la Seguridad Social - y crearía un mejor y más seguro sistema de retiro para los trabajadores de hoy.

Tomar de chivos expiatorios a los inmigrantes no servirá de nada para solucionar el problema.

* La totalización es un acuerdo entre dos países que permite eliminar la doble tributación al seguro social para aquellos que han trabajo en ambos países y el tiempo de permanencia en cada país ha sido menor al período de eligibilidad para gozar de los beneficios. (Nota del Editor)

Traducido por Javier L. Garay Vargas para Cato Institute.