La Arquitectura Oculta del Capitalismo

por Hernando de Soto

Imaginen un país cuyas leyes que rigen los derechos de propiedad son tan deficientes que nadie puede identificar quién es dueño de qué, las direcciones domiciliarias no pueden ser fácilmente verificadas, la gente no puede ser obligada a pagar sus deudas. Un sistema donde nadie puede usar su casa o empresa para garantizar créditos. Imaginen un sistema de propiedad donde no se puede dividir una empresa productiva en acciones para venderse a otros inversionistas, donde ni siquiera existe una forma estandarizada y comercialmente útil para describir los activos.

Bienvenidos a la vida cotidiana del Tercer Mundo, donde viven cinco sextos de la humanidad. Sus condiciones de vida son la encarnación misma de una paradoja: los países Occidentales ven al capitalismo como la solución para el subdesarrollo global, pero hasta ahora ni siquiera se ha intentado porque en una economía capitalista toda operación se basa en las leyes de la propiedad y sus transacciones, las cuales no existen en el Tercer Mundo. Sus sistemas de propiedad excluyen los activos y transacciones del 80% de la población. Los desposeídos están tan separados de la actividad económica como alguna vez lo estuvieron negros de blancos bajo el apartheid sudafricano.

Los programas convencionales de reformas macroeconómicas siempre ignoraron a los pobres, partiendo de la suposición de que no poseen recursos sobre los cuales se puede generar valor adicional. Los estudios del ILD comprueban que, en realidad, los desposeídos no son tan pobres. En Perú sus activos ascienden a unos 90,000 millones de dólares, 11 veces más que todos los títulos de la Bolsa de Valores de Lima y 40 veces más que el total de ayuda extranjera que ha recibido el país desde la Segunda Guerra Mundial. En México el monto estimado es de 315,000 millones, 7 veces más que el valor de PEMEX, la empresa petrolera nacional. En Egipto, los activos de los pobres ascienden a un total de 240,000 millones, 55 veces más que el valor de la inversión extranjera directa durante los últimos 200 años, incluyendo el costo del Canal de Suez y represa de Assuán.

Para que haya desarrollo en los países pobres, se les tiene que permitir a los pobres y las clases medias bajas usar sus activos tal como los usan los ricos y el desafío político es hacer que estos bienes pasen del sector "extralegal" en el que están ahora a un régimen de propiedad legal más inclusivo, en el que puedan ser más productivos, además de generar capital para sus propietarios, crecimiento para la nación y mercados para la industria.

Los gobiernos del Tercer Mundo ya han demostrado que es posible reformar sistemas de propiedad deficientes, al menos cuando se trata de los ricos. Por ejemplo, en 1990 la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) se cotizaba en la Bolsa de Valores de Lima por un total de 53 millones de dólares. Pero el Gobierno no podía vender la CPT a inversionistas extranjeros, por problemas con el título de propiedad sobre muchos de sus activos. Los peruanos decidieron reunir a un equipo internacional de juristas de primera para crear un título legal, acorde con las normas estandarizadas de propiedad que requiere la economía global. Como resultado, la propiedad pudo convertirse fácilmente en acciones. Se elaboraron normas para proteger los intereses de terceros y generar suficiente confianza como para atraer créditos e inversiones. Los juristas también diseñaron leyes para litigar en disputas patrimoniales sorteando a los engorrosos y corruptos tribunales peruanos. Tres años después, la CPT entraba al mundo del capital líquido vendiéndose por un total de 2,000 millones de dólares, o 37 veces su valoración inicial de mercado. Hasta ese grado llega el poder de un buen sistema de propiedad.

Los activos de los desposeídos también pueden ser titulados legalmente y así liberar su capital potencial. Hace nueve años el Gobierno de Indonesia me invitó como asesor para identificar los activos que conforman el sector extralegal, en el que vive el 90% de la población del país. Distaba de ser un experto en este país, pero al pasear por los arrozales de la hermosa Bali noté que siempre que entraba en una propiedad diferente me ladraba un perro distinto. Los perros no necesitaban un doctorado en Derecho para saber cuáles eran los activos de sus amos. Así que aconsejé al Gabinete que empezara por "escuchar los ladridos". "Ah, Jukum Adat, el derecho del pueblo", respondió uno de los ministros.

La historia del capitalismo occidental en realidad narra cómo los gobiernos, durante cientos de años, fueron adaptando el "derecho del pueblo" a reglamentos y códigos uniformes que todos pudieran entender y respetar. Las propiedades representadas por perros, cercas y guardias armados pasaron a representarse mediante registros, títulos y acciones. Una vez que Occidente logró enfocar el título de propiedad de una casa en vez de la casa en sí, obtuvo una enorme ventaja sobre el resto de la humanidad. Los títulos, acciones y leyes patrimoniales permitieron considerar los bienes no sólo por lo que son (una casa como refugio), sino por lo que podrían ser (una garantía para obtener crédito, y así iniciar o expandir una empresa). Mediante sistemas de propiedad estandarizados que integran a todos, las naciones de Occidente crearon una escalera que permitió a sus ciudadanos subir del caótico sótano del mundo material al universo representativo donde se crea capital.

Lejos de que los pobres sean un problema, son en realidad la solución. Y ahora es el momento preciso para que sean los políticos que entienden que el derecho es un consenso social, y no las elites jurídicas desfasadas, quienes se encarguen de la definición de propiedad.

* Una versión de este artículo fue publicada en la revista Time y en AOLA el 16 de abril de 2001 bajo el título "La ley de la pobreza".

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