La cláusula social no tiene lugar en Singapur

por L. Jacobo Rodríguez

L. Jacobo Rodríguez es director adjunto del Proyecto sobre la Libertad Económica Global en el Cato Institute.

En la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se está celebrando esta semana en Singapur, los Estados Unidos, junto a otros países occidentales, van a insistir en que la armonización de las regulaciones laborales con los países en vías de desarrollo sea una condición para cualquier futuro acuerdo de libre comercio. Los países en vías de desarrollo, incluídos los Dragones Asiáticos, se opondrán a una propuesta en este sentido.

El establecimiento de unas normas laborales mínimas en todos los países forma parte de una esfuerzo mayor por crear una serie de normas internacionales de comercio, supuestamente justas, a fin de "nivelar el campo de juego." Esas normas, afirman los líderes sindicales y otros grupos de interés en las naciones industrializadas, harán que los trabajadores en los países ricos sean menos vulnerables a la competencia de la mano de obra barata de los países en vías de desarrollo.

En el fondo, estas afirmaciones no son más que una nueva forma de proteccionismo. Y el proteccionismo, al igual que el mono, aunque se vista de seda, proteccionismo se queda. La vulnerabilidad de los trabajadores en los países industrializados no se debe al mayor volumén de comercio con los países en vías de desarrollo. Hasta la Organización Mundial del Trabajo (OMT) lo reconoce. En su memoria anual, recientemente publicada, la OMT declara que la evidencia empírica sugiere que el comercio con los países en vías de desarrollo "ha sido solamente un factor explicatorio menor en el aumento del desempleo y en la bajada de los salarios de la mano de obra no especializada en los países industrializados." El factor principal son las políticas macroeconómicas erróneas, lo que no es sorprendente. Por ejemplo, en Europa Occidental, la cobertura de las prestaciones por desempleo, ordenada por los gobiernos, es demasiada generosa y ha aumentado los costes laborales totales, de tal manera que la tasa de contratación permanente es muy baja.

De mayor importancia para los proteccionistas, la noción del comercio "justo" implica una igualdad de resultados--es decir, una balanza comercial equilibrada. Pero son los individuos, no las naciones, los que comercian entre sí. Y la razón por la que intercambian bienes y servicios es que esperan beneficiarse del intercambio. Esto, necesariamente, implica que estiman más los bienes y servicios que reciben que aquellos que dan a cambio.

Por lo tanto, dado que esas estimaciones son subjetivas, lo que constituye comercio "justo" no se puede determinar objetivamente utilizando el criterio de la balanza comercial equilibrada. Un criterio más apropiado sería determinar si las reglas comerciales (que no es lo mismo que las regulaciones laborales) se pueden aplicar con igualdad y de manera general a todos aquellos que comercian. Es más, éste sería un rol legítimo de la OMC.

Pero mucha gente en los países occidentales, movidos por su inquietud hacia los trabajadores de los países en vías de desarrollo, están también a favor de la armonización de las regulaciones laborales (la famosa claúsula social). Desafortunadamente, tales partidarios de la armonización no se percatan de los efectos perniciosos que esas regulaciones tendrían en las vidas de los trabajadores que están tratando de proteger. La imposición de unos derechos laborales mínimos, que mejorasen las condiciones de la mano de obra no especializada en los países en vías de desarrollo al nivel de los países industrializados, elevaría el coste laboral de tales trabajadores por encima del rendimiento de su trabajo. Su nuevo destino sería el paro, lo que prevendría a los más pobres de entre los pobres de escapar las filas de los desempleados.

Para esos trabajadores, un trabajo que un occidental puede considerar inaceptable, es mucho mejor que ningún trabajo en absoluto. Como dice la economista guatemalteca, Lucy Martínez-Mont: "El privar a los países en vías de desarrollo, incluso con las mejores intenciones, del capital y del empleo necesarios para erradicar las condiciones de pobreza que nos afligen desde hace siglos solamente asegurará la perpetuación indefinida de dicha miseria."

La experiencia ha demostrado que una de las claves para salir de la pobreza es la apertura de los mercados. Los países en vías de desarrollo han aprendido esa lección a duras penas, tras haber practicado el dogma proteccionista durante muchas decadas. Como los casos de Corea del Sur o de Hong Kong demuestran, el aumento del comercio conduce a la prosperidad. Y, a medida que el nivel de vida sube, los trabajadores son capaces de satisfacer necesidades que son menos importantes para ellos--como mejores condiciones de trabajo o un medio ambiente más limpio--que la necesidad de ganar un sustento para sí mismos y para sus familias.

Todos aquellos que creemos en la primacía del individuo y en la defensa de los derechos humanos desearíamos que se terminase el trabajo forzado, la explotación infantil, y la desigualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer ... en cualquier parte del planeta, sea un país rico o sea un país pobre. Pero, la agenda estadounidense para la cumbre de la OMC es especialmente peligrosa para los países en vías de desarrollo. De conseguir el establecimiento de la claúsula social en las reglas multilaterales del comercio, se frustrarían los avances que estos países han realizado en los últimos años. Además, es una agenda que probablemente retrase las iniciativas de libre comercio entre las naciones industrializadas y las naciones en vías de desarrollo, lo que impediría a los consumidores de todo el mundo--entre los que se encuentran los trabajadores de Occidente--de disfrutar en su totalidad los beneficios del mercado global.

La libertad de los individuos de disponer de su propiedad como les plazca y de participar en intercambios voluntarios con otros individuos--ya sean estos de la misma ciudad o de otro país--es una característica fundamental del sistema de la libre empresa. Los excesos regulatorios de Occidente, que nos han llevado al estancamiento económico y a tener una mayor dependencia del Estado, son una restricción de esa libertad, y una exportación que los países en vías de desarrollo no necesitan.