8 de julio de 2005

Condonación de la deuda

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por Pedro Schwartz

Pedro Schwartz es Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid y Profesor de Economía de la Universidad San Pablo CEU.

Es muy generosa la actitud del Grupo de ocho naciones ricas (G-8) al condonar la deuda contraída por catorce naciones africanas, pero profundamente equivocada. Los gobiernos de África deberían seguir obligados a devolver el dinero que deben y han malbaratado, aunque sea haciendo que los dictadores y sus familias los saquen de los paraísos fiscales donde los han escondido. La suma de lo que piensan condonar debería ir directamente a proyectos y empresas privadas, y a programas de alfabetización y salud dirigidos a los individuos necesitados. Toda nueva ayuda a los gobiernos debería someterse a estrictas condiciones de transparencia y buena gestión. En todo caso, los G-8 han decidido no condonar los 25 mil millones de euros de deuda contratada, que aún debe Nigeria, a cuenta de futuros ingresos petroleros.

Sí, ya sé que Bob Geldorf ha dicho que al infierno con la denuncia de la corrupción de los políticos africanos, como pretexto para retener la ayuda. Pero el ejemplo de lo descubierto por el Comité sobre Delitos Financieros del Parlamento de Nigeria indica que es más que un pretexto. Durante la época de dictadura militar de 1960 a 1997 “desapareció” el equivalente de 330 mil millones de euros de los fondos recibidos. Nigeria goza de amplios recursos naturales, en especial de abundante petróleo. Es el Estado más populoso de Africa, con 130 millones de habitantes. La mayoría de esos pobladores, relata David Blair del Sunday Telegraph de Londres, vive en abyecta pobreza, un tercio es analfabeto, el cuarenta por ciento carece de suministro de agua potable. Con modos diferentes de gobernarse, la situación de esos pobres nigerianos sería muy distinta.

La ayuda recibida por Nigeria entre esos mismos años de 1960 y 1997 casi coincide con los 330 mil millones de euros. Para dar una idea aproximada del montante, sin deflactar equivale a seis planes Marshall. Según el periodista David Blair, el Reino Unido tendría que mantener la ayuda de mil millones de euros que ha concedido a toda Africa en 2004 durante tres siglos para cubrir la suma sustraída. El último dictador militar de Nigeria, el general Abacha, que recientemente murió en el exilio mientras se divertía con dos prostitutas y un abundante suministro de viagra, al parecer sustrajo entre 1,5 y 4,5 mil millones de euros durante sus cinco años al mando. Su esposa principal fue luego detenida cuando viajaba a Arabia Saudita con un baúl de varios cientos de kilos de billetes. El presidente de la citada Comisión contra la corrupción, señor Obasanjo, se ha comprometido a una difícil misión al decidirse a ir a la reunión del G-8 en Gleneagles, Escocia para pedir que se perdone a Nigeria esa deuda nacional de 25 mil millones de euros: ¿quién garantiza que no volverán sus gobiernos a las andadas?

Los críticos de la ayuda pública directa a los Estados africanos solemos señalar el terrible efecto de las guerras civiles endémicas en toda el África central. Es un mal que quizá pueda erradicarse o controlarse al menos con intervenciones armadas de las Naciones Unidas. Pero igualmente graves y difíciles de resolver me parecen las cuestiones planteadas por el mal gobierno de Nigeria y de otras naciones africanas.

Por un lado se encuentran los efectos de las equivocaciones de algunos gobernantes locales, como la conculcación de los derechos de propiedad por Mugabe en Zimbabwe, o el desenfoque de la lucha contra el sida en Sudáfrica por culpa del presidente Mbeki. No es fácil saber qué pueden hacer las naciones más civilizadas para evitar tales desmanes, pues las sanciones económicas son a menudo contraproducentes y esos nuevos Estados tienen la sensibilidad soberana muy a flor de piel. Por otro lado están los desfalcos y saqueos cometidos con la complicidad de compañías y aún Estados occidentales, terreno en el que sería necesaria una acción más decidida, tanto de las autoridades estatales y comunitarias, como de los consejos de administración de las sociedades anónimas.

Son varios los países europeos que han tomado medidas para levantar el secreto bancario de cuentas cuyo origen se encuentra en la corrupción: Luxemburgo y Suiza dan información sobre los procesados por los tribunales de otros países y persiguen penalmente a los sospechosos de delitos financieros. Los ministros de finanzas de la Unión Europea han acordado una directiva que impondrá nuevas obligaciones y responsabilidades a bancos, intermediarios financieros, casinos y otras instituciones en materia de corrupción. La convención de la ONU contra la corrupción está siendo ratificada por un número creciente de miembros. Sin embargo, lo indispensable es que los Estados democráticos castiguen penalmente a los directivos y consejeros de las compañías privadas que sobornen a políticos del Tercer Mundo para conseguir contratos.

He aquí pues otro punto en el que hay que rechazar y combatir la llamada “Excusa de Nüremberg”, la presentada por los prebostes y oficiales nazis de que los crímenes de que les acusaban los habían realizado en el curso de sus actuaciones profesionales, para mayor bien de las organizaciones en las que trabajaban.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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