5 de abril de 2005

Bienes y servicios públicos

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por Pedro Schwartz

Pedro Schwartz es Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid y Profesor de Economía de la Universidad San Pablo CEU.

Los socialistas de todos los partidos han causado una inflación de derechos sin deberes y de servicios públicos sin suministro. Son bienes públicos, según el título uno de la Constitución Española, la educación, la protección de la salud, el acceso a la cultura, el disfrute del medio ambiente, el patrimonio artístico y cultural, una vivienda digna y adecuada. El título octavo reparte las competencias sobre el control de los ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos entre el Estado y las Autonomías. Según leyes recientes promulgadas de 1980 a 1988, son servicios públicos cuya titularidad corresponde al Estado la radiodifusión y la televisión, el suministro de combustibles gaseosos por canalización, los transportes públicos regulares permanentes de viajeros de uso general, las telecomunicaciones. En caso de que alguna compañía privada quiera suministrarlos, lo podrá hacer sólo por graciosa concesión administrativa. La lista no tiene límite, pues el artículo 128 de la Constitución dice que “mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio”.

¡Claro que sí!, dirán muchos lectores. No se puede confiar al caótico mercado la protección de esos bienes públicos y el suministro de esos servicios esenciales. Sólo el Estado puede garantizarlos. Pues para cambiarles las ideas, quiero introducir dos conceptos en el discurso: la noción de bienes y servicios colectivos; y la diferencia entre producir bienes colectivos y redistribuir riqueza.

Digan “bienes y servicios colectivos” en vez de “públicos”. Todo cambia de golpe. Colectivo es aquello que se consigue mejor cuando hay cooperación de muchos, en vez de meros esfuerzos individuales. La cooperación puede ser competitiva, empresarial, política. La competencia económica es una forma de cooperación social, una cooperación no planeada que emerge de la persecución del interés individual, cuando se trata de bienes y servicios divisibles. La organización empresarial es una forma de actuación colectiva: una empresa de fabricación de automóviles es un esfuerzo colectivo para el que los accionistas, gerentes y empleados firman contratos de cooperación para lanzar los productos al mercado.

Por fin, hay ciertos bienes y servicios, como son la defensa nacional, la justicia, los museos nacionales, la investigación científica fundamental, que es posible no puedan alcanzarse óptimamente por empresas o asociaciones y que los ciudadanos de un país acuerdan financiar coactivamente con impuestos. Pero como la financiación fiscal se presta a abusos por parte de quienes monopolizan el poder del Estado, siempre hay que preguntarse en el caso de los bienes colectivos, mal llamados “públicos”, si no conviene para su mejor producción privatizarlos.

El peligro aparece cuando las decisiones sobre la producción colectiva de bienes y servicios se mezclan con la búsqueda de la redistribución de la renta. Por ejemplo, no hay duda de que la educación acaba siendo de mejor calidad cuando es privada. En vez de ser estatal, suminístrese a quienes lo necesiten un bono escolar; así se redistribuye sin limitar la elección individual y la iniciativa empresarial.