9 de diciembre de 2004

Imponiendo costos al libre comercio

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por Marian L. Tupy

Marian L. Tupy es analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.

Antes de dejar su cargo como comisionado comercial de la Unión Europea (UE) a finales del mes pasado, Pascal Lamy propuso abrir los mercados europeos a las importaciones desde países subdesarrollados. Sonaba bien, pero tal medida viene con condiciones: sólo aquellos países que adoptan 27 convenciones internacionales sobre desarrollo sostenible y estándares laborales y ambientales serán considerados merecedores a un mayor acceso al mercado común europeo.

La propuesta de Lamy es un táctica negociadora para separar a los países pequeños de miembros más poderosos del bloque en desarrollo, como India, Brasil, y Sudáfrica, que han puesto resistencia a los países ricos. Es un chantaje que, de prosperar, socavaría las economías del mundo subdesarrollado e impediría a millones de personas escapar de la pobreza.

Por décadas, economistas especializados en desarrollo apoyaron un incremento en el comercio entre países ricos y pobres como la mejor manera de combatir la pobreza en el mundo subdesarrollado. La evidencia empírica sugiere que la gente en países que están más integrados con el resto del mundo goza de estándares de vida más altos. Según el Informe Anual de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Institute, el PIB per cápita en el quintil de países con el comercio más restrictivo era de solo $1,883 en el 2002. Sin embargo, el PIB per cápita en el 2002, del quintil de países con el comercio más libre era de $23,938.

Los beneficios del libre comercio no han sido siempre apreciados. Después de la segunda guerra mundial, la mayoría de los países subdesarrollados trataron de lograr la prosperidad a través del proteccionismo. Las importaciones eran vistas como un obstáculo a la formación de capital, la cuál se consideraba un prerrequisito para el desarrollo económico. En cambio, los países subdesarrollados trataron de usar asistencia intergubernamental para estimular el crecimiento económico. Ese enfoque no funcionó. Muchos países pobres, hoy en día, están altamente endeudados pero continúan subdesarrollados. No es de sorprender que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, declarase durante su visita a Washington en el 2003, “No quiero asistencia, quiero comercio. La asistencia no transforma sociedades”.

Con certeza, los países subdesarrollados tienen un largo camino por recorrer para liberalizar sus regímenes comerciales. El arancel promedio en el mundo subdesarrollado era de 12.7 por ciento en el 2001. El grupo de países subdesarrollados más pobre, las llamadas naciones de bajos ingresos, mantenían aranceles promedios de 14.8 por ciento. En comparación, países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con altos ingresos tenían un promedio arancelario del 3.7 por ciento. Aún así, la mayoría de observadores concuerda que los países desarrollados pueden hacer más para acabar con la pobreza en el mundo subdesarrollado: por ejemplo, pueden abrirse a las exportaciones del mundo subdesarrollado. El problema es que la liberalización comercial en países ricos es frecuentemente condicionada a la aceptación ¾ por parte de los países pobres ¾ de regulaciones ambientales y laborales perjudiciales para la competitividad y el crecimiento económico.

El autor sueco Johan Norberg señala que la revolución industrial europea no tenía que contentarse con regulaciones ambientales y laborales rigurosas. No obstante, luego que Europa se desarrolló y el estándar de vida subió, mucha gente estuvo dispuesta a pagar una prima por bienes comerciales que se producían en una manera ambientalmente amigable. El incremento de eficiencia en la producción y al mismo tiempo la reducción de desperdicios, contribuyó a una mejor calidad del medio ambiente. Pero, como Norberg explica, “la calidad ambiental probablemente no sea una prioridad máxima para personas que no saben de donde viene su siguiente comida”.

Ese es exactamente la clase de sentimiento que observé durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica. Los países pobres unieron fuerzas contra los intentos de la UE, grupos ambientalistas y sindicatos, por restringir el crecimiento económico en el mundo subdesarrollado. Ellos reconocieron que lo que sus pobres ciudadanos desdichados necesitan es energía barata más que energía renovable. También entendieron que trabajos no ideales eran mejores que ningún trabajo.

El fracaso de la UE por avanzar su agenda por medio de negociaciones multilaterales, tales como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, probó ser solo un revés temporal. La UE ha decidido usar negociaciones bilaterales para ganar concesiones de países pobres. En tales negociaciones, la UE ofrece acceso libre de aranceles a 7,200 productos de los países más pobres del mundo. A cambio, esos países tienen que firmar el protocolo de Kyoto sobre calentamiento global, el protocolo de Cartagena sobre productos genéticamente modificados, y una plétora de acuerdos internacionales laborales. La adherencia de países pobres a estos tratados desacelerará el crecimiento económico en el mundo subdesarrollado.

Los países subdesarrollados deben seguir reformas domésticas que impulsen el crecimiento y liberalizarse sin importar lo que haga la UE. La mayor apertura económica resultará en mayor productividad, que compensará con creces los ya bajos aranceles externos que la UE impone sobre las importaciones extranjeras. En otras palabras, no hay una razón convincente por la cual los escandalosos intentos de la UE por avanzar su agenda proteccionista en países débiles y pobres, no deba ser rechazada.

Traducido por Augusto Ballester para Cato Institute.