15 de abril de 2004

Un estado de bienestar para los ofendidos

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por Robert A. Levy

Robert A. Levy es académico titular en Estudios Constitucionales del Cato Institute.

Triple peligro. Ese es el efecto neto de la orden de semanas atrás de la Unión Europea en la que se imponen sanciones adicionales anti-monopolio al mayor productor mundial de software. Microsoft debe pagar cerca de 500 millones de Euros (608 millones de dólares) en multas, revelar más de su código de programación para que los servidores rivales puedan interactuar más fácilmente con Windows y ofrecer versiones duales de Windows para los productores de computadores personales europeos –una versión con Media Player y otra sin ella.

La primera mordida a la manzana de Microsoft vino cerca de seis años atrás cuando el Departamento de Justicia y 20 fiscales generales estatales entablaron su demanda conjunta anti-monopolio contra la compañía. Thomas Penfield Jackson, el juez federal, sostuvo que Microsoft se había comportado mal y recomendó, entre otras cosas, que fuera desmembrado. Pero una corte de apelaciones tuvo otras ideas. Desechó el esquema de desmembramiento después de encontrar que el señor Jackson también se había comportado mal. No obstante, dijo, Microsoft mantuvo ilegalmente su monopolio de Windows. Otro juez federal, Colleen Kollar-Kotelly, fue apuntada para presentarse con soluciones apropiadas. El resultado – 3 ½ años después de la demanda inicial – fue un acuerdo entre Microsoft, el Departamento de Justicia y todos menos nueve de los estados demandantes.

Antes de aprobar el acuerdo, la señora Kollar-Kotelly tomó todavía un año más para considerar más de 30.000 comentarios públicos, testimonios de expertos y montones de consejos de los supuestamente afectados competidores de Microsoft. Ella decidió que el interés público se servía mejor si se implementaba el acuerdo, lo que esencialmente impuso dos restricciones sin precedentes sobre la libertad de la compañía para diseñar y desarrollar sus propios productos. Primero, Microsoft debía permitirle a los productores y consumidores de PC esconder ciertos productos del paquete de Microsoft –como el Internet Explorer y el Media Player – e instalar productos de la competencia. Segundo, Microsoft debía revelar partes de su código de software a las compañías que produjeran servidores de computadores a gran escala que se “comunican” con las PCs basadas en Windows.

Mientras que el proceso de aprobación del acuerdo se desarrolló, los nueve estados restantes optaron por la segunda mordida a la manzana de Microsoft. Decidieron remplazar a los Estados Unidos como aquel que haga respetar las leyes federales anti-monopolio y buscar mayor apoyo que el acuerdo federal alcanzado. Y llevaron a cabo esa tarea ante la orden de compañías como Sun Microsystems, que jugó un gran rol en el mercado de servidores, y de RealNetworks, que alguna vez dominó el mercado de software multimedia. En noviembre de 2002, la señora Kollar-Kotelly rechazó los remedios propuestos por los nueve estados porque ellos “requerirían drásticas alteraciones a los productos de Microsoft, así como aspectos de su modelo de negocios no envueltos en la conducta ilegal.”

Ahora viene la Unión Europea con la tercer mordida: aborda las mismas preocupaciones que fueron primero planteadas por el Departamento de Justicia, luego planteadas y rechazadas después en audiencias separadas involucrando a los estados fuera del acuerdo. Sin embargo, la UE continúa el trasquilar –criticando y pasando por encima del juicio de ambos poderes, el judicial y el ejecutivo, del gobierno estadounidense en un asunto que afecta las decisiones de negocios hechas en los Estados Unidos por una compañía estadounidense. Lo que es peor, todo el proceso ha sido instigado por competidores basados en los Estados Unidos que han fracasado repetidamente dentro del sistema legal estadounidense en sus intentos de conseguir lo que han sido ineptos de conseguir en el mercado global.

Microsoft trató de aplacar a RealNetwork con una promesa para hacer que la mayoría de los productores de PC en el mundo instalaran tres media players competidores. Con todo, eso no fue suficiente. Mario Monti, el comisionado sobre competencia de la UE, quería hacer historia, no arreglar el caso. Aunque concedió que ha habido “progreso substancial hacia la resolución de los problemas que han surgido en el pasado,” se preguntaba acerca de la “conducta futura” de Microsoft y concluyó que los “consumidores en Europa serán mejor servidos con una decisión que crea un fuerte precedente.” En contraste, Brad Smith, el consejero general de Microsoft, puso énfasis en donde realmente era: “Tenemos que estar seguros de que la ley no se trate sólo de las quejas de los competidores. Los consumidores deben ser parte de la ecuación.”

Lejos de promover los intereses de los consumidores, la más reciente orden de la UE transforma la regulación anti-monopolio en un programa de bienestar corporativo para los competidores perdedores en el mercado. Las implicaciones no se limitarán al caso de Microsoft. Sin ninguna apariencia de consistencia regulatoria, las compañías que compiten globalmente no podrán satisfacer los dictados de los divergentes regímenes legales. Eso significa intereses especiales persiguiendo su foro anti-monopolio favorito en un esfuerzo para ejercer la mayor influencia política. Los costos reales: menos empleos, menos innovación, productos inferiores y precios más altos.

Traducido por Javier L. Garay Vargas para Cato Institute.