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25 de marzo de 2004

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por Timothy Lynch

Timothy Lynch es director del Proyecto en Justicia Criminal del Cato Institute.

Parece que a pocas personas les gusta la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La Cuarta Enmienda es la cláusula que pone límites al poder de la policía para detener e investigar personas. La impopularidad de la cláusula constitucional es tal vez entendible porque usualmente se menciona en las noticias sólo cuando una corte declara que una redada policial en un apartamento de un vendedor de drogas fue inconstitucional. En las mentes de muchos estadounidenses, la Cuarta Enmienda sólo parece beneficiar a los criminales.

La Cuarta Enmienda ha obtenido una mala reputación. Los Padres Fundadores entendieron que una sociedad libre necesariamente requiere que el poder que tiene el gobierno para detener, interrogar e investigar debe ser limitado. Es una pena que tantos norteamericanos sean tan ingenuos a la Cuarta Enmienda y no se percaten de la importancia de esta enmienda. Esta ingenuidad la suelen expresar así: yo nunca he sido investigado o arrestado y nunca lo seré mientras que no esté haciendo nada ilegal. Tal visión pierde el punto. No es tanto el número de veces que una persona se beneficia de la Cuarta Enmienda lo que importa. Más bien, el punto clave es que su salvaguarda constitucional estará allí cuando usted la necesite.

Sólo pregúnteles a Mary Ann y James Stumbo. Un día, aparentemente de la nada, una trabajadora asocial golpeó a la puerta de su hogar. Esta burócrata no sólo pidió que la dejaran entrar a la casa, sino que anunció su intención de interrogar a los niños Stumbo en privado. Los Stumbo quedaron desconcertados por todo esto porque ellos ciertamente no habían hecho nada malo. Cuando la trabajadora social admitió que no tenía una orden de cateo, los Stumbo le pidieron que se fuera y cerraron la puerta. No iban a permitir a esta impertinente extraña hablar con sus hijos. Muchos menos sin su presencia.

El asunto no terminó allí. La trabajadora social regresó con una orden judicial que instruía a los Stumbo a no “interferir” con la “investigación” en marcha. Los Stumbo creyeron que si los agentes del gobierno no tenían una orden, ellos podrían rechazar su entrada, pero ahora el gobierno llamaba a eso “obstrucción de la justicia.” Claro, los Stumbo podrían haberse rendido a las demandas después de que finalmente descubrieron lo que había apuntado la “investigación”. Alguien aparentemente había llamado al Departamento de Servicios Sociales después de haber visto a su hijo de dos años en la entrada del garaje, desnudo, en un caluroso día de verano. Ese fue el “incidente” que puso el proceso legal en marcha.

Los Stumbo estaban todavía asombrados por la reacción exagerada a esa queja telefónica y ellos no apreciaron las tácticas intimidatorias del gobierno – así que contrataron a un abogado para que defendiera sus derechos constitucionales. Llevaron su caso todo el camino hasta la Corte Suprema de Carolina del Norte. Esa corte determinó que eran las demandas de la trabajadora social, no la conducta de los Stumbo, la que fue ilegal. Fue una importante victoria legal, pero una que recibió escasa atención fuera de Carolina del Norte.

Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará de una controversia similar este mes. Larry Hiibel estaba parado al lado de su camión fumando un cigarrillo cuando un policía se le acercó y le pidió su nombre. Hiibel se sorprendió por la demanda, dijo que no estaba haciendo nada malo y se rehusó a decir algo más. El oficial, entonces, esposó a Hiibel y lo llevó a la cárcel. Según las autoridades demandantes de Nevada, el silencio de Hiibel “obstruyó” a la justicia.

Cuando la policía no tiene una orden de captura o de cateo, usualmente tratan de obtener el “consentimiento” de la gente para interrogarlos – para que cuando la detención sea posteriormente objetada en la corte, ellos puedan decir: “Es cierto que no teníamos orden, pero esta detención fue voluntaria.” Larry Hiibel dejó muy claro que él no iba a jugar el juego. Hiibel negó su consentimiento – y por ejercer su derecho, aterrizó en una celda de una cárcel. ¿Puede ser que estar parado en una calle es una ofensa criminal en Estados Unidos? La Corte Suprema pronto decidirá si fue el arresto del oficial de policía o el silencio del señor Hiibel lo que fue ilegal.

Los Padres Fundadores creyeron en el axioma de que el poder tiende a corromper, pero esto es algo que los actuales estadounidenses tienden a olvidar. Lejos de honrar los derechos constitucionales de las personas, cada vez más estamos viendo cómo nuestros gobiernos, federal y estatal, confunden nuestros derechos con “delitos.” A menos que los estadounidenses se despierten y aprecien mejor la Cuarta Enmienda, esta tendencia eventualmente ganará la partida y pisoteará a los Stumbo y Hiibel de futuras generaciones. Como el Juez Learned Hand advirtió algunos años atrás: “La Libertad yace en los corazones de hombres y mujeres; si muere allí, no habrá constitución, ley o corte que pueda salvarla.”

Traducido por Javier L. Garay Vargas para Cato Institute.