5 de abril de 2002

España, país de inmigrantes

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por Gene Healy

Gene Healy es editor titular de Cato Institute y editor del próximo libro Go Directly to Jail: The Criminalization of Almost Everything (Vaya Directo a la Cárcel: La Criminalización de Practicamente Todo).

"Lo último que queremos hacer es militarizar la frontera entre amigos", dijo Tom Ridge, director de seguridad interna, en su reciente viaje a México. Sin embargo, el gobierno federal está haciendo exactamente eso. El Pentágono ordenó el despliegue temporal de unos 1,600 soldados de la Guardia Nacional en las fronteras con México y el Canadá para ayudar al Servicio de Inmigración y a funcionarios de las aduanas. La tropa inspeccionará vehículos, dirigirá el tráfico de personas y vehículos en nuestras fronteras del norte y del sur.

Algunos se sentirán tranquilos sabiendo que los militares colaboran en la seguridad fronteriza. Pero hay al menos dos asuntos preocupantes. Primero, ello viola la ley federal. Segundo, es parte de una peligrosa tendencia hacia la militarización de hacer cumplir la ley, a partir del 11 de septiembre.

La ley Possus Comitatus de 1878 convierte en delito el uso de militares para hacer cumplir las leyes. Esa ley refleja la profunda hostilidad en Estados Unidos a la utilización de las fuerzas armadas en estas labores internas y fue redactada para impedir violaciones a las libertades civiles que casi inevitablemente acompañan el uso del ejército como fuerza policial. Como lo ha explicado un tribunal: "el personal militar está entrenado para operar en circunstancias en las que la protección de las libertades constitucionales no tiene el peso requerido para asegurar su preservación. El estatuto Posse Comitatus evita ese peligro".

Inclusive la información dada a la prensa por el Servicio de Inmigración establece que los soldados asignados a las fronteras "inspeccionarán la carga, dirigirán el tráfico de vehículos y peatones". Como los soldados actúan bajo órdenes federales mientras hacen labor policial, el gobierno está violando la ley.

La militarización de las fronteras ha tenido desastrosas consecuencias en el pasado. En 1997, una patrulla antidrogas de guardias marinos le disparó y mató al estudiante de bachillerato Esquiel Hernández, quien disparaba un rifle calibre 22 mientras cuidaba a sus cabras en su propia granja en Texas, cerca de la frontera. El Departamento de Justicia tuvo que pagar una demanda de 1,9 millones de dólares a la familia Hernández.

¿Se puede eso repetir? A los funcionarios del Pentágono les preocupa. En una carta fechada el 11 de marzo al senador Pat Leahy, el Pentágono menciona la posibilidad del "uso ilegal de fuerza potencialmente mortal", si las tropas están armadas. A pesar de tales temores, el Departamento de Defensa está siendo intensamente presionado por el Congreso para que los soldados estén armados".

La tendencia del gobierno a manipular o a ignorar las leyes federales en este caso también subraya la amenaza que en nombre de la seguridad nacional se estén debilitando las barreras legales a la actuación del ejército como policía. El senador John Warner quiere revisar o anular la ley Posse Comitatus, insistiendo que no conviene en los tiempos que vivimos, mientras que el subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, en declaraciones al Congreso dijo que esa ley se debe suavizar.

Se trata de una idea peligrosa y que no aumentaría nuestra seguridad ante ataques terroristas. Muchas de las maneras como se han utilizado internamente a las fuerzas militares desde el 11 de septiembre parecen estar mal adaptadas a las amenazas que realmente confrontamos. En Florida, por ejemplo, colocaron un tanque de guerra en el aeropuerto de Miami, como si el próximo ataque de Al-Qaeda fuera una columna armada, en lugar de una bomba en el zapato o un cuchillo escondido.

La amenaza terrorista es seria, y las tropas son un instrumento efectivo para eliminar al enemigo escondido en cuevas, pero no internamente, donde se requieren habilidades investigativas y preventivas muy diferentes.

La utilización interna de las fuerzas militares lejos de protegernos aumenta la posibilidad de hacer daño a ciudadanos inocentes, por parte de quienes están allí supuestamente para protegerlos. Desde la utilización de soldados para acabar con huelgas en el siglo XIX, a las trágicas muertes en la universidad Kent State en 1970 y del joven Esquiel Hernández, apartarnos de nuestras tradiciones siempre ha tenido graves consecuencias, a lo largo de nuestra historia.

Hacer que se cumpla la ley por la fuerza militar sería poco saludable para nuestra república libre y democrática. No queremos copiar lo que sucede en Colombia o en Indonesia o en Irlanda del Norte, donde ver patrullas militares en las calles es algo normal y corriente.

Asegurar nuestras fronteras es importante, pero también lo es cumplir con la ley y respetar las tradiciones americanas. La administración Bush no debe caer en esa tentación, sino retirar los soldados de las fronteras.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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