La paga la privacidad, no el terrorismo

por Veronique de Rugy

Veronique De Rugy es Analista del American Enterprise Institute y Académica Asociada del Cato Institute.

Imagine una guerra-una guerra en la que se daña sólo a inocentes y el enemigo escapa. Esa es la guerra que estamos librando en contra del lavado de dinero. Las leyes en contra de este delito suenan atractivas pues, al fin y al cabo, ¿quién no quiere quitarle a los terroristas su apoyo financiero? Pero las leyes tienen que ser efectivas y apuntadas hacia los terroristas y no a gente inocente.

La legislación antilavado de dinero de la Casa de Representantes de Estados Unidos  aprobada con 412 votos el 17 de octubre no avanzará la guerra contra el terrorismo, sino la agenda de quienes favorecen impuestos altos al castigar a países con impuestos bajos. Los impuestos bajos, no el terrorismo, son el verdadero blanco de este proyecto de ley.

El secreto bancario se ataca como un obstáculo a la implementación de la ley, pero las agencias que velan por el cumplimiento de la ley ya tienen el poder para obtener registros financieros cuando hay razón suficiente para sospechar que alguien es responsable de un crimen. No fue la falta de poderes legales lo que hizo que imprevisibles a los ataques del 11 de septiembre; fue una falta de inteligencia humana. De haberse sospechado que Mohammed Atta y sus cómplices eran terroristas, los cuerpos de justicia hubiesen tenido acceso a sus registros financieros.

La sección 301 del proyecto antiterrorista ha recibido mucha atención porque es una versión desempolvada del intento de la era de Clinton de castigar a las jurisdicciones con impuestos bajos, o los llamados "paraísos fiscales". En esta sección se describen los criterios que la Secretaría de Tesorería debe usar para identificar jurisdicciones que pueden ser áreas de lavado de dinero. Algunos de estos criterios parecen apropiados, pero otros no tienen nada que ver con el lavado de dinero y todo que ver con el castigo a los países con tasas fiscales bajas.

Por ejemplo, la propuesta busca imponer sanciones a las jurisdicciones que ofrecen "ventajas fiscales o regulatorias especiales a no-residentes", y a países "caracterizados como paraísos fiscales o de banca offshore". Pero en ningún momento se explica cómo es que la ausencia de un impuesto al ingreso o a las ganancias de capital facilita el lavado ilegal de dinero, sino servirá para apoyar a los estados de beneficencia con gravámenes altos de Europa al truncar la competencia que viene de las jurisdicciones con tasas bajas.

El cargo usual es que las jurisdicciones offshore protegen a narcotraficantes y a terroristas con sus leyes de secreto bancario, pero casi todos los "paraísos fiscales" tienen acuerdos con otros países para suspender las leyes de privacidad cuando se investigan crímenes como el asesinato, el terrorismo y el tráfico de drogas. También vale la pena destacar que el imperio financiero de Osama Bin Laden opera aparentemente desde lugares como Sudán, Kenia, Malasia y naciones del Medio Oriente, y que sus agentes usaron los sistemas bancarios de Inglaterra, donde recientemente se congelaron US $88.4 millones de sus activos. Estas naciones no son paraísos fiscales.

La triste realidad es que las leyes de lavado de dinero no funcionan. Las transacciones financieras en los Estados Unidos se han controlado por algún tiempo y, desafortunadamente, este control no detectó las nueve cuentas usadas en Florida por los terroristas involucrados en el ataque al World Trade Center (Centro Mundial del Comercio). Otro ejemplo son las leyes francesas que controlan las cuentas bancarias y han sido incapaces de prevenir que terroristas argelinos viviendo en francia coloquen bombas en los metros.

Parte del problema es que las leyes de lavado de dinero obligan a los bancos a espiar a todos, lo cual genera más de diez millones de reportes al año. Esto significa que los agentes tienen que buscar una aguja en un pajar. Como resultado, tenemos un sistema costoso-talvez de US $10 mil millones al año según la Asociación Americana de Banqueros, que produjo únicamente 932 condenas por lavado de dinero en 1998 (el último año para el que se cuenta con datos completos). Los legisladores acaban de votar para hacer más grande el pajar al aprobar una medida con requisitos más estrictos par los bancos americanos.

Es un error apresurarse a aprobar leyes con títulos rudos pero sin herramientas adicionales para combatir el terrorismo. Usarlo como pantalla para ocultar otro blanco-jurisdicciones con impuestos bajos-completa el crimen. En lugar de pasar legislación inútil o incluso dañina, el Congreso debe quitarle a los bancos, al FBI y al Departamento de Tesoro la carga de la Acta de Secreto Bancario actual, que se ha probado inútil y costosa. Finalmente, el presupuesto asignado previamente para, en efecto, violar los derechos de gente inocente, debe reasignarse para mejorar nuestras capacidades deficientes de inteligencia humana.

El fracaso de prevenir los ataques de septiembre no fue por falta de regulaciones a los bancos, fue por falta de inteligencia antiterrorismo.

Traducido por Constantino Díaz-Durán para Cato Institute.