22 de abril de 1999
Zedillo necesita capital privado para mantener encendida la luz
por Roberto Salinas-León
Roberto Salinas León es presidente del Mexico Business Forum.
En la ciudad fronteriza de Matamoros, la electricidad se recibe por medio de la Comisión Federal de Electricidad. La calidad del servicio es pobre, característica habitual en los monopolios públicos. Los apagones y las variaciones de voltaje son comunes, lo que obliga a los usuarios a comprar una serie de reguladores para moderar los súbitos altibajos que dañan maquinaria, equipo e , incluso, bienes hogareños. Además, el gobierno subsidia las tarifas de electricidad, sin tomar en cuenta las diferencias en los niveles de ingreso.
Al otro lado de la frontera, en Brownsville, los residentes disfrutan de una opción entre dos compañías, una co-operativa local o una subsidiaria de una entidad más grande. El precio de la electricidad no está subsidiado y aunque las cuotas son más elevadas que al sur de la frontera, los apagones son raros, mientras que la competencia mantiene los precios a niveles "razonables."
Este cuento de dos ciudades refleja la necesidad de una reforma integral de la electricidad mexicana. La falta de electricidad eficiente constituye un inmenso costo de insuficiencia, lo que inhibe la competitividad de la economía. Esta es la base de la iniciativa para abrir la industria eléctrica a la participación privada, tanto doméstica como extranjera, en los mercados de generación y distribución de electricidad. En ausencia de esta reforma, existe el temor de un futuro "sin luz ni fuerza" y la pérdida de oportunidades para crecer.
En los próximos años, el crecimiento demográfico aumentará la demanda de energía en 13 gigawatts, que es 37% más alto que la capacidad de la generación eléctrica instalada. Sin embargo, para enfrentar esta demanda, las entidades estatales van a requerir una nueva inversión equivalente a $25 mil millones dólares. El dilema es claro: o se aumenta la deuda pública para financiar este faltante, o se recurre al sector privado.
El presupuesto combinado de la CFE y la CompañѬa de Luz y Fuerza (que surte a la ciudad de México y sus alrededores) es más de $7 mil millones de dólares, 18 veces lo asignado para programas de combate a la pobreza y cuatro veces la cantidad destinada a la educación básica y normal. El ingreso anual de las ventas no supera los $3.300 millones de dólares, lo que implica un déficit de $3.700 millones de dólares. En 1998, los mexicanos lamentaban las alzas del precio doméstico de la gasolina ,a pesar de la baja mundial del petroleo. El costo de los subisidos eléctricos es una de varias razones de esto último. Las proyecciones preliminares basadas en la experiencia global sugieren que los costos de producción bajarían 15% en un entorno de competencia eléctrica.
Las tarifas actuales no reflejan los verdaderos costos de la generación de eléctrica. Ser deben considerar también la incidencia del sistema actual en mayores impuestos como en los costos que significan los permanentes apagones y las variaciones. Esos costos pueden significar grandes diferencias para nuevos proyectos de inversión. Asimismo, tal como señala Javier Bonilla, el costo de una tarifa residencial subsidiada al 100% para 50% de la población actual equivale a $1.400 millones de dólares. Esto deja, todavía, un déficit anual de más de $2000 millones de dólares. En ausencia de inversión privada, el país seguirá subsidiando un sector con poca oportunidad de absorber futuros aumentos de demanda, y plagado de ineficiencias operativas.
El reto es demostrar que esta apertura eléctrica no equivale a las "privatizaciones" de sexenios anteriores, las mismas que (especialmente en el caso de la banca) se basaron en el aumento de ingreso fiscal, en vez de ser un fomento de competencia y eficiencia económica. En 1995 la administración zedillista anunció una "segunda ola" de privatizaciones. Esta meta en la agenda de reforma estructural ha producido éxitos aislados, dado que intereses especiales han logrado satanizar el concepto de "inversión privada." Sin embargo, la fuente de nueva oposición a la reforma eléctrica se deriva de fuerzas proteccionistas, que temen lo obvio: en un clima de competencia, las empresas estatales se verán obligadas a mejorar su servicio y eliminar los desperdicios, o sufrir las consecuencias de la soberanía del consumidor.
Todos los mexicanos, incluso los dinosaurios sindicales, necesitan luz y fuerza confiable, no del centro. Si esta apertura se lleva a cabo, habrá una luz al final del túnel, tanto en el futuro del sector de electricidad como en el nivel de vida de la población.
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