Una alternativa a la guerra contra las drogas

por Doug Bandow

Doug Bandow es Académico Titular del Cato Institute.

Si los ciudadanos se decidieran a optar por la vía de la legalización en vez del combate, estaría totalmente justificado el que les siguiera intranquilizando el consumo de drogas. Es por ello que resultan legítimas ciertas limitaciones en cuanto al uso de tales sustancias. Kleinman, de la Universidad de Harvard, argumenta que: "Por lo tanto, debemos preocuparnos principalmente por los consumidores: los jóvenes, los pobres y los consumidores más fuertes, para quienes los daños ocasionados por las drogas son desproporcionalmente altos. Asimismo, también es necesario preocuparse por el mercado ilegal, que por la corrupción, criminalidad, violencia y los ingresos delictivos genera cuantiosos daños." ¿Cómo debiera ser entonces un mercado legal en los Estados Unidos?.

¿La mejor alternativa?

El consumo debería ser legal para los adultos; sólo se procesaría penalmente a quienes vendieran drogas a jóvenes. La Agencia Federal para el Combate a las Drogas (DEA) tendría que disolverse, encomendándosele la lucha a las policías locales, puesto que, en lugar de la producción o el contrabando , la venta a menores sería el principal crimen relacionado con el narcotráfico. También las empresas podrían ser presionadas públicamente para que combatan el consumo de drogas entre los menores. A fines de 1990, la industria tabacalera estadounidense anunció el inicio de una campaña para atacar el consumo de cigarrillos entre los menores.

El gobierno federal debería prohibir la publicidad en todos los medios de cobertura nacional o interestatal, al igual que la venta entre estados por medio del correo.

Se deberían derogar todas las leyes federales que controlan la distribución y comercialización, quedando tales tareas como una atribución de los estados federados individuales.. De esta forma, las administraciones locales y los gobiernos de los estados determinarían por sí mismos, qué tipos de sistemas sirven mejor a los intereses de sus ciudadanos.

Según mi propuesta, este sistema sería una variación del modelo que rige para los cigarrillos. Los estados de la Unión legalizarían la venta de todas las sustancias prohibidas. Tal como lo constató Ostrowski: "Nos atemoriza el legalizar ciertas drogas, pero esas son precisamente las drogas que el público temería utilizar si fueran legales". Esto es particularmente válido, si hubiera una amplia oferta de drogas menos peligrosas. Sólo deberían ser exceptuadas de la legalización, aquellas sustancias en las que se ha comprobado que su uso despierta violencia y agresividad en un muy alto porcentaje de individuos -quizás el PCP. Los consumidores de drogas legalizadas, serían plenamente responsables de sus acciones cometidas bajo la influencia de éstas, tanto desde el punto de vista civil como penal.

Ciertas empresas privadas recibirían la autorización para vender las drogas, anteriormente ilícitas, pero tales corporaciones deberían someterse al otorgamiento de un permiso especial y a dispociciones específicas para evitar posibles fugas o desviaciones de las mismas. Adicionalmente, también quedaría prohibido el expendio en máquinas automáticas. Tal como lo afirmara Nadelman, de la Universidad de Princeton: "Es importante reconocer que la legalización no necesariamente debe implicar que vayamos a caer en los mismos tontos errores cometidos en nuestras políticas de bebidas alcohólicas y tabacos. Posiblemente no se deba autorizar la venta de sustancias peligrosas en maquinitas y a siete centavos por cajetilla de veinte . Ni tampoco debemos subsidiar a los fabricantes, ni suministrar a precios subvencionados tales productos a nuestro personal militar ." Por las mismas razones citadas, estaría prohibida la publicidad. Los empaques irían provistos de una leyenda de advertencia y en los comercios se podría obtener información acerca de los daños que ocasionan a la salud. De igual manera, el gobierno podría prohibir el obsequio de artículos publicitarios, aunque resulta poco probable que alguien pueda ser "enganchado" de esta forma para usar el producto.

Los fabricantes y vendedores asumirían la responsabilidad delictiva normal por productos con impurezas o descritos erróneamente, pero los consumidores tendrían que asumir el riesgo pleno del uso de las drogas. Los productores de drogas nuevas serían totalmente responsables de todos los efectos nocivos que éstas ocasionen. Ello contribuiría a que se frenara el desarrollo de nuevas sustancias. Las drogas de este tipo, se podrían ofrecer en el mercado negro, pero es poco probable que el consumidor prefiera productos con mayor peligro de ocasionarle daños irreversibles, que aquellos que ya se pueden obtener legalmente. Aún en el mercado actualmente ilegal, la gran mayoría de los consumidores es razonable y ha reducido drásticamente la utilización del LSD, PCP e inclusive del crack, una vez que se hicieron evidentes los peligros de estas sustancias. El comercio al menudeo se encargaría de la venta a los consumidores ya adictos a las drogas, tal como es el caso en numerosos bares (según las llamadas "ordenanzas para tabernas" americanas) y podrían ser clausurados por "alterar el orden público" en caso de que ocasionen demasiadas molestias en el vecindario.

Los estados federados podrían grabar las drogas con impuestos, para financiar con ellos campañas de promoción e información acerca de los peligros que implica el uso de sustancias psicotrópicas , y a la vez sufragar la implantación de programas de asistencia médica y de terapia de desintoxicación para adictos que carezcan de recursos económicos , asi como para las prestaciones sociales de las familias afectadas, de los consumidores (de la misma forma como se apoya a las familias que caen en la pobreza absoluta por la irresponsabilidad de alcohólicos o jugadores compulsivos). Igualmente tendría que prestarse especial atención al consumo de drogas por parte de las mujeres embarazadas. Quizá habría que prohibir la venta de narcóticos a cualquier mujer visiblemente embarazada, e inclusive, llegar hasta denunciar, por abuso de menores, a mujeres que supuestamente hayan utilizado drogas, incluyendo el alcohol y el tabaco.

Presión social positiva

En términos generales, resulta sensato que el gobierno maneje las drogas con "tolerancia renuente" como la denomina Kleiman. La reacción de personas y entidades privadas debería ser aún más reticente y menos tolerante. Así, los empleados de gobierno deberían subrayar el papel positivo que desempeñan la familia, la iglesia, la comunidad y la economía en el control de comportamientos por demás destructivos, brindando apoyo a los adictos y a sus familias. La presión social ha contribuído a reducir la fuerza de atracción que ejercen el alcohol y el tabaco. Son cada vez más los estadounidenses que están a favor de desaprovar el consumo de tabaco en lugares públicos.Aún los consumidores de drogas menesterosos, en la actualidad reaccionan a las diversas formas de presión social; por ejemplo Stephen Mugford constató en Australia que un grupo de cocainómanos "habían podido reducir su consumo, gracias a una intrincada red de lazos sociales en que estaban involucrados".

Las iglesias pueden influir particularmente sobre algunas de las necesidades básicas que hacen que algunos seres humanos busquen consuelo en los estupefacientes; mientras que las empresas privadas pueden limitar el uso de drogas, si por esta causa se afecta negativamente la seguridad y la productividad.Este enfoque multifacético es el más idóneo para enfrentar un problema, que básicamente gira más en torno a cuestiones sociales y de salud, que entorno a aspectos penales.

Sin embargo, sería equivocado…

El debate acerca de la legalización de las drogas se realiza a nivel emocional. James Jacobs, de la Universidad de Nueva York, argumenta al respecto en los siguentes términos: quizás, el efecto más negativo de la discusión (sobre la legalización) radique en que se distraen tiempo, recursos y atención de la cuestión más urgente: el cómo reformar la lucha contra las drogas, para con ello reducir en forma más efectiva su consumo y minimizar los costos sociales y económicos, respetando los derechos de los ciudadanos. La polémica de la legalización gira justamente en derredor de este punto: la adopción de una estrategia que permita reducir el consumo a costos sociales marcadamente inferiores. La justificación de mantener la prohibición de las drogas, en realidad representa un fuerte lastre, al querer continuarse con una política con la que, por lo menos en los Estados Unidos, se encarcela a toda una generación de jóvenes y se violan los derechos civiles de los que están apegados a la ley, y por causa de la cual se producen tiroteos en las grandes urbes y se amenaza con derrocar a gobiernos extranjeros; con ella también se refuerza el peligro del consumo de drogas y se empuja a los niños al bajo mundo criminal.

Para justificar la continuación -si no es que la insentificación- de la lucha contra las drogas, los que están a favor de la política actual se enfrentan a una pesada carga de la prueba. Deben comprobar que el combate contra las drogas tiene raíces morales y que es capaz de frenar el consumo. Igualmente, deben demostrar que el terminar con la prohibición posiblemente lleve a un gigantesco incremento en el consumo, y que éste no sería mayormente compensado. Finalmente, tendrán que demostrar que los costos del consumo incrementado no se verían contrarrestados por el decrecimento de la criminalidad, corrupción e inestabilidad en el exterior, resultantes de la legalización. En pocas palabras, deben demostrar y no sólo afirmar, que las ventajas de prohibir las drogas exceden a los costos.